Tras la polémica por la renuncia presentada por Amelia Pérez horas antes de votación al cargo de fiscal general de la nación y tras revisar los posibles escenarios que podía causar una posible disolución de la terna presentada por el presidente de la república, la Sala Plena del alto tribunal llegó a la decisión de elegir a Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación al considerar la renuncia de Pérez “inane”, es decir, que no genera efecto.  

Desde el nombramiento de Vivian Morales como fiscal general de la nación (cargo al que estuvo al frente por un año), pasando por la abogada Martha Lucía Zamora, que ha estado al frente del ente acusador desde la culminación del periodo del exfiscal Francisco Barbosa, Luz Adriana Camargo, ha sido nombrada como la segunda mujer que ocupa el rol desde la creación de la entidad en 1991. 

Pero más allá del nombramiento y el importante trayecto profesional que se requiere para llegar a la terna, esto se concreta tras cuatro sesiones en las que la Sala Plena del alto tribunal no lograba llegar a una decisión definitiva. 

Luisa Lozano, directora del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, advierte que este nombramiento significa tres retos contundentes. Por un lado, advierte sobre el reto de la independencia y la necesidad de limar asperezas con el actual Gobierno. “La imparcialidad de sus decisiones es una parte importante, sobre todo en que se sepa diferenciar quién la acompañó en su campaña y diferenciar y separar esto cuando este ejerciendo su función. Así mismo, algo en lo que tendrá que trabajar de manera urgente es en su relación con el gobierno. La relación con la Fiscalía está muy quebrada. La ciudadanía ha presenciado una lucha por el poder, una lucha por el protagonismo judicial y mediático. La nueva fiscal tendrá que revisar y repararla sin comprometer la independencia sobre todo porque el hijo del presidente Gustavo Petro está inmerso en un proceso judicial y aquí la Fiscalía tendrá que adelantar el juicio y tendrá que mantener esa imparcialidad”, explica. 

Finalmente, la analista es enfática en la posición que deberá tener la Fiscalía de cara a la Paz Total, toda vez que ese trata de uno de los pilares de gobierno del presidente Gustavo Petro, “está la posición que se tendrá frente a los procesos de paz que vengan en el marco de la Paz Total. Esto sin duda, es una de las cartas importantes del presidente y por eso la Fiscalía debe tener una posición frente a los nuevos procesos de administración de justicia.” 

Por su lado, Edwin Manuel Chaves, profesor del Departamento de Derecho Penal y Justicia Transicional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, consultor y litigante en materia penal, explica que la asignación al cargo se da tras varias polémicas entre la Presidencia y la Fiscalía. 

En ese orden de ideas, para él existen dos puntos determinantes a los que la nueva fiscal se enfrentará. 

“El principal reto es disminuir la tasa de impunidad que en Colombia supera hasta el 90%, eso implica reducir la congestión y el represamiento de las investigaciones, pero para ello es indispensable un mejoramiento de la capacidad operativa. Es común en el país ver despachos fiscales que no cuentan con asistentes para el despacho, no tienen investigadores judiciales y eso, desde luego, afecta el normal funcionamiento y genera un represamiento en las investigaciones porque no se tramitan. Un reto complementario, que es necesario para disminuir esa tasa de impunidad, sería el ampliar y fortalecer el Cuerpo Técnico de Investigaciones que pueda apoyar a los despachos fiscales para el trámite de los expedientes o de las investigaciones”, explica. 

Por la misma línea, Alejandro Barreto, jefe del Departamento de Derecho Administrativo de la misma universidad, dice que cualquier fiscal tiene unos retos importantes, pues “no hay que olvidar que el fiscal se encarga de investigar la comisión de los delitos que impactan a nuestra sociedad. En un creciente escenario de inseguridad, para la Fiscalía es vital devolver derechos fundamentales a los ciudadanos pues cada caso tiene retos particulares y detrás hay seres humanos que esperan justicia. Hay víctimas que buscan su reparación integral y hay imputados que esperan un juicio justo”. 

A esto, se suman algunas declaraciones de Camargo, cuando hizo referencia a la necesidad de fortalecer las rutas de atención a las víctimas, mejorar el papel de los fiscales en el juicio dando enfoque territorial y mejorando las seccionales de la entidad en las regiones para atajar a los grupos criminales con tecnologías.  

En conclusión, aunque este es un hito significativo (su designación se dio tras recibir 18 votos a favor de 23), no estará exenta de desafíos, especialmente en un momento de tensiones políticas y complejidades judiciales donde ahora surgen preguntas sobre la posibilidad de presentar demandas ante su designación, un asunto que podría generar un debate judicial. 

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