En Argentina, Colombia y Ecuador, menos del 10 % de las personas con discapacidad accede a la universidad

Cada vez más personas con discapacidad llegan a la educación superior. Sin embargo, las preguntas no terminan cuando un estudiante logra matricularse. ¿Puede participar plenamente en una clase? ¿Encuentra materiales y espacios accesibles? ¿Puede demostrar lo que ha aprendido de distintas maneras? ¿Cuenta con los apoyos necesarios para avanzar en su carrera, graduarse y transitar posteriormente al mundo laboral?

Estas preguntas resultan especialmente relevantes en una región en la que, según un estudio realizado, con base en datos de Argentina, Ecuador y Colombia, menos del 10 % de las personas con discapacidad accede a la universidad. La cifra revela una brecha importante, pero muestra solo una parte del problema. Desde el modelo social de la discapacidad, las dificultades no pueden explicarse únicamente por las características individuales de las personas, sino por las barreras que todavía persisten en los entornos educativos.

Hablar de discapacidad exige reconocer su diversidad, como experiencias físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales que son muy diferentes, atravesadas además por condiciones socioeconómicas, género, pertenencia étnica y otras dimensiones de la vida de cada persona. Tratar a los estudiantes con discapacidad como una población homogénea puede conducir, paradójicamente, a respuestas poco inclusivas.

La pregunta que debería orientar a las instituciones cambia entonces de perspectiva. No se trata solamente de identificar qué diagnóstico tiene un estudiante, sino de comprender qué barreras encuentra para aprender y participar, qué apoyos requiere y qué transformaciones puede realizar la propia universidad.

De las políticas de inclusión a las experiencias de los estudiantes

La educación inclusiva lleva más de tres décadas instalada en la agenda internacional. Desde la Declaración de Salamanca de 1994 hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha consolidado progresivamente la idea de que no son las personas quienes deben adaptarse a sistemas educativos diseñados para un estudiante considerado “estándar”, sino que los entornos educativos también deben transformarse para responder a la diversidad.

Buena parte de este desarrollo, sin embargo, se ha concentrado en la educación básica y media. Hoy, la discusión llega con particular fuerza a la educación superior. A medida que más estudiantes con discapacidad completan sus trayectorias escolares, universidades e instituciones técnicas y tecnológicas enfrentan un reto que va más allá de las oportunidades de acceso.

Junto con investigadoras de Argentina y Ecuador, se estudió precisamente este problema. La investigación analizó cómo se conceptualiza la educación inclusiva en la educación superior y cuáles son los principales avances y desafíos en tres momentos decisivos de la trayectoria estudiantil: acceso, permanencia y graduación.

Los resultados muestran una tensión importante. Existen avances en el reconocimiento del derecho a la educación superior y en las posibilidades de ingreso. También se han otorgado apoyos financieros, ajustes en los procesos de admisión y estrategias de nivelación. Sin embargo, los progresos son más lentos cuando se examina lo que sucede después: la participación plena en la vida universitaria, las posibilidades de graduación y la incorporación al mundo laboral.

En Colombia existe un marco institucional que ha contribuido a posicionar esta discusión. Los Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva del Ministerio de Educación Nacional, el Índice de Inclusión para Educación Superior (INES) y la incorporación de criterios relacionados con la inclusión en el sistema de aseguramiento de la calidad son algunos de los instrumentos que orientan estos esfuerzos.

El problema aparece cuando las declaraciones deben convertirse en experiencias concretas. En la investigación, los expertos señalaron una distancia entre la flexibilidad curricular formulada en los documentos y aquella que efectivamente experimentan los estudiantes. La formación de los profesores, la accesibilidad de los entornos y la construcción de rutas claras para acompañar la permanencia y la graduación continúan siendo asuntos por fortalecer.

Anticipar las barreras para ampliar la participación

Tradicionalmente, buena parte de las respuestas a la inclusión se han construido mediante ajustes individuales. Cuando un estudiante encuentra una barrera, la institución realiza una adaptación particular que le permite continuar y aunque los ajustes son indispensables y constituyen un derecho, cuando toda la respuesta depende de ellos, cada estudiante debe hacer visible una y otra vez su necesidad para acceder a condiciones que le permitan participar.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) propone complementar esta lógica con una pregunta: ¿cuántas barreras podrían evitarse si, desde el comienzo, los ambientes, los recursos, las estrategias pedagógicas y las formas de evaluación se diseñaran pensando en una mayor diversidad de estudiantes?

Esto no significa que todas las personas necesiten lo mismo ni que deban desaparecer los apoyos individualizados. Significa que una institución puede dejar de reaccionar únicamente cuando aparece una dificultad y comenzar a anticipar parte de la diversidad que encontrará en sus aulas, teniendo así profundas consecuencias como trasladar parte de la responsabilidad desde el estudiante hacia las condiciones en las que ocurre la experiencia educativa.

En la Universidad de La Sabana existen iniciativas en varias facultades y la Dirección de Bienestar, que han habilitado una trayectoria de investigación, formación y trabajo aplicado alrededor de la discapacidad, la accesibilidad y la educación inclusiva. Entre los más recientes logros de la universidad se encuentra el impulso a la Ley 2628 de 2026 de Colombia, liderado por la Facultad de Ciencias del Comportamiento, que establece un marco normativo integral para garantizar la protección, la inclusión real y el goce pleno de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), TDAH, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.

Este recorrido permite comprender que el desafío actual no consiste en comenzar de cero. Existe conocimiento que puede dialogar con la evidencia internacional y con las nuevas preguntas que plantea la educación superior, pues la educación inclusiva involucra las políticas institucionales, pero también la cotidianidad en un salón de clase, en una evaluación, en una plataforma tecnológica, en una práctica profesional o en la relación entre un profesor y un estudiante.

El reto de evaluar los avances y escuchar otras voces

Colombia atraviesa un momento particularmente interesante para avanzar en esa dirección. En noviembre de 2025, más de 150 instituciones participaron en la consolidación de la Declaración de Bogotá, que estableció diez prioridades relacionadas con la educación superior inclusiva. En 2026, una estrategia nacional de acompañamiento entre pares comenzó a articular instituciones con mayor trayectoria con otras que están iniciando sus procesos. La existencia de normas, redes e instrumentos constituye un avance. El siguiente desafío es producir evidencia sobre sus resultados.

Necesitamos saber no solamente cuántos estudiantes con discapacidad ingresan a la educación superior, sino qué ocurre con sus trayectorias. Para ello, es necesario incorporar sistemáticamente las voces de las propias personas con discapacidad. Una universidad puede diseñar políticas y apoyos con las mejores intenciones y, aun así, no identificar las barreras que experimentan quienes recorren diariamente sus aulas, laboratorios, plataformas y espacios de práctica. 

También es crucial pensar la trayectoria más allá de la graduación. La transición hacia el empleo forma parte de la discusión. Una institución puede admitir estudiantes diversos y, al mismo tiempo, conservar currículos, evaluaciones, tecnologías, espacios o prácticas que dificulten su participación. 

Por eso, una de las preguntas más importantes para la educación superior colombiana en los próximos años es cuántas personas encuentran, una vez dentro, las condiciones para participar, aprender, permanecer, graduarse y construir un proyecto de vida digno, satisfactorio e integral.