Los líos legales detrás del cierre temporal de Andrés Carne de Res

Tras múltiples titulares que anunciaban el cierre de Andrés Carne de Res por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, el experto William Hernández analiza los líos legales y posibles implicaciones.

El martes 21 de octubre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronunció frente a las irregularidades encontradas en dos establecimientos de la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. (Andrés D.C y Andrés Carne de Res - Chia). Tras las visitas realizadas se concluyó que, debido a las deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, ambas sedes debían cerrar de forma inmediata. 

Ahora bien, a través de un comunicado el comercio dijo que había realizado las adecuaciones correspondientes según lo indicado por la SIC y que presentarían las pruebas para así retomar sus labores con normalidad. Por el momento el público se encuentra a la expectativa sobre el curso del proceso. 

Para William Hernández, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, “aunque logren subsanar las fallas señaladas por la SIC y reabrir sus establecimientos, podrían enfrentar consecuencias legales adicionales”.  

Cómo la medida de cierre tiene un carácter preventivo y no excluye las investigaciones administrativas ya abiertas por la superintendencia, estas pueden derivar en multas conforme a la Ley 1480 de 2011, la cual contempla las sanciones que puede tener un establecimiento por vulnerar derechos de los consumidores o incumplir normas de seguridad en productos y servicios. 

Fuera de lo planteado anteriormente, para el experto existen dos grandes riesgos legales que podrían resultar de la situación. “El primero, en caso de que ocurran accidentes laborales que deriven de un inadecuado control de riesgos se podrían activar investigaciones del Ministerio de Trabajo por infracción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, así como sanciones económicas o administrativas por incumplimiento reiterado de las obligaciones de prevención”.  

El segundo, que los presuntos incumplimientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible acarreen sanciones técnicas, lo que amplía el riesgo económico y reputacional para la compañía. 

Tras los recientes escándalos que ha atravesado la marca, entre accidentes de trabajadores como el caso de Laura Villamil o eventos como el reciente humo en la sede de la calle 85, la pregunta de muchos comensales es ¿qué sucederá si las fallas persisten? 

Para Hernández es claro, “la SIC podría mantener la suspensión o imponer sanciones más severas, incluyendo multas que pueden alcanzar los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La persistencia del incumplimiento también podría configurar negligencia reiterada, lo que abriría la puerta a la clausura definitiva del establecimiento”. 

Vale la pena aclarar que, si bien la superintendencia tiene la facultad para cerrar de forma definitiva un establecimiento, esta es una medida excepcional que suele usarse en casos específicos dónde se demuestre riesgo grave y persistente. 

Además, “desde una perspectiva empresarial, la reincidencia en fallas de seguridad podría afectar las pólizas de responsabilidad civil, la relación con proveedores y la continuidad del negocio como marca registrada” aclaró el experto. 

Así, solo queda esperar que las pruebas lleguen a la entidad correspondiente. Mientras tanto los consumidores no podrán disfrutar de los servicios y los empleados deberán estar en pausa pues su lugar de trabajo continúa clausurado.