Prof. Dr. Alejandro Aponte Cardona
Jefe del departamento de Derecho Penal y Justicia Transicional de la Facultad de
Derecho y Ciencias políticas de la Unversidad de La Sabana y director del Anuario
Iberoamericano sobre Derecho Internacional Humanitario.

DOI: 10.5294/aidih.2021.2.1.1

Alfonso Reyes, el gran poeta y escritor mexicano, decía a modo de réplica a los colegas europeos: “ustedes no saben lo que nos cuesta en América Latina mantener la antorcha encendida”. El Anuario dio a luz en plena pandemia. Pero ya preservar la antorcha encendida no es solo una empresa latinoamericana, es un desafío global, mundial; es una tarea del mundo. Ahora, con avances frente a la pandemia y una tibia regularización de la vida, proyectamos el Anuario en su segundo volumen. Este es un acto modesto de esperanza, en medio de reflexiones inaplazables sobre el sentido mismo de la vida humana en la tierra. Al mismo tiempo, el Anuario tiene su propio valor: incluso en medio de los tiempos más críticos de la pandemia, del encierro que fatiga, han sobrevivido las guerras, las múltiples confrontaciones, los actos de terrorismo, de infracciones al derecho internacional humanitario y a su compañero de viaje, el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, la reflexión debe ser permanente, como permanentes son los desafíos que, en estos tiempos de guerras y disputas de toda índole, vive hoy el mundo.

Surgen hoy nuevos dilemas en torno del tratamiento de estos desafíos, y los asuntos tratados en este volumen dan cuenta de ello. Se ha abordado el estudio de temas muy técnicos, como la ocupación por proxy; otros especialmente sensibles hoy, como son las relaciones entre derecho internacional humanitario y el medio ambiente, las relaciones y tensiones entre derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como fenómenos de crimen organizado, de narcotráfico y sus relaciones con el derecho humanitario, tema que exige decisiones renovadas de políticas públicas como son los casos de México y Brasil. Igualmente, se abordan las tensiones entre guerra y política, guerra y derecho, entre políticas públicas y política criminal o políticas de seguridad, desafíos del modelo transicional colombiano que tienen una vocación universal.

Permítaseme, a manera de ejemplo para ilustrar nuevos desafíos, siempre en un sentido global, y en conexión directa con los temas abordados en el Anuario, hacer referencia al caso particular de Colombia, específicamente, a sucesos acaecidos a raíz del estallido social que ha tenido lugar desde el mes de abril de 2021, el cual ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y que representa un desafío en el ámbito de las políticas públicas, en las políticas de seguridad, así como en el manejo de la protesta ciudadana en escenarios caóticos y especialmente conflictivos. Se trata de la función de la policía en escenarios muy difíciles de consolidación del proceso de paz, de transición hacia la paz, cuando la institución debe enfrentar actos ligados a las más diversas formas que adquiere un estallido social.

Se trata de un desafío especial que no solo representa una exigencia de respuesta institucional y de agencia de políticas públicas coherentes, sino que obliga a repensar viejos modelos, en las fronteras entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en la medida en que parece regir aún, por el atavismo de una guerra sin fin, una especie de paradigma de la enemistad.

La ilustración de este desafío muy actual, no solo en el caso colombiano, sino en diversos países –basta observar los casos ocurridos en Estados Unidos en épocas recientes que han originado, además, el movimiento Black Lives Matters–, sirve como referencia para los alcances de programas y políticas de formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, del papel de la academia en la discusión pública, y del aporte del Anuario a reflexiones ilustradas y lejos de la instrumentalización política. De hecho, además, en el presente volumen se da cuenta, en un trabajo, de las tensiones que, desde el punto de vista humanitario, ha generado por décadas la función de la policía en escenarios de conflicto armado interno.

Como es conocido por la comunidad internacional, especialmente en los meses de abril y mayo del año en curso, pero con orígenes en épocas anteriores a la pandemia y por situaciones agudizadas por ella, se han denunciado y documentado decenas de casos de abuso policial y de la comisión de crímenes muy graves. Incluso, y es inédito en la historia del país, por lo menos en estas dimensiones, no solo se han denunciado casos de muertes, de lesiones, de posibles desapariciones forzadas y detenciones ilegales, sino casos de abuso sexual de mujeres que se unieron a las protestas.

