Uno de los grandes desafíos durante esta pandemia, además de la necesidad de los ventiladores y la falta de personal médico en algunas regiones, es el desabastecimiento de medicamentos en las unidades de cuidado intensivo (UCI). La alta demanda, ocasionada por el incremento de pacientes con COVID-19 en los últimos meses, obligó a que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) declarara 56 medicamentos como vitales no disponibles, de los cuales 16 se encuentran en riesgo de desabastecimiento.

Frente a ello, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima, el Fondo Nacional de Estupefacientes, gremios, asociaciones científicas y la academia (incluida la Universidad de La Sabana) han desarrollado diferentes mesas de trabajo, con el propósito de realizar un balance sobre los medicamentos disponibles en el país, escuchar las opiniones de los expertos de la industria farmacéutica y del personal de la salud y, así, establecer las estrategias pertinentes.

El Grupo de Investigación de Dolor y Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina, junto con el doctor Peter Vergara, ha liderado esta labor durante todo el proceso. “Desde el 2005, el Grupo de Investigación ha venido apoyando al Fondo Nacional de Estupefacientes, con el fin de que haya una disponibilidad adecuada de opioides en todo el país, ya que son la piedra angular del manejo contra el dolor. Hoy, estos medicamentos son esenciales porque constituyen la base para sedar a los pacientes en las UCI. Desde abril, hemos venido alertando sobre su desabastecimiento”, señaló la doctora Martha Ximena León, directora del Grupo de Investigación y profesora de la Facultad.

La alta demanda, ocasionada por el incremento de pacientes con COVID-19, obligó a que el Invima declarara 56 medicamentos como vitales no disponibles, de los cuales 16 se encuentran en riesgo de desabastecimiento.

La participación de la doctora León ha sido clave para determinar cómo estaban las regiones en cuanto al desabastecimiento de medicamentos. Por eso, se crearon seis mesas regionales para identificar cuáles eran sus principales problemáticas, cómo podían implementar las posibles estrategias y el ahorro en el uso de estos fármacos, así como establecer canales adecuados de comunicación. Algunos de los hallazgos fueron los siguientes:

Caribe: las EPS tienen diferencias en su gestión, pues en algunas se encontró que hay una mayor disponibilidad de medicamentos que en otras.

Pacífico: a pesar de ser actores determinantes en la pandemia, se encontraron dificultades con los operadores logísticos de las EPS, ya que en muchas ocasiones no entregan los medicamentos porque no están disponibles.

Andina Norte: antes de la pandemia ya había poca disponibilidad de medicamentos; después de esta, la situación se agudizó. Sin embargo, cuenta con el recurso del talento humano.

Andina Sur: dentro de las mismas regiones, las situaciones son diferentes y dependen de la gestión de las entidades, como las gobernaciones y las secretarías de salud. Existen regiones como Antioquia, con una gestión eficiente. Por lo tanto, cuentan con una mayor disponibilidad de medicamentos.

Orinoquía: existen problemáticas con los fondos rotatorios, pues muchos pacientes, especialmente del Meta, deben desplazarse hasta Bogotá. Otros han sido trasladados a distintas regiones por la falta de personal médico y de medicamentos.

Amazonía: al faltar preparación, como en otras regiones, no se calcularon las proyecciones necesarias. Por ejemplo, en Caquetá hubo un aumento de 20 a 60 UCI, lo cual generó más demanda de medicamentos.

“Estamos trabajando para las UCI, sin descuidar los otros escenarios y los demás pacientes con otros tipos de dolores. La prioridad es eliminar aquellos trámites que a veces se convierten en barreras para llegar a las regiones […]. Cada medicamento tiene un proceso diferente; por eso, los laboratorios nacionales deben trabajar mutuamente y acelerar sus procesos”, afirmó la doctora León.

Con la información de estas regiones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Nacional de Estupefacientes ya se encuentran estudiando cómo financiar la producción de estos medicamentos y, en próximas reuniones, el Gobierno establecerá cuál es la ruta que debe seguir el país.