Big Data, un recurso para proteger el medio ambiente

Los incendios en la Amazonía provocaron una crisis política. Con respecto a eso, los medios de comunicación y las protestas de los activistas medioambientales en diferentes partes del mundo exigieron una acción oportuna y adecuada de los funcionarios brasileños. Por tal motivo, ese Gobierno emitió un decreto que prohibió temporalmente el uso del fuego para preparar las tierras para cultivos.

¿Cómo persuadieron los activistas al Gobierno de Bolsonaro? El MAAP analizó el big data de las imágenes satelitales del portal Planet, en las áreas brasileras de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Acre y Pará, desde 2018 hasta mediados de septiembre de 2019. Luego, el portal usó la herramienta de medición de área para identificar el tamaño de las áreas afectadas: se reconocieron aquellas que fueron deforestadas antes de julio de 2019 y, luego, las quemadas entre julio y septiembre de ese año.

Gracias al uso de herramientas de big data y a su evidencia, el MAAP encontró que, a diferencia de las primeras percepciones, en las que solo se probaba que los incendios estaban acabando con las selvas tropicales, se evidenció que los bosques primero fueron talados y luego quemados. El motivo: dizque para enriquecer los suelos, un proceso conocido como la agricultura de tala y quema.

Si bien las investigaciones previas han analizado el papel del big data en la toma de decisiones empresariales, se ha encontrado un gran potencial en el uso de macrodatos para fortalecer la justicia ambiental. En general, rara vez se estudia el contexto, los mecanismos y los procesos asociados con el uso de big data para monitorear y disuadir a los delincuentes ambientales, más que nada en los países subdesarrollados, llamados también “en vía de desarrollo” (Sur Global).

Frente a este panorama, la investigación Big Data as a Tool to Monitor and Deter Environmental Offenders in the Global South: A Multiple Case Study, a cargo de la profesora Diana Rojas, jefe del Departamento de Innovación y Emprendimiento de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, tiene como objetivo cerrar la brecha académica en la teorización de este tipo de situaciones, mediante el estudio de múltiples casos para evidenciar la participación de los infractores ambientales en la deforestación ilegal y las acciones que los gobiernos toman para discernir el verdadero alcance de la destrucción ambiental, y presentar pruebas convincentes con base en el uso de herramientas de big data. En los cuatro casos estudiados, dichas disposiciones probatorias han sido utilizadas por los activistas para obligar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para contrarrestar los delitos ambientales.

Según Diana Rojas, la seguridad del medio ambiente en el mundo es una problemática crítica: “Se comprenden más estas situaciones con el uso de las herramientas de big data, para explorar los datos a profundidad y contrastarlos con el contexto, a fin de tener una visión más amplia de las situaciones analizadas. Casos como los expuestos en este artículo tienen algo en común: los activistas pueden ejercer la presión social con base en el uso de herramientas big data, para que los gobiernos tomen acción en contra de los infractores”.

“Los recursos naturales en los países del Sur Global han sido explotados de manera indiscriminada, y las leyes no han protegido lo suficiente ni al medio ambiente ni a las personas que viven en él”, añade la profesora Diana Rojas. Por ello, continúa, “Los activistas, las organizaciones o las personas que utilicen herramientas big data para evidenciar los comportamientos en contra del medio ambiente pueden ser de gran impacto. La presión social también es una forma de control; estas organizaciones podrían regular dichas acciones que atentan contra el medio ambiente. La intención es visibilizarlas y hacerles seguimiento”. Así, el big data también podría funcionar como un garante de la transparencia y de la lucha contra la corrupción.