DE LA COLONIA A LA INDEPENDENCIA

Encuentro del Instituto Colombiano de Historia del derecho (5°: 2015 marzo 6-7: Universidad de La Sabana, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Chía (Colombia)

De la Colonia a la Independencia: memorias del V encuentro del Instituto Colombiano de Historia del Derecho/director académico Hernán Alejandro Olano García. -- Chía : Universidad de La Sabana, 2015.

139 p. ; cm. (Colección Compilaciones. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas)

Incluye bibliografía

ISSN 2XXX-XXXX

1. Derecho constitucional – Colombia 2. Filosofía del Derecho 3. Derechos humanos 4. Poder judicial 5. Derecho colonial 6. Colombia – Historia 1819-1831 I. Olano García, Hernán Alejandro, director académico II. Universidad de La Sabana (Colombia). III. Tit.

CDD 342.861CO-ChULS

Reservados todos los derechos

© Universidad de La Sabana, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, 2015.

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Primera edición: octubre de 2015

ISSN:

Diseño de colección y diagramación:

Kilka Diseño Gráfico

Corrección de estilo:

María José Díaz Granados

Producto de divulgación del grupo de investigación Derecho, Ética e Historia de las Instituciones “Diego de Torres y Moyachoque, Cacique de Turmequé”, reconocido y avalado por Colciencias, categoría “C” en la calificación de 2015.

Par evaluadora:

Melba Luz Calle Meza

Directora de Posgrados de la Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Granada

PhD en Derecho de la Universidad de Zaragoza (España)

Máster en Derecho Público de la Universidad de París II

Contenido

Introducción

La constitucionalización del Estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia: un recorrido histórico por el derecho nacional

Luis Fernando Bermeo Álvarez

El Poder Judicial en las constituciones de la independencia de Antioquia

Rodrigo Campuzano Cuartas

Influencia de las tertulias literarias en la Independencia

Hernán Alejandro Olano García

La ley Norma escrita en el archivo del cabildo colonial

Alfonso Rubio

La ocultación de bienes del arzobispo Feliciano de la Vega, y la actuación del obispo visitador Palafox al respecto

Juan Pablo Salazar Andreu

Desarrollo constitucional de los derechos humanos en Colombia

Carlos Gabriel Salazar Cáceres

Atlántico: de cómo se construyó un departamento

Adelaida Sourdis Nájera

Introducción

De la Colonia a la Independencia reúne los estudios de varios profesores nacionales y extranjeros, que hacen parte de la Red de Investigadores del Instituto Colombiano de Historia del Derecho, que desarrolló durante 2015 en la Universidad de La Sabana su encuentro, y contó con la presencia de profesores e investigadores de la historia del derecho, historiadores, abogados, licenciados en Ciencias Sociales, y en Bibliotecología y Archivística, y estudiantes de esas carreras, con el objetivo general de presentar resultados de investigación nacionales o internacionales, o de otras entidades públicas o privadas que tengan fines similares a los de la Red, a fin de promover, apoyar y fomentar acciones encaminadas al estudio de la historia del derecho.

Igualmente, con el Encuentro se buscó cumplir con los siguientes objetivos específicos:

Desarrollar acciones que contribuyan a la protección del patrimonio histórico colombiano, la preservación de los valores, símbolos y manifestaciones culturales autóctonas colombianas.

Promover y presentar resultados de las investigaciones realizadas, disciplinares o interdisciplinarias, relacionadas con la historia del derecho.

Promover los estudios históricos que se relacionen con la divulgación de la historia del derecho.

Los ejes temáticos relacionados con el tópico convocante fueron:

Historia del constitucionalismo latinoamericano.

Juntas y constituciones provinciales.

Desafíos de las instituciones jurídicas del siglo XIX al XXI.

Historia constitucional e historia de las instituciones.

El estudio de la historia del derecho se encuentra con el del derecho natural, ius naturale, entendido como una ley que siempre es justa y equitativa, al margen de las costumbres y de los usos morales y jurídicos locales.

Así, el objetivo general de esta compilación es el de sistematizar la concepción histórica del derecho procesal y comprender el significado del derecho comparado como fuente de aplicación auxiliar en el desarrollo de la profesión.

La historia del derecho se define como “el estudio del hombre y la mujer de manera paralela al tiempo y a los fenómenos del derecho”.1

Hay que tener en cuenta, según Londoño Hidalgo,2 unos lineamientos de lo que es la historiografía del derecho en Colombia:

Dispersa: al aproximarse a la historiografía del derecho en Colombia hay que hacerlo desde una perspectiva de integración de los trabajos existentes. Es evidente su existencia; solo es necesario un trabajo de articulación e integración. De ahí que las posiciones facilistas no le den carta de existencia por no existir un cuerpo aparente de obras.

Centrada especialmente solo en aspectos de derecho público: las principales obras de historia del derecho en Colombia son las que forman parte de la rama del derecho constitucional en el derecho público.

Sin continuidad: no hay una secuencia de obras. Hasta ahora se evidencian esfuerzos en ese sentido, como en el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Escasa en su circulación y difusión: algunos de los trabajos más importantes, o están agotados o sus ediciones son de muy corta difusión.

Y es que, según Londoño,

...durante muchos años la historia del derecho fue estudiada no por profesionales de la historia ni por muchos juristas, sino que se estudió también por los docentes y, en general, en muchos casos existieron estudios pequeños que a la luz de hoy son historia del derecho, que provenían de los libros de enseñanza. Estos libros tienen mucha importancia, ya que eran memorizados por los estudiantes y a su vez estos lo hacían con sus hijos, pues formaron parte de una profunda raíz llena de nacionalidad, de héroes y de historias llamativas de entonces.3

Para poder estudiar nuestra historia del derecho, como objetivos específicos, busco que el estudiante de Derecho, e incluso el profesional, capte las semejanzas y diferencias del proceso en el derecho comparado y tenga unas nociones básicas de ellos, que por su propia cuenta le permitan ahondar en el tema cuando sea necesario, pues en la gran mayoría de las universidades, el derecho comparado se ve como algo inalcanzable dentro del desarrollo del programa fijado, pero no como la ciencia de carácter internacional e interdisciplinar, que tiene por objeto el estudio del método comparativo y los sistemas jurídicos del mundo, de ahí que, por ejemplo, en Colombia, el número de profesores de Derecho Procesal sea tan escaso y, en últimas, las universidades deban recurrir a los litigantes para que enseñen lo que los poquísimos tratadistas colombianos han referido sobre el tema en sus elocuentes obras, notándose en ellas el gran vacío de bibliografía y material complementario para desarrollar las asignaturas relacionadas con Historia del Derecho, que prácticamente, por tiempo, se reducen al estudio de unos principios que rigen la disciplina.

Por ejemplo, en el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid, donde se cursa el doctorado y el magíster en Derecho Comparado, el programa incluye las siguientes materias, que se extrañan en los programas que sobre derecho histórico se estudian en Colombia:

El Sistema Romanista y el Germano.

El Sistema Angloamericano.

El Sistema Socialista.

El Sistema Hispanoamericano.

El Sistema o Derechos Islámicos y el Jalmúdico.

Los Derechos Africanos.

Y una serie de seminarios adicionales como:

Desarrollo, evolución y presupuesto del derecho constitucional iberoamericano.

Estudio comparativo de los ordenamientos penales Iberoamericanos.

La privatización en el derecho comparado.

Los códigos civiles iberoamericanos.

La Comunidad Económica Europea e Iberoamericana.

Derecho matrimonial comparado.

Los nuevos contratos mercantiles.

El arbitraje comercial e internacional.

La supranacionalidad y el nacionalismo.

El abogado y el derecho comparado.

La defensa del consumidor en el derecho comparado iberoamericano.

Los movimientos sociales.

La protección al medioambiente en derecho comparado.

El comercio internacional.

Infortunadamente, como lo mencioné, el conocimiento que de estos temas tenemos en Colombia y Latinoamérica es vago e impreciso, razón por la cual gran parte de las publicaciones halladas se limitan casi en su mayoría a definir el derecho comparado y a subrayar el interés y las dificultades que presentan los estudios jurídicos históricos comparados. Tanto es así, que incluso dentro de nuestro mismo Continente es casi imposible conseguir datos.

Sin embargo, pese a que el derecho histórico comparado cobra cada día más vigencia, incluso, nuestra Carta Constitucional colombiana, en su Preámbulo, cita como uno de los fines del Estado la integración latinoamericana y del Caribe, no se ha encontrado la manera de acercarnos al estudio jurídico de otras naciones, pues, como lo dijo Ernesto Samper Pizano, expresidente de la República, somos un país de leyes y nos asfixiamos en ellas sin siquiera aplicarlas, entonces, ¿qué tal que nos complicáramos con lo de los demás Estados ?

De esta manera, Luis Fernando Bermeo Álvarez, Rodrigo Campuzano Cuartas, Alfonso Rubio, Juan Pablo Salazar Andreu, Carlos Gabriel Salazar Cáceres y Adelaida Sourdís Nájera, a través de conferencias centrales, presentación de ponencias y preguntas a los intervinientes, nos muestran un abanico variado acerca de la historia del derecho, como antesala al VI Encuentro que en 2016 desarrollará la Universidad Libre de Colombia.

Hernán Alejandro Olano García

Director Académico

Director del Programa de Humanidades y del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Universidad de la Sabana

1 J. M. Londoño Hidalgo, Teoría de la Historia del Derecho en Colombia. Colección Monografías No. 33, Bogotá, D.C., Pontificia Universidad Javeriana, Temis, 2014, p. 23.

2 Ibid., p. 28.

3 Ibid., p. 68.

La constitucionalización del Estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia: un recorrido histórico por el derecho nacional1

Luis Fernando Bermeo Álvarez2

Resumen

El Estado de emergencia económica, social y ecológica es una figura jurídica que podría ser considerada “joven” en la historia constitucional de Colombia. Tiene su origen en el desarrollo histórico de los Estados de excepción tradicionales (Estado de sitio), sin embargo, en el país, esta figura jurídica es fruto de un contexto histórico particular, en especial desde la segunda mitad del siglo XX, en razón de las crisis económicas nacionales, el surgimiento de los movimientos ambientalistas mundiales y un debate muy particular en torno a la pertenencia de la tierra en Colombia. Estas circunstancias fueron recogidas por la más reciente Constitución Política (1991), para dar fruto al artículo 215 de la misma. Más allá de la redacción normativa constitucional y legal, es importante estudiar esta figura jurídica desde su desarrollo histórico, con la finalidad de dar respuesta a la pregunta: ¿cuál fue el contexto histórico que motivó la creación de esta norma tan particular en la Constitución Política colombiana de 1991? Norma que, además, puede considerarse como innovadora y de gran importancia en el derecho constitucional colombiano de los siglos XX y XXI.

Introducción

El objetivo principal de la investigación es establecer los móviles filosóficos de la figura del Estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia a partir de la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, este trabajo se concentrará en presentar un análisis del contexto histórico de constitucionalización de la citada norma.