De la misma forma, se han denunciado casos –que ya están siendo tramitados en el ámbito disciplinario– de civiles armados disparando contra manifestantes con armas de largo alcance, con la presencia de agentes de la policía, que no ejercieron ningún control sobre dichos civiles armados. También, por supuesto, se han documentado y denunciado decenas de casos de agresiones a la policía, incluso de agresiones sexuales a mujeres policías, de actos de vandalismo, de destrucción de bienes públicos, de afectación grave de bienes de terceros, de incendios de sedes de la administración de justicia, de ataques a la infraestructura del transporte. Tuvo lugar también, y de hecho frente a la exigencia de neutralidad, el ataque a una misión médica de la Cruz Roja en una ciudad donde la situación ha sido especialmente crítica. Todos estos hechos enrarecen las dinámicas de protesta, en escenarios confusos y caóticos.

Así mismo, por su gravedad, estos actos ameritaron una visita especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el mes de junio, que elaboró un informe comprehensivo, en el cual se presentan recomendaciones concretas al Estado colombiano. Es un informe elaborado desde la perspectiva de los derechos humanos, pero que debe leerse también en el contexto propio del derecho humanitario como quiera que, como se abordó en el primer volumen de nuestra publicación, el sistema interamericano de derechos humanos ha desarrollado una jurisprudencia rica sobre derecho internacional humanitario, a partir del derecho internacional de los derechos humanos, cuando se trata de Estados en los que perviven situaciones simultáneas de paz y de guerra, de eventos que impactan a la población civil desarmada.

De esta manera, y frente al caso abordado en este escrito como ilustración de temas globales y especialmente sensibles hoy, entre las recomendaciones de la CIDH se destaca la siguiente:

 … “Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes”. 

En seguida, sobre un tema especialmente sensible por la tradición del país, donde en numerosas ocasiones la policía ha asumido funciones militares y el ejército funciones de policía, recomienda la CIDH: “Separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.[1] De manera general, el informe aboga por una reforma a la institución.

Estos hechos de crímenes cometidos por la policía y por cuerpos especiales antidisturbios tuvieron lugar en Colombia –y ello es interesante desde el punto de vista comparado– en la misma época en que varias organizaciones de la sociedad civil chilena e internacionales presentaron una solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que iniciara una investigación por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y por la posible responsabilidad en ello del presidente de la República de Chile y de otras autoridades civiles, políticas y policiales, en el marco de las protestas ciudadanas de 2019.

Respecto del caso chileno, más allá del aspecto puramente técnico sobre si este tipo de crímenes constituyen delitos de lesa humanidad, el tema central es la discusión muy actual y global sobre el papel de las fuerzas del orden en países que viven protestas generalizadas. Se trata de la función de la policía en un Estado social de derecho, en una democracia. Se trata, además y como se ha dicho, de un tema muy sensible, de carácter regional e incluso global. Es el caso de las protestas en Cuba en el presente año, o de protestas generalizadas en países de Europa Oriental, como el caso de Bielorrusia en el año 2020, donde tuvo lugar también una fuerte represión policial.

La intromisión mencionada de agentes violentos en las protestas legítimas ha llevado, además y en múltiples ocasiones en Colombia, a una respuesta estatal con énfasis en lo policivo, en lo militar, en lo puramente punitivo, respuesta que ha tendido a indiferenciar los diversos actores que ejercen violencia en escenarios de protesta pacífica. Al contrario, la respuesta estatal debe ser diferenciada, el sistema penal debe dirigirse con contundencia contra los verdaderos responsables del vandalismo, del caos, de la destrucción. Al caos no puede responderse con un caos institucional. Por ejemplo, el uso privilegiado del terrorismo como ámbito generalizado de imputación de las conductas confunde, crea chivos expiatorios, distrae la función penal y genera más zozobra e incertidumbre.

En el discurso tanto público como institucional se han usado, con diferentes entonaciones y significados, expresiones como “legitimidad de la policía”, “confianza social” en la institución, todo ello como presupuesto de apoyo social a la misma. Estos son conceptos, categorías de uso político y con significado político-criminal, en la medida en que se debate la responsabilidad de quienes han cometido los crímenes, de quienes lo han permitido, al mismo tiempo que se discute la responsabilidad como tal de la institución.

