Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y el deber del Estado con los derechos humanos

Pasados ocho días del terremoto que impactó a Colombia, se han registrado hasta el momento más de 300 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 permanecen desaparecidas, 356 rescatadas y más de 26mil viviendas destruidas. El tamaño de la emergencia ha desatado una masiva respuesta por parte de organismos nacionales, organizaciones internacionales, países, empresas, equipos de rescate, junto con miles de personas que se han sumado a la solidaridad. 

Para enfrentar la crisis y evitar este tipo de eventos, las dos medidas obligatorias que deben asumir los Estados comprende  prever desastres naturales para mitigar el riesgo, como el vivido el pasado 10 de agosto de 2026 y garantizar la asistencia integral e inmediata a las personas afectadas, proveyendo los “mínimos que la gente necesita: agua potable, alimento y alojamiento temporal”, indica Andrés Felipe López, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. 

En ese sentido, a nivel nacional se cuenta con un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos del Desastre que, conformado en el año 2012, a través de la Ley 1523, busca reunir todas las entidades públicas, privadas y comunitarias que operan en conjunto para atender el riesgo de desastres naturales.  

Sin embargo, el experto advierte que, a pesar de su existencia, en su implementación existe una brecha que impide que la ayuda llegue por igual a todo el territorio. “En algunos lugares de Colombia están mejor preparados porque hay diferencias sociales y económicas”, indica López. Lo anterior quedó en evidencia con el acceso al Chocó después del terremoto. En su momento, mientras ya se tenía un panorama general sobre el estado de Manizales y Pereira, la región seguía desconectada y la información que llegaba al interior del país era escasa.  

Esta disparidad, a los ojos de López, ha generado una carga desproporcionada sobre los trabajadores y las organizaciones humanitarias, que en muchos casos terminan asumiendo responsabilidades y liderando respuestas que deberían estar en cabeza del Estado en este tipo de emergencia. 

Los primeros riesgos en jaque  

A nivel internacional el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda persona y su familia a un nivel de vida adecuado. Para el experto, es este un derecho que, en estos momentos de crisis humanitaria, se está viendo afectado, pues muchos habitantes de las ciudades golpeadas por el terremoto hoy viven en carpas y están despojados de su hogar. 

López detalla que otro de los derechos fundamentales afectados es el derecho a la vida y la integridad personal, reflejado en las personas hospitalizadas que, por  incapacidad institucional, no reciben la atención que requieren, pues algunos centro médicos también se vieron afectados por el terremoto y el sistema de salud no soporta la alta demanda. Adicionalmente, el desplazamiento de los afectados, a zonas seguras, se complejiza si de por medio hay alguna discapacidad, o pertenecen a grupos vulnerables, como mujeres y niños. 

Para reducir estos riesgos y proteger a esta población, López, destaca la importancia de seguir los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, un documento que consta de 30 normas internacionales que identifican los derechos y garantías de las personas forzadas a huir dentro de su propio país por conflictos, violencia o desastres, cubriendo la prevención, protección y asistencia humanitaria. 

La cooperación internacional como apoyo complementario 

La emergencia ha puesto en evidencia la importancia de la cooperación internacional. Sin embargo, López, sugiere que esta se rige por el principio de subsidiaridad: el Estado Colombiano mantiene la soberanía y es el que determina cómo y cuándo se recibe y distribuye la ayuda recibida. En este sentido, la cooperación internacional no sustituye la labor estatal. 

Por otro lado, una negativa injustificada a recibir ayuda también genera cuestionamiento sobre los derechos humanos, pues "viola la obligación que tiene un Estado de proteger a sus ciudadanos”, argumenta el doctor. 

Riesgos a mediano plazo  

Más allá de una respuesta inmediata, persisten interrogantes sobre los derechos que también pueden verse afectados en un mediano plazo, mientras se da solución a la contingencia. Lo anterior surge, después de que la Organización Integral para las Migraciones (OIM), alertara que grupos delictivos se valen del sufrimiento de quienes atraviesan emergencias por catástrofes naturales para engañarlos mediante falsas propuestas de trabajo o ayuda humanitaria, separarlos de sus seres queridos y someterlos a distintas formas de explotación, práctica delictiva que se conoce como trata de personas. 

Frente a esto, si bien es necesario capacitar a la población damnificada, el Estado tiene el deber de proteger a quienes resultan más vulnerables. Para este caso, la población femenina y los niños.  

Una fecha para recordar la solidaridad 

El día Mundial de la Asistencia Humanitaria, rinde homenaje a los trabajadores que han arriesgado su vida por el servicio de los demás. En un momento como el que atraviesa Colombia, la fecha es una invitación sobre el valor que tiene la solidaridad, reflexiona López. 

A su juicio, la asistencia humanitaria, da cuenta de que “nos necesitamos mutuamente”, y el saber aceptar la ayuda es parte de ese principio. Lo que se debe recordar es que “todos somos responsables de todos.” 

En una fecha dedicada a reconocer la labor humanitaria, el terremoto recuerda que la ayuda va mucho más allá de la entrega de ayuda material. Representa la protección de derechos y el fortalecimiento de las comunidades para su recuperación y reconstrucción.