A pesar de que tiene su origen jurídico en la reforma constitucional de 1968, el perfeccionamiento de esta figura, lo relacionado con la forma y las situaciones en las cuales se puede decretar una emergencia económica nacional fueron establecidas en la Constitución Política actual, como respuesta al uso abusivo del Estado de sitio en Colombia durante los siglos XIX y XX, utilizándose sin límites temporales y materiales para el ejercicio de las facultades presidenciales, bajo cada uno de los Estados de excepción. Por otra parte, sus controles fueron reforzados mediante la Ley 137 de 1994, tema que no ha permanecido sin aplicabilidad, sino que, contrario sensu, dadas las condiciones ambientales y climáticas de los últimos años, ha sido necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional en aras de garantizar su buen uso, teniendo en cuenta el principio democrático del Estado y los límites impuestos por la misma Carta en el momento de la adopción de esta norma.

En este sentido, este trabajo trata de precisar cuál ha sido el contexto histórico de los Estados de excepción en Colombia y, a su vez, la constitucionalización de la emergencia económica, social y ecológica.

Marco histórico de los Estados de excepción

Los Estados de excepción en las constituciones de Colombia antes de 1886

En Colombia, la figura jurídica de los Estados de excepción entró a regir con la Carta Política de Villa del Rosario en 1821, la primera Constitución Política en la historia del país.3 El artículo 55 de la citada Constitución consagraba las atribuciones especiales del Congreso de la época, y el numeral 25 de esta norma incluía la posibilidad de que el órgano legislativo concediera las facultades extraordinarias que se consideraran necesarias y suficientes para contener las apariciones guerristas en el territorio de la naciente república, así como el artículo 128 preveía las facultades extraordinarias del presidente en casos de conmoción interior.

Estas normas son la semilla de los Estados de excepción en nuestro ordenamiento jurídico actual, y sirvieron de base normativa para defender la independencia después del periodo denominado “La patria boba”. Sin embargo, en la Constitución de 1830 no fueron incluidas dentro de la Carta fundamental, siendo introducidas en la siguiente Constitución, llamada “Del Estado de la Nueva Granada”, en 1832. En esta Constitución se incluyeron tres normas reguladoras del Estado de excepción, en los artículos 108, 109 y 110.

Estas normas tienen, en comparación con las de 1821, una regulación más precisa y mejor estructurada, pero al igual que las primeras, fueron olvidadas por las posteriores constituciones de 1843, 1853, 1858, 1863. Solo hasta la del año 1886 se volvieron a incluir normas para regular los Estados de excepción. El siguiente cuadro nos muestra dicha evolución:

Evolución constitucional del Estado de excepción

Año

Título de la Constitución

Estados de excepción4

1821

De la República de Colombia

Art .55, núm. 25 y art. 128

1830

De la República de Colombia

No se contempla

1832

Del Estado de la Nueva Granada

Arts. 108-110

1843

De la República de la Nueva Granada

No se contempla

1853

De la República de la Nueva Granada

No se contempla

1858

De la Confederación Granadina

No se contempla

1863

De los Estados Unidos de Colombia

No se contempla

1886

De la República de Colombia

Arts. 121 y 1225

1991

De la República de Colombia

Arts. 212-215

Los Estados de excepción en la Constitución de 1886

Después de la Constitución de 1843, la Carta de 1886, en su artículo 121, consagró la posibilidad de investir al presidente de facultades extraordinarias para “defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento”.

La figura del Estado de emergencia fue creada a partir de la reforma constitucional del año 1968, por medio del acto legislativo 1 del 12 de diciembre del mismo año, que la mostraba como una alternativa a los Estados de excepción tradicionales: Estado de sitio y Estado de guerra exterior.

A finales de los años sesenta del siglo pasado, Colombia se encontraba inserta en una estrategia política diseñada por los partidos tradicionales (Liberal y Conservador); el denominado Frente Nacional se había puesto en macha como un remedio político-jurídico para la violencia interna de la época.

El tercer mandato de este pacto político se encontraba a cargo de los liberales y su candidato a la presidencia era Carlos Lleras Restrepo. Las elecciones de 1966, las ganaría por un buen margen sobre el opositor, José Jaramillo Giraldo, candidato de la Alianza Nacional Popular (Anapo).6

Sin embargo, tras la victoria presidencial se avecinaban las primeras adversidades, las cuales serían posteriormente el contexto que posibilitaría la creación de la norma sobre el Estado de emergencia económica y social.

Solo transcurrieron dos semanas desde la elección de Lleras Restrepo y se había suscitado un conflicto entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La crisis económica del país por el retraso en el pago de la deuda externa e interna, y los malos rendimientos de la política cambiaria en aquel momento, hicieron que el Gobierno de Lleras solicitara un préstamo al FMI. La respuesta a la solicitud de Colombia fue un proyecto de medidas económicas que se tendrían que poner en marcha para el desembolso del dinero; la más importante de estas era la devaluación masiva. El Gobierno nacional contestó con un proyecto en el cual se recogían algunas pautas del FMI (control del déficit fiscal, etc.), pero el presidente y su equipo de trabajo no estaban dispuestos a realizar una devaluación masiva.7 Los ajustes sí se realizarían, pero sin esta medida; en cambio, surgió el llamado “gota a gota”.

El choque con el FMI le produjo a Lleras Restrepo una alta estimación en la sociedad colombiana de la época; en este sentido, esfumó los argumentos de la oposición en su contra y permitió una aceptación casi total de su proyecto de Gobierno en la institucionalidad del país. En este contexto, se pone en acción el proyecto de medidas económicas para conjurar la crisis, mediante la declaratoria y posterior aprobación del Estado de sitio en 1966, con el cual, Lleras Restrepo expidió los decretos en materia económica. Este ambiente propicio para el Gobierno nacional abonó el terreno político para la reforma Constitucional de 1968.

Misael Pastrana Borrero inició el trámite de la Reforma en 1966, la cual tuvo grandes debates y una fuerte oposición de casi todos los grupos políticos del país, pero el 11 de junio de 1968, Carlos Lleras Restrepo decide presentar su renuncia ante el Congreso, como una forma de presionar al órgano legislativo para que aprobara su reforma.8 Este riesgo que asumió el presidente funcionó políticamente a la perfección, dado que la opinión pública inmediatamente se volcó hacia el Congreso con malos ojos, mientras que Lleras era el “redentor de la patria”, y quien en realidad tenía intención de trabajar por el país.

A manera de conclusión sobre la reforma constitucional de 1968, es menester anotar que la intención del Gobierno era desmontar poco a poco el Frente Nacional, sin perder los fundamentos de la democracia bipartidista, aumentar el poder del Ejecutivo y reducir el poder del Congreso. En materia económica, el Estado de emergencia fue la salida para que el Ejecutivo tuviera cómo ordenar las medidas que dispusiera sin las “necedades del Congreso” y sin tener que recurrir a la desprestigiada figura del Estado de sitio.

Con esta nueva forma de concebir los Estados de excepción,9 se incorporó a la Constitución colombiana la emergencia económica o social. En este sentido, se observa una regulación muy detallada sobre esta nueva forma de asumir facultades extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo. Hay en la redacción de la norma una fuerte evidencia formal del control que ejercían los demás poderes sobre el presidente, en especial después del Gobierno de Rojas Pinilla.

El Congreso podía en todo momento derogar los decretos con fuerza de ley que dictara el presidente en ejercicio del Estado de emergencia, y la Corte Suprema de Justicia tenía el deber de estudiar los decretos dictados en esta situación para establecer si se mantenían o no en los límites de la Constitución. En este sentido, la Corte también podía dejarlos sin efecto.

En estos términos se incluye el Estado de emergencia dentro de la Constitución Política del país. Esta reforma estaba dirigida a cambiar la forma de entender la economía del país y fue una innovación en la materia.

Antes, Alfonso López Michelsen, como jefe del movimiento revolucionario liberal, había copiado la figura de la emergencia económica de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (Constitución Alemana después de la Segunda Guerra Mundial), presentó un proyecto al Senado, iniciativa que no fue acogida en aquel momento.

El propio López Michelsen fue el primer presidente en decretar un Estado de emergencia económica el 17 de septiembre de 1974,10 para conjurar una inflación “desastrosa”. En 1983, el presidente Belisario Betancur decretó una emergencia económica por el colapso del grupo financiero Grancolombiano y de otros bancos (Nacional y del Estado).11 Por último, la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, condujo a la declaratoria de un nuevo Estado de emergencia,12 esta vez social, también en el Gobierno de Betancur; con este se trató de conjurar esta situación catastrófica, que dejó al menos 22.000 personas muertas y una conmoción profunda en la memoria de Colombia y del mundo.

Control constitucional del Estado de sitio en la Carta de 1886

Antes de la vigencia de la Constitución Política Nacional de 1991, la Carta de 1886 confiaba a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución. Las normas sujetas a la acción de inconstitucionalidad eran en primera medida leyes y decretos con fuerza de ley, solo a partir de 1978 hubo una modificación jurisprudencial en la que la Corte Suprema declaró inexequible el Acto Legislativo 2 de 1977, con lo que incluyó dentro de su competencia el análisis de constitucionalidad de los Actos Legislativos.

La Corte Suprema asumió tres formas de ejercer su jurisdicción: 1) la preventiva, 2) la posteriori y 3) la obligatoria, oficiosa o automática; esta última recaía sobre los decretos legislativos que expidiera el presidente en ejercicio de atribuciones dadas por el Estado de sitio, consagrado en el artículo 121, o el Estado de emergencia económica, regulado en el artículo 122; en este caso, la acción ciudadana para impugnar la constitucionalidad del decreto se realizaba únicamente dentro de los tres días que duraba fijado en lista el asunto en la secretaría de la Sala Constitucional.

Durante la vigencia de la Constitución anterior (la del 1886), se abusó tanto de lo que entonces se denominaba “Estado de sitio”, que la situación se hizo irrisoria por lo paradójica: lo normal era lo anormal y viceversa.

Se vivía en permanente Estado de sitio y, por tanto, la plena vigencia de los beneficios del Estado de derecho solo se daba en el papel. La práctica y la realidad eran bien diferentes.13

Hasta este punto, se han reconstruido los antecedentes normativos y algunos hechos históricos que dieron lugar y vida en el mundo jurídico a los Estados de excepción y, en especial, al Estado de emergencia, al punto de ser una norma consagrada en la Constitución Política, primero en 1821, luego en 1832, 1886, en la Reforma Constitucional de 1968 y, finalmente, en la Constitución Política de Colombia de 1991.

A continuación se estudiarán los antecedentes del Estado de emergencia, en específico sobre la situación de emergencia ecológica, la cual tiene un despliegue histórico totalmente distinto del hasta aquí expuesto.

Antecedentes de los derechos de tercera generación y el Estado de emergencia ecológica en Colombia14

A mediados de los años sesenta del siglo xx, a raíz de la contaminación industrial en Europa, la población confirmó una preocupación que se venía indagando desde hacía varios años: los efectos de la lluvia ácida sobre la vegetación y demás seres vivos. Con el desarrollo industrial, Europa se convirtió en un fuerte bloque económico en todo el mundo; sin embargo, de la mano de la acelerada carrera productiva, la emisión de gases contaminantes hizo que la capa de ozono poco a poco se deteriorara, al punto de generar en esta un agujero por el cual se filtran los rayos solares sin protección alguna para los seres vivos del planeta.

Este fenómeno, hoy conocido como el “efecto invernadero”, trajo las primeras lluvias ácidas con las que se pudieron constatar los efectos que tenía este fenómeno sobre la vegetación; esta lluvia quemaba las plantas, de manera que el ácido producido modificaba su estructura celular al punto de acabar con la vegetación; a su vez, los frutos de los árboles no podían ser ingeridos por el ser humano, en razón de su efecto devastador, muy similar al de un veneno.