En este sentido hay que aclarar que, si bien la responsabilidad penal es individual, cuando se trata de instituciones que defienden intereses superiores, que se articulan más allá de los individuos que las componen, su legitimidad no se predica de ellos sino de la institución misma. Se trata, precisamente, de un principio de confianza, como base del derecho en general, y que hoy constituye también una categoría ligada a sistemas de imputación de responsabilidad penal cuando existen de por medio posiciones de garantía. En el anonimato de las confrontaciones, donde no es posible ubicar individuos aislados, la confianza social e institucional en el respeto por los derechos se predica de la institución como tal y no solo de los individuos que la componen.

Este deber general tiene consecuencias, a su vez, en los modelos de imputación. Por ejemplo, en la figura de la responsabilidad por omisión que, en el derecho penal internacional y, en síntesis, en el derecho internacional humanitario, es la responsabilidad indirecta; en el tipo de tribunal que juzga los crímenes de la policía y de las fuerzas armadas en general. Tema este, el del fuero penal militar, motivo de arduas polémicas y disputas, no solo en Colombia, sino en general en países de América Latina.

Tiene consecuencias también frente al tipo de delitos cometidos que constituyen, a su vez y en una mayoría de casos, violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. En diálogo siempre con el derecho internacional humanitario ya que, además, en medio de las protestas, el presidente de la República hizo uso de una figura extraña en el ordenamiento constitucional colombiano, que es la figura de la “asistencia militar”. Su aplicación no representó directamente una militarización de la protesta civil, pero sí generó debates muy complejos, que se sitúan en los límites de los dos ordenamientos: ¿cuál es el papel del ejército en estos escenarios de estallido social?

Pero este principio de confianza institucional también tiene implicaciones respecto de la posible causal de justificación ligada al uso de la fuerza por parte de la policía y de organismos especiales antidisturbios que, en el caso colombiano, y de manera general en nuestro ámbito iberoamericano, se refieren al “estricto cumplimiento de un deber”. El deber está definido en la ley. Precisamente la ley define los alcances en el uso de la fuerza y fácticamente se debe evaluar cada caso respecto de lo dispuesto por la propia norma. Por ello, además, es equivocado y puede convertirse en un eufemismo hablar de “exceso” en el uso de la fuerza por parte de la policía, cuando se comenten crímenes.

Cuando se obra en estricto cumplimiento de un deber legal no hay delito; cuando, en un caso concreto, el agente de la policía “excede” la causal, este exceso es penalizado por la legislación penal, pero se encuentra todavía en los límites generales de la causal. Es el supuesto dogmático del exceso en las causales de justificación que opera también cuando un agente debe defender su vida frente a una agresión actual o inminente. Pero más allá de estos límites, incluso del exceso, tienen lugar acciones que constituyen verdaderos crímenes.

Ante el Congreso, el día 20 de julio, el presidente de la República anunció la presentación de un proyecto de reforma a la policía como institución en busca, según sus palabras, de una mayor legitimidad y de conformidad con los parámetros y “estándares internacionales” en derechos humanos. Anunció la creación de una “unidad de derechos humanos” en la policía.

Es allí donde el papel de la academia adquiere una relevancia particular. En el editorial del primer número del Anuario se hizo referencia a cómo, en el caso del uso de la fuerza en escenarios de conflicto armado –y también, por supuesto, en escenarios de protestas sociales, de agitación social y política–, el respeto o no de los límites, el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, más aún en situaciones de caos, en horas y lugares sin control, no pasa por un control institucional, ni siquiera ciudadano.

Ese respeto hace parte de la auténtica introyección en los agentes de los límites, de los alcances y las obligaciones derivadas de deberes institucionales, de la incorporación verdadera de un lenguaje de protección de los derechos. Es allí donde los esfuerzos académicos, por pequeños y modestos que puedan ser, pueden y deben ser aportes consecuentes. Los aportes académicos están en sintonía con la voz civil del derecho y no con la voz natural, desnuda, de la violencia.

Habrá discusiones complejas en torno de esta reforma, al mismo tiempo que el propio presidente anunció un proyecto de ley para regular la protesta social y para afrontar el vandalismo. Los aportes académicos también deben servir para promover debates en torno del equilibro en las decisiones de políticas públicas. Una visión de la seguridad, como en tantas épocas ha tenido lugar, con un énfasis meramente militar, policial o punitivo puede acarrear la absorción de la política social –tan necesaria hoy, además por el impacto ingente de la pandemia en todos los órdenes– por la política criminal, y puede conllevar la criminalización de la primera.

