Estos son los pros y contras de la Ley de sometimiento 2.0

El pasado 20 de julio, el Presidente Petro radicó un proyecto de ley que generó revuelo. Ahora, en sus declaraciones más recientes, el gobierno afirma que ver si hay “el ánimo de paz” depende del Congreso. Esta ha sido clasificada como la última apuesta del hasta entonces fallido proyecto de Paz Total.
Tras las recientes declaraciones del Ministro de Justicia Eduardo Montealegre, advirtiendo que el éxito del proyecto de ley de sometimiento a la justicia dependerá exclusivamente del Congreso de la República, algunos analistas han señalado que lo anterior pretende hacer mayor presión al cuerpo parlamentario, señalándolo como un posible culpable anticipado y un obstáculo para el proyecto de Paz Total del actual Gobierno.
“Será una decisión política del Congreso. Si ellos ven que definitivamente es que no hay un ánimo de paz pues sencillamente se cierra la posibilidad de cualquier acuerdo negociado”: Eduardo Montealegre, Ministro de Justicia
A las duras críticas que el comisionado de paz Otty Patiño hizo al proyecto, que fue presentado el pasado domingo y del que solo se discutió una sola vez con el ministro, se ha sumado las críticas de la oposición, que han cuestionado la intención de reglamentar el sometimiento a la justicia de los grupos criminales, rebajando penas a cambio de armas, aporte de información y reparación de las víctimas.
Por su parte, entre los argumentos principales que han mantenido los defensores del proyecto es que la mayoría de los beneficios ya se encontraban presentes en la antigua Ley de Justicia y Paz.
Además, destacan beneficios, como la inclusión de nuevas categorías de grupos, como actores del conflicto armado, grupos de crimen organizado de alto impacto y judicializados por protesta social.
Montealegre, resaltó que no se trata de una “puerta abierta a la impunidad”, sino de un esquema que exige desmantelar las estructuras y entregar información completa.
En ese orden de ideas y para comprender un poco más los pros y contras del proyecto de ley, de la mano de Catalina Peralta y Fabio Pulido, profesores de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, nos dimos a la tarea de recoger los puntos que son favorables y no tan favorables del polémico documento.
Pros | Contras |
Plantea beneficios en penas carcelarias entre 5 y 8 año lo que podría motivar a más criminales a acogerse a la ley de ser aprobada. | Sigue teniendo los mismos riesgos constitucionales de la Ley de Sometimiento 1.0. |
Al ampliar el objeto de la ley (de paramilitares, a narcotraficantes y criminales), flexibilizar los requisitos o aumentar beneficios, se hará más fácil la desmovilización de los criminales. | No es claro como la desmovilización de esos criminales puede mejorar la situación que enfrente el país (y en especial miles de víctimas) en materia de seguridad y violación a los DDHH. |
A simple vista es una vía para resolver los problemas de orden público a nivel nacional que han aumentado en los últimos años. | Quienes se acojan tendrían derecho a conservar hasta el 12% del capital adquirido ilícitamente. Esto va en contravía de la extinción de dominio que aplica sobre el 100% de los bienes. En consecuencia, no sería proporcional. |
Podría mejorar la percepción de favorabilidad del gobierno, pues permitiría mostrar “avances” en su proyecto bandera de campaña: la Paz Total. | No define con claridad las facultades del gobierno en materia de términos de sometimiento. |
Se le exigirá conductas de reparación, delación y cese de actividades ilegales a los criminales. | Los derechos constitucionales de las víctimas y la independencia de la fiscalía y los jueces están en riesgo, pues está enfocado a que el ejecutivo sea quien tenga el control. Esto es contrario al principio de independencia judicial. |
“En este tipo de modificaciones legislativas existe el afán de la desmovilización a través de beneficios a los criminales, pero no se clarifica cómo se va a materializar lo propuesto, como se va a verificar el cumplimiento y cuáles serán las sanciones para aquellos que incumplan”: Catalina Peralta.
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