En términos generales, esta lluvia provoca la infertilidad de la tierra y, en consecuencia, el hombre no puede acceder a nada que provenga de esta; pero las consecuencias de este fenómeno no acaban en la tierra, se extienden hasta los ríos y los mares. El agua que brota de los ríos como producto de la lluvia, tampoco puede ser utilizada.

En este contexto, es claro que la lluvia ácida tiene un efecto destructor sobre las condiciones de habitabilidad del planeta (entendido como hiperecosistema), por consiguiente, en el ecosistema del hombre. La mano productiva del ser humano repercute en el deterioro de la propia naturaleza del planeta, en otras palabras, la productividad tiene un componente suicida que el ser humano evidencia a medida que avanza la reflexión sobre el desarrollo económico.

La conciencia de la población europea en vista del daño que estaba causando el desarrollo industrial en el planeta, fue modificando su tendencia industrializada a tal punto que se crearon los primeros grupos “ambientalistas o verdes”, quienes eran en su mayoría intelectuales de “izquierda”. Pero más allá de ser un grupo de estudiosos, filósofos, profesores, biólogos y demás, también eran un grupo político, tanto que se crearon partidos políticos, como el caso de Alemania, con la motivación de proteger el planeta.

A su vez, con el apoyo de grandes capitales, empresas nacionales y multinacionales, se conformaron otras organizaciones, de tal manera que el pensamiento de los filósofos “verdes” fue modificando el concepto de desarrollo económico a todo nivel. Con este apoyo, los ambientalistas lucharon en contra de las centrales industriales de explotación natural indiscriminada, el comercio animal y las políticas tendientes al deterioro de las áreas naturales. A su vez, se infiltraron en las universidades, llevaron a cabo investigación científica en este campo para sustentar sus objetivos y fueron generando un esquema de pensamiento específico, un movimiento que tuvo parte de filosófico, científico y político, para generar una transformación en el pensamiento de la población humana del siglo XX.

A partir de las inquietudes de estos movimientos, se realizaron las primeras conferencias internacionales, de tal forma que se empezó a difundir el tema por todo el mundo, en parte como preocupación y en parte como moda.

Así, en 1972, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (UNCHE, por sus siglas en inglés) en Estocolmo, Suecia.

Allí, en el discurso de apertura se estableció un concepto clave dentro de este nuevo paradigma histórico: El planeta es el país de todos. “En la medida en que ingresamos a la fase global de la evolución humana, es obvio que cada hombre tiene dos países, el suyo propio y el planeta”.15

El caso del parque Tayrona

En 1970, una iniciativa gubernamental de transformar el parque Tayrona en un complejo turístico de altísimo nivel, suscito un álgido debate nacional acerca de las reservas naturales del país y la conciencia ecológica de la sociedad colombiana.

El presidente de aquel entonces, Misael Pastrana, defendió la propuesta en la que existían grandes intereses económicos extranjeros que aseguraban sendos dividendos del negocio para los recursos públicos. Más allá de esta “promesa”, algunos funcionarios públicos que desempeñaban altos cargos desde anteriores administraciones, decidieron renunciar por este acto que consideraban antiecológico y también poco ético desde el punto de vista ambiental.

Tales reacciones conmovieron a muchos sectores de la sociedad colombiana, como los medios de comunicación, las universidades y sus grupos de investigación,16 extranjeros residentes en Colombia que se encontraban haciendo estudios biológicos, algún sector de la Iglesia, dirigentes políticos, congresistas; en general, se produjo una gran conmoción social en sobre el tema.

La iniciativa gubernamental tenía asidero en un estudio ordenado por la Corporación Nacional de Turismo para proyectar el desarrollo de la región Caribe. Este estudio recomendó la construcción de un complejo hotelero y recreacional orientado al turismo de lujo en las bahías del parque Tayrona. En 1972, se había dado vía libre para la realización de este complejo turístico, solo faltaba la autorización del presidente de la república (Misael Pastrana). De manera rápida y precisa fue creciendo el debate desde todos los sectores de la población mencionados.

A partir de la divulgación que hizo el periodista Daniel Samper en su columna de el diario El Tiempo, en conjunto con el trabajo investigativo de Alberto Donadío, de un estudio realizado por el Inderena que mostraba, por una parte, una gran proyección económica de la región y del país, pero por otro lado, la devastación de importantísimas áreas naturales del parque y consecuencias muy perjudiciales para los grupos indígenas de la región, en el Congreso se anunció un debate, que contó con cientos de documentos en contra del proyecto; asimismo, estudiantes, profesores, profesionales del área, organizaciones no gubernamentales como la World Wild Life Fundation, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Grupo Sierra, mostraron su posición de reversa a dicho proyecto.

La sesión duró treinta y seis horas. La propuesta: “Consérvese el parque natural Tayrona y prohíbanse en él los desarrollos turísticos hoteleros” fue aprobada por la mayoría de los participantes. Sin embargo, el presidente, a través del ministro de Desarrollo, ordenó entregar dos bahías del parque natural para dicho proyecto.

La reacción de los grupos disidentes no se hizo esperar, como el proyecto era cofinanciado entre el grupo de inversionistas privados y el Estado, los representantes de los grupos ecológicos viajaron a Washington para solicitar ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial que no emitieran los bonos de préstamos para financiar esta propuesta de desarrollo turístico.

Su esfuerzo no fue en vano, pues, a la postre, los créditos fueron suspendidos y la propuesta fue descartada por la siguiente administración nacional, en cabeza del presidente López Michelsen.

De este modo, el parque el Tayrona se convirtió en símbolo de ecología y de pertenencia más que económica a la tierra en Colombia.

Ecos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Colombia

A partir de la conferencia de Estocolmo (Unche), la mayoría de los Estados implementaron políticas ambientales en sus ordenamientos internos; otros, en cambio, no requerían de legislación interna por la sola disposición internacional.

En Colombia, la Universidad Nacional fue pionera en materia ambiental, suscitando la necesidad de un Código Nacional que versara sobre recursos naturales y medioambiente en 1973.

Esta idea fue estructurada, al punto que en ese mismo año, el Congreso le dio facultades extraordinarias al presidente y fue así como el Alfonso López Michelsen sancionó el Decreto Ley 2811 de diciembre de 1974.

Cabe recordar el contexto político de la administración de López Michelsen, en el que tuvo lugar el debate sobre el parque Tayrona arriba mencionado, contexto que ayudó al movimiento ambientalista colombiano a insertarse dentro del fervor nacional.

Otra teoría sobre la sanción de esta ley, sugiere fuerzas de presión europeas que repercutieron sobre el Gobierno colombiano para que tomara medidas de protección ambiental en los cafetales, las plantaciones de plátano y demás alimentos en general.

Este contexto es el origen de lo que en materia jurídica conocemos como “derechos de tercera generación”, en consonancia con las necesidades de protección ambiental de nuestro planeta como hiperecosistema.

A su vez, el Decreto Ley 2811 de 1974. es el antecedente histórico-jurídico de nuestros derechos colectivos y del ambiente consagrados en la Constitución Política de 1991.

Apuntes sobre el proceso de la Constitución de 1991

La violencia ha sido el hilo conductor de la historia de Colombia desde su creación como nación independiente, hasta la actualidad; la sombra de la guerra ha permeado todos los escenarios políticos, las esferas sociales y la economía del país.

El bipartidismo siempre se ha resguardado en el conflicto armado interno para legitimar su maquinaria política y la ostentación del poder; a tal punto han logrado controlar el poder político nacional, que desde la época de “La patria boba” hasta el día de hoy, siempre han sido conservadores o liberales los que han marcado el escenario de los cargos políticos importantes para el país, sin dejar alguna posibilidad concreta a las demás alternativas políticas para gobernar.

En diciembre de 1957,17 se ordenó que “cualquier cambio constitucional lo efectuase el pueblo y de allí en adelante solo lo pudiese hacer el Congreso por medio de Actos Legislativos”.

La idea de esta regulación era perpetuar la Constitución Política de 1886 y el sistema político bipartidista de Gobierno liberal y conservador, que imperaba hasta entonces.

Posteriormente, se instauró el Frente Nacional, a partir de la presidencia de Alberto Lleras Camargo; en los años que siguieron hasta 1990, se potencializaron las guerrillas, tanto de izquierda (M-19, FARC, ELN, etc.) como de derecha (paramilitares); la economía colombiana entró en grandes crisis por la mala administración política, y se instauró el narco-mercado y la narco-economía como fenómeno cultural de Colombia.18

En el contexto de la crisis del país de los años setenta a noventa en cuanto a la guerra contra el narcotráfico y la violencia que imperaba, surge en el movimiento estudiantil la propuesta de “la séptima papeleta”, hecha en las elecciones para cuerpos colegiados de marzo de 1990; en esta se pedía que se agregara una papeleta más, en la cual se preguntaba si se quería o no más guerra.

El Decreto 927 de 199019 acoge como de carácter constituyente la propuesta de la séptima papeleta. La Corte Suprema de Justicia declaró exequible el mencionado decreto mediante la sentencia 59 del 24 de mayo de 1990. Fueron 3´100.000 votos los que permitieron que en las siguientes elecciones se votara por una nueva asamblea constituyente.20

En las elecciones presidenciales del mismo año se introdujo la pregunta de si debía convocarse a una Asamblea Constituyente.21 Las elecciones las ganó el ministro de Gobierno del presidente anterior, es decir, César Gaviria Trujillo, quien de inmediato expidió un decreto de Estado de sitio,22 en el cual se le daba viabilidad a la Asamblea Constituyente para que determinara su integración y funcionamiento, y los temas que se discutirían.23

La Corte Suprema de Justicia declaró exequible este decreto mediante la sentencia 138 del 9 de octubre de 1990, con salvamentos de voto. Quedaban así sentadas las bases para una nueva Constitución Nacional, que no fue una imposición hegemónica de ningún partido sobre otro,24 siendo relativamente democrática (en su más concreto sentido).

Sin embargo, al día de hoy sobrevive una contradicción de este proceso, en razón a que podría decirse que la Constitución de 1991 fue inconstitucional, desde el punto de vista de algunos,25 porque la interpretación que la Corte había hecho de la Carta Política de 1886, en estricto sensu, no era acorde a los lineamientos propuestos por la reforma plebiscitaria de 1957.

Conclusión

En este contexto histórico fue concebido el Estado de emergencia económica, social y ecológica en la Constituyente de 1991, que dio lugar a la creación de la norma constitucional que se materializa hoy en día y se consagra en el artículo 215 de la actual Constitución Política.

El uso de un mecanismo que agilice las medidas para solventar una situación nacional de tipo económico, ecológico y social; o de inminente peligro de la seguridad nacional por razones internas o exteriores, fue planteado a partir de la figura de “emergencia económica”.

No obstante, el perfeccionamiento de esta figura, es decir, lo relacionado con la forma y las situaciones en las cuales se puede decretar una emergencia nacional, fueron establecidas en la Constitución Política Nacional de 1991, como respuesta al uso abusivo del Estado de sitio en la Constitución nacional de 1886, fijándose de este modo límites temporales y materiales al uso de las facultades presidenciales bajo cada uno de los Estados de excepción.

