Inteligencia artificial y discapacidad: así puede apoyar la toma de decisiones legales en Colombia

Un enfoque innovador para fortalecer la autonomía de personas con discapacidad intelectual, gracias a la tecnología. 

Desde la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019, Colombia reconoció la capacidad legal plena de las personas con discapacidad. Pero ¿cómo garantizar que puedan ejercer ese derecho con autonomía, especialmente al firmar contratos u otros documentos legales? Aquí es donde la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de asistencia juegan un papel clave para promover la inclusión, la equidad y la justicia.

Este es el foco de la investigación doctoral de Leydi Nieto Martínez, estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de La Sabana, quien propone usar IA como apoyo para interpretar la voluntad de personas con discapacidad intelectual, especialmente en procesos jurídicos y comerciales. 

¿Qué dice la ley en Colombia sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad?

En Colombia, todas las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones por sí mismas. La Ley 1996 de 2019 eliminó figuras como la interdicción y promovió mecanismos de apoyo voluntario para quienes lo necesiten. Esta transformación legal puso en el centro la voluntad y preferencias de la persona, y no lo que otros consideren “mejor” para ella.

Sin embargo, surgen desafíos cuando las personas enfrentan limitaciones cognitivas o comunicativas que dificultan la interpretación y expresión de su voluntad, especialmente en contextos legales o contractuales.

¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a las personas con discapacidad?

La investigación de Leydi Nieto explora cómo la inteligencia artificial puede ser una tecnología de asistencia clave para apoyar la toma de decisiones en personas con discapacidad intelectual. Estas herramientas pueden:

• Traducir información legal compleja a un lenguaje claro y comprensible.
• Facilitar la formulación de preguntas y el acceso a información contextual.
• Registrar el proceso lógico detrás de una decisión para evidenciar que fue informada y autónoma.
• Interpretar señales no verbales cuando la comunicación verbal no es posible.

Todo esto apunta a fortalecer la capacidad de estas personas para participar activamente en decisiones que afectan su vida.

¿Qué propone esta investigación para Colombia?

Uno de los mayores aportes de este trabajo es su visión sobre el rol del Estado y de la sociedad en la regulación y adopción de tecnologías inclusivas, especialmente aquellas basadas en inteligencia artificial.

La investigadora plantea que el país debe avanzar en una agenda tecnológica y jurídica que garantice la autonomía de las personas con discapacidad, asegurando que la digitalización no las excluya, sino que las empodere.

En este sentido, la investigación propone varias líneas de acción:

1. Desarrollo de marcos jurídicos específicos para el uso de IA en contextos de apoyo a la discapacidad

Si bien la Ley 1996 reconoce el derecho a decidir, aún no existen regulaciones claras sobre cómo herramientas tecnológicas pueden participar en ese proceso. Es necesario definir criterios legales, éticos y técnicos para que el uso de IA en la interpretación de la voluntad sea seguro, verificable y respetuoso de los derechos humanos.

2. Promoción estatal de tecnologías accesibles y abiertas

El Estado debe garantizar que las tecnologías que se desarrollen o usen en servicios públicos cumplan con estándares de accesibilidad universal. No se trata solo de adaptar herramientas existentes, sino de diseñarlas desde cero pensando en personas con diversas condiciones cognitivas, sensoriales o de movilidad.

3. Participación activa de personas con discapacidad en el diseño de tecnología

Una propuesta fundamental de esta investigación es que las personas con discapacidad no deben ser solo usuarias de estas herramientas, sino también co-creadoras. Su participación directa en los procesos de diseño y validación garantiza que los sistemas realmente respondan a sus necesidades, preferencias y formas de comunicación.

4. Implementación de principios de transparencia y supervisión tecnológica

Las soluciones basadas en IA deben poder ser auditadas, evaluadas y comprendidas por quienes las usan y por quienes las regulan. La investigación insiste en que ninguna herramienta debe ser una "caja negra": se necesita claridad sobre cómo toman decisiones, qué datos utilizan y cómo interpretan la información.

5. Impulso al principio de diseño universal

La investigación sugiere que toda tecnología, especialmente en el ámbito público, debe ser desarrollada bajo el principio de diseño universal, para que cualquier persona —independientemente de su condición— pueda acceder, entender y usar las herramientas digitales sin intermediarios ni barreras.

Riesgos y desafíos del uso de inteligencia artificial en procesos legales

Aunque la IA puede ser una herramienta poderosa, la investigación también alerta sobre riesgos clave:

• Posibles errores en la interpretación de la voluntad o lenguaje no verbal.
• Falta de transparencia en los algoritmos y fuentes de datos.
• Riesgo de manipulación o sesgos que afecten la autonomía de los usuarios.

“Todos somos vulnerables a la IA si no entendemos cómo funciona. En el caso de personas con discapacidad, ese riesgo es aún mayor”, subraya la investigadora. En una sociedad cada vez más digital, la inteligencia artificial puede ser una herramienta para reducir o profundizar las desigualdades. Esta investigación doctoral propone un camino responsable, humano y jurídico para que la tecnología esté verdaderamente al servicio de las personas, especialmente de quienes más apoyo necesitan para ejercer sus derechos.

Además de su valor académico, este trabajo busca impactar las políticas públicas, la legislación y el desarrollo tecnológico en Colombia, posicionando al país como un referente en inclusión digital, derechos humanos y ética de la IA.

*Texto publicado originalmente en Campus periódico, edición 1752.