El ‘shutdown’ de Estados Unidos, en qué consiste y por qué se llegó tan lejos

Demócratas y Republicanos continúan enfrentados y aun no logran llegar a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno que se ejecutó hace dos días.  Aunque los empleados considerados esenciales continúan operando, una gran cantidad de funcionarios de otras organizaciones federales quedaron paralizados. 

La aprobación del presupuesto federal en los Estados Unidos ha traído como consecuencia un enfrentamiento intenso entre demócratas y republicanos.  

Mientras demócratas exigen que se reviertan los recortes a Medicaid y quieren renovar los créditos que otorga la Ley de Cuidados de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) que pretenden que la atención médica sea más asequible, los republicanos rechazan incluirlos en la ley de gastos y se oponen también a los recortes de gastos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). 

El desacuerdo de las partes ha desencadenado un 'Shutdown', es decir, un escenario en el que las principales entidades del gobierno quedan paralizadas y se deja de pagar a los empleados del gobierno. Esto ocurre porque se agota la financiación y porque la ley indica que las agencias federales están obligadas a detener muchas de sus operaciones.  

Según la oficina de presupuesto del congreso, se estima que unos 750 mil empleados federales podrían ser suspendidos cada día de cierre y aquellos que se encuentran en primera línea de necesidad (Investigadores FBI, oficiales de la CIA, controladores de control aéreo, medicare y atención médica para veteranos) continúan sus labores sin paga.  

Ante la situación, Trump amenazó con despedir personas y ha señalado que el caos, que es promovido por el partido demócrata, representa una injusticia con los empleados del gobierno, que  ganan un 25% menos que lo que se ganarían en el sector privado. 

Por su parte, el partido demócrata rechaza las acusaciones y destaca que la suspensión salarial es equivalente a US$400 millones diarios. 

Más allá del cese de actividades 

Pero, el escenario que no se repetía desde diciembre 2018 y que terminó en enero del 2019, durante la pasada presidencia del Donald Trump, trae consigo un trasfondo más complejo y que tiene nombre propio: ‘One Big Beautiful Bill Act’. 

Se trata a grandes rasgos de una ley presupuestaria, cuya ejecución, reduce impuestos, genera presión a los inmigrantes y que a los ojos de algunos expertos, podría traer en los próximos 10 años, un déficit fiscal de 3.3 billones de dólares. En contraste, quienes la defienden, argumentan que, contrario a lo que se cree, la ley impulsa el crecimiento económico por medio del fortalecimiento de la manufactura. 

Firmada por el presidente Trump, esta norma no solo contempla recortes fiscales en programas sociales, sino que expande la producción de combustibles fósiles, revierte regulaciones ambientales y genera más presión a los inmigrantes.  

Para Ulf Thoene, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de La Universidad de La Sabana, esto puede traer varias consecuencias. “La incertidumbre fiscal derivada de los picos proyectados en el déficit y la volatilidad de las políticas, podría desincentivar significativamente la inversión extranjera directa, particularmente en sectores intensivos en capital humano como la tecnología y la manufactura. Los recortes del proyecto de ley a programas sociales y salvaguardas ambientales podrían señalar inestabilidad, disuadiendo a inversores que priorizan entornos regulatorios predecibles y reservas de mano de obra calificada”.  

En consecuencia, a los ojos del experto, aunque es probable que a corto plazo esto genere impulsos en la economía, en los próximos años podrían existir algunos riesgos. Una innovación ralentizada, pérdidas de empleo en centros de alta tecnología, un desplazamiento de capital hacia mercados más estables en otras regiones del mundo. En cuanto al recorte de los programas sociales, estos podrían significar mayor desigualdad y las reversiones ambientales podrían obstaculizar las transiciones a energía limpia. 

Sobre los efectos en los mercados latinoamericanos, Thoene indica que “al expandir la producción de combustibles fósiles en EEUU y reducir las regulaciones ambientales, se podrían inundar los mercados energéticos globales con petróleo y gas más baratos, presionando a exportadores latinoamericanos como México, Brasil y Venezuela a bajar precios, lo que podría resultar en una reducción en sus ingresos a corto plazo”, señala. 

El destino de los inmigrantes 

Con esta nueva normativa, el gobierno del presidente Trump busca presionar más a los inmigrantes ilegales desde diversos frentes.  

Sobre el aspecto económico, impone tasas obligatorias y elevadas para casi todos los trámites migratorios (asilo, TPS, permisos de trabajo, renovaciones, recursos, etc.), dificulta a los solicitantes vulnerables acceder a procesos básicos como el DACA, un programa de alivio migratorio que protege a ciertos inmigrantes que llegaron al país siendo niños, de la deportación. 

Por otro lado, la norma también los presiona en el sistema de salud con recortes a Medicaid para residentes legales con menos de 5 años en EE.UU y otros inmigrantes, dejando a más de 1,8 millones de personas sin cobertura médica.  

A lo anterior se suman las deportaciones aceleradas, limitando la defensa legal. Finalmente, la ley contempla invertir mayor presupuesto en ICE (Servicio de control y migración de Aduanas), expandiendo masivamente la detención y aumentando en Detención migratoria, la capacidad con 100 mil nuevas camas. Finalmente, la ley elimina las protecciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales, iglesias y juzgados, una situación que hará más difícil a los inmigrantes el permanecer de manera ilegal en terreno norteamericano.