'El poder de los jueces': el libro que hace un llamado a volver a las funciones consagradas en la Carta Magna

Fabio Enrique Pulido es doctor en derecho y profesor universitario. Su vida en la academia le ha llevado a investigar, entre muchas otras cosas, sobre del activismo judicial. En esta entrega, el autor hace un llamado de alerta a los jueces sobre los riesgos de aceptar y adoptar esta práctica. 

En los últimos 30 años el Derecho ha atravesado transformaciones importantes respecto a las expectativas que tiene la ciudadanía sobre el poder judicial. Sin embargo, en el libro El Poder de los jueces, Fabio Enrique Pulido, Doctor en derecho y profesor de la Facultad de Estudios Políticos, Jurídicos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, plantea que esas expectativas han inducido problemas fundamentales en la práctica profesional. 

Con el auge de los movimientos sociales y las constantes críticas de la opinión pública, los jueces empezaron a cargar con la presión de tomar partido en los procesos sociales y políticos para no perder legitimidad ante la población. Para el autor, esto ha llevado a desdibujar la frontera entre el poder político y la función que ejercen algunos tribunales de justicia. 

De ahí que el término «activismo judicial», acuñado por primera vez en 1947 por un historiador estadounidense, ganara relevancia y fuese utilizado para señalar el trabajo de algunos magistrados. 

En Colombia, parece ser que los jueces hallaron un escenario propicio para esta práctica. Constitucionalistas y magistrados, por ejemplo, suelen sostener que “la función de las cortes es proteger la Constitución, más allá de las competencias que el derecho vigente le asigne y, según explica el profesor, ahí reside un claro ejemplo del activismo judicial, que suele basarse en argumentos de moralidad política para rebasar las funciones delimitadas inicialmente”.  

Esta lectura permite explorar los matices del sistema legal que han provocado que la responsabilidad de dar soluciones políticas recaiga sobre los jueces. El autor asegura que cuando el sistema legislativo no ofrece respuestas de fondo a las exigencias sociales, los conflictos se trasladan a las cortes y los magistrados se ven obligados a tomar decisiones sobre problemáticas complejas, pese a no contar con el andamiaje institucional ni las herramientas técnicas para implementar políticas públicas. 

“Si bien al principio parece algo bueno, a mediano y largo plazo tiene serias implicaciones. Por ejemplo, pensemos en un sistema salud que se encuentra en malas condiciones por lo que no me daban un medicamento. Entonces yo voy donde un juez y él termina modificando la política pública por lo que finalmente me dan mi medicamento. Cualquiera pensaría: ‘Funcionó’. Sin embargo, al reflexionar, debemos entender que, al invertir recursos en un solo asunto, dejamos al descubierto muchos otros”, señala el autor. 

Pulido señala que lo anterior muestra que el sistema institucional no funciona y si los problemas se siguen abordando por la misma vía llegará un momento en el que va a colapsar. 

Las costuras del libro 

Aunque se trata de un manuscrito pensado inicialmente para abogados, estudiantes de derecho o magistrados, el profesor Pulido hizo un esfuerzo consiente de bajar los términos técnicos a un lenguaje más amigable para lectores ajenos al ámbito legal.

Esto permite que a lo largo del libro, el profesor también explique por qué es necesario dejar de pedirles a los magistrados que solucionen todos los problemas políticos y sociales del país. Para sustentar esta tesis, expone dos razones fundamentales: “la primera es que esto implica quebrar el sistema institucional, al impedir su funcionamiento adecuado; la segunda, que los jueces no lograrán los resultados que la ciudadanía espera, lo que desatará la indignación y cuestionamientos sobre su legitimidad". 

Por otro lado, en el libro también se hace zoom sobre la acción de tutela y sus bondades tras la Constitución de 1991. Se ahonda sobre cómo esta ley suprema del Estado soberano reconoció que el sistema judicial previo tenía deficiencias que podrían afectar el acceso directo a la justicia. Y es que, en general, este recurso procede contra autoridades o particulares cuando se vulneran derechos fundamentales como la salud, educación, debido proceso, entre otros. 

Sin embargo, el profesor Pulido explica que, aunque el diseño inicial de la Constitución buscaba ser descentralizado, con multiplicidad de acciones constitucionales y presencia de jueces en todo el país, lo que terminó pasando es que se concentró la justicia constitucional en la acción de tutela y en la Corte Constitucional. Esto ha llevado a la gente a creer que la única herramienta que tiene para sus problemas de derechos es esa acción”. 

Dicha dinámica dejó relegados a los demás mecanismos diseñados para velar por los derechos de los ciudadanos y esta acción, que originalmente era excepcional, se convirtió en una medida ordinaria.  

Más adelante, a lo largo del texto, se analizan otros aspectos; como la diferencia entre la independencia judicial externa, que protege a los jueces de interferencias de otros poderes o de la sociedad y la independencia interna, que garantiza la autonomía del magistrado frente a sus superiores dentro de la propia rama judicial;  pues a diferencia de lo que sucede con otras autoridades, los fallos de los jueces no son definitivos, lo que es fundamental para que ninguna autoridad jurídica posea poderes universales (a esto le llama la “tesis del dominio limitado”). 

Todas las reflexiones allí plasmadas fueron derivadas de una ardua investigación y constantes procesos de verificación para evitar sesgos de confirmación y una convicción profunda de que el sistema puede y debe mejorar las dinámicas que erróneamente ha normalizado.