Incomunicados y aislados: el agravante de la maternidad subrogada en tiempos de pandemia

La pandemia causó notorias consecuencias en los procedimientos de la maternidad subrogada (MS): los recién nacidos, separados de sus madres biológicas, y esperando a unos padres que no los podían reclamar por la imposibilidad de viajar, debido a las restricciones sanitarias de cada país; una muestra de la incomunicación entre los diferentes actores.

Diana Muñoz, jefe del Departamento de Familia y Contextos del Instituto de La Familia, y experta en maternidad subrogada, realizó un estudio sobre las barreras comunicacionales en la práctica de la maternidad subrogada. Allí muestra cuáles son sus barreras externas e internas.

Las primeras son aquellas que, sin ser creadas por el propio contexto de la MS, existen y están asociadas a las diferencias de sexo, raza, contexto socioeconómico, geográfico y cultural. Las segundas son las creadas por las instituciones encargadas de adelantar dichos procedimientos, para impedir una comunicación directa, con el fin de evitar la generación de vínculos de apego que posteriormente desencadenen problemas jurídicos.

En el artículo mencionado anteriormente, se exponen las siguientes barreras comunicacionales durante el procedimiento de la MS:

• Entre las madres subrogantes y los niños: los nacidos son separados inmediatamente de la madre, sin dar oportunidad alguna para el encuentro piel con piel y para la lactancia materna.
• Entre las madres subrogantes y los padres contratantes: no deben tener ningún tipo de comunicación directa durante el proceso.
• Entre el personal asistencial que atiende a los niños con las madres subrogantes: se pretende evitar que se genere cualquier tipo de relación o apego con el bebé.

En general, la MS tiene un modo de operación organizado desde el no contacto y la falta de comunicación de quienes intervienen en ella, lo cual configura un trato indigno para las personas vinculadas, toda vez que la limitación o anulación de la capacidad inmanente de comunicación implica la mutación de una de las características esenciales de lo que define lo que la persona humana es: su capacidad comunicativa.

Muñoz aclara que desde la academia se solicita una regulación local y regional, para garantizar la eliminación de las barreras comunicacionales y la adopción de cautelas encaminadas a proteger los intereses de todas las personas involucradas, especialmente de las más vulnerables: las mujeres y los menores.