De la Espriella sanciona la ley de sometimiento: así cambia la estrategia del Estado

Con la sanción presidencial de la ley de sometimiento a la justicia, Colombia se enfrenta a una nueva estrategia del Estado colombiano frente a las organizaciones criminales. La norma, aprobada por el Congreso este martes 3 de noviembre y sancionada por el presidente Abelardo De La Espriella, modifica y prorroga la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), una norma clave para la política de paz y seguridad del país, que deja atrás el modelo de la llamada Paz Total. 

Para Nicolás Mayorga Alturo, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, lo que está en juego con esta ley es una herramienta clave con la que cuenta gobierno para desmantelar organizaciones criminales mediante mecanismos que combinen justicia, reparación para las víctimas y fortalecimiento de la seguridad. 

"El sometimiento es una oferta del Estado. La ley lo define como el proceso en el que un grupo armado 'se somete de manera voluntaria, individual o colectiva a las condiciones fijadas por el Estados’ El Estado pone las reglas y el grupo decide si se acoge", explica. 

"La ley de sometimiento exige ‘hacer dejación de las armas', ‘cesar toda actividad ilícita' y entregar a los niños reclutados, a los secuestrados y a los desaparecidos. También requiere información sobre la estructura y los bienes para reparar a las víctimas. A cambio, ofrece rebajas de hasta el 50 % de la pena. Para los cabecillas la rebaja es del 30 % y la pena no puede ser menor a 10 años", precisa.  

Mayorga señala que el nuevo modelo responde a los establecido en la Corte Constitucional en la sentencia C-525 DE 2023, "que fijó como condición que el Congreso definiera los términos del sometimiento". Sin embargo, advierte que la verdadera prueba será en su implementación. 

"Entregar las armas es solo el primer paso. El reto es desmantelar las organizaciones y las economías que las financian. Esta ley va por buen camino porque condiciona los beneficios a ese desmantelamiento", afirma Mayorga. 

Un modelo distinto 

La principal transformación introducida por la nueva ley es el cambio de enfoque frente a las estructuras criminales. Mientras la política de paz total contemplaba acercamientos y negociaciones con actores armados, el nuevo esquema elimina la negociación con las bandas criminales y establece condiciones que deberán cumplirse para acceder a beneficios judiciales. 

Según Mayorga, la nueva normativa "renueva la Ley de Orden Público y cierra las mesas de diálogo con bandas criminales. El Gobierno solo conserva los 'contactos humanitarios' y los 'actos de acercamiento' para que el grupo manifieste su voluntad de someterse. No hay negociación ni reconocimiento político. 

La diferencia, agrega, es que "el Congreso fijó las reglas. El Ministerio de Justicia verifica que se cumplan y luego la Fiscalía y los jueces deciden los beneficioso", lo que se aleja de esquemas de negociación directa. 

Con la sanción presidencial ya concretada, el debate ahora se centra en la capacidad que tendrá el nuevo modelo para traducirse en resultados concretos. Para Mayorga, el éxito de la ley se evidenciará a partir de la desarticulación de las organizaciones criminales.