Colombia celebra 35 años de la Constitución de 1991

A lo largo de la semana se estará celebrando el aniversario de la carta magna que cambió el modelo de Estado y que pasó de enunciar derechos a hacerlos exigibles. 

En los últimos años han sido varias las voces que se han alzado en defensa de la Constitución del 91, la ley suprema del país que ha sido uno de los compromisos más importantes que ha adquirido Colombia. 

No es para menos. La Constitución de 1991 reemplazó a la de 1886 y esto no significó reemplazar un texto por otro, sino un cambio total en el modelo de Estado. Se pasó de un Estado centralista y confesional, que permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y daba poder extraordinario al presidente para elegir gobernadores y magistrados, a un Estado social de derecho con derechos y mecanismos reales.  

“La acción de tutela (art. 86) y la creación de la Corte Constitucional no son detalles menores, son la diferencia entre una Constitución que enuncia derechos y una que los hace exigibles”, explica Sergio Morales profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos Políticos e internacionales de la Universidad de La Sabana. 

Pero su conformación tampoco fue casual. La convocatoria surgió por parte de varios jóvenes universitarios, que tras el agotamiento del bipartidismo del Frente Nacional, la violencia surgida del conflicto armado y magnicidios como el de Luis Carlos Galán, se dieron a la a tarea de promover una iniciativa ciudadana que fue ganando fuerza y que recibió el nombre de la Séptima papeleta.  

Así, en las elecciones de marzo de 1990, en las que los ciudadanos elegían a través de seis papeletas senadores, representantes a la cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y el candidato presidencial del partido liberal, decidieron incluir una papeleta opcional. En decir, no se trataba de un tarjetón emitido por la Registraduría, sino de una papeleta que los ciudadanos podían recordar y obtener de algunos diarios. El papel que ellos mismos llevaban, luego era depositado en la urna con los cartones electorales. 

“Los ciudadanos depositaron una séptima papeleta en las elecciones de marzo de 1990 pidiendo una Asamblea Constituyente. No era un mecanismo previsto en ninguna norma. Y sin embargo millones de personas la votaron. La Corte Suprema de Justicia, le dio validez jurídica invocando el poder constituyente primario del pueblo, y eso abrió el camino para que la pregunta se incluyera formalmente en las elecciones presidenciales de ese mismo año. Es uno de los pocos episodios de la historia constitucional latinoamericana en que la sociedad civil activó un proceso constituyente sin cauce jurídico previo, y en que el derecho terminó validando después lo que la calle ya había decidido”, agrega Morales. 

Colombia ha cambiado 

Pese a la importancia histórica de la Constitución del 91, una de las grades dudas que surge hoy en día es, ¿qué tan fiel se ha mantenido el espíritu original frente a más de 50 reformas que ha padecido la Constitución? Morales no solo indica que poner algo en el papel constitucional, o quitarlo de él, nunca es un trámite menor, puesto que se trata de las reglas del juego que se establecen para todos, sino que es enfático en la importancia de distinguir dos planos, el núcleo dogmático y un núcleo orgánico. Sobre el primero, que enmarca los derechos fundamentales y acciones como la tutela y el control constitucional, el experto indica que se ha mantenido estable, “en buena parte porque la propia Corte Constitucional desarrolló la doctrina de la sustitución de la Constitución para impedir que reformas formalmente válidas terminen reemplazando los ejes definitorios de la Carta. El componente orgánico, en cambio, ha sido objeto de varias reformas que muchas veces respondió a coyunturas de poder específicas más que a un proyecto de largo aliento, y que en no pocos casos tensionó el diseño original de contrapesos”. 

De ahí que si bien el texto comprende una normatividad robusta queden pendientes en sentido material, algunas tareas. Es decir, “lo que ese texto ordena que se realice en la vida social, económica y política del país. Y en ese segundo sentido, la Constitución del 91 no se limitó a organizar el poder, fue programática. Dejó una hoja de ruta. Planteó un modelo de Estado que parte de reconocer que la desigualdad existe, para combatirla activamente a través de la solidaridad y el trabajo como principios fundantes (art. 1 y art. 95), no como aspiraciones decorativas. Ese es exactamente el punto donde se abre la brecha entre lo formal y lo material, el texto puede estar intacto en su letra y, sin embargo, seguir incumplido en su mandato. La salud, la vivienda digna, el acceso efectivo a la justicia en el territorio, la superación de la pobreza estructural, son mandatos materiales de la Constitución de 1991, no favores del gobierno de turno. Que sigan pendientes no es un problema del texto, es una deuda con el texto”, señala Morales. 

Desde el año 1991 hasta la fecha, el país ha cambiado. Sin embargo, el experto indica que los problemas del derecho muchas veces no son nuevos; lo que cambia es el escenario en el que se presentan. Morales lo expone en dos ejemplos: “La inteligencia artificial no inventó el debido proceso, pero sí plantea si una decisión automatizada respeta las garantías del artículo 29 cuando quien decide ya no es enteramente humano (...) El cambio climático no inventó la protección al medio ambiente que ya consagraba la Carta, pero sí la enfrenta hoy a situaciones y cambios extremos que exigen una lectura más exigente de esa protección”. 

De ahí que la Constitución de 1991 mantenga su vigencia porque no depende únicamente de su texto, sino también de la jurisprudencia, la ley, la doctrina y la interpretación de sus principios y valores, lo que le permite responder a nuevos desafíos. Sin embargo, el experto señala que problemas como la polarización y la fragmentación social no pueden resolverse solo con normas, sino que “requieren fortalecer el respeto por el otro, el pluralismo y la deliberación, principios que la propia Constitución protege”.  

Y reitera su valor al señalar a que “con apenas 35 años, tenemos una de las constituciones más jóvenes y, a la vez, más sólidas del mundo, basta pensar que la Constitución de Estados Unidos supera los dos siglos con muchísimas menos garantías consagradas expresamente en su texto original. Vamos por buen camino. Tener reglas claras es, precisamente, lo que permite tomar decisiones con certeza en medio de la incertidumbre del contexto”. 

Así, que 35 años después de su promulgación, la Constitución colombiana sea un texto que se mantiene y que a los ojos de Morales deja una lección “la Constitución no es del gobierno de turno, es de todos, y así debe seguir tratándose, hoy y en los retos que todavía no conocemos”, finaliza.