Crecí en una familia de docentes. Mi padre trabajaba en un colegio privado de calidad, donde estudié mi educación básica y media, mientras mi madre enseñaba en una escuela pública, como docente oficial.

Este escenario me permitió crecer entre los contrastes de dos mundos diferentes y notar las diferencias de infraestructura y calidad. También conocí los esfuerzos adicionales que requería el docente oficial, pues, más allá de la formación académica de los niños, este debe lidiar con los profundos problemas familiares, económicos y sociales del entorno de sus estudiantes.

Más allá de las diferencias entre el mundo público y el privado, mis padres siempre pusieron una gran dedicación a la labor docente, pero las brechas salariales entre ellos eran notorias.

Es este punto de brechas y rezago de salarios, la principal manzana de la discordia en las negociaciones entre el gobierno nacional y Fecode (Federación Colombiana de Educadores), vale la pena resaltar que, según un estudio de la Fundación Compartir, el rezago del salario docente respecto a otras profesiones es del 18%, e incluso otros estudios como el del Gseid de la Universidad Nacional y Fecode señalan rezagos de hasta del 28,3%.

Los profesores tienen un salario 18% menor que el de otras profesiones.

En las negociaciones del 2015, se dieron los primeros pasos hacia la nivelación y se logró un primer acuerdo para lograr hasta un 12% de aumento, en las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Esto fue un reconocimiento explícito al rezago salarial de la profesión docente y un primer paso en la dirección correcta; pero, hay que continuar de forma progresiva con la nivelación, y hoy se discute puntualmente la negociación de aumentos para las vigencias de 2020 y 2021, en las que el escenario fiscal del país y la desaceleración económica se constituyen como la barrera para lograr nuevos acuerdos.

A pesar de esto, la austeridad fiscal no puede castigar con la misma severidad los derechos sociales y, como afirma Ilich Ortiz, investigador en la materia, “no hay ninguna razón ética, moral o presupuestal por la cual un docente deba ganar menos que cualquier otro profesional del Estado que tiene la misma formación y la misma antigüedad”.

Ya contamos tres semanas y cerca de 300.000 docentes del sector oficial que continúan en paro indefinido. Más allá de la coyuntura de este cese de actividades, hay que tener claro que, si se quieren atraer mejores estudiantes bachilleres y profesionales a la carrera docente, hay que trabajar fuertemente en los incentivos salariales en el mediano plazo, de la mano de estrategias para fomentar la calidad.

Actualmente, unas de las carreras menos apetecidas en el programa Ser Pilo Paga son las licenciaturas. De hecho, ninguna licenciatura aparece en las 10 carreras más demandadas del programa, evidenciando que estamos en un escenario en el que “Ser pilo y profe, no paga”. Si no se trabaja de forma rigurosa en este punto, la educación básica y media de calidad estará lejos, y el eslogan de “Colombia la más educada” será siendo otra de las promesas incumplidas del Gobierno Santos en el largo plazo.