Unos 750.000 millones de dólares al año cuesta la pérdida auditiva en el mundo

Un estudio de la Universidad de La Sabana revisa el papel de la tecnología en la atención a personas con discapacidad auditiva. La teleaudiología y la teleconsulta se presentan como dos posibles soluciones.
La pérdida de audición es una discapacidad que se identifica cuando un paciente tiene un umbral aditivo de 20 decibelios o más de ambos oídos. Esta condición, que puede ser congénita o adquirida afecta a unos 430 millones de personas en el mundo y le cuesta a los sistemas de salud de 150.000 millones de dólares al año.
Se sabe que las personas con pérdida auditiva pueden tener problemas para seguir las conversaciones y que aquellos que tienen pérdida grave de audición pueden incluso, no percibir los sonidos sin el uso de dispositivos de asistencia como audífonos. Esto no solo hace que su día a día se más difícil, sino que surjan sentimientos de exclusión, frustración y aislamiento por barreras comunicativas.
Pero estas barreras no deben entenderse únicamente como una alteración del oído, puesto que la discapacidad aparece la interacción entre la condición individual y las barreras del entorno. “Una persona puede tener una pérdida auditiva, pero la exclusión se incrementa cuando los servicios en general, no solo de salud, no cuentan con intérpretes, subtítulos, mensajes escritos, señales visuales, tecnologías de apoyo o profesionales capacitados para comunicarse adecuadamente”, explica el doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, Erwin Hernández.
Una problemática extendida
El estudio es una síntesis de 25 estudios realizados entre 2015 y 2025 sobre telesalud auditiva en poblaciones vulnerables y puso en consideración pacientes desde los 12 años en adelante con pérdida auditiva de leve a severa.
A través de un análisis juicioso, identifica problemas estructurales de fondo: millones de personas que padecen esta condición, viven en zonas remotas y no pueden llegar físicamente a un especialista. El segundo problema radica en una falta de infraestructura y conectividad en zonas rurales y dispersas de Colombia. Una tercera problemática se encuentra en la escasa capacitación de los profesionales, el desconocimiento institucional y territorial, incluidas las secretarías de salud, frente a las necesidades comunicativas de esta población. Finalmente, la ausencia de plataformas y procesos asistenciales diseñados para atender esta población, hacen que los desafíos estén a la orden del día.
En Colombia existe un desarrollo importante en telemedicina, enmarcado en la Resolución 2654 de 2019, que estableció las disposiciones para su operación y reconoció distintas modalidades: la medicina interactiva (sincrónica, entre profesional y paciente), la no interactiva (asincrónica), la telexperticia (consulta con especialistas) y el telemonitoreo (seguimiento a distancia). Esta normativa definió los requisitos para operar bajo esta modalidad de prestación de servicios, entre ellos contar con una licencia de funcionamiento conocida como habilitación.
Un informe del Ministerio de Salud reportó a 2023 que hay aproximadamente 4300 prestadores y cerca de 13,500 servicios con licencia de funcionamiento habilitados en esta modalidad, pero principalmente en el sector privado. Sin embargo, el doctor Hernández es enfático en que esto no significa necesariamente que los servicios estén llegando a los pacientes.
Pese a lo anterior, el estudio señala oportunidades para la población con esta discapacidad. Considera como soluciones la tele audiología —útil para la evaluación, seguimiento, adaptación y mantenimiento de audífonos, así como para la rehabilitación auditiva y la educación a pacientes y familias—, la teleotoscopia, que permite capturar y enviar imágenes del oído a un profesional de forma remota, y diversas aplicaciones móviles que apoyan pruebas iniciales y procesos de rehabilitación. Sin embargo, su efectividad depende de contar con conectividad adecuada, personal capacitado y articulación tecnológica.
La publicación, a su vez plantea la posibilidad de replicar modelos de éxito como el de Alaska que desde 1968 y con 50 años de trayectoria, ha podido cerrar las brechas comunicativas de esta población. Lo anterior, no solo se fundamenta en una base tecnológica sino en el entrenamiento de auxiliares sanitarios. Para lo anterior, han logrado que dichos auxiliares presten sus servicios en más de 200 clínicas rurales y que esten capacitados para realizar las evaluaciones auditivas in situ, trasmitiendo los resultados a distancia a audiólogos especialistas.
De ahí que para el doctor Erwin Hernández, el problema no solo termina con la formulación de políticas que permitan que casos como el de Alaska sean replicables y exitosos. Para él, la clave también está en garantizar ocho elementos concretos que garantizan una política inclusiva real.
En ese punto, el mensaje central de la investigación es claro: la tecnología por sí sola no garantiza inclusión; puede reducir las inequidades, pero también puede profundizarlas si las plataformas no incorporan mecanismos que aseguren la participación real de quienes no pueden escuchar, pero sí sentirse excluidos.
Los 8 elementos concretos que debe garantizar una política inclusiva real
Que una persona sorda pueda pedir cita sin depender de una llamada telefónica.
Que la institución registre la forma de comunicación preferida del paciente.
Que la plataforma tenga subtítulos, chat o interpretación remota (señala que esto es especialmente complejo).
Que el profesional de salud sepa usar la plataforma y pueda comunicarse.
Que la consulta tenga tiempo suficiente (los 15 minutos estándar no alcanzan).
Que la información se entregue en un formato comprensible, tanto para el paciente como para el médico.
Que un intérprete no recaiga siempre en la familia del paciente, y que se verifique que los acompañantes entienden diagnóstico y tratamiento.
Que se pueda volver a la atención presencial cuando la virtual no sea clínicamente adecuada — es decir, priorizar lo que funcione, no lo virtual por sí mismo.
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