Elecciones colombianas: otro capítulo del manual para concentrar el poder sin importar la ideología

Las elecciones en Colombia vuelven a poner sobre la mesa una tendencia que trasciende las ideologías: el uso de mecanismos políticos e institucionales para acumular poder. El siguiente análisis advierte que, más allá de las diferencias entre izquierda y derecha, persisten estrategias similares que ponen a prueba los contrapesos democráticos y la confianza ciudadana.

Elecciones colombianas: otro capítulo del manual para concentrar el poder sin importar la ideología

Existe un patrón que recorre América Latina de izquierda a derecha, desde gobiernos que prometen seguridad hasta gobiernos que alientan la transformación social. No se trata solamente de lo que dicen. Es cómo entienden el poder.

Repasamos algunos ejemplos con nombre propio de esta tendencia. Además de a gobernantes en ejercicio, el análisis atañe también a los tres principales candidatos de las elecciones presidenciales colombianas del 31 de mayo: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Instituciones y contrapesos se presentan como estorbos

Cuando líderes electos presentan a los tribunales como obstáculos, al Congreso como bloqueo, a la prensa como enemiga, a los órganos de control como sabotaje y a la oposición como un impedimento para gobernar, la democracia constitucional comienza a mutar. Milei, Bukele y Petro, con ideologías opuestas y promesas contradictorias, comparten una misma tentación peligrosa, concebir las instituciones democráticas como estorbos para realizar su idea auténtica de nación.

La comparación relevante no es ideológica sino institucional. La pregunta importante es si los líderes consideran que los límites son condiciones necesarias de la democracia o simples trabas que deben superarse.

La erosión explícita desde la derecha

Javier Milei en Argentina llegó denunciando a la “casta política” y prometiendo desmontar el Estado. Su lógica de confrontación permanente con el Congreso, sectores judiciales y universidades públicas parte de una idea. Según esta, las instituciones tradicionales son responsables del fracaso argentino y deben ser neutralizadas. La nación productiva justifica la batalla frontal contra los supuestos obstáculos institucionales.

En El Salvador, Nayib Bukele encarna una versión más intensa y popular. Su éxito en reducir drásticamente la violencia es innegable: El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a registrar índices mínimos de homicidios. Sin embargo, lo logró mediante un régimen de excepción prolongado, detenciones masivas con garantías judiciales suspendidas e informes constantes sobre abusos y torturas. Para millones de salvadoreños, la seguridad justifica subordinar los controles democráticos. La nación segura termina imponiéndose sobre las mediaciones institucionales.

El candidato de extrema derecha a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella representa otra expresión contemporánea de esta lógica. A las puertas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, su propuesta de “Patriotismo Constitucional” defiende formalmente la Constitución de 1991, la independencia judicial y la prensa. Rechaza una reforma constituyente, pero al mismo tiempo propone elevar a rango constitucional la prohibición de la combinación de todas las formas de lucha. Eso implicaría declarar inconstitucionales ciertas huelgas, bloqueos y formas de movilización social, utilizando la ley para restringir expresiones de conflicto político que considera amenazas al orden. No destruye la Constitución abiertamente: busca reescribirla para limitar el disenso.

La derecha autoritaria erosiona la democracia de forma frontal, mediante estados de excepción permanentes, liderazgo personalista, controles ejecutivos directos y restricciones abiertas al conflicto democrático.

La erosión gradual desde la izquierda

La izquierda latinoamericana tampoco escapa a esta deriva. Maduro en Venezuela constituyó el caso extremo de concentración progresiva de poder, persecución de opositores y destrucción de la competencia electoral. El chavismo convirtió las instituciones en herramientas del proyecto revolucionario hasta vaciarlas de pluralismo.

En Brasil, Lula da Silva continúa siendo una figura de la izquierda democrática, y el país mantiene elecciones competitivas. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores ha cultivado una narrativa según la cual sectores judiciales, empresariales y mediáticos representan enemigos estructurales del pueblo brasileño.

Después de los excesos del caso Lava Jato (la mayor investigación sobre corrupción en Brasil y Latinoamérica), parte del lulismo comenzó a justificar una creciente politización institucional. Esta tendencia se amparaba en la necesidad de corregir desequilibrios históricos. El riesgo que entraña no es una ruptura inmediata de la democracia, sino la normalización de la idea de que ciertas instituciones independientes son obstáculos frente a proyectos considerados superiores.

En México ocurre algo similar. La presidenta, Claudia Sheinbaum, heredó el proyecto político de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, aunque ya ha anunciado una revisión de la reforma judicial de este. Su partido, Morena, que opera dentro de marcos democráticos formales, ha impulsado reformas que generan preocupación por la autonomía judicial, la concentración de poder y el debilitamiento progresivo de contrapesos. La apelación constante al pueblo verdadero y a la legitimidad popular comienza a sustituir la lógica clásica de limitación constitucional.

En Colombia, el presidente, Gustavo Petro, y el candidato oficialista, Iván Cepeda, representan esta versión institucional de erosión democrática. Petro ha impulsado una transformación estructural del modelo político, mientras que Cepeda mantiene una posición ambigua frente a una eventual Asamblea Constituyente.

Semanas atrás, el candidato del Pacto Histórico parecía distanciarse de esta propuesta. Sin embargo, recientemente dejó abierta la posibilidad si existiera consenso entre sectores políticos y económicos. La incertidumbre sobre los compromisos de ambos candidatos frente a los límites constitucionales revela una pauta común: la disposición a cambiar las reglas del juego cuando se considere necesario.

Una Asamblea Constituyente no es un trámite ordinario. Supone reescribir normas fundamentales, fortalecer el Ejecutivo y alterar los mecanismos de alternancia. Formalmente, tiende a presentarse como una opción democrática. Estructuralmente, puede convertirse en un mecanismo de concentración irreversible de poder.

La izquierda autoritaria suele erosionar la democracia de manera más gradual, mediante reformas constitucionales, expansión permanente del Ejecutivo y debilitamiento progresivo de los órganos de control, todo presentado como profundización democrática y soberanía popular.

Dos caminos hacia el mismo riesgo

La derecha y la izquierda autoritarias utilizan métodos distintos, pero terminan compartiendo una misma sospecha frente al pluralismo liberal. Para unos, los controles constitucionales impiden combatir el crimen, garantizar el orden o liberar la economía. Para otros, evitan transformar estructuras consideradas injustas y realizar cambios históricos. En ambos casos aparece la misma conclusión: existe una voluntad popular auténtica que no debería estar limitada por demasiadas mediaciones institucionales. Y precisamente ahí reside el verdadero peligro.

Colombia conoce bien las consecuencias de subordinar las instituciones a proyectos absolutos de nación. Las guerrillas justificaron la violencia armada en nombre de una revolución. Los paramilitares, que han sido en ocasiones vinculados a partidos como el Centro Democrático (fundado por el expresidente Álvaro Uribe y liderado por la candidata Paloma Valencia), han justificado masacres y persecuciones en nombre del orden y la seguridad. Unos y otros creyeron representar una versión superior de la patria.

La democracia constitucional no fue diseñada para producir gobiernos rápidos, homogéneos o plenamente eficientes. Fue diseñada para impedir que una mayoría o un líder concentren todo el poder sin límites.

La lección incómoda de la historia latinoamericana es clara: las democracias rara vez mueren únicamente mediante golpes militares. Se erosionan lentamente desde dentro, cuando los líderes elegidos democráticamente descubren que es más fácil desmontar los límites constitucionales que respetarlos.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.