Ecocidios en Latinoamérica, una problemática que va en aumento

La pérdida de ecosistemas aumenta los riesgos para la sostenibilidad global. Organizaciones internacionales y expertos plantean soluciones desde la COP16. 

Según una encuesta de Earth4all y Global Commons Alliance, el 72% de los 18 países que conforman la G20+ se encuentran de acuerdo en la tipificación del ecocidio como delito.  

Los derrames de petróleo, la ganadería expansiva, la deforestación y el cambio climático creciente refuerzan la necesidad de implementar políticas que protejan a los ecosistemas, garanticen una sostenibilidad ambiental y reconozcan a los ecocidios como un crimen que debe ser castigado penalmente.  

En la COP16 se exploran posibles soluciones a los ecocidios, un problema que debe entenderse como la destrucción no solo de una zona forestal sino de un corredor de biodiversidad.

“A nivel internacional no existe un tratado o documento que penalice y responsabilice a todos aquellos autores de estos daños”, afirma Víctor Rujano, integrante de Venezuela sin ecocidio, una organización de activistas que en alianza con Ecocidelaw lucha por la protección del medioambiente.

Stop Ecocide, otra de las organizaciones invitadas, tiene como objetivo principal reconocer los daños ambientales como crímenes internacionales que se adhieren al Estatuto de Roma.  

Mediante un panel de expertos independientes, la fundación redactó una definición jurídica consensuada de ecocidio, publicada en el 2021.

La propuesta establece ante la Corte Internacional al ecocidio como

“cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”.

“Tú no puedes asesinar a alguien y quedar impune ¿verdad? Sucede lo mismo con los crímenes ambientales. Se están tomando millones de vidas de animales, árboles, agua, tierra y cielo”, enfatiza Verónica Sacta, coordinadora de México Sin Ecocidio.

“Hablar de Ecocidio es un llamado realmente para toda la humanidad haga un cambio a través de leyes que sugieran una forma de contención y toma de responsabilidad”, añade Sacta, pero, ¿qué sucede en un país como Colombia?

En el país, como lo indica Fedesarrollo, las principales causas de la deforestación son la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente para ganadería extensiva, siembra de cultivos ilícitos, tala ilegal, minería e infraestructura, incendios forestales y presión por el crecimiento poblacional.

Para combatir los daños ambientales, el país adoptó la Ley 2111 de 2021, la cual amplía la lista de delitos contra los recursos naturales contemplados en el Código Penal. Entre ellos se encuentran la contaminación ambiental, invasión de áreas de especial importancia ecológica y apropiación ilegal de baldíos de la Nación.

Sin embargo, el enfoque punitivo no ha sido eficaz. De acuerdo con Juan Pablo Sarmiento, profesor investigador en asuntos de Derecho ambiental, cambio climático y corrupción de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana los mayores desafíos que enfrenta la aplicación de las leyes reside en los lugares donde ocurren los delitos.

“El problema, en términos legales, es más abstracto... Solamente se podría cometer el delito si efectivamente se produjo un daño masivo y una destrucción generalizada grave y sistemática de los ecosistemas. Y eso quizás no es tan fácil de predicar en el caso colombiano, por las dificultades que nos impone la extensión del territorio”, afirma Sarmiento.

A esto se suman los conflictos socioambientales, que en Colombia tienen la particularidad de que no solo involucran a privados y a sus comunidades, sino también a grupos al margen de la ley que buscan una expansión de la frontera agrícola, aumentar los cultivos ilícitos y ejercer minería ilegal.

“El Estado tendría que lograr primero vencer o desmovilizar estos grupos armados para superar la situación extraordinaria de destrucción del ecosistema y que las autoridades ambientales puedan entrar y controlar tal problemática”, agrega Sarmiento.

En conclusión, así como en Colombia, la lucha contra los ecocidios en Latinoamérica requiere un enfoque integral que combine la implementación de leyes con la cooperación internacional y la concienciación pública, pues solo a través de un esfuerzo conjunto se puede garantizar la preservación de la biodiversidad.

Integrantes de Stop Ecocide para Guatemala, Venezuela, Colombia, México y Perú en el marco de la COP16.