Decreto por decreto: así responde el Estado colombiano al terremoto

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El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto ha dejado cerca de 240 fallecidos, 1.600 heridos, 222 desaparecidos y 272 estructuras colapsadas. El Estado ha activado múltiples herramientas jurídicas, ¿qué significa cada una de ellas? Un experto de la Universidad de La Sabana responde. 

Los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto en Chocó, Valle del Cauca y Eje Cafetero, han dejado a su paso cientos de víctimas. La situación, que incluso ha trascendido al ámbito internacional hoy pone al Estado colombiano en la necesidad urgente de recurrir a medidas jurídicas que le permitan afrontar con mayor velocidad la crisis. 

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1171 de desastre nacional y decretó tres días de duelo nacional; la Gobernación de Risaralda activó calamidad pública y urgencia manifiesta; la Secretaría de Salud de Cali declaró alerta roja hospitalaria. Adicionalmente, se declaró el Estado de Emergencia Económica. Pero entre todas estas medidas activadas, ¿para qué sirve cada una? 

Duelo nacional 

Decretado por el presidente Abelardo de La Espriella, este decreto busca rendir homenaje a las personas fallecidas, es una forma de expresar solidaridad con las familias de las víctimas y el pueblo colombiano frente al terremoto más fuerte que ha vivido el país en el último siglo. Sergio Morales, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales, explica que su propósito no es operativo ni administrativo. “Es simbólico e institucional. El decreto ordena izar la bandera nacional a media asta en edificios públicos y misiones diplomáticas en el exterior (...) Aunque no moviliza dinero ni acelera contratación, cumple función política y ceremonial fundamental. Es la declaración pública del Estado de que la Nación entera comparte el luto y activa protocolos diplomáticos de solidaridad. No cura ni reconstruye, pero afirma que la Nación reconoce la tragedia como suya”. 

Desastre nacional 

De la mano del secretario jurídico de la presidencia y el ministro de hacienda, el presidente Abelardo de La Espriella, anunció el Decreto 1171. Esta medida en la que se declara el desastre nacional, no solo tendrá vigencia de un año, busca mejorar la velocidad en la toma de decisiones, girar recursos inmediatos al Fondo Nacional del Riesgo, transferencias económicas a gobernaciones y alcaldes y facilitar ayudas y auxilio para atención y reconstrucción. “El Decreto 1171 crea una Subcuenta para que recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo fluyan hacia helicópteros, medicinas, albergues, agua potable. Permite que entidades públicas contraten bajo regímenes especiales y autoriza cooperación internacional ágil”, señala Sergio Morales. 

Calamidad Pública 

Por lo general es una herramienta que se aplica antes que la de desastre nacional. Su diferencia radica en la magnitud del impacto. La calamidad pública se declara ante daños de menor o moderada gravedad, muchas veces de forma preventiva o mientras aún se evalúa la dimensión completa del evento. Esta medida que es adoptada por el gobernador o alcalde se decreta con aprobación del consejo local de gestión del riesgo. “En Risaralda fue por unanimidad. Su utilidad es obligar a elaborar un Plan de Acción Específico para la Recuperación que define qué infraestructura reconstruir primero, dónde va asistencia humanitaria, cómo priorizar recursos. Sin este plan habría caos. Busca que se actuar conforme a realidades territoriales sin esperar órdenes centrales. La calamidad pública planifica; permite que cada territorio sepa qué recuperar primero”, indica Morales. 

Urgencia Manifiesta 

La declara el alcalde o el gobernador y es una figura del derecho de contratación pública colombiano (regulada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993). Como bien lo señala Morales, esta medida acelera la contratación eliminando licitaciones que tomarían semanas. “Los departamentos necesitan máquinas de rescate hoy, no en dos meses. Permite llamar directamente a proveedores y contratar en horas. Las reglas exigen que toda contratación esté vinculada al terremoto. Todas van a la Contraloría Departamental con expedientes auditables. La urgencia manifiesta es la herramienta que permite que dinero y servicios lleguen en horas”, explica. 

Alerta roja hospitalaria 

Pese a que cifras anteriores a los hechos indicaban que en caso de terremoto hasta un 83% de la infraestructura de hospitales del país podía sufrir fallos estructurales, hoy los datos parecen indicar la relevancia de la data. Los daños registrados en la capital del Valle del Cauca dan cuenta de la vulnerabilidad de la estructura de los hospitales justo cuando hay una alta demanda de personal médico. De ahí que la Secretaría de Salud de Cali declarara alerta roja. Para el profesor Morales, esta medida tiene como fin mejorar la capacidad hospitalaria ante emergencias masivas. “Busca cancelar cirugías y consultas no urgentes para liberar personal médico, reubicar pacientes entre instituciones con disponibilidad y generar capacidad adicional para atender heridos, además de contar con personal de salud para prestar el servicio. Sin alerta roja se ralentiza la atención”. En esta vía, hoy existen algunas iniciativas para lograr convocar voluntarios y personal sanitario que pueda ser de ayuda para los sobrevivientes del terremoto. 

La solidaridad como bandera 

Pese a todas estas medidas, para Sergio Morales hay algo que es más profundo, que va más allá de los hashtags, las noticias efímeras y lo que se queda en el papel. Es claro que La Ley 1523 de 2012 indica que “Todas las personas naturales y jurídicas apoyarán con acciones humanitarias ante desastre” y que por tanto es un deber legal para todos en esta situación ser solidarios. Sin embargo, a los ojos del experto, “los decretos son herramientas, pero no funcionan solas. El desastre nacional moviliza fondos, pero deben llegar a las víctimas. La calamidad pública obliga a un plan, pero debe ejecutarse. La urgencia manifiesta acelera contratación, pero debe ser transparente. La alerta roja amplía capacidad hospitalaria, pero requiere personal e insumos. El duelo nacional reconoce la tragedia, pero debe traducirse en acción sostenida (...) Los decretos son el andamio jurídico. La solidaridad sostenida, hoy y siempre, es lo que los llena de contenido humano”, finaliza el experto.