También, mediante la Ley 137 de 1994, fueron reforzados los controles de los Estados de excepción. Este tema no ha quedado estático desde 1991, sino que dadas las condiciones ambientales de los últimos años, ha sido necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional en aras de garantizar su buen uso, la democracia y los límites impuestos por la Carta en el momento de establecerlos.

En los artículos 212, 213, 214, 215 de la Constitución se establecen los Estados de excepción, que son: guerra exterior, conmoción interna y emergencia económica, social y ecológica; la razón de ser de la figura del Estado de emergencia económica, social y ecológica es la de superar una situación de anormalidad en la que el país se encuentra y que además representa una amenaza para la estabilidad del orden.

Con la Corte Constitucional como tribunal especializado para los asuntos constitucionales, y con la guía de los principios y valores del Estado social de derecho, el carácter permanente que habían adquirido los Estados de excepción en el país, y la declaración del Estado de sitio y el Estado de emergencia desapareció; poco a poco, se fue desarrollando al interior de la jurisprudencia constitucional una teoría sobre los Estados de excepción que limitara el carácter de la declaratoria; al lado del control constitucional formal sobre los decretos dictados en desarrollo de los Estados de excepción, la Corte aplica un control constitucional material (y no solo formal como lo venía haciendo la Corte Suprema) a los decretos que anuncian el Estado de anormalidad, con lo que la Corporación hace un análisis del presupuesto objetivo y de la real perturbación y amenaza que causa una determinada situación.

Con el fin de controlar adecuadamente el ejercicio de los poderes del Ejecutivo en los Estados de excepción, evitando los abusos que en el pasado se cometieron bajo la figura del Estado de sitio, el constituyente y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional han sabido distinguir los tres Estados de excepción más claramente.

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1 Este texto es una versión resumida del informe final del proyecto de investigación: “Estado de emergencia económica, social y ecológica en el derecho colombiano”, presentado en el año 2013 al Departamento de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, como producto del grupo de investigación “Filosofía del derecho y derecho constitucional” de la misma universidad. Este proyecto fue dirigido por el profesor David Enrique Mercado Pérez y elaborado en conjunto por el mismo docente-investigador y Luis Fernando Bermeo Álvarez, autor del presente artículo, como estudiante investigador durante los años 2012-2013.

2 Abogado egresado de la Universidad de Cartagena. Estudiante de la Maestría en Derecho, con énfasis en investigación, en la Universidad del Norte. Abogado Sustanciador del Despacho de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. lbermeo@uninorte.edu.co

3 C. Peláez, Estado de derecho y Estado de sitio, Bogotá, Temis, 1955, p. 135; C. Restrepo, Primeras constituciones de Colombia y Venezuela 1881-1830, Bogotá, Editorial Universidad Externado de Colombia, 1993, p. 66. En 1811, se promulgó la primera constitución en el territorio que hoy es Colombia, fue la Constitución de Cundinamarca, la cual incorporó la figura del estado de sitio en los artículos 34 y 53; esta fórmula de estado de sitio siguió reproduciéndose en el periodo conocido como de “La patria boba”, en las Constituciones de Antioquia (1812), Cartagena (1812) y Mariquita (1815).

4 Se utilizó el término genérico de estados de excepción para referirse a todas las normas tendientes a regular estados de sitio, de conmoción interior, guerra exterior o emergencia que se han consagrado en las constituciones colombianas.

5 Es el artículo introducido por la Reforma Constitucional de 1968, que crea el estado de emergencia económica y social, por primera vez en la historia de Colombia; fue incorporado por el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, en un contexto económico de crisis nacional, el cual más adelante será abordado con detenimiento.

6 Algunos de sus integrantes son hoy militantes del Polo Democrático Alternativo. La Anapo, fue disuelta oficialmente en 2005.

7 La devaluación había sido aplicada antes en Colombia por Guillermo León Valencia, y había producido nefastas consecuencias para la clase media y baja del Estado colombiano. La oposición de Lleras Restrepo también presionaba al Gobierno, creían que una vez en el poder, promovería la devaluación.

8 La causa que adujo para su renuncia fue precisamente la no aprobación de su reforma en el Congreso.

9 D. Mercado, “La interpretación en el derecho”, Revista jurídica, núm. 15, 1998, Cartagena, Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, p. 104. Colombia vivió un periodo casi completo de estado de sitio durante 1949 hasta 1958, desde el cierre del Congreso por Ospina Pérez y durante los gobiernos que siguieron, utilizando los decretos de excepción como forma general de ejercer el poder.

10 Camargo, P., Los estados de excepción, Bogotá, Editorial Leyer, 2008, p. 84.

11 Idem.

12 Idem.

13 Corte Constitucional, sentencia C-466 de 1995, M. P. Carlos Gaviria Díaz.

14 Este aparte de la investigación fue presentado como ponencia en el NODO Caribe 2012, realizado en la ciudad de Cartagena, por el investigador Bermeo; el trabajo lleva por título original: “Breves antecedentes internacionales y nacionales de los derechos de tercera generación”.

15 M. Rodríguez, “Medio ambiente”. En S. Ramírez y L. Restrepo. Colombia: entre la inserción y el aislamiento, la política exterior colombiana de los años noventa, Bogotá. Siglo del Hombre Editores / Iepri Universidad Nacional, 1997, p. 237. Ver también, B. Ward y R. Dubos, Una sola tierra: el cuidado y conservación de un pequeño planeta, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.

16 Para la época, el movimiento estudiantil había cobrado muchísima fuerza en el país luego de lo ocurrido en Francia durante el Mayo del 68.

17 Bajo el mandato de la junta militar que gobernó temporalmente desde la caída de Gusta Rojas Pinilla hasta 1958, cuando se posesiona como presidente Alberto Lleras Camargo.

18 El impacto del narcotráfico en Colombia fue a todo nivel, en lo económico acrecentó las crisis debido a la cantidad de dólares en el mercado y el lavado de dinero, lo cual hizo que el peso se depreciara; en lo político, el poder del dinero le permitió a la mafia comprar a los dirigentes nacionales, con miras a legalizar su negocio. En lo social fue muchísimo más fuerte, por una parte, el mafioso era temido y odiado por las olas de violencia, el sicariato y la inseguridad; por otra, hacía una labor social de beneficencia con miras a legitimar el negocio del narcotráfico.

19 Decreto de estado de sitio proferido por Virgilio Barco, presidente de la República de la época.

20 D. Mercado, “La interpretación en el derecho”, op. cit., p. 110.

21 Ibid., p . 111.

22 Decreto Legislativo 1926 de 1990.

23 D. Mercado, “La interpretación en el derecho”, op. cit.

24 Idem.

25 Incluso de los magistrados que salvaron el voto en la mencionada sentencia.

El Poder Judicial en las constituciones de la independencia de Antioquia

Rodrigo Campuzano Cuartas1

Al producirse la crisis de la monarquía española, y, como consecuencia, la del virreinato neogranadino, en Antioquia se desató un proceso en el cual, por primera vez, comenzó la experiencia de erigir un gobierno fundamentado en los principios republicanos. No existía un programa preestablecido de transformación dirigido a la emancipación de la Corona española, sino una respuesta a la situación. De ello surgió un Gobierno transitorio, donde paulatinamente la autonomía dio lugar a la ruptura con España y, al poco tiempo, el surgimiento de la República. Quienes como protagonistas del nuevo proceso político plasmaron sus ideales, fueron individuos provenientes de los principales lugares de la provincia, donde sus ancestros tenían la hegemonía sobre el gobierno local. Entre ellos hubo, no obstante, discrepancias respecto a dos aspectos: una minoría realista, que al oponerse al cambio, lo desprestigió ante la opinión pública y debió ser sometida y, dentro de las élites locales, la disputa por el privilegio de ser la capital sede del Gobierno republicano.

Ahora bien, entre los componentes centrales del naciente régimen republicano, existió una administración de justicia a la cual se llamó “Poder Judicial” por los constituyentes que redactaron las cartas fundamentales.2 Cuando por primera vez se usó el concepto, su significado quedó implícito puesto que para la Junta Superior Provincial Gubernativa, autora de una constitución el 27 de abril de 1811, bastó estructurarlo, como a uno más de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Fiscal3.

Por entonces, habían transcurrido ocho meses de gestión y la Junta consideró que ya había cumplido su papel de relevar al Gobierno que había dejado la crisis de 1810.4 Su argumentación consistió en considerar que era anómalo permanecer gobernando, por ser contrario a la separación de los poderes estatales. Expidió, en consecuencia, su “Reglamento de Constitución Provisional para el Estado de Antioquia”, pero fracasó, no por la resistencia de los cabildos a una constitución, sino en la forma como fue aprobado, al no ser producto de un poder constituyente debidamente electo. También influyó la disputa entre la villa de Medellín y la ciudad de Antioquia por ser la capital de la provincia. En efecto, de inmediato el cabildo de aquella Villa rechazó la Constitución e hizo que la Junta convocase a elecciones de representantes de los departamentos de la provincia a una asamblea constituyente. Su deliberación se cumplió, y en mayo de 1812, concretó una nueva Carta política5.

Ahora sí existió una definición del poder judicial, cuando con una precisa caracterización el constituyente de 1812 lo consideró como “la facultad de aplicar las leyes a los casos particulares, ya sea decidiendo las querellas y demandas que ocurran entre partes, dando a cada ciudadano lo que le pertenece, ya imponiendo a los delincuentes e infractores las penas que han establecido las mismas leyes”. La inspiración al definir tan importante responsabilidad para regular el orden social, fue el conocimiento de la recién constituida República de Cundinamarca, un modelo tomado casi textual. En ambos casos, el constituyente actuó centralizadamente en la asignación de esta potestad, y no la asignó al conjunto de las instituciones responsables de juzgar, sino a la de mayor autoridad judicial. Una razón consistió, en que le correspondería fallar los casos en última instancia y las demás quedaron subsumidas a su vigilancia. Ella se llamó Supremo Tribunal de Justicia y no se le denominó Audiencia, puesto que para el constituyente el poder judicial implicaba otro tipo de institucionalidad acorde a las transformaciones de la justicia moderna. Es decir, entre una y otra institución, la diferencia fundamental fue el contexto estatal al que pertenecieron: una república y una monarquía.

No obstante, fue lógico que Tribunal y Audiencia coincidieran en concentrarse solo en tratar la conflictividad criminal y civil, en ser sus integrantes los más expertos juristas, en tener una Fiscalía en función de defender los intereses gubernamentales, y en ser numerosos sus interlocutores subalternos. Un hecho fue claro: el Tribunal llenó el vacío dejado por la falta de la Real Audiencia como última instancia y máxima autoridad, pero lo distanció su especificidad judicial frente a una Audiencia más participativa en la gestión pública virreinal. A su vez, los integrantes de una y otra institución contrastaron: los ministros de la primera y los oidores de la segunda, aquellos jueces por corto tiempo en su institución y estos, funcionarios de carrera en la Rama Judicial.

Los constituyentes y la justicia civil y criminal

El Tribunal de Justicia fue denominado Superior o Supremo para reconocer su predominancia sobre el sistema de justicia dentro del Estado y atribuirle representatividad pública. Como primera institución del sistema judicial, su deber fue dirimir “las segundas y terceras instancias, o recursos de apelación y súplica de todos los asuntos contenciosos, tanto civiles como criminales”. No le correspondería fallar casos en primera instancia puesto que para ello estarían los juzgados inferiores y, si lo hiciera, no existiría en la República quien fallara las segundas y terceras instancias. Solo se creó una excepción a ello, dirimir la primera instancia de los juicios civiles y criminales contra “los miembros de los tres poderes”, es decir, sus altos integrantes.

