Revertir el daño a la naturaleza podría costar 700.000 millones de dólares al año

Este martes 22 de octubre se está llevando a cabo una de las plenarias más importantes de la COP16, 'Financiamiento de cara a los compromisos mancomunados'. 

El progreso en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming- Montreal, publicado en diciembre de 2023, indica que es necesario aumentar los flujos de financiación de 120.000 - 150.000 millones de dólares a 700.000 - 1.000.000 millones de dólares al año para cumplir con las metas fijadas previamente.

Sin embargo, en la plenaria que se está llevando a cabo en Zona Azul en la ciudad de Cali, el debate aún no parece tener una perspectiva clara. Los voceros de varios países han expresado su preocupación ya que en la COP15 se adquirieron compromisos económicos que no fueron cumplidos en su totalidad.

De hecho, según las declaraciones de un grupo de expertos en desarrollo ODI para la organización Carbon Brief –en un análisis sobre los aportes que debería hacer cada país según lo acordado en 2022– solo Noruega, Suecia y Alemania contribuyeron con su “parte justa”.

La pregunta que surge de cara a las discusiones que se están adelantando en Cali es si los compromisos financieros son tangibles y, si los países con mayor capital económico como Estados Unidos, estarán dispuestos a ceder una cantidad lo suficientemente grande para alcanzar esta meta.

Algunos economistas han planteado como solución el pago de impuestos a las personas y empresas más poderosas del planeta con el fin de generar un impacto en el cambio climático y la desigualdad. Ulf Thoene, internacionalista e investigador de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) de la Universidad de La Sabana, explica que “incrementar los impuestos a las multinacionales e individuos más ricos podría no funcionar, pues por lo generar la evasión prima”.

Además, según el experto, para lograr conseguir esos fondos se necesitaría superar la problemática de burocracia y corrupción actual. Todo esto, junto a una administración pública en las regiones que sepa manejar esos recursos y trabajo conjunto con todos los stakeholders –sector privado, universidades, etc–.

Por el momento, solo queda esperar cuales son los consensos que resultan de este encuentro y, si los implicados cumplen con las metas fijadas.  
 

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