Trabajo penitenciario y segundas oportunidades: una conversación sobre los retos de la justicia laboral en Colombia

¿Puede el trabajo realizado durante la privación de la libertad convertirse en una oportunidad real para reconstruir un proyecto de vida? Esta fue una de las reflexiones que atravesó el Panel de Justicia Social: trabajo y seguridad social “Trabajo penitenciario como oportunidad productiva: retos para la justicia laboral”, realizado este 7 de septiembre en la Universidad de La Sabana.

El encuentro fue organizado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana y del Consejo Superior de la Judicatura, y reunió a representantes de la Rama Judicial, el Gobierno Nacional, organismos internacionales, academia y organizaciones sociales para analizar los desafíos jurídicos y sociales alrededor del trabajo penitenciario en Colombia.

Más que discutir únicamente las condiciones en las que trabajan las personas privadas de la libertad, la jornada permitió plantear una pregunta de fondo: ¿cómo lograr que el trabajo penitenciario se convierta en una auténtica oportunidad de inclusión social, formación y construcción de ciudadanía?

Una conversación que reunió distintas miradas sobre la justicia social

El primer panel, “Trabajo penitenciario: modalidades y afiliación al sistema de riesgos laborales”, reunió a Juan Carlos Espeleta Sánchez, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; Ítalo Cardona Monterroza, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos; e Iván Cancino González, ministro de Justicia y del Derecho.

La conversación fue moderada por Diana María Gómez Hoyos, directora de Especializaciones de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales, y permitió abordar las condiciones bajo las cuales el trabajo de las personas privadas de la libertad debe desarrollarse y las garantías que deben acompañarlo.

Uno de los puntos centrales fue comprender que no todo trabajo realizado en contextos de privación de la libertad constituye trabajo forzoso. De acuerdo con las conclusiones de la jornada, este puede ser compatible con los estándares internacionales siempre que se desarrolle bajo las condiciones y salvaguardias correspondientes.

Posteriormente, Fray Ricardo Torres Castro, director general del SENA, presentó la conferencia “La misión del SENA transformando vidas: formación, trabajo e inclusión para la construcción de nuevas oportunidades”, en la que se puso sobre la mesa el papel de la formación para facilitar la transición entre la reclusión y la vida en libertad.

Del trabajo en prisión a la construcción de un proyecto de vida

La segunda parte de la jornada puso el foco en la experiencia laboral de las personas privadas de la libertad y su incidencia en la rebaja de las penas.

Este panel contó con la participación de Carlos Roberto Solórzano Garavito, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; Dálida María Villa Vanegas, directora de Alianza Soluciones; Luis Alberto Gómez Ortiz, juez 47 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá y profesor de la Universidad de La Sabana; y Johana Bahamón Gómez, presidenta ejecutiva de la Fundación Acción Interna. La moderación estuvo a cargo de Carlos Guillermo Castro Guevara, profesor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad.

Las diferentes perspectivas permitieron analizar el trabajo penitenciario no solo desde la regulación jurídica, sino también desde su capacidad para desarrollar conocimientos, habilidades técnicas y competencias laborales. El trabajo puede favorecer la disciplina, la responsabilidad y el trabajo en equipo y, especialmente, aportar a la construcción de un proyecto de vida que facilite la reintegración social y laboral una vez recuperada la libertad.

En este escenario también se discutieron los cambios recientes en la legislación colombiana. Entre ellos, la Ley 2466 de 2025, que reconoció la experiencia laboral certificada dentro de los procesos de redención de pena por trabajo, y la Ley 2446 de 2025, mediante la cual se creó la Política Pública de Cárceles Productivas, orientada a articular al sector público, las empresas privadas, las organizaciones sociales y los establecimientos penitenciarios en los procesos de resocialización y reinserción.

Una cárcel productiva debe generar verdaderas oportunidades

Uno de los principales consensos que dejó el encuentro fue que hablar de una cárcel productiva implica ir mucho más allá de mantener ocupadas a las personas durante su tiempo de reclusión.

El desafío consiste en hacer del trabajo una herramienta de dignificación humana, aprendizaje, responsabilidad y reconstrucción del proyecto de vida, acompañada de oportunidades que preparen efectivamente a las personas para regresar a la sociedad.

En esta tarea, la jornada destacó el papel que pueden desempeñar diferentes actores. El SENA, desde la formación para el trabajo; el sector empresarial, mediante iniciativas de inclusión laboral como Alianza Soluciones; y organizaciones sociales como la Fundación Acción Interna, que trabaja en la generación de oportunidades para la población carcelaria y pospenada.

La academia como escenario para pensar los retos de la justicia

Las conclusiones estuvieron a cargo de Diana María Gómez Hoyos, quien destacó que una política penitenciaria moderna no puede limitarse a la custodia de las personas, sino que debe generar condiciones para que quienes recuperen su libertad cuenten con herramientas y oportunidades reales para transformar sus vidas.

La jornada dejó así una reflexión que trasciende el ámbito penitenciario: el trabajo, cuando es voluntario, formativo y justamente remunerado, puede convertirse en un puente hacia la autonomía, la inclusión social y la disminución de la reincidencia. Para lograrlo, el reto jurídico e institucional está en garantizar que estas actividades respeten los derechos fundamentales, los estándares de trabajo decente y los principios de justicia social.

Con encuentros como este, la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana continúa promoviendo espacios de diálogo entre la academia, la justicia, el sector público y la sociedad civil para abordar, desde distintas perspectivas, algunos de los principales desafíos jurídicos y sociales del país.