Su nacimiento se debió a la Junta Superior Provincial, una institución gubernamental que en 1811 lo llamó Tribunal Superior de Justicia y Gobierno. El nombre cambió definitivamente en 1812, por el de Supremo Tribunal de Justicia, sin otra competencia que ejercer la justicia civil y criminal, e igual aconteció con el constituyente de 1815. La diferencia denota dos intenciones, unir la justicia y el Gobierno y concebirlos separados; el contraste representó concebir al organismo próximo al desempeño habitual de una Audiencia y verlo como institución independiente de los demás poderes estatales. Luego, el constituyente consideró su organización; primero en 1811, como una institución adaptable a las leyes que “hablaban de las Audiencias y sus ministros”. Ante este tradicional tono, los constituyentes de 1812 y 1815 optaron por no inscribirlo en el pasado y, más bien, incluir artículos sobre aspectos específicos, indispensables para iniciar actividades. Les interesó el nombramiento y la composición del Tribunal, la elección anual “por suerte” del presidente, el personal auxiliar que debía existir y su escogencia. En lo que sí coincidieron los tres asambleístas constituyentes antioqueños, fue en disponer que los jueces aplicaran las leyes sin tener en cuenta la diversidad social y económica, puesto que ante ellas todos serían iguales. La determinación fue una consecuencia de un principio fundamental de los “Derechos del Hombre en sociedad”, y del establecimiento de un orden republicano. Para ellos no importó que se fuese contrastante con el trato desigual dado a los individuos según sus marcadas diferencias, puesto que el tema era otro: la igualdad en un estatuto de formación de un nuevo Estado y cómo debía aplicarse cuando sus jueces juzgasen los actos de las personas. En otras palabras, sabían que no podían alterar el orden tradicional jerárquico de las relaciones socioeconómicas en que principalmente se fundamentaba la disparidad, pero a la vez obedecían al mandato que la teoría considera pertinente, aplicada en los países que lideraban la implantación de la cultura política moderna. Que este referente estuvo muy presente, lo indica el artículo 11 de la Sección Cuarta en la Constitución de 1812, el cual muestra la forma como se procedió asimilando experiencias ajenas; así se inició y concluyó: “Habiendo manifestado la experiencia de muchos años en la Inglaterra, y últimamente en los Estados Unidos de Norteamérica, que el juicio por jurados iguales al reo, […] es el antemural más fuerte contra la opresión y la tiranía […]”, concluía en que fuese un deber de la legislatura formar la opinión e ilustrar “al pueblo sobre este punto de tanta importancia”. Sí, para ellos el ideal fue un referente externo que a la distancia vieron como perfecto, totalmente opuesto a la manera propia de impartir justicia, en este sentido el artículo ordenó a dicha Legislatura que una vez instruido el pueblo, “introducirá la expresada forma de juicios, aboliendo la actual que tiene tamaños defectos”6.

De esta manera, quedaron planteados dos modelos de justicia, la constitucionalmente deseada y teórica, y la realmente existente. Esta última, varias décadas atrás, había sido descrita críticamente por uno de los últimos gobernadores coloniales, Francisco Silvestre. Así la identificó: “se administra con aceptación, y miramiento a las personas. El que no lo hace así, […] experimenta luego el resentimiento, no solo del que se creyó agraviado, si no es de toda su Familia, y de sus Amigos”.7 La percepción negativa de este mandatario estaba determinada por ese sentido reformista y crítico del funcionario de la Ilustración, y viene al caso porque a pesar del transcurso del tiempo, el juicio del constituyente no era distante. Lo evidencia la Constitución citada de 1812 en otro de sus artículos, donde sus autores manifiestan que la justicia debería ser rápida y gratuita en “cuanto fuese posible”, y para ello asigna la responsabilidad a la legislatura de disminuir “los términos y plazos judiciales”, reformar “las costas excesivas”, castigar “las prisiones y pesquisas arbitrarias”, en síntesis, reformar los juicios por ser “ese ramo tan defectuoso de la legislación nacional”, que vulneraba “los derechos ciudadanos”. ¿Era posible, en el primer quinquenio de la década de 1810, cambiar esta situación? Los constituyentes tuvieron este propósito aún siendo partícipes de tan arraigado defecto.8 Por tanto, para evitar arbitrariedades y proteger al ciudadano en su derecho a la libertad, los de 1812 y 1815 se adaptaron a la Carta de Cundinamarca de 1811. Su proceder consistió en integrar textualmente a las suyas los artículos respectivos bajo el título de “Prevenciones generales” del Poder Judicial, y fue ello la forma de pretender tener una “recta administración de justicia” en su procedimiento y castigo.

Sus “Prevenciones” se inspiraron en el derecho reformista de la época de la Ilustración, cuando fueron puestos en tela de juicio el proceder judicial respecto a asuntos como la tortura, y, por tanto, para el constituyente fue muy importante establecer que debía desaparecer “la bárbara cuestión del tormento” a un acusado, puesto que se le violaría su integridad de ser humano.9 A este había que defenderlo de intervenciones sin fundamento legal y por ello, fue considerada la casa del ciudadano como “un asilo inviolable” cuando no existía un “mandato judicial” de allanamiento, y se restringió el embargo de bienes, un procedimiento usual y ahora revaluado. Más aun, la defensa al individuo incluyó la definición de cuatro modalidades de restringir la libertad de un sospechoso, quedando a su disposición elegir la adecuada según la gravedad de la situación: la prisión, el arresto, el arraigo y la confinación, así se les identificó, no como penas, sino como medidas preventivas, una consideración que venía desde Las Partidas.

Por supuesto, quienes hicieron las constituciones tenían un amplio conocimiento sobre cómo se comportaban los jueces y sabían que sus determinaciones contenían un margen grande de subjetividad. No podían ir más allá de confiar en su rectitud, en que se sujetarían a las normas constitucionales, y en establecer la vigilancia del Tribunal sobre los juzgados. Este último desempeño lo consideraron fundamental puesto que se haría siempre teniendo de presente un proceder basado en las leyes, el profesionalismo y el conocimiento de la legislación (la expedida y la que se expediría). Al fin y al cabo, el Tribunal sería el único organismo de la administración de justicia exclusivamente judicial, puesto que los demás serían jueces y funcionarios políticos y administrativos.

De esta forma, el constituyente solucionó los defectos de la justicia local civil y criminal de las primeras instancias, donde fue ratificada la secuencia alcaldes ordinarios-jueces pobladores-alcaldes pedáneos. Su no alteración, fue la continuidad de la estructura de poder político y jurídico, y procedió así, para evitar trastocar un orden estable que tenía deficiencias pero era irreemplazable. Simplemente lo incorporó al Estado, como una manera de tener su participación en el nuevo sistema político. Consciente de su bajo nivel de conocimientos jurídicos, para evitar deficiencias graves, bastó continuar con el antiguo criterio de solo permitirle fallar asuntos civiles y criminales de poca monta. ¿Sería un problema que su justicia fuese empírica? No, dispondría cuando lo requiriese de un asesor y de la consulta al Tribunal, a quien se le asignó el deber de supervisar a los jueces inferiores en su desempeño legal, el cual debía estar basado en la ley republicana, junto con las “ordenanzas, cédulas reales y órdenes” acordes a ella.

Más allá de la trilogía alcaldes ordinarios-alcaldes pedáneos-jueces pobladores, el constituyente de 1812 consideró “jueces de primera instancia” a los “tenientes […] capitanes a guerra […], alcaldes de la hermandad”, pero el de 1815, hizo desaparecerlos de la estructura estatal. En realidad, eran poco necesarios debido a que casi todas las poblaciones de la provincia estaban a cargo de los previamente citados.10 Por último, una anotación importante respecto a la estructura básica de la justicia local: ella era quien tenía un contacto extensivo y directo con la población y, respecto a ella, existía una imagen, buena o mala, de la autoridad judicial. Al transferirse a la república, arrastraba esa impresión y ahora el constituyente esperaba que con sus medidas fuese eficiente.

Mas no toda la justicia de primera instancia estuvo formada por los funcionarios anteriores. La excepción fue un cargo de una especial importancia: el “primer consejero” del Poder Ejecutivo, como del constituyente de 1812. Se trató de un integrante, con el presidente y el segundo consejero, del triunvirato designado para ejercer este poder. Él mereció que se le entregase la autoridad judicial respecto a todo lo contencioso en los ramos de policía, gobierno y hacienda pública. Se dejaron al margen el Tribunal y las justicias locales en ramos de tanta relevancia y amplitud, porque el constituyente consideró que estos tipos de litigios debían ser manejados centralmente por el Ejecutivo para mantener su control. Luego, el de 1815 vio conveniente suprimir los consejeros y hasta el presidente del Estado, y en lugar de los primeros, con su misma funcionalidad, instituyó para cada cantón de la provincia un funcionario llamado “juez mayor”.

A diferencia de tres años antes, el cargo lo concibió dándole la mayor importancia a ejercer como un juez político, como la máxima autoridad para velar por “la tranquilidad y seguridad” en su jurisdicción, un cantón. El motivo implícito fue el riesgo que corría la sobrevivencia del sistema político republicano, ya en una época decadente al extremo. Su función judicial tradicional sería ser juez en las causas originadas en los ramos de Gobierno, Hacienda y Policía, pero sin más autoridad que iniciarlas y dejadas a punto para que el teniente-gobernador, de quien sería su delegado, emitiese sentencia. A su vez, este teniente-gobernador era un cargo nuevo en la estructura estatal y rememoraba el anterior de finales del siglo XVIII, pero con la diferencia de adjudicársele una función básica: preservar el orden político de toda la provincia.

Una función que el constituyente ratificó como continuidad en los jueces ordinarios, es decir, la justicia local, fue realizar los juicios verbales para resolver las frecuentes demandas en los negocios por incumplimiento de pago y demás discrepancias. Su valor práctico era evidente al ser ágil y, sobre todo, evitar seguir el curso del juicio escrito con sus formalidades y factible agudización del conflicto. Aquí, el referente también fue el constituyente de la república cundinamarquesa, que trazó el camino y consistió en la designación de un juez de común acuerdo entre las partes, el cual saldría de la escogencia entre tres candidatos designados por el alcalde a cargo del caso. Entre el constituyente de 1812 y el de 1815, existió un matiz relativo a lo siguiente: más que un juez, se habló de un pacificador que podía, si lo quisiese, valerse de un asesor para evitar el pleito y comunicar el resultado de su gestión al juez, mientras que en 1815, no se incluyó el procedimiento descrito ni un pacificador; se citó entre las autoridades judiciales a “los comisarios de barrio de las cabeceras”, y se definió que verbal y privativamente conociesen ellos y los demás, “justicias ordinarias” demandas hasta solo $50. O se sobrentendió lo establecido en 1812 o fue reemplazado; esto último es lo más probable. Ahora bien, el contraste entre la atención prestada a los juzgados de primera instancia y al Tribunal de Justicia indica que el constituyente legisló mucho más sobre este último, al ser la institución principal del sistema y por ser una entidad nueva en la justicia. Por estas razones, le fue necesario delimitar la organización que deseaba tuviera en aspectos considerados básicos. Por ejemplo, en el número de los ministros varió el criterio: tres en la Constitución de 1811, cinco en la del 12 y nuevamente tres en la del 15, cifras que indican que en lugar de crecer mermó en tamaño. El motivo estuvo en que no solo fue el Tribunal sino la estructura del Estado prevista en la Constitución de 1812, al superar la capacidad de su sostenimiento financiero. Otra razón fue el curso del acontecer político en contra de la república, cada vez más puesta en riesgo. Recuérdese que la situación forzó el establecimiento de una dictadura transitoria y luego, el restablecimiento del sistema constitucional no tuvo la fuerza de antes.

