¿Por qué los militares y policías no pueden votar en Colombia?

En días recientes el senador Germán Rodríguez del partido Salvación Nacional, presentó un proyecto que plantea otorga a miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, el derecho al voto. 

 El proyecto tiene el objetivo de permitir que los militares y policías en servicio activo puedan votar en las elecciones: Presidencia de la República y Senado.  

Lo que sostiene el senador, es que los integrantes de la Fuerza Pública no deben ser considerados ciudadanos de segunda categoría, sino que, como cualquier otro ciudadano, pueden ejercer al derecho al voto sin ser partícipes de actividades políticas, debates públicos o proselitismo. Los militares votarían en guarniciones militares, explicó Rodríguez en medios. 

Sin embargo, esta propuesta enfrenta una pregunta más grande: cómo garantizar que el ejercicio del voto no afecte la neutralidad política de la Fuerza Pública. 

Lo que establece la Constitución 

Sergio Andrés Morales, coordinador académico de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explica que el artículo 219 de la Constitución establece que la Fuerza Pública no es deliberante y al ser miembros en servicio activo no pueden votar. Esta disposición mantiene a las instituciones militares y policiales al margen de las disputas políticas. 

El experto destaca que la prohibición tiene un origen particular, “La prohibición del voto no se les impulsó a los militares, la pidieron ellos. En 1930, un grupo de oficiales del ejército le escribió al Congreso pidiéndole que aprobara la ley que les quitaba ese voto, precisamente.” Esto debido a que el Ejército temía que los gobiernos usaran su disposición y su deber de obediencia con fines electorales. 

“La prohibición no nace para castigar al uniformado, nace para que nadie pueda usar su voto.”, resume Morales. 

¿Es suficiente una ley del Congreso para cambiarlo? 

Morales lo concreta en una frase: “La ley no puede contradecir a la constitución.” La iniciativa no podría aprobarse mediante una ley ordinaria, por lo que, es necesario modificar la Carta Política mediante un acto legislativo, un trámite que demora ocho debates y dos vueltas en el Congreso.  

El experto además advirtió que el proyecto debe cumplir los tiempos establecidos para este tipo de reformas y que, a diferencia de los proyectos de ley, no puede beneficiarse de un mensaje de urgencia. “Los primeros cuatro debates tendrían que estar listos antes del 16 de diciembre de este año y los otros cuatro debates antes del 20 de junio de 2027”, señaló. 

¿Qué tan probable es que el proyecto prospere? 

Para Juan Nicolás Garzón, profesor internacionalista de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, esta propuesta es inconveniente debido a que es “darles un rol en el marco de una práctica política, en un sistema electoral en el que el país está tan dividido”, afirmó. Precisamente, lo que se debe priorizar es “el servicio al Estado y los intereses de la Nación, la seguridad y garantizar la supervivencia de este”, agregó. 

Por su lado, Morales señaló que “las reformas constitucionales son difíciles”. Explicó que en una legislatura llegaron a presentarse 32 proyectos de acto legislativo y solo tres fueron aprobados. Sin embargo, considera que el escenario político actual puede ofrecer una oportunidad para la propuesta. 

Según sus datos, desde 2012 se han presentado al menos ocho intentos de modificar esta norma sin éxito. El año en el que estuvo más cerca de aprobarse fue en el 2022, pero se perdió por un voto de diferencia en la Comisión Primera del Senado, porque el ministro de Defensa de ese entonces, Iván Velázquez, se opuso personalmente en el recinto.  

¿Podría influir en las próximas elecciones? 

Otro de los principales puntos de discusión es el impacto electoral, Morales calcula que Colombia tiene alrededor de 400.000 uniformados en servicio activo, mientras que en la elección presidencial de este año se depositaron cerca de 26 millones de votos. 

Aunque contempla que los uniformados no necesariamente votarían de manera uniforme, advierte que su tamaño que, aunque es cerca de uno y medio por ciento, podría ser relevante en elecciones definidas por márgenes estrechos. “En las elecciones que se definen por márgenes tan estrechos como los nuestros, un bloque de ese tamaño basta para inclinar el resultado”, sostuvo. 

Para Garzón, en cambio, el principal riesgo está en la estructura de mando. Las preferencias políticas expresadas por los altos oficiales pueden generar situaciones de tensión dentro de una estructura que obedece a una estructura jerárquica.