Vivienda y servicios públicos

Según las Naciones Unidas (2017), la vivienda es una de las condiciones sociales básicas que determinan la igualdad y la calidad de vida de las personas. Aspectos como el lugar de ubicación, diseño y qué tanto se entrelazan con el tejido ambiental, social, cultural y económico inciden en el diario vivir de los ciudadanos, en su salud y seguridad.

En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida óptimo. En este sentido, según el artículo 11 de este pacto “Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse digna y adecuada. Entre estas se destacan la seguridad de la tenencia; la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación, y adecuación cultural”.

Según datos de la ONU Hábitat (2017), para 2030, cerca de tres billones de personas necesitarán tener acceso a vivienda, infraestructura básica y otros servicios, como sistemas de acueducto y saneamiento. Esto significa que será necesario construir 96.150 viviendas diarias hasta 2030.

En nuestro país, la Constitución Política de Colombia (1991) consagra el derecho que tienen los colombianos a acceder a una vivienda digna: “El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” (artículo 51). En este contexto, se presentarán las cifras relacionadas con la construcción de vivienda obtenidas a partir del Censo de Edificaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), del cual se obtiene información para los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Sopó y Zipaquirá.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo país” definió la vivienda de interés social como “la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV)”. Por su parte, la vivienda de interés social prioritario, según esta misma normatividad, se refiere a las viviendas cuyo valor máximo es de 70 SMMLV. Finalmente, el tipo de vivienda No VIS se refiere a las unidades de vivienda cuyo valor es superior a los 135 SMMLV.