El Anuario, que apenas inicia su recorrido, pretende constituir un aporte a discusiones de primer orden en los más diversos países del continente y de Iberoamérica. Hay que superar, en el discurso público, en el lenguaje y en las políticas públicas, el paradigma de la enemistad. De hecho, el papel del derecho internacional humanitario no se agota, ni mucho menos, en su vocación normativa; lleva consigo un discurso ético-político basado en los límites humanitarios, en la humanidad y humanización de los conflictos, tanto más tratándose de los más crueles. Es un telos que acompaña nuestro esfuerzo.

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Nuestra gratitud especial a los autores y autoras de los trabajos y las reseñas; así mismo, nuestra gratitud –tanto de la dirección como del comité editorial y científico– al equipo de evaluadores que han abordado los trabajos con seriedad y dedicación. Por su parte, la dirección agradece de manera especial al Comité Internacional de la Cruz Roja por su apoyo irrestricto, incluso en épocas de pandemia con grandes urgencias. Igualmente, nuestra gratitud especial a la editorial de la Universidad por su esfuerzo en la publicación y por preservar en tiempos difíciles la calidad editorial. Finalmente, la dirección agradece a su asistente y a quien nos apoya desde el primer volumen con la página web del Anuario. Entretanto, extendemos la invitación para el envío de aportes científicos para el siguiente y tercer volumen. Está abierta la recepción de trabajos y reseñas.

Prof. Dr. Alejandro Aponte Cardona

Director del Anuario Iberoamericano sobre Derecho Internacional Humanitario

Agosto de 2021

 

 


[1] CIDH, Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo en Colombia, junio de 2021. Recomendaciones 9 y 114, p. 42, en www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

 

Prof. Dr. Alejandro Aponte Cardona
Jefe del departamento de Derecho Penal y Justicia Transicional de la Facultad de
Derecho y Ciencias políticas de la Unversidad de La Sabana y director del Anuario
Iberoamericano sobre Derecho Internacional Humanitario.

DOI: 10.5294/aidih.2020.1.1.1

El derecho internacional humanitario es, como su propia noción lo expresa, un estatuto jurídico. Es una normatividad, un constructo jurídico complejo. Pero además es –y quizá ello no ocurre de una forma tan evidente con otros estatutos normativos–, ante todo, un conjunto de normas con un marcado carácter ético-político. La noción de persona protegida, por ejemplo, tan cara a las reglas humanitarias, más allá de constituir un postulado jurídico, supone un reconocimiento ético-político que la comunidad de naciones le brinda a quienes se encuentran en una situación extrema y específica de vulnerabilidad: la guerra, el conflicto armado, los diversos tipos de conflicto.

Por ello, debido a este carácter, que es previo y que condiciona toda su normatividad, es que también el derecho internacional humanitario constituye una fuente de ejercicio académico permanente, de reflexión y de análisis exigente, cotidiano; más aún cuando la comunidad de naciones enfrenta hoy nuevos conflictos, nuevos desafíos, nuevas armas, nuevos intereses encontrados, en medio de disputas bélicas. Es en el ámbito general de estas exigencias, que se ubica el esfuerzo que hoy se presenta al público: el primer Anuario iberoamericano sobre derecho internacional humanitario.

Pero, además, este carácter ético-político de las normas humanitarias y, particularmente, de los principios o las categorías básicas de esta normatividad, condiciona justamente su función como reglas de respeto a los mínimos humanitarios en los conflictos armados –internos e internacionales–, en escenarios donde incluso no es posible verificar en el terreno su propio respeto. Así, recordando por ejemplo el magnífico trabajo de Walter Benjamin, “Para una crítica de la violencia” (Zur Kritik der Gewalt), el autor distingue entre una “violencia creadora del derecho” y una “violencia” que preserva o conserva ese derecho previamente creado.

Pero los dos tipos de ejercicio de una violencia –enfatizando la ambivalencia que tiene la noción en lengua alemana, que significa tanto violencia regulada estatal y jurídicamente como violencia desnuda, desregulada–, se encuentran en permanente tensión. Es decir, el derecho y la “violencia” institucional que lo preserva, se hallan situados siempre frente a un abismo, frente a la posibilidad de un ejercicio desnudo, desregulado del propio ejercicio de la violencia como autoridad, que requiere el derecho para seguir existiendo. Y la guerra es, precisamente, una de las situaciones límite donde se produce una violencia que crea derecho, que sustituye el derecho existente: la guerra como creadora de derecho. Pero, más allá de esta situación generalizada, y ya en el contexto en que se juegan las reglas humanitarias, en cada hecho concreto, en un escenario de conflicto armado, el respeto o no a dichas reglas, no constituye tanto un ejercicio de respeto al derecho internacional humanitario como sistema normativo, sino que constituye o exige, ante todo, una formación ética; una formación y convicción de respeto a las leyes de la guerra, que es previa a toda normatividad. No hay ambivalencia: o se respetan o no las leyes de la guerra; o se cree o no en ellas.

