Juez admite tutela que busca frenar la eutanasia de hipopótamos

Por presunta vulneración a animales sintientes un juez de Antioquia admitió una tutela que busca frenar el plan del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible que busca dar la eutanacia a los animales. 

Recientemente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, diseñó un plan para contrarrestar la expansión de los hipopótamos en Colombia. La medida contempla la eutanasia y el traslado de estos animales como métodos para contrarrestar el aumento de su población que hoy se extiende a lo largo de los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá y Bolívar.   

Sin embargo, el gobierno declaró que dadas las dificultades que se han presentado para el traslado de estos animales, pese a las conversaciones entabladas con países como Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana y Sudáfrica, hay barreras legales, técnicas y presupuestales, que han comenzado a dilucidar esta opción como inviable. 

Entre las causas concretas se indica que esterilizar estos animales representa un costo muy alto para las autoridades ambientales y el Estado. Así mismo, existe una limitada capacidad para recibirlos en zoológicos de otras partes del mundo y la baja diversidad genética de la población de hipopótamos en Colombia, que ya presenta deformaciones asociadas a la endogamia, son a la vez vistas como un problema.  

Cerca de 200 hipopótamos son descendientes de cuatro individuos introducidos ilegalmente en la década de 198 

“Por primera vez vamos a asignar recursos para que estas acciones sean implementadas. Parte de las barreras que tenemos por parte de las corporaciones tiene que ver con la limitación de recursos. Nuestras corporaciones no siempre tienen para este tipo de acciones, por lo cual este Ministerio, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, acaba de decidir que dispone de 7.200 millones de pesos”, afirmó la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres en un comunicado. 

Sin embargo, la decisión no ha caído bien en sectores que se dedican a proteger animales, por lo cual, con la tutela interpuesta se solicita la suspensión inmediata de cualquier medida de sacrificio contra la población de hipopótamos pues se considera una vulneración a los derechos de “seres sintientes”. 

Las partes y los alegatos 

Juan Pablo Sarmiento, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, con experiencia e Derecho ambiental, Cambio Climático y protección del medio ambiente, explica las acciones judiciales que pueden emplear las partes para defender su posición. 

“Quienes defienden a los animales podrían interponer recursos basados en la 'justicia multiespecie', buscando alternativas al sacrificio. Sin embargo, esta postura es considerada débil frente a la jurisprudencia existente, dado que en los casos de la leona Nala o el león Júpiter, la Corte Constitucional ha establecido que las acciones judiciales para la protección de la vida y la libertad individual son para seres humanos. Quienes respaldan la eutanasia de los hipopótamos tienen un fundamento jurídico más sólido, apoyado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994), la Ley 99, y el Plan Nacional de Prevención y Control de Manejo de Especies Introducidas o Invasoras del Ministerio de Medio Ambiente. La falta de control de estas especies invasoras puede generar un deterioro ambiental y amenazar la fauna local, lo que podría justificar la decisión de sacrificar estos animales” 

Con una inversión de 7.200 millones de pesos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, financiará la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo del hipopótamo, que incluye protocolos técnicos para la reducción de la población y el control de su distribución geográfica. 

Se estima que la población supera los 200 individuos, y de no implementarse medidas de control, podría alcanzar los 500 ejemplares en 2030 y cerca de 1.000 en 2035. 

El protocolo desarrollado por el Ministerio de Ambiente establece dos modalidades: eutanasia química y física.  

En un comunicado oficial el Ministerio argumenta que la eutanasia química esta prevista para ejecutarse mediante el aislamiento de cada individuo a través de un proceso de ceba, sedación y administración de medicamento hasta su fallecimiento. En cuanto a la eutanasia física “se desarrollará en caso de que el procedimiento químico no se logre desarrollar por temas logísticos o de acceso al territorio donde están presentes los animales”, explica el documento. 

De cara a este punto, cuando se le cuestiona al abogado sobre el rol de entidades como la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, señala que “estas podrían respaldar la eutanasia o abanderar otras alternativas, siempre garantizando que el proceso sea indoloro y cumpla con los protocolos para evitar el maltrato animal. Aunque los animales son reconocidos como seres sintientes, esto no les otorga un derecho a la vida, sino que implica evitar un sufrimiento innecesario. La Corte Constitucional ha aclarado que el sacrificio animal no está prohibido por hábitos alimenticios, experimentación médica o razones religiosas o culturales”, resalta.  

Por ahora, la medida anunciada por el Ministerio de Ambiente se enreda y el cronograma de acciones presentado en principio por el Ministerio con el fin de implementar las acciones para el control de la población, quedarán en stand by hasta nueva orden.