Reactivar capturas y cerrar diálogos de "paz total": ¿qué dice la Constitución sobre el papel de la JEP?

Desde su campaña Abelardo de La Espriella no ha dejado a un lado las críticas a la JEP. Tras ser elegido presidente de la república, insiste en la necesidad de desmontar la jurisdicción especial para la paz y hacer pagar por sus crímenes a los antiguos líderes del secretariado.

Abelardo de la Espriella anunció recientemente varias medidas para su futuro gobierno: la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, una reestructuración que implicará suprimir consejerías y agencias y el traslado de las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz hacia un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. Además, anunció que líderes como Victoria Sandino, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Israel Zuñiga, Julián Gallo y Sandra Ramírez pagaran sus crímenes, esto, tras saberse que Londoño (alias Timochenko), estaba de viaje por España con un permiso suministrado por la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) en un seminario con la organización Izquierda Unida.  

Tras las críticas que despertaron tras sus declaraciones, varios expertos han señalado que estas intenciones van en contravía con de la ley, pues en esencia la JEP tiene respaldo constitucional e internacional y para desmontarla se requeríría una reforma constitucional. 

Nicolás Mayorga, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explica los límites y alcances de esta medida y dice que es constitucionalmente viable que se reactiven cpaturas y se cierren diálogos. 

No obstante, señala que esto depende. “Frente a quienes están sometidos a la JEP y comparecen ante ella, reactivar órdenes de captura solo es jurídicamente viable si incumplen sus compromisos como comparecientes –esto es, si violan el régimen de condicionalidad que exige verdad plena, reparación a las víctimas y no repetición–; mientras eso no ocurra, sus beneficios de ley siguen vigentes y no pueden revocarse por decreto. Ahora, en cuando a cerrar los espacios de diálogo o negociación política que el gobierno anterior sostenía con estas estructuras también es viable, porque esos espacios no forman parte del proceso judicial ante la JEP ni afectan el estatus ya reconocido a sus comparecientes”. 

Iván Cancino, ministro de justicia designado por el presidente electo, lo ha confirmado con mayor claridad: “constitucional y convencionalmente, acabar la JEP de un plumazo no es posible”. Lo anterior, según el profesor, se debe a las garantías fijadas por el Acto Legislativo 01 de 2017, “que incorporó la jurisdicción al orden constitucional con autonomía administrativa, presupuestal y técnica propia” .  

De tal manera que a los ojos del experto, el anuncio del nuevo gobierno está más encaminado a exigir resultados, revisar su presupuesto y hacer cumplir los plazos ya fijados en la ley y “activar la pérdida de beneficios y la consecuente reactivación de órdenes de captura para quienes incumplan sus compromisos como comparecientes, algo plenamente ajustado a derecho, pues el propio régimen transicional contempla la pérdida de beneficios para quien incumpla sus obligaciones ante la jurisdicción”. 

Sobre el fin de la “paz total” 

Para referirse a este punto el presidente electo Abelardo de La Espriella ha manifestado públicamente que quienes pertenecen a grupos al margen de la ley deben someterse a las autoridades en un plazo de un mes, pues con la llegada de su gobierno, no habrá mesas de negociación. 

Lo anterior no involucra a quienes ya están sometidos a la JEP, por lo que según Mayorga “aquí no hay beneficio adquirido que proteger, y la controversia jurídica generada por extender un tratamiento cuasi-político a estas estructuras –cuestionada ante la Corte Constitucional y ante el Consejo de Estado, que suspendió la resolución de apertura de mesa con la disidencia “Segunda Marquetalia” – respalda la decisión de reactivar las órdenes de captura”. 

En este punto, varias han sido las voces que han expresado la necesidad conversar con el gobierno entrante al rededor del tema, pues solo a través del diálogo, será posible definir el destino del acuerdo de paz en los próximo cuatro años.