El dilema del presupuesto 2026: un déficit de 26 billones y la sombra de otra reforma tributaria

La discusión por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, calculado en 556,9 billones de pesos, ya está encendida. La cifra representa un aumento del 5,9 % frente al presupuesto de 2025, pero trae consigo un obstáculo de fondo: está desfinanciado en 26 billones de pesos. 

El dilema del presupuesto nacional del 2026 vuelve a ser noticia y se prevé que terminé por repetirse la misma historia del presupuesto del 2025, cuando el Congreso de la República lo rechazó y el Gobierno Nacional lo aprobó vía decreto. 

En esta oportunidad, la historia se repite con un gasto proyectado que asciende a 556.9 billones cuando los ingresos esperados apenas alcanzan los 523. 

Para lograr alcanzar la meta proyectada, el Gobierno ha planteado dos caminos para cubrir el faltante: una reforma tributaria que hoy fue radicada para poder recaudar los 26 billones de pesos adicionales y recortes en sectores clave como agro, deporte, ciencia y tecnología.  

La propuesta incluye, por ejemplo, una reducción del 74 % en la financiación del deporte, un 24 % menos para el agro, y disminuciones cercanas al 23 % en vivienda, tecnologías de la información y la Presidencia de la República. En contraste, educación y salud recibirían 88 billones de pesos, lo que supone un aumento frente al año anterior. 

El fantasma del decreto 

Según el artículo 347 de la Constitución, el presupuesto puede ser aprobado aun estando desfinanciado, pero debe ir acompañado de un plan de ingresos, que sumado a la presión de gasto generada el decreto 858, abre la puerta a la reforma tributaria.  

“El problema es como si uno dijera: me gano ocho millones de pesos, pero quiero gastarme diez. Ese hueco no solo se repite cada mes, sino que crece. Y al final se traduce en más deuda, más intereses y menor capacidad de inversión”, explicó Wilson Rodríguez, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de las Universidad de La Sabana.  

En ese orden de ideas, el riesgo no es solo macroeconómico, es decir, no solo involucra a los sectores a los que se les deberán gravar más impuestos como lo son las apuestas en línea, impuestos saludables, al carbono y al sector minero-energético. De una u otra manera, termina por impactar a los ciudadanos de a pie porque el encarecimiento del crédito que surge tras la percepción de riesgo fiscal hace que el país deba pagar más intereses por su deuda, lo que se refleja en mayores tasas de interés para empresas y hogares. 

Entre lo social y lo fiscal 

El Ministerio de Hacienda ha defendido que parte del aumento en el gasto corresponde a compromisos sociales: 7,2 billones adicionales en salud, 5,7 billones en subsidios de energía y gas, y 5,9 billones para inversión pública. Sin embargo, la otra cara del presupuesto muestra que el gasto en funcionamiento crece un 24 % nominal, un rubro asociado al aumento de la nómina estatal y al costo de la deuda. 

“El grueso del presupuesto se va a funcionamiento y a deuda, y lo último en la fila es la inversión. Eso refleja que no se está pensando en cómo generar crecimiento, sino en sostener una estructura que cada vez cuesta más”, agregó el analista. 

Un panorama que permea el ámbito político 

A menos de un año de elecciones, la discusión se complica. Para algunos analistas, los congresistas, más concentrados en su reelección que en ser impopulares, difícilmente respaldarán una subida de impuestos tan fuerte.  

Además, el Centro Democrático ya planteó la posibilidad de reducir el presupuesto en 30 billones, lo que implicaría un viraje completo al plan de gasto del Ejecutivo, y cuyo desenlace habrá que verse. 

Por ahora, la fecha límite para la aprobación del proyecto de presupuesto es clara: 15 de septiembre de 2025. De no lograrse, el país podría repetir la experiencia inédita del año pasado: un presupuesto aprobado por decreto, con todas las implicaciones fiscales que ello supone y un legado político que podría terminar en aplazamientos, recortes de gasto, cuentas por pagar y falta de caja para el gobierno que llegue en 2026 a la presidencia.