Si, para citar un caso entre miles, en selvas inhóspitas, en lugares deshabitados, sin testigos; en desiertos sin fiscales, sin instituciones presentes, y en el fragor de los combates, un soldado de fuerzas institucionales o un miembro de un grupo armado irregular o cualquier combatiente, respeta la vida de los rehenes, respeta la sexualidad de la mujer herida y vencida, respeta la vida de civiles ajenos a la confrontación y desarmados, este no es un tema solo jurídico; o no lo es únicamente. Posee un componente ético, de convicción profunda, que es irreductible.

De esta forma, y para volver con Benjamin, si en dichos lugares se respeta o no la vida de los combatientes rendidos y desarmados; si no se afirma en cada hecho una violencia que sustituya las reglas humanitarias, que cree una situación de violencia por fuera del derecho; si se llega o no al abismo…, es un hecho que no depende de una supuesta coerción por parte del derecho, que probablemente no tenga lugar nunca. El respeto está más ligado, como se dice, a una convicción ética; es una forma de ser de los propios combatientes. Sin esa convicción previa, todos los esfuerzos de formación institucional de los combatientes regulares, y también los esfuerzos de formación y educación al interior de grupos irregulares, serán vanos y las reglas del derecho internacional humanitario quedarán sin efecto, serán letra muerta, discursos vacíos y mera retórica con usos políticos e instrumentales.

El derecho es, en general, una voz civil, contraria a la voz natural, desnuda, instintiva, a la posibilidad de la muerte. Con Thomas Hobbes, para citar justo un caso de lucidez frente a guerras irreductibles, el derecho es la voz civil que se antepone a la ley natural. Donde hay Estado no hay guerra civil, donde hay guerra civil no puede existir Estado. No obstante, el derecho internacional humanitario es, justamente, una especie de ley civil, de mínimos de ley civil en medio de la guerra, la negación per se del derecho; en medio del imperio de la ley natural, desnuda, instintiva, desregulada, se juegan los mínimos humanitarios. Aún más complejo e importante es ello en sociedades donde conviven la paz y la guerra, donde la paz no ha sido aún construida como una condición fáctica para la validez del derecho, pero donde se apuesta por el valor de los mínimos humanitarios, con el propósito de contribuir, decididamente, al esfuerzo por construir, no solo una paz formal como negación de la guerra, sino una verdadera paz material, como auténticos pactos sociales renovados.

No obstante, como se ha recalcado, esa voz civil de mínimos se sustenta, en los escenarios concretos de las guerras, en supuestos ético-políticos que son su base y ello es, precisamente, lo que le da mayor sentido al ejercicio académico, al estudio permanente y actualizado de las reglas humanitarias, de los orígenes de las mismas; de su puesta en juego en nuevos escenarios, de su defensa sin tregua en los conflictos más degradados. Y es justamente en este horizonte donde se ubica este esfuerzo pionero en lengua española: pedagogía, reflexión permanente, categorización, discusiones genuinas más allá de intereses políticos, aproximación neutra al dolor de las víctimas, creación de categorías jurídicas que sirvan como herramientas de trabajo cotidiano a los diversos operadores del sistema jurídico, que sirvan de apoyo a la delimitación de políticas públicas amparadas en las reglas humanitarias, constituyen aportes genuinamente académicos con implicaciones concretas y reales en los escenarios de conflicto armado.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, entusiasta de este proyecto, lo ha calificado de “histórico”. Es, en todo caso, un espacio de reflexión que nace para dar cuenta de nuevos debates, de antiguas discusiones hoy renovadas, de esfuerzos incluso en los límites con la literatura, para ahondar, en un continente lleno de desafíos y en diálogo también con España y Europa en general, y con los Estados Unidos, en tantos temas ligados al conocimiento e impacto de las normas humanitarias.

