En un país como Colombia, que tiene un coeficiente de Gini de 0,51 y se encuentra en el top 10 de los países más desiguales del mundo y en el top 3 de los países más desiguales de Latinoamérica, resulta necesario robustecer las instituciones públicas de educación superior, pues para muchas familias colombianas estas son el puente hacia una mejor calidad de vida. Estas instituciones aportan entonces a la disminución de las brechas económicas y al aumento de la inclusión social, componentes esenciales de un Estado Social de Derecho.

Para ilustrar la necesidad de fortalecer el sistema público de educación terciaria en Colombia, examinemos la situación desde un ejemplo concreto. Según la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, 44.193 personas presentaron el examen de admisión para ingresar a esta universidad en el segundo semestre del 2018. A pesar de la demanda tan elevada, los cupos no alcanzaron a cubrir ni el 50% de las solicitudes. Por ejemplo, en la sede Bogotá se presentaron al examen 30.771 personas, pero, en razón de los cupos, tan solo 2.932 fueron admitidas. En la sede Amazonía sucedió algo similar pero en menores proporciones; se presentaron 842 personas, pero solo fueron admitidas 120.

Si, por ejemplo, uno de los estudiantes que no fue admitido quisiera estudiar Medicina (que es la carrera con mayor demanda en la Universidad Nacional) y decide presentarse a una de las 5 universidades privadas con los mejores resultados en las pruebas Saber Pro 2018, este estudiante tendrá que pagar en promedio 19 millones (COP) por la matrícula semestral; es decir, que pagaría 38 millones (COP) por la matrícula anual, cifra que corresponde a 48,64 salarios mínimos legales vigentes.

En este sentido, ante la insuficiencia de cupos, la imposibilidad de miles de familias de pagar las elevadas matrículas de las universidades privadas y la necesidad de promover la educación como motor de la transformación social, se implementaron programas como “Ser Pilo Paga” (SPP) bajo el gobierno Santos, y se implementarán programas como “Generación E”, bajo el gobierno Duque. Estos programas, a grandes rasgos, tienen como objetivo financiar los estudios de los mejores estudiantes del país, siempre y cuando estos cumplan con requisitos de excelencia académica y se encuentren bajo ciertas condiciones socioeconómicas.

A pesar de que el Ministerio de Educación afirma que el programa “Generación E” busca beneficiar a 84.000 estudiantes al año, esta medida, al igual que SPP, no es suficiente para garantizar que la educación pública en Colombia se considere un derecho más que un privilegio.

Y esta insuficiencia de los programas “Generación E” y SPP no se debe necesariamente a falencias en su diseño, sino a que la educación pública en Colombia adolece de problemas estructurales: la desfinanciación histórica de las universidades públicas, las altas tasas de interés que manejan instituciones como el ICETEX, la falta de inversión en COLCIENCIAS, entre otros.

Estos problemas se constituyen como algunos de los puntos principales que han alimentado el inconformismo actual del movimiento estudiantil. En las casi 10 marchas que se han llevado a cabo durante los dos últimos meses, el movimiento enfatiza, fundamentalmente, en la necesidad de aumentar el presupuesto de la educación, pues el déficit de las universidades públicas supera los 15 billones de pesos.

A pesar de las múltiples manifestaciones por la educación pública, no se han establecido suficientes espacios de diálogo entre el gobierno nacional y los líderes del movimiento estudiantil. Es urgente entonces, principalmente con miras a evitar la cancelación del semestre en las universidades públicas, que se construyan espacios deliberativos en los que, tanto el gobierno como estudiantes y profesores, formulen soluciones que aporten al fortalecimiento de la educación pública como vehículo hacia la equidad.