Desplazados climáticos, una crisis jurídica y social en la sombra

Aunque el desplazamiento forzado en Colombia ha estado históricamente ligado al conflicto armado, el cambio climático está impulsando formas de movilidad humana. Un experto de la Universidad de La Sabana, advierte que el país aún no cuenta con las herramientas jurídicas ni institucionales para enfrentar este fenómeno.  

El término “desplazado” en el país evoca casi de inmediato las cicatrices de seis décadas de conflicto armado. Sin embargo, este ya no responde únicamente a la violencia. Sequías prolongadas, inundaciones, erosión costera y la pérdida de productividad de los territorios están obligando a miles de personas a abandonar sus hogares. La ola invernal en Córdoba, por ejemplo, dejó a más de 169.000 personas afectadas por lluvias e inundaciones, 20.000 hogares afectados y amenaza con generar nuevos desplazamientos forzados. Pero este fenómeno no es ajeno a una realidad mundial. La crisis ambiental está generando una movilidad humana que el Estado apenas comienza a nombrar y organizar, siendo una realidad poco visible que, ni siquiera es reconocida como una forma de desplazamiento.  

¿Refugiados o desplazados? El hito de la Sentencia T-123 

A nivel internacional, el debate sobre si llamar “refugiados” a quienes huyen del clima es objeto de discusión. No obstante, en Colombia, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-123 de 2024 ha solucionado la controversia técnica.  

Al adoptar una recomendación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Corte decidió no utilizar el término “refugiado”. La razón es jurídica: el refugio implica un “umbral de persecución” por razones políticas o por parte del Estado, lo cual no encaja necesariamente en la crisis ambiental. En su lugar, el país ha adoptado oficialmente la categoría de desplazado por el cambio climático.  

Esta decisión no es sólo semántica. Según el experto Juan Pablo Sarmiento Erazo, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, “se debe emular un sistema muy robusto que ya tiene Colombia de atención al desplazado por la violencia”.  

Cifras en ascenso: el impacto en 2025 

Los datos más recientes de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) confirman que la urgencia es real. Sólo en el primer semestre de 2025, 345.000 personas han sido afectadas por eventos ambientales en el país. Lo más alarmante es la tendencia: el total de las personas con necesidades humanitarias en Colombia (sumando conflicto y clima) aumentó un 95% en comparación con el mismo periodo del 2024.  

Entre enero y julio de 2025, la OIM brindó asistencia a cerca de 86.000 personas en 18 departamentos, atendiendo emergencias como el sismo de Paratebueno y crisis climáticas en el litoral Pacífico.  

El “subregistro”: el enemigo invisible 

Uno de los puntos más críticos a los ojos de los expertos, es el subregistro, es decir, la ausencia, omisión o recolección insuficiente de datos sobre este tipo de hechos. 

“Las mismas personas no son conscientes de que son desplazadas por el cambio climático”, afirma Sarmiento  

Desde esa perspectiva el fenómeno se manifiesta de dos formas que dificultan su conteo oficial:  

• Eventos climáticos extremos: Desastres súbitos como inundaciones o sequías graves que obligan a huir de inmediato.  
• Transformaciones paulatinas: Procesos lentos que degradan los servicios ecosistémicos, haciendo que el territorio deje de ser habitable con el paso de los años. 

La historia de la familia que tenía su vivienda frente al mar y que poco a poco, debido a la erosión costera perdió su propiedad, es común. En tal escenario, las personas simplemente se desplazan al perder su capacidad productiva, naturalizando la migración. Además, existe una intersección crítica: familias que huyeron de la guerra terminan siendo desplazadas nuevamente por el clima. Al respecto, Sarmiento advierte que “no podemos identificar quiénes son desplazados por el clima, simplemente las personas identifican la pérdida de capacidad productiva o de habitabilidad de ciertas zonas y se desplazan”, explica. 

Un país sin guía de ruta  

A pesar de contar con documentos de política pública como el CONPES 3700 de 2011, Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia, el avance ha sido lento y poco decidido. Sarmiento asegura que Colombia no está preparada para un aumento drástico de este fenómeno en los próximos años.  

El experto menciona una herramienta técnica que sirve para conocer la oferta, demanda, calidad y riesgo de desabastecimiento o inundaciones, facilitando la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial: se trata del Mapa del Agua del IDEAM.   

Al respecto, explica que este recurso es fundamental para entender la magnitud del problema: “probablemente tendríamos una línea base para poder determinar qué zonas son aquellas expulsoras o productoras de migración climática”. Según Sarmiento, este mapa permite identificar áreas que “será demasiado áridas para que sean habitables o   mucho menos productivas”.  

Sin embargo, esta información técnica choca con una realidad diferente:  

• Debilidad en la periferia: Las zonas con mayor presión climática suelen tener entidades territoriales debilitadas.  
• Ordenamiento territorial obsoleto: Muchos municipios tienen planes de ordenamiento (POT) con décadas de desactualización que no se están cumpliendo. Al respecto, el profesor señala que “, tenemos una cantidad de ciudades de urbanizaciones que crecen de manera desordenada, que crecen hacia zonas de riesgo y que impactan y exponen a sus poblaciones”.  
• Poblaciones “atrapadas”:  Comunidades campesinas e indígenas con fuerte arraigo territorial que ven cómo su cosmovisión desaparece bajo el impacto ambiental.  

El reto para Colombia no es solo mitigar el cambio climático, sino conocer y proteger los derechos de quienes, sin ser perseguidos por la guerra, han sido expulsados por la naturaleza. Como concluye Sarmiento, “De la misma forma en que estamos planeando y creciendo en nuestras ciudades, efectivamente se está desconociendo ese rol que tienen las entidades territoriales de planear el territorio, de adaptarse al cambio climático y de prevenir el riesgo. (...) Una cosa es el desastre ambiental y climático, pero otra es cuando esto se vuelva más profundo, más crónico y con eventos climáticos más drásticos. Ahí sí vamos a tener seguramente un gran desafío institucional”.