Educación para la equidad y equidad para transformar (Columna)

Por Diana María Ramírez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana

Diana Ramirez, profesora facultad de Derecho y Ciencias Políticas La educación pública se puede considerar como uno de los caminos más efectivos hacia la equidad. Esta contribuye a la movilidad social, pues amplía y cualifica el abanico de oportunidades, principalmente, para los sectores socioeconómicos más vulnerables. 

En una nación como Colombia, que tiene un coeficiente de Gini de 0.51 y se encuentra en el top 10 de los países más desiguales del mundo y en el top 3 de los países más desiguales de Latinoamérica, resulta necesario robustecer las instituciones públicas de educación superior, dado que para muchas familias colombianas estas son el puente hacia una mejor calidad de vida. Estas instituciones aportan a la disminución de las brechas económicas y al aumento de la inclusión social, componentes esenciales de un Estado social de derecho.

Para ilustrar la necesidad de fortalecer el sistema público de educación terciaria en Colombia examinemos la situación desde un ejemplo concreto. Según la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, 44.193 personas presentaron el examen de admisión a esta universidad en el segundo semestre del 2018. A pesar de la demanda elevada, los cupos no alcanzaron a cubrir ni el 50% de las solicitudes. Por ejemplo, en la sede de Bogotá se presentaron al examen 30.771 personas, pero, en razón de los cupos, solo 2.932 fueron admitidas. En la sede de la Amazonía sucedió algo similar, pero en menores proporciones: se presentaron 842 personas, pero fueron admitidas 120. 

Si, por ejemplo, uno de los estudiantes que no fue admitido quisiera estudiar Medicina (que es la carrera con mayor demanda en la Universidad Nacional) y decide presentarse a una de las cinco universidades privadas con los mejores resultados en las pruebas Saber Pro 2018, tendría que pagar, en promedio, 19 millones de pesos por la matrícula semestral; es decir, pagaría 38 millones de pesos por la matrícula anual, cifra que corresponde a 48,64 salarios mínimos legales vigentes.

 “Para muchas familias colombianas, las instituciones públicas de educación superior son el puente hacia una mejor calidad de vida”.

En este sentido, ante la insuficiencia de cupos, la imposibilidad de miles de familias de pagar las elevadas matrículas de las universidades privadas y la necesidad de promover la educación como motor de la transformación social, se implementaron programas como Ser Pilo Paga bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y se implementarán programas como Generación E en el gobierno de Iván Duque. Estos programas, a grandes rasgos, tienen como objetivo financiar los estudios de los mejores estudiantes del país, siempre y cuando estos cumplan con requisitos de excelencia académica y se encuentren bajo ciertas condiciones socioeconómicas.

A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional afirma que Generación E busca beneficiar a 84.000 estudiantes al año, esta medida, al igual que Ser Pilo Paga, no es suficiente para garantizar que la educación pública en Colombia se considere un derecho más que un privilegio.

Y esta insuficiencia de los programas Generación E y Ser Pilo Paga no se debe necesariamente a falencias en su diseño,sino a que la educación pública en Colombia tiene problemas estructurales: la desfinanciación histórica de las universidades públicas, las altas tasas de interés que manejan instituciones como el Icetex, la falta de inversión en Colciencias, entre otros.

Estos problemas se constituyen como algunos de los puntos principales que han alimentado el inconformismo actual del movimiento estudiantil. En las casi 10 marchas que se han llevado a cabo durante los dos últimos meses, el movimiento ha hecho énfasis, fundamentalmente, en la necesidad de aumentar el presupuesto de la educación, pues el déficit de las universidades públicas supera los 15 billones de pesos.

A pesar de las múltiples manifestaciones por la educación pública, no se han establecido suficientes espacios de diálogo entre el Gobierno nacional y los líderes del movimiento estudiantil. Es urgente, principalmente con miras a evitar la cancelación del semestre en las universidades públicas, que se construyan espacios deliberativos en los que, tanto el Gobierno como los estudiantes y profesores, formulen soluciones que aporten al fortalecimiento de la educación pública como un vehículo hacia la equidad.