Personas en estado de pobreza en Colombia tienen un 50% de riesgo a sufrir enfermedades de salud mental, según estudio

Investigadores de la Universidad de La Sabana se dieron a la tarea de adelantar un estudio sobre el vínculo de la salud mental y la pobreza. Los resultados son inquietantes. 

Vivir en la pobreza implica enfrentar una constante incertidumbre. Recientes cifras del  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indican que para 2024, un 24.4% de la población en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se encontraban en pobreza multidimensioal, 0.7 puntos porcentuales más que en 2023.  Pero la situación no solo se remite a las cifras, se traslada a un problema de salud pública que si bien, cada vez es más comprendido, presenta grandes desafíos .

A través de un semillero de investigación de la Universidad de La Sabana, estudiantes interesados en temas de salud mental, indagaron en los diversos aspectos que pudieran estar relacionados como factores de riesgo. Como resultado se adelantó la investigación titulada La pobreza como determinante de la salud mental en Colombia: políticas gubernamentales y perspectivas. uno de los pocos documentos que existen al respecto.

“En realidad no hay algo escrito relacionando pobreza y salud mental. Se pueden hacer algunas asociaciones, pero también es cierto que a pesar de que Colombia es un país tan pobre, algo que sorprende comparado con los países industrializados, es que los desenlaces fatales como pueden ser, por ejemplo, el suicidio, en países como Colombia, no se refleja en tasas tan altas”, señala Yahira Guzmán, psiquiatra y directora de profesores e investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.

Entendiendo la pobreza

Partiendo del concepto de pobreza multidimencional como un estado en el que se ven afectados dos o más de las cinco dimensiones que hacen parte de una vida digna, como son vivienda, servicios básicos, educación, empleo y salud, el estudio pudo indagar sobre la salud mental en el país a través de la metodología scoping preview.

A través de esta metodología, los investigadores recurrieron a bases de datos y publicaciones entre 2009 y 2024, escritas en español o inglés que hacían referencia explícita a Colombia y al vínculo entre pobreza y salud mental. De 345 artículos identificados, seleccionaron 26 estudios pertinentes y a partir de estos, se hizo una síntesis narrativa agrupada en tres categorías temáticas: pobreza y salud mental, intervenciones psicosociales y autorregulación y políticas públicas. 

Relación entre pobreza y salud mental

En este punto los investigadores pudieron identificar que la pobreza multidimensional (más allá del ingreso) resulta ser un mejor indicador de vulnerabilidad.  Una vez analizado este punto, determinaron que las personas en situación de pobreza tienen un riesgo superior al 50% de padecer trastornos mentales. En este punto, factores como el desplazamiento, pertenencia a comunidades indígenas, la pandemia y la violencia crónica fueron factores cruciales para agravar el estado de salud mental.

Erwin Hernández, PhD en Investigación Clínica y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana es más explícito. “En este punto encontramos que si uno tiene un ingreso estable está más tranquilo. Si cuenta con un mayor nivel educativo también tiene una ventaja. Encontramos también que la desigualdad se hace evidente a través de menores ingresos a las mujeres en comparación con los hombres. Además estar en una área urbana, también influye. No es lo mismo vivir en Bogotá que en el Catatumbo, donde hay violencia armada”.

Intervenciones psicosociales y de autorregulación: una salida al problema de la salud mental

En este punto los autores destacan que este tipo de intervenciones no buscan solamente tratar síntomas, sino prevenir trastornos mentales mediante el empoderamiento emocional, la reconstrucción de vínculos sociales y el aumento de la percepción de control personal frente a la adversidad. Además, consideran a la pobreza como un determinante estructural, por lo que muchas de estas estrategias incluyen componentes educativos, económicos y afectivos.

“Lo importante es que la intervención esté dirigida a tratar de encontrar cuáles son los factores positivos o protectores que pueda tener una población en particular y la posibilidad de redireccionar, de pensar de manera diferente las adversidades que se puedan presentar a raíz de un solo determinante que puede ser la pobreza, como lo son las relaciones interpersonales, la violencia, si hay desplazamientos etc. Entonces en ese caso la intervención tendría que hacerse con diagnóstico inicial de lo que está pasando en esa población en particular y luego la intervención para poder ver los resultados”, indica Guzmán.

En consecuencia, el estudio destaca que programas como ALIVE, Semillas de Apego y el proyecto CHANCES-6 han buscado fortalecer habilidades personales y el acceso a apoyos económicos para mitigar el impacto de la pobreza en la salud mental. Además, reconoce la necesidad de fortalecer redes sociales, reducir el estigma y promover la autorregulación emocional, pues como bien agrega la experta “hay cosas que no son manejables, pero hay otras que sí, como las características que tenga la persona para afrontar los problemas”.

Políticas públicas en salud mental en Colombia

En Colombia, se ha avanzado considerablemente en el abordaje de la salud mental, sin embargo a los ojos de algunos expertos la discusión hasta ahora está encontrando salida. El camino ha sido largo. Desde 2013, la Ley 1616 reconoció oficialmente que la salud mental no es un lujo, sino un derecho fundamental y parte esencial de la salud pública. Posteriormente, en 2020, llegó la Ley 2481, que amplió la cobertura en psicoterapia. Para el 2018, surgió la Política Nacional de Salud Mental, que puso sobre la mesa algo clave: la salud mental no se mejora solo en el consultorio, sino también en la casa, en la escuela, en el barrio y en el trabajo. Incluso, este año se introdujo la nueva ley de salud mental; la Ley 2460 de 2025, que contempla atención psicológica sin remisión médica, la apertura de oportunidades laborales para los más de 250.000 psicólogos del país, ampliación de los cupos de especialización de psiquiatras y mejora en el acceso a medicamentos, entre otros.  

Sin embargo, aunque el país ha sido excelente para diagnosticar problemas y convertirlos en políticas públicas, para el doctor Hernández, el verdadero dolor de cabeza llega cuando toca pasar a la acción, es decir, implementar y evaluar.

“El problema no está en el agendamiento ni en la formulación, sino en la implementación. Cuando una política se lleva a un entorno real, hay resistencia, hay desconocimiento. Hoy no hay recursos económicos, entonces, para que esa política permee y haga parte de la cotidianidad de los colombianos, es un reto”.

En conclusión, el estudio permitió determinar que la pobreza actúa como un determinante estructural y transversal de la salud mental en el país, siendo las poblaciones más vulnerables aquellas en donde la violencia, el desplazamiento y la exclusión social están más presentes. Así mismo, mientras destaca que las políticas vigentes van en la dirección correcta, tmabién señala que requieren mayor inversión, supervisión y adaptación territorial y exhorta a la necesidad de continuar investigando con el fin de diseñar y expandir los programas psicosociales en los que la participación comunitaria y el enfoque diferencial sean considerados.