El Anuario recoge diversos temas y reúne autores y autoras de los más diversos países; incluye, además, reseñas de providencias o de libros. A manera de ejemplo, se aborda el estudio de la valoración del tipo de conflictos en una sociedad tan compleja como la colombiana, que pervive entre la paz y la guerra; la vigencia y aplicación de la reglas humanitarias en función de la búsqueda de desaparecidos en el Perú; los debates sobre fórmulas de reducción de complejidad como la selección y priorización en el ámbito de los crímenes internacionales y, específicamente, en el ámbito de crímenes de guerra; el valor de los acuerdos especiales; la protección especial de aquellas personas que han adoptado formas diversas de ejercicio libre de la sexualidad; también, la relectura en clave humanista y literaria de la Ilíada de Homero, y el desarrollo del derecho internacional humanitario en el sistema interamericano de derechos humanos. Igualmente, y para pensar de nuevo en Benjamin, pero también en toda la tradición del derecho público moderno que concibe como derecho solo el derecho positivo y estatal, desde Kelsen, pero también en la sociología, con Max Weber, Norbert Elias y, más radical, Niklas Luhmann, se discute hoy, el posible valor o no que podrían tener las “leyes” expedidas por grupos armados irregulares y que tuvieron aplicación en conflictos degradados y con consecuencias concretas. Son todos temas tratados en este ejercicio pionero.

Pero lo más importante, allende los temas mismos o, mejor, a partir de dichos temas, es que el Anuario, en lengua española y reflejando debates en el continente, se erige a partir de un diálogo abierto y simétrico entre la tradición o las tradiciones nacionales, y el derecho internacional. Los problemas de un continente en ebullición permanente han creado una inteligencia, un sentido jurídico, un ethos incluso, y una reflexión impensable en otras latitudes con problemas muy diferentes. Por ello, el Anuario refleja la evolución del pensamiento crítico de estos países y ofrece al mundo, sin límites, una variedad de categorías, de herramientas para los operadores y para las instituciones que deben actuar en el terreno concreto de los hechos. Aquí yace un aporte central de este esfuerzo que hoy inicia.

                                                                               ***

Todos los autores y autoras han sometido sus trabajos a dos evaluaciones estrictas y comprometidas, y a una revisión editorial detallada que busca compatibilizar estilos, giros lingüísticos y gramaticales, propios de una lengua rica y que hablan millones de personas unidas por rasgos culturales muy comunes, allende los miles de kilómetros de distancia entre nuestros países.

El Anuario da a luz como producto de esfuerzos comunes. La Universidad de La Sabana se honra de adelantar este esfuerzo y agradece de la manera más sincera al Comité Internacional de la Cruz Roja, particularmente a su oficina en Colombia. Ya hablamos del entusiasmo particular del jefe de la delegación; a él se unen un trabajo intenso y una gran convicción de José Serralvo, quien ha laborado como coordinador jurídico del Comité en Colombia y que hoy emprende nuevos rumbos. A Angie Rodríguez, de la misma oficina en Colombia. También, agradecemos a la profesora Elizabeth Salmon quien, desde la dirección del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido entusiasta desde el principio con la edición del Anuario.

En nuestra universidad, en particular en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, agradecemos de manera especial la tarea de Carlos Arévalo, jefe del Departamento de Derecho Internacional quien, junto con José Serralvo, idearon la estrategia administrativa para adelantar esta publicación que, además, se conjuga con el naciente concurso internacional sobre derecho internacional humanitario, cuya sede es la Universidad y que acoge equipos de toda América Latina y de Colombia, con la coordinación del profesor Arévalo. Agradezco, finalmente, a la editorial de la Universidad de La Sabana, por su acompañamiento en el cuidadoso proceso de edición, y a la asistente de la dirección, Natalia Castellanos, por su apoyo desde el principio.

Desde el Departamento de Derecho Penal y Justicia Transicional de nuestra Facultad, como jefe del mismo y director del Anuario, y en nombre de nuestros comités científico y editorial, extiendo mi agradecimiento muy especial a los autores y autoras de los artículos y de las reseñas, así como también al equipo de evaluadores y evaluadoras de los trabajos, por su empeño, esfuerzo y cumplimiento de los plazos editoriales. Así mismo, extiendo una invitación muy especial a posible autores y autoras de nuestro segundo número que se encuentra ya en proceso de elaboración.

Prof. Dr. Alejandro Aponte Cardona

Director del Anuario iberoamericano sobre derecho internacional humanitario

Bogotá, marzo de 2020.