En cuanto a la definición del organismo responsable de los nombramientos de los ministros, la situación fue distinta. Primero, el Reglamento Provisional de la Constitución de 1811 dispuso que la Junta Superior Provincial los nombrase transitoriamente, mientras la nominación la definiera una Constitución futura definitiva. Luego, en 1812 y 1815, se estableció que la autoridad nominativa fuese el Poder Legislativo, una potestad que se correspondió con la confianza depositada en él al considerar que era la expresión de la voluntad colectiva.

En quienes sí desconfió el constituyente, fue en los integrantes del Tribunal de Justicia; este hecho lo indica la prescripción de la escogencia de sus ministros: cada año el Congreso definiría un integrante nuevo en relevo de otro titular que saldría, de modo que la institución debía renovase activamente. Esta era la fórmula en constituciones semejantes, como la de Tunja, y el resultado sería evitar la larga permanencia en el cargo, hecho presuntamente peligroso para impartir justicia por el abuso del poder jurídico. Una implicación de lo anterior, sería el ingreso de aspirantes al Tribunal, que conllevaría el aumento de la burocracia estatal. El costo sería que la frecuente rotación haría de los cargos altos de la justicia unos empleos políticos, con efecto sobre la independencia del poder judicial y su calidad jurídica. No obstante, en las deliberaciones de las asambleas constituyentes no aparecen este tipo de deducciones, por lo menos en la única que se conoce, la de 1812. En ella, al llegar al tema de cuál debería ser la estructura de la administración de justicia, todos consideraron que estaba bien el Título respectivo del proyecto de José Manuel Restrepo y Juan del Corral, el cual fue aprobado integralmente sin discutir. Solo hubo intervenciones para proponer este tipo de cambios: un aumento del número de los ministros del Tribunal, fijándose en cinco, la no reelección y la permanencia máxima en el cargo por tres años. Igual aconteció 1815, cuyo constituyente combino en que la renovación integral del Tribunal debía ser cada cuatro años, cambiando un ministro cada año, y aceptó que el legislativo hiciese la reelección según las “virtudes y talentos” del funcionario. En conclusión, si quienes definieron las constituciones consideraron que el Legislativo era el organismo idóneo para nombrar al Tribunal, y condicionaron la duración en los cargos y su nombramiento, fue porque estas determinaciones garantizarían las aspiraciones colectivas y porque en su manejo, la república debía tener un activa participación ciudadana.

También los requisitos que debían cumplir los candidatos para ser ministros reflejaron las intenciones del constituyente. El requisito primario consistió en que el ministro del Tribunal debía ser un integrante de la comunidad política definida en la Constitución.11 Su nivel económico y social lo fijó el hecho de exigir un patrimonio de 2000 pesos. No se le puso como condición que fuese abogado, puesto que en la provincia eran muy pocos quienes cumplirían con ser profesionales del derecho. Su perfil ideal lo delimitó el constituyente de 1815, al advertir a la legislatura que escogiese “hombres de luces, integridad y talento”, a la vez que “en lo posible” con conocimientos de la “jurisprudencia nacional”. Por último, a estos aspirantes a ser ministros se les puso el condicionante lógico de no ser parientes en consanguinidad y afinidad en tercer grado, una delimitación en que buscó evitar que jueces y funcionarios favoreciesen a sus familiares. En conclusión, la sola exigencia de tener recursos por 2000 pesos denota que el constituyente quiso darle prestigio a la institución a través de la importancia socioeconómica de sus miembros y la aceptación de las determinaciones tomadas por hombres con experiencia en asuntos legales y comprometidos con el proyecto político en curso. Aún más, a esta configuración del ministro, el constituyente le sumó el juramento que debería hacer al posesionarse. Con él quiso comprometerlo a cumplir su función al igual que todos los servidores del Estado. Obviamente, se les exigió ser fieles a la República antioqueña, cumplir y hacer cumplir la Constitución y desempeñarse con todas sus facultades. Pero hubo un juramento más específico, solemne y extremadamente religioso, que ocurrió a la hora de la posesión conjunta, en presencia de la Representación Nacional y tomado por el presidente del Estado, el 4 de enero de 1812; la pregunta del mandatario a los tres ministros, Faustino Martínez, Silvestre Vélez y José de Villa, fue:

¿Juráis a Dios y a la Patria, servir, ejercer y desempeñar bien y fielmente el delicado encargo que se os ha conferido en el Tribunal de Justicia, defender el misterio de la Purísima Concepción de María Santísima, sostener nuestros dogmas católicos y hacer se guarde la religión sagrada que profesamos, por la cual, si necesario fuere, derramareis hasta la última gota de nuestra sangre?12

Es decir, un compromiso religioso adicional que en apariencia nada tenía que ver con el cargo pero que correspondía a una arraigada concepción y presunción de estar en peligro un principio considerado fundamental.

Luego se consideraron los aspectos que debían establecerse en la Constitución sobre el funcionamiento del Tribunal, los cuales en realidad no fueron muchos. Uno que interesó intervenir tuvo que ver con la recusación: ¿cómo debía el Tribunal proceder cuando estaba debidamente probada la recusación contra uno de sus integrantes? El tema figuró en el articulado de las tres Cartas fundamentales y ello indica el interés en que el trámite judicial no sufriese tropiezos y en querer garantizar al ciudadano el principio de ser juzgado imparcialmente dándole la posibilidad de recusar al juez en la cúspide de la administración de justicia, a donde llegaban los litigios de mayor alcance, casi siempre protagonizados por gente importante con capacidad de sufragar los casos. El trámite tuvo un breve plazo de dos días, en los cuales el sustituto inicial del ministro cuestionado fue el fiscal de la institución y, si este también estaba impedido, el Tribunal designaría tres aspirantes a conjuez, el cual saldría escogido cuando cada parte del pleito descartara a uno.

Otro tema fue la facultad de nombrar escribanos y procuradores de número, atribución considerada por el constituyente de 1812 y 1815, y que significó dar facultad administrativa y un rompimiento con la política española de la venta de los oficios. El criterio empleado consistió en adjudicar los cargos según “una rigurosa oposición”, basada en el mérito y la virtud, dos referentes que apuntaban a la diversidad de condiciones con que se valoraba a los individuos: sociales, económicas, religiosas y de experiencias en las actividades del oficio a que se aspirase. Una implicación fue querer estatizar cargos que desde hacía siglos eran propiedad privada y tenían fuerte incidencia en las gestiones legales de la administración pública y la justicia. El que de ahora en adelante se pudiesen controlar, implicaría una mayor intervención gubernamental sobre tan vastos campos y menos interferencias privadas.

La función judicial en el Poder Legislativo

El constituyente antioqueño entendió que una cosa era la justicia civil y criminal y otra la responsabilidad de dirimir litigios estatales de otros campos del derecho. No solo ocurría que desde antes de la república la Corona tenía asignadas responsabilidades a otras instancias oficiales, un factor que influía en él, puesto que era parte de su experiencia. Además, el nuevo Estado demandaba considerar asuntos legales desconocidos, que se presentarían en sus nuevas instituciones. Esta última situación se refería en particular al Poder Legislativo y sus integrantes, donde debían resolverse contradicciones relativas a la legalidad de la elección, al castigo de quienes faltasen al respeto a la institución y a los legisladores, y a quien en ejercicio de funciones públicas violase la carta constitucional.13 En este sentido, la Constitución de 1812 convirtió al Legislativo, en particular al Senado, en un “tribunal privativo”. Su importante misión implicaría hacer cumplir la nueva legislación electoral y la Constitución. Conjuntamente actuarían el Senado y la Cámara de Representantes, el uno para establecer la culpabilidad y el otro para acusar “a los miembros de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y a sus agentes inmediatos”. Además, se le ordenó castigar el mal desempeño de los funcionarios y “cualquiera otros crímenes”. Mas la atribución judicial del legislador tendría un alcance limitado hasta establecer la culpabilidad, para que luego entrase en acción la administración de justicia y definir si iniciaba una causa. Es decir, en parte la intención del constituyente fue coordinar y articular la justicia legislativa y la judicial.

Igual actitud se dio con la Alta Corte de Justicia de los constituyentes de 1811 y de 1812, una institución eventual, con fuerte presencia parlamentaria en su composición. Se convocaría cuando resultasen los “recursos extraordinarios”, que antes se hacían ante la Corona como una última instancia. Por ejemplo, en 1812, la Alta Corte la integrarían funcionarios salidos de la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia del Estado. Que en este caso se hubiese dejado por fuera a algún integrante del Tribunal es algo extraño, pero debe entenderse que ya este organismo los había considerado y tomado una decisión.

No se sabe si alguna vez fue necesario formar la Alta Corte de Justicia, pero se sospecha que no por las complicaciones estatales que se sucedieron rápidamente. La prioridad estuvo en defender la república y no en reunir una institución para resolver finalmente litigios jurídicos particulares por muy importantes que fuesen las personas incluidas. Además, solo fueron tres años transcurridos entre el mandato de reunir la Alta Corte y la determinación de su desaparición por el constituyente de 1815, cuando hubo una reforma constitucional que consideró que no era indispensable. Con esta medida, los constitucionalistas simplificaron la estructura estatal y la adaptaron para ser una provincia. Por entonces, en el contexto neogranadino ocurría el último intento de centralización política para defender la independencia de España.

Por ello, consideró pertinente definir cómo debía funcionar en la hipotética ocasión en que un senador o alguien del Poder Ejecutivo fuese implicado en un delito que mereciese la pena capital. Su esquema fue este: un juez o el Supremo Tribunal de Justicia levantaría el sumario, lo enviaría al Senado y en esta instancia se haría el juicio, si la Cámara de Representantes cumplía su deber de hacer la acusación. Nótese que adjudicó la resolución no al Poder Judicial sino al Legislativo, un escenario político en un contexto igual, donde el acusado dispondría de su influjo, pero no lo vio así el constituyente, para quien el Parlamento representó la voluntad popular, la esencia de la democracia republicana y, por esta razón, quien juzgaría sería este por medio de su representación.

Ahora bien, para un hecho menos trascendente que la pena capital y de más fácil ocurrencia, como podría ser un senador demandado ante un juez, su causa correspondería al Poder Judicial. El constituyente consideró dos posibilidades: cuando el Legislativo estuviese sin deliberar y deliberando. La primera situación generaría la gestión de un juez ordinario, que seguiría la causa hasta concluirla, mientras que la segunda sería un “caso de Corte” ante el Tribunal de Justicia, con la salvedad de darle a esta institución la opción de seguirlo o esperar al periodo de receso parlamentario, con el objeto de no distraer al senador demandado respecto a “su importante comisión”. En este caso el constituyente, con razón, desligó al Legislativo del problema, puesto que no podía dedicarse a los litigios derivados de los asuntos privados de sus integrantes. Aún más, sería restringir la potestad del Poder Judicial, que era el encargado de las causas civiles.

En cambio, para el juicio de residencia el constituyente no encontró mejor juez que la institución parlamentaria.14 Lo definió así, porque su lógica consistió en considerar que los funcionarios de los tres poderes respondían por su comportamiento oficial ante los pueblos, y el Senado era quien los representaba: más distantes de representarlos eran el Tribunal y los demás juzgados de la justicia civil y criminal. No especificó a quiénes se juzgaría, pero es de suponer que fuesen las personas que estuviesen en los cargos con mayores responsabilidades, inmediatamente ocurriese la dejación de los empleos. Ese singular juez colectivo de senadores oiría en un lapso de veinte días a quienes se sintiesen agraviados, seguiría el juicio o debate sobre lo escuchado, y un fallo para el cual se requeriría una votación mayoritaria. En particular, sobre el juicio de los senadores para evitar el nepotismo, la norma constitucional ordenó que fuesen juzgados por sus colegas nuevos y no por quienes hubieran sido sus compañeros.

La justicia dentro de otros poderes estatales

En la instancia de la autoridad judicial, donde se produjo un relativo rompimiento con la tradición colonial de la justicia fue en el gobierno provincial. Desde la Carta de 1811, quien detentaba el Poder Ejecutivo dejó de tener responsabilidades judiciales, excepto en caso de una conspiración, situación en la cual se le autorizó actuar contra sus autores, decretando su prisión, arresto o arraigo.15 Su potestad llegó hasta allí, puesto que debía nombrar un “comisionado” procedente del Poder Judicial, y al sujeto en prisión debía resolverle la situación en seis días, al arrestado en ocho y al arraigado en diez. En las dos siguientes constituciones la norma se repitió, y este proceder del constituyente indica que su voluntad fue solo admitir un caso excepcional, para permitir al Ejecutivo tener un poco de autoridad judicial. Si solo la alteración del orden justificó otorgar la facultad a la autoridad política para controlarla y al funcionario judicial para juzgar ejecutivamente, esto no era violar el principio de la separación de poderes estatales. Ahora bien, vista la norma desde el punto de vista de la época, no parece que fuese muy práctica y lo corroboraría el hecho de haberse tenido que establecer una dictadura para defender a la República. No obstante, superado el impase anterior, el constituyente de 1815 adaptó dicha norma, esta vez simplificándola y dándole un matiz: la autorización de decretar la prisión, el arresto y el arraigo contra los enemigos políticos que causaren la emergencia, no fijó tiempos para estos castigos y ordenó que por medio de “jueces de seguridad” se procesaran sumariamente. Es decir, los procesados no pasarían a la justicia ordinaria sino a una justicia política, prevista por las circunstancias agónicas del proceso republicano en vísperas de su caída por la llega de la reconquista española.

A pesar de lo dicho sobre la intención del constituyente de no entregar autoridad judicial al Poder Ejecutivo, no se puede pasar por alto que a él se le asignaron ciertas modalidades de justicia. Así, el de 1812, responsabilizó al primer consejero del Ejecutivo del conocimiento “en primera instancia de todo lo contencioso en los ramos de Policía y Gobierno”, en los procesos en dicha instancia relativos a la Hacienda Pública y en “negocios criminales y civiles” de los empleados de las rentas estatales.16 En suma, muchas funciones para un alto funcionario gubernamental convertido en juez, aunque el nombre de su cargo remitiese a una labor de asesoría.17 En el constituyente de 1815 sucedió otro tanto, pero esta vez cambió el nombre del funcionario, el cual se llamó teniente-gobernador, a la usanza española del siglo XVIII. Se creó como un funcionario de la estructura gubernamental, que tendría un desempeño múltiple al presidir el Tribunal de Hacienda, ejercer la primera instancia en litigios tanto de Gobierno como de Hacienda, seguir las causas contra los que afectaran “la libertad y tranquilidad”, tener a su cargo los “jueces mayores de los departamentos” y vigilar el desempeño judicial contra los mencionados “enemigos de la libertad”. Como en la Constitución de 1812, el cargo fue previsto como una autoridad ejecutiva que uniría las labores de dos poderes, el gubernamental y el judicial, sin tanto énfasis en su función de preservar el orden político. En 1815, la amenaza era mayor que la de tres años atrás, y en las subregiones y con igual alcance en las responsabilidades, estaría otro “magistrado”, el juez mayor. Con su creación, el constituyente buscó instaurar un ágil control jurídico de asuntos importantes que no consideró pertinente asignar al Poder Judicial, entre otras razones, porque su contenido político y fiscal exigiría decisiones casi inmediatas y sin posibilidad de apelación; simplemente, el juez mayor haría el sumario y el teniente-gobernador daría la sentencia definitiva.

Por otra parte, en los juicios fiscales, el constituyente republicano siguió la tradición española de asignar la responsabilidad, no a quienes ejercerían el Poder Judicial, sino al organismo responsable de las cuentas del erario.18 Lo previsto en la Constitución de 1811 sirvió para instituir un organismo que indica esta influencia, y la necesidad estatal de tener dentro de su nueva estructura una autoridad que asumiese el mando de este tipo de justicia y que, a su vez, regulase el manejo de las cuentas de la Hacienda Pública. Su nombre fue Tribunal de Cuentas y Superior de Real Hacienda, y el constituyente lo consideró como sustituto de la desaparecida Junta Superior de Hacienda de Santa Fe, el organismo que en el régimen virreinal estuvo al frente de la Hacienda Real.19 El alcance de su autoridad fiscal-judicial sería absoluto como última instancia, luego de que en la primera actuase el vicepresidente de la República, a quien el constituyente hizo responsable de “la subdelegación general de todas las rentas públicas”.20 En cuanto al glose y fenecimiento de cuenta, debería exigir el inmediato pago de los alcances, luego de una acción breve y sumaria que el afectado podría apelar; si de nuevo lo deseaba hacer, después del fallo en contra, lo haría ante el Tribunal de Justicia y Gobierno.

Si respecto a la Hacienda estatal todo lo anterior fue solo lo previsto por la Junta Superior Provincial, los dos siguientes legisladores constitucionales en 1812 y 1815 quisieron diseñar un orden diferente. De ellos surgió la administración fiscal sin autoridad para juzgar, y, por tanto, no requirió un Tribunal de Cuentas y Superior de Real Hacienda. El nombre mismo de Real Hacienda ya era obsoleto al aparecer el concepto de hacienda pública, la cual debía dedicarse a su función esencial de manejar recursos estatales y revisar sus cuentas. Solo hasta allí debía llegar, puesto que quienes deberían asumir la tarea contenciosa de los “alcances”, eran para la primera instancia, el primer consejero y la apelación al Tribunal de Justicia. De esta forma, el constituyente del año 12 denominó a la cúpula del fisco Contaduría General, y procedió a integrarla con un “contador mayor, un ordenador y el secretario archivero”. Por su parte, en 1815, cuando por razones políticas hubo necesidad de reducir el Estado de Antioquia a una provincia integrada al Gobierno del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, el constituyente fue tan parco en el tema de la justicia fiscal, que no lo trató y solo redactó tres artículos. Estos se refirieron a la obligación del ciudadano de sostener el culto, financiar los gastos militares y al Gobierno, otro artículo ratificando la estructura fiscal aprobada tres años antes en la Constitución del 12, y, el último, respecto al procedimiento de las erogaciones estatales. En síntesis, con los asuntos económicos de la república y su relación con la justicia en procura de defender sus recursos, sucedió de nuevo como en el Legislativo: la acción articulada entre dos campos estatales. No sucedió igual con un sector social y económico que llamó la atención, para en principio establecer una justicia propia: el comercio. De un lado, la importancia que tenía para la provincia y, del otro, el conocimiento sobre la forma como se dirimían los pleitos comerciales en Cartagena a través de su Consulado de Comercio, lo hizo recomendable.21 El constituyente sabía que la legislación era amplia y compleja, debido a su larga trayectoria y a su segmentación de la justicia ordinaria. Se presume que esta situación y su manejo a través de los consulados de comercio, influyó en el constituyente de 1811 para erigirla independiente en dos fases de juzgamiento: “los diputados de comercio” y el “Tribunal Superior de Alzadas”, quienes asumirían, respectivamente, la primera y segunda instancia en esta conflictividad mercantil.

La novedad de esta determinación fue el Tribunal previsto y no la Diputación de Comercio, según la cual uno de los integrantes del sector era designado juez. La primera institución preexistía en el contexto del reformismo borbónico, mientras que el último no existía en la provincia y, al nacer, se concibió que lo formaría una terna de jueces cuya cabeza sería el presidente del Tribunal de Justicia y, a su lado, dos comerciantes nombrados por las partes del litigio. El derecho de aplicar debía ser “a la letra las ordenanzas y demás leyes mercantiles”, y la pauta de su funcionamiento fue tener sumo cuidado en la simplificación en los trámites, a fin de evitar que esta justicia fuese lenta, un problema que según el constituyente, ocurría “todos los días”, por el proceder malicioso de los litigantes.22

Pero ocurrió que, como constituyente, la Junta Provincial de 1811 prefirió la continuidad a la innovación. No lo vio así el de la Carta de 1812, quien encontró que crear un Tribunal exclusivo para el comercio era un privilegio, lo cual se oponía a que todos los habitantes fuesen igualmente considerados por la justicia republicana. Esta fue la causa para estimar que los litigios mercantiles se trataran como propios de la justicia civil ordinaria, con apelación al Tribunal de Justicia, procediéndose conforme a las leyes mercantiles y en tanto existiesen otras que garantizaran a todos los mismos derechos.

Más explícitamente, el motivo por el cual este constituyente no ratificó la existencia del Tribunal Superior de Alzadas, remite al acta número 16 de su Asamblea, en donde el criterio consistió en señalar que no era conveniente tener una “multitud de jueces y tribunales”, propiciar “la odiosidad que traen consigo los fueros privilegiados” y evitar “los juzgados de comercio”, donde los pleitos tendían a ser “interminables” y causar graves perjuicios. Es decir, ¿se pasó por alto la influencia de los comerciantes? La prioridad fue erigir un nuevo orden fundamentado en los principios republicanos.23

Conclusión

Las concepciones de los constituyentes antioqueños sobre su administración de justicia fueron características de un grupo de personas interesadas en modernizar las instituciones de un Estado que nacía como organización republicana. Se basaron en su propia experiencia sobre el ordenamiento de la justicia vigente antes de 1810, en sus conocimientos teóricos y en asimilar las informaciones sobre los procesos de transformaciones semejantes, producidos en el contexto internacional y neogranadino. Con estas fuentes de inspiración, crearon un orden judicial jerárquico e híbrido, conformado por instituciones antiguas y nuevas, y delinearon su funcionamiento dentro de los principios modernos de la justicia.

En sus tres constituciones emplearon el concepto de poder judicial para identificar dicho orden, y con él se refirieron a su institución principal, el Tribunal de Justicia. La denominación fue política y jurídica, lo primero, porque se establecía uno de los tres poderes reconocidos del Estado, y, lo segundo, puesto que apuntó a adjudicarle una responsabilidad y potestad judicial. Por su rango, a los integrantes del Tribunal los denominaron ministros y establecieron como organismo responsable de sus nombramientos a la legislatura al representar la voluntad popular. Establecieron unos requisitos exigentes para ser ministro a fin de escoger un selecto grupo de personas que conocían el derecho sin ser abogados, eran files partidarios del Gobierno y tenían un alto nivel económico.

La menor atención que los constituyentes dieron a los alcaldes ordinarios, jueces pedáneos, jueces pobladores y otros más de menor incidencia, se correspondió con una ratificación de su funcionamiento tradicional como autoridades locales, a la vez administrativas y jurídicas. En ellos, la mayor responsabilidad se le adjudicó a unos nuevos funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo, no para que se ocupasen de la justicia civil y criminal, sino para defender “la tranquilidad y seguridad”, la Hacienda Pública y a atender los asuntos de Policía. Tan importantes funciones fueron acordes a la calidad de ellos.

En cuanto a los asuntos judiciales derivados del funcionamiento del erario, el criterio de darles un manejo específico, desagregado de la administración de justicia, correspondió a la forma como rigió al término de la dominación española. No con las mismas autoridades, pero sí con algunas semejantes y con la misma función de defender los recursos estatales. Donde fue necesario innovar, fue en definir que el Poder Legislativo asumiera la justicia de aquellos asuntos jurídicos respecto a su existencia y actividades. Sus integrantes eran los inmediatos conocedores de las situaciones, y la potestad para resolverlos estuvo respaldada por el criterio de ser ellos los representantes de la voluntad general.

En síntesis, la creación de la república dentro de los patrones de las tres cartas constitucionales, incluyó las novedades de una modernidad política que disponía un conjunto de derechos inalienables, la separación de los poderes públicos y la existencia de un legislativo de gran capacidad de acción; asimismo, exigió a los constituyentes crear un sistema judicial armónico con lo anterior. Sin embargo, estas innovadoras determinaciones también estuvieron acompañadas de la continuidad institucional y normativa del pasado español, que se consideró compatible y que fue necesario aceptar al no haber cómo sustituirla.

Referencias

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1 Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín.

2 Daniel Gutiérrez Ardila (comp.), Las asambleas constituyentes de la Independencia: actas de Cundinamarca y Antioquia (1811-1812), Bogotá, Corte Constitucional de Colombia-Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 131. El Colegio Constituyente de Cundinamarca lo usó en 1811 por primera vez y provino del proyecto de constitución de José María del Castillo y Rada. No se definió y se le asignó la responsabilidad de “examinar las diferencias que se suscitan entre los ciudadanos, finar derechos, juzgar sus demandas y querellas, y aplicar las penas establecidas por las leyes”.

3 Rodrigo Campuzano Cuartas, “Las constituciones antioqueñas de la Primera República”, en Jorge Giraldo Ramírez (ed.), Procesos políticos antioqueños durante la revolución neogranadina, Medellín, EAFIT, 2013.

4 La crisis monárquica y virreinal produjo un vacío político y jurídico, y en Antioquia lo suplió un poder que representó la voluntad de las élites locales. Se llamó Suprema Junta Provincial y en 1812 entregó el gobierno para que se creara un orden constitucional.

5 Gobernación de Antioquia, Constituciones: estatutos españoles y antioqueños de la época de la Independencia y comienzos de la República, Medellín, Gobernación de Antioquia, 2011. A esta segunda constitución de 1812, le siguió otra en 1815, un estatuto que se basó en la del 12 y fue tomada como su revisión. En total, tres constituciones en solo cuatro años, un hecho indicativo del esfuerzo realizado por los dirigentes antioqueños para establecer un orden institucional y a la vez indicativo de la volubilidad de las circunstancias.

6 Gobernación de Antioquia, Constituciones: estatutos españoles y antioqueños de la época de la Independencia y comienzos de la República, op. cit., p. 217.

7 Francisco Silvestre, Relación de la Provincia de Antioquia, Medellín, Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1988, p. 188.

8 Es oportuno tener en cuenta que si una asamblea constituyente es un espacio deliberativo donde se quiere establecer aquel Estado que consideran el más conveniente, con mayor intensidad se tuvo esta intención en las de la Primera República. Era la primera vez que se pensó en un orden republicano y existía una gran ansiedad por realizar esta transformación. Se vivía además una situación político-militar delicada y era necesario defender al régimen acudiendo a todos los recursos posibles.

9 María Isabel Marín Tello, “El debate sobre el uso de la tortura en el siglo XVII”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. 18, 2006, pp. 215-230. El descrédito de la tortura como procedimiento judicial era casi general desde el siglo XVIII en la Europa ilustrada, por lo tanto, varias monarquías procedieron a abolirla.

10 María Victoria Montoya Gómez, “La jurisdicción de los jueces pedáneos en la administración de justicia a nivel local. La ciudad de Antioquia, 1750-1809”, Anuario de Historia Social y de la Cultura, vol. 39, núm. 2, 2012, pp. 19-40. Los alcaldes de la Santa hermandad en la administración de justicia de la ciudad de Antioquia no eran relevantes. Lo indica que de 125 procesos por adulterio y concubinato, solo conocieron cuatro denuncias. En este sentido, su perfil no se ajustaba a la definición establecida por Joaquín Escriche como funcionarios dedicados a perseguir delincuentes en el campo. En dicha ciudad, se ocupaban más bien en intervenir la construcción de caminos.

11 Gobernación de Antioquia, Constituciones: estatutos españoles y antioqueños de la época de la Independencia y comienzos de la República, op. cit., p. 211. Debía tener la cualidad de ser elector y poder ser electo, lo cual implicó, entre otras condiciones, ser “padre o cabeza de familia, con renta u oficio, casa en una parroquia desde hacía un año, residir en la Provincia desde hacía dos, no tener causa criminal pendiente, no haber sufrido pena corporal aflictiva o infamatoria”, no deber al fisco y no ser mental no físicamente inhábil.

12 Daniel Gutiérrez Ardila (comp.), Las asambleas constituyentes de la Independencia: actas de Cundinamarca y Antioquia (1811-1812), op. cit., p. 303.

13 Para Carlos Restrepo Piedrahíta el “Senado de censura y protección de la carta constitucional cundinamarquesa de 1811, más que un organismo de tipo judicial para protegerla de una violación fue concebido como un instrumento político en defensa del Gobierno. Por su parte, Mario Alberto Cajas Sarria no contradice esta opinión pero sostiene que en este tipo de historiografía colombiana se ha tenido un enfoque evolucionista cuando debería basarse en el estudio de los contextos históricos. Mario Alberto Cajas Sarria, “La Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886 a 1910: de juez de la regeneración a juez constitucional”, Revista electrónica de Historia Constitucional, vol. 14, 2013, pp. 425-465. Disponible en: www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/378/34/.

14 Antes de 1810, la opinión estatal, de los tratadistas y pública sobre la efectividad del juicio de residencia no era buena. Al interior de la Corona española se criticaban sus costos, sus efectos perturbadores en las relaciones internas de los funcionarios, entre otros temas. José M. Mariluz Urquijo, “Los juicios de residencia en el derecho patrio”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, vol. VIII, núm. 36, 1953, pp. 1648-1962. Disponible en: http://www.larramendi.es/i18/ncatalogo-_imagenes/grupo/cmd?pth=1000262

15 Para 1811, el cargo de gobernador de la Provincia se transformó en presidente del Estado.

16 La norma debió provenir de la Constitución de Cundinamarca de 1811, conocida por José Manuel Restrepo y Juan del Corral en ese entonces en Santafé de Bogotá.

17 El constituyente de 1812 colocó al lado del presidente dos consejeros y les dio una marcada influencia en las decisiones del Ejecutivo. Otra función que tuvieron fue estar atentos a que el presidente no violase la Constitución y, si ocurría, denunciarlo ante la Cámara de Representantes.

18 La separación de los asuntos jurídicos del fisco, de la justicia ordinaria, data de principios del siglo XVII, pero sin ser una ruptura total. Miguel Malagón Pinzón, “El juicio de cuentas, primera institución de control fiscal de la administración pública”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, núm. 6, 2004, pp. 278-298, y Fernando Silva Vargas, “Esquema de la Hacienda real en Chile Indiano (siglos XVI y XVII)”, Revista Chilena de Historia del Derecho, núm. 4, 1965, pp. 208-250.

19 A finales del siglo XVIII, la Junta Superior de Real Hacienda la conformó una cúpula de funcionarios, básicos en los organismos de donde procedían. Su presidente fue el superintendente general de dicha Hacienda o sea el virrey, el regente y el fiscal de lo civil de la Audiencia, los funcionarios más antiguos del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría del Ejército y Real Hacienda y el escribano del despacho virreinal. Antonio García de la Guardia, Kalendario Manual Guía de Forasteros en Santafé de Bogotá Capital del Nuevo Reino de Granada, para el año de 1806, Bogotá, Imprenta Real, 1806, pp. 159-160.

20 Las constituciones de la Primera República coincidieron en atribuir a su Poder Ejecutivo la potestad que antes tuvieron los virreyes para ser la autoridad máxima en asuntos fiscales. En la de 1811 su Vicepresidente tuvo el título de Subdelegado General y esto le permitía juzgar en primera instancia. La del año 12 quitó la Vicepresidencia y estableció los consejeros, dándole al primero esta función.

21 Miguel Malagón Pinzón, “El Consulado de Cartagena”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 3, núm. 2, 2003, pp. 51-79. Disponible en: http.//www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttx&pid=S0124¬¬-. La importancia del comercio en el periodo colonial llevó a la Corona española a desagregar su justicia y a los comerciantes a solicitarlo. Siguiéndose esta tendencia, en el siglo XVIII se dio la política de establecer consulados de comercio como el cartagenero, creado en 1760.

22 Noemí del Carmen Biatué y Alba María Acevedo, “De Pleitos mercantiles en Mendoza a finales de la colonia (1798-1809)”, Revista de Historia del Derecho, núm. 45, 2013. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=s1853-17842013000100007&scrip=sci-_arttxt.

23 Daniel Gutiérrez Ardila (comp.), Las asambleas constituyentes de la Independencia: actas de Cundinamarca y Antioquia (1811-1812), op. cit., p. 188.

Influencia de las tertulias literarias en la Independencia1

Hernán Alejandro Olano García2

El proyecto de investigación “Historia de las instituciones”, corresponde a un continuo ejercicio académico desde 1998, al crearse el Grupo de Investigación en Derecho Ética e Historia de las Instituciones “Diego de Torres y Moyachoque, cacique de Turmequé”, que busca desarrollar, desde la perspectiva del derecho, el estudio de la historia de las instituciones jurídicas del país: constituciones, códigos, corporaciones y personas vinculadas con el desarrollo del tema y su influencia en la historia jurídica colombiana, lo cual permitirá comprender el cómo y el porqué de las actuaciones de la Administración y de su entorno.

La justificación de nuestro objeto de estudio en esta investigación, está delimitada por la necesidad de precisar el desarrollo de la historia de las instituciones dentro del derecho colombiano, en lo cual tuvo una gran influencia el movimiento iniciado desde los salones de las casonas santafereñas, donde las tertulias literarias y el estudio de los textos subversivos de la Revolución francesa precipitaron la independencia colombiana.

En los albores de la Independencia, las tertulias literarias estuvieron íntimamente ligadas a los acontecimientos de la política.

Las tertulias fueron siempre epicentros de la acción cultural o social, de divulgación de las ideas políticas o de producciones literarias, y congregaron en diversas épocas a los personajes más destacados de nuestra vida nacional.

Dentro de este grupo de tertulias, cabe destacar la del Precursor de la Independencia, don Antonio