Presupuesto General de la Nación 2027 será definido por decreto

La aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) por parte del Congreso, en la madrugada de este 20 de octubre, por $634,9 billones, parecía convertirse en una victoria legislativa del gobierno de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, en menos de 24 horas, la victoria se vio opacada por un vicio de trámite que surgió tras advertirse que el Senado y la Cámara habían aprobado versiones diferentes del artículo 65. 

La situación fue advertida por la senadora Esmeralda Hernández, quien aseguró haber identificado junto a Lina García, exdefensora del Pueblo de Bogotá, diferencias entre los textos aprobados en ambas corporaciones. 

Ante este escenario, el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto mediante decreto con base en el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas. La decisión implica que varias modificaciones incorporadas posteriormente durante la discusión en plenarias podrían quedar por fuera del texto definitivo, entre ellas ajustes en la asignación de recursos para sectores como salud, subsidios e inversión pública. 

Según Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, con estudios en Economía, el episodio no representa una afectación grave para la institucionalidad. 

"Es algo que puede surgir en las leyes. En los trámites se cometen estos errores y más especialmente en un contexto donde hay tanta premura por el tiempo y tanta presión por sacar adelante las cosas", explicó Garzón. 

El experto considera que la decisión del Gobierno le otorga un margen de maniobra adicional para definir la ejecución presupuestal: "el gobierno termina teniendo la capacidad de fijar un presupuesto a través de un decreto". Lo que describe como una suerte de "dictadura fiscal", en la medida en que el Ejecutivo asume temporalmente un mayor control sobre la definición de las cuentas públicas.

Para Wilson Rodríguez, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, el principal impacto se concentra en la distribución de algunos recursos y no en el tamaño total del presupuesto, pues "el monto del presupuesto no cambia", explica.  

De acuerdo con Rodríguez, la controversia no debería afectar la confianza de los mercados ni alterar significativamente las perspectivas del endeudamiento del país. "Es un tema de trámite, de vicio de trámite. Es un compromiso de parte del Legislativo y de acuerdo con el Ejecutivo. En el segundo debate se habían movido recursos hacia inversión, por ejemplo, en salud y en el FONPET”. 

Lo mismo aplica, dijo, para la planeación financiera y el costo de la deuda: “lo que ocurrió no va a ser que nos endeudamos más”. Rodríguez agrega que las modificaciones que quedarían por fuera podrían revisarse posteriormente mediante otros instrumentos legislativos o presupuestales impulsados por el Gobierno. 

¿Habrá costos políticos para el Gobierno? 

Frente a las relaciones políticas, Garzón no prevé un deterioro con los sectores afines al Gobierno. En cambio, dijo, el Congreso ya ha cuestionado el procedimiento y "va a seguir cuestionándolo, además de la naturaleza del presupuesto y el tema de la deuda”. 

El caso también aparece en un momento clave para las futuras iniciativas económicas del Ejecutivo. Entre ellas está la anunciada ley de ajuste fiscal, con la que el Gobierno busca reducir el gasto público para mejorar las finanzas del Estado. 

Según Garzón, hasta ahora no se ha previsto un aumento de impuestos, pero si una ley orientada a "una reducción importante del gasto". Aunque considera que la controversia actual no desembocará en una reforma tributaria, sí deja un precedente de cara a las discusiones económicas que vendrán en el Congreso.  

Rodríguez coincide en que el comportamiento futuro de la deuda dependerá menos del vicio de trámite y más de las decisiones que adopte el Gobierno en materia de ingresos y gasto: "Lo que ocurrió no va a hacer que nos endeudamos más (...) seguiremos dependiendo de qué medidas empiezan a ser tangibles, además de qué propuestas van a empezar a pasar en el Congreso en términos de gasto y en términos de ingresos", señaló. 

Mientras el Ejecutivo prepara la expedición del presupuesto por decreto, el debate jurídico permanece abierto. La discusión ya no se centra en si Colombia tendrá o no presupuesto para 2027, sino qué versión del presupuesto entrará finalmente en vigencia y cuáles de las modificaciones aprobadas durante el segundo debate podrán recuperarse a través de futuros mecanismos legislativos.