El estado de la salud mental de los colombianos
Mónica Soler, estudiante de la Maestría en Derecho Internacional, presentó una investigación en la cual identificó las principales obligaciones de los Estados, en relación con la salud mental, de acuerdo con los estándares internacionales que exigen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En suma, la investigación evidencia que los Estados deben promover, prevenir y fortalecer la atención primaria, la coordinación intersectorial y el fortalecimiento de los sistemas de información.
Según Soler, “La OMS ya advertía que la pandemia del COVID-19 había traído enormes retos para los Estados en materia de salud mental y, un ejemplo, es Colombia. De acuerdo con el informe publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pandemia trajo consigo enormes retos frente a la salud mental, derivados de las medidas de distanciamiento físico, las cuarentenas obligatorias, el cierre de instituciones educativas y los cambios en las dinámicas de los hogares; factores que desencadenaron el aumento de casos de estrés, ansiedad y depresión”.
La doctora Yahira Guzmán, directora de Profesores e Investigación de la Facultad de Medicina, especialista en Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia y codirectora de la tesis de Mónica, explica la situación de la salud mental de los colombianos: “La principal dificultad de Colombia es que no cuenta con suficiente cobertura nacional de servicios de salud mental. La cantidad de psiquiatras por población de 100.000 habitantes es menor a la esperada, y la mayoría de estos especialistas están en zonas urbanas, dejando a las rurales muy desprotegidas. Otro problema es que es muy complejo solicitar las citas en los servicios, porque toda la disponibilidad de agendas es escasa. Esto se agrava con el estigma que recae en los pacientes, lo cual impide que acudan a los especialistas para tratar el problema”.
Según la investigación de Mónica, “El Estado colombiano se ha esforzado mucho para incorporar en su legislación y sus políticas nacionales los desarrollos internacionales, en materia de atención en salud mental. Mediante la Ley 1346 de 2009, se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, mediante la Ley Estatutaria 1618 de 2013, se establecieron disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Por su parte, la Ley 1616 de 2013, expedida solo para garantizar el derecho a la salud mental, dispone estrategias de prevención y el establecimiento de una red integral de servicios de salud mental, en el marco de la atención primaria y la rehabilitación. Dicha norma establece criterios para la reformulación, implementación y evaluación de la Política Nacional de Salud Mental, retomando el llamado de la OMS a los Estados para incorporar una perspectiva de derechos humanos en sus estrategias y políticas de abordaje en salud mental”.
La Universidad de La Sabana, en cabeza de la Facultad de Medicina, específicamente del Departamento de Salud Mental, aporta a la lucha por mejorar la condición mental de los colombianos. Por ello, el programa mhGAP, basado en la iniciativa de la OMS que lleva el mismo nombre, nació como un proceso de formación remota que ha fortalecido las herramientas y los conocimientos de médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales de 50 municipios participantes en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Para la doctora Guzmán, “Este programa imparte una formación básica a personal no experto en psiquiatría o psicología, o a personas que puedan tener este primer encuentro con el paciente. Estos principios básicos para llegar a un diagnóstico temprano ayudan a prevenir las condiciones médicas y las psicologías que puedan complicarse en el futuro, causando desenlaces fatales en los pacientes. Así, la iniciativa ha contribuido en gran medida a brindar mayor cobertura en la salud mental de Colombia”.
Es evidente que la pandemia trajo consigo enormes retos para el bienestar y la salud de la población, en el país y en el mundo. De ahí la necesidad de fortalecer la inversión en salud mental, como un objetivo en el que todos los sectores están llamados a participar.