Salario mínimo 2027: una discusión más allá del incremento del sueldo

La negociación del salario mínimo para 2027 en Colombia entrará en su etapa decisiva este miércoles 18 de noviembre, cuando el Gobierno prevé instalar la mesa tripartita de concertación. Hasta el 15 de diciembre la Comisión tendrá para llegar a un acuerdo, de no lograrlo el Gobierno definirá el incremento mediante decreto. Mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantea un incremento de 38,5%, equivalente a cerca de $665.000 adicionales, gremios como Fenalco y varios analistas económicos sostienen que el ajuste no debería superar el 9%, unos $158.000.
Wilson Rodríguez, profesor de economía de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) de la Universidad de La Sabana, advierte que la decisión no solo impactará el salario de millones de empleados, sino también variables como la inflación, la informalidad y las finanzas públicas.
Para este año 2026, el aumento del salario de este año fue de un 23%, de acuerdo con el experto "cuando se decreta un aumento que triplica o cuadruplica la productividad, el golpe se siente en dos frentes muy duros". Por una parte, explica, sectores como el comercio, los restaurantes, los hoteles y sobre todo las pequeñas empresas, se pueden ver obligadas a hacer recorte de personal o pasarse a la informalidad.
Por otra parte, el impacto puede alcanzar el bolsillo público, por lo que "dispara de golpe el gasto de nómina oficial, y en especial, el pasivo pensional", es decir que el Estado tendría que destinar más recursos al pago de nómina y de pensiones. Esto dado que "la gran mayoría de las mesadas en el país están atadas por ley al salario mínimo" agrega Rodríguez.
¿Cuál sería un aumento acorde con la situación económica del país?
Aunque la cifra dependerá de la negociación y las decisiones del Gobierno, el experto considera que esta debería definirse sobre variables de inflación y productividad laboral.
"Desde una mirada técnica, el número sensato debería rondar el 8,4%, que es la suma básica de la inflación observada (6,3%) más la productividad laboral (alrededor de 2%)”, expone.
El Banco de la República, añade, estima que por cada punto porcentual que sube el salario mínimo, el gasto fiscal se eleva en un 0.04% del PIB, debido a que parte de la nómina y pensiones están ligadas a este indicador.
Parte de los factores que influyen en esta decisión es el fenómeno de El Niño, ya que incide en la inflación, encareciendo los alimentos y la energía. Así que, si se usa este aumento como referencia para fijar el salario mínimo "el problema se convierte en un problema pasajero en un costo laboral permanente", explica Rodríguez.
A su juicio, la discusión debería concentrarse en la inflación estructural, aunque reconoce que parte del cálculo se ve influenciado por los efectos que deja este fenómeno.
Los efectos de esta decisión en los ciudadanos
Para el analista, la pregunta clave no es únicamente cuánto aumenta el ingreso nominal, sino cuánto conserva realmente su poder adquisitivo: "si a los tres meses el corrientazo, el transporte, el arriendo y las cuotas de los créditos suben al mismo ritmo o más rápido, la ganancia real fue cero y el costo social fue altísimo" ejemplifica.
Sin embargo, para el experto una parte importante de los trabajadores ya se encuentra por fuera del sistema formal porque el costo de contratación aumenta sin que la productividad lo haga de la misma manera. "Lejos de ayudar al trabajador informal, este tipo de decisiones los deja atrapados en el rebusque, sin salud contributiva ni pensión", señala.
Asimismo, advierte que "quienes ya están en la informalidad, el establecimiento de un mayor salario mínimo no les beneficia en nada", aunque si pueden verse afectados por otros costos de la economía que suelen ajustarse con base en este indicador.
¿Puede el aumento alimentar la inflación?
Para Rodríguez, este debate no debe interpretarse como una confrontación entre quienes apoyan mejores ingresos para los trabajadores y quienes no.
"Desear que la gente gane más no solo es comprensible, es legítimo", afirma. Sin embargo, la discusión económica exige evaluar los efectos que una decisión puede tener sobre el conjunto de la sociedad.
Según explica, cuando los incrementos salariales superan ampliamente los avances en productividad, existe el riesgo de que los mayores costos se trasladen a los precios, afectando precisamente el poder de compra que se buscaba proteger. Y es que "el verdadero costo no lo pagan los grandes empresarios; lo paga la inmensa mayoría que está en el rebusque, en la informalidad o buscando empleo ", advierte.
Por eso, concluye que el reto de la mesa de concertación será encontrar un equilibrio entre mejorar los ingresos de los trabajadores, proteger el empleo formal y evitar que el aumento termine diluyéndose en mayores costos para hogares, empresas y Estado.
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