Colombia aprueba ley para la protección e inclusión de personas con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo

Desde agosto de 2026 Colombia cuenta con un nuevo marco legal para avanzar en la atención e inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo. La Universidad de La Sabana hizo parte del proceso de construcción de esta iniciativa, aportando conocimiento académico y científico para la discusión de una norma con implicaciones directas en salud, educación, trabajo e inclusión social.

La Ley 2628 de 2026 busca que la inclusión se traduzca en medidas concretas. Para ello, establece responsabilidades para distintas entidades del Estado y contempla mecanismos de atención y acompañamiento que buscan facilitar el acceso de esta población a servicios de salud, oportunidades educativas y condiciones para su participación en el ámbito laboral.

Uno de los cambios de mayor alcance será la formulación de una Política Pública de Atención, Acompañamiento y Protección de las personas con TEA, que deberá ser desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social en un plazo máximo de un año y contará con la participación de familias, organizaciones sociales y la academia.

"La aprobación de esta ley representa un avance histórico para Colombia. Por primera vez el país contará con un marco legal nacional que reconoce las necesidades específicas de las personas con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo, y orienta la acción del Estado hacia una atención integral basada en derechos", afirma Martha Rocío González, decana de la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana.

La norma también establece acciones específicas en tres frentes: en salud, la actualización del protocolo clínico y una Ruta de Atención Médica; en educación, mecanismos para fortalecer la inclusión escolar y la formación de docentes; y en materia laboral, estrategias lideradas por el Ministerio del Trabajo y el SENA para ampliar las oportunidades de empleo de esta población. 

Por su parte, Leidy Evelyn Díaz Posada, directora de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad de la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana, destaca la relevancia. "Lo ideal sería contar con una política de Estado que cubriera a todos los grupos poblacionales priorizados en el marco de los procesos inclusivos, en vez de tener leyes para cada grupo por separado. Colombia ha funcionado de esta manera y, si unos ya están cubiertos, los que faltan también deben estarlo. Una ley nunca es un fin, pero sí constituye un punto de partida para el reconocimiento de las poblaciones y el avance hacia el cumplimiento efectivo de sus derechos". 

De acuerdo con Evelyn, esta ley promueve que el TEA no siga siendo considerado como discapacidad psicosocial o intelectual pues es una condición del neurodesarrollo que no implica, en sí misma, la presencia de estos perfiles, aunque podrían llegar a presentarse juntos en algunos casos. 

Por su parte, las personas con TDAH no contaban con una protección específica en una ley nacional, lo que representaba un reto para la garantía efectiva de sus derechos. Esto, señala la experta, “permitirá implementar acciones afirmativas en favor de su desarrollo integral, bienestar, participación plena y progreso en todos los entornos.” 

Una política pública que deberá construirse con evidencia

Uno de los principales mecanismos previstos por la Ley 2628 es la creación de una Política Pública de Atención, Acompañamiento y Protección de las personas con TEA que permita establecer las decisiones, estrategias, programas y acciones que un gobierno o entidad estatal diseña para atender un problema o necesidad social específica. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, deberá crearla en un plazo no mayor a un año contado desde la promulgación de la ley.

En su construcción deberán tenerse en cuenta la participación de organizaciones sociales y de las ligas con incidencia en el TEA, así como los estudios desarrollados por organizaciones públicas y privadas. Entre sus lineamientos se encuentran el conocimiento sobre las características de las poblaciones, la promoción de prácticas de cuidado respetuoso, el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y la garantía de acceso a ámbitos como la salud, el trabajo, la educación, la recreación, el deporte y la cultura.

Esta disposición plantea una oportunidad para que las decisiones públicas no se construyan únicamente desde la perspectiva institucional. La participación de las personas, sus familias, cuidadores, organizaciones sociales y academia resulta fundamental para comprender las distintas experiencias y necesidades que existen alrededor del autismo y de las demás condiciones del neurodesarrollo.

La ley también contempla la creación de un Comité Nacional de Inclusión, que deberá evaluar el cumplimiento de sus disposiciones y proponer medidas, políticas y programas orientados a facilitar las condiciones de vida de estas poblaciones y sus redes de apoyo (haciendo un énfasis importante en los cuidadores; la promoción de su cuidado y la potenciación de su rol). Este comité deberá articularse con el Sistema Nacional de Discapacidad y producir un informe anual sobre los avances.

De la atención fragmentada a rutas más claras

En materia de salud, La Ley 2628 de 2026, contempla la actualización del protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños, niñas y adolescentes con TEA; la atención por equipos interdisciplinarios; el acceso de las familias y cuidadores a información clara y suficiente; y la elaboración de una guía de atención integral durante el curso de vida.

También establece la creación de una Ruta de Atención Médica clara y pública, que permita a las personas con TEA y condiciones similares a acceder a servicios médicos. En su construcción deberán participar los pacientes, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil.

La Ley también cubre otros ámbitos para la inclusión. En educación, establece una ruta para fortalecer las condiciones de atención educativa y dispone programas de capacitación y sensibilización para docentes. 

En el ámbito laboral, el Ministerio del Trabajo, en articulación con el SENA, deberá promover una oferta específica de acceso al empleo en el sector público y privado, además de estrategias que incentiven su contratación y permanencia. 

También contempla medidas de apoyo para las familias y cuidadores, campañas nacionales de sensibilización y acciones para fortalecer las organizaciones de cuidadores. De esta manera, la ley plantea una mirada integral que busca favorecer la participación de esta población en diferentes escenarios de la vida social.

El trabajo de asesoría técnica y científica en la formulación del proyecto de Ley fue liderado por Leidy Evelyn Díaz Posada, profesora y directora de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad de la Universidad de La Sabana y del macroproyecto de proyección social AIDUA¹, junto con Daniela Moncayo Ramírez, investigadora, estudiante de la maestría y coordinadora general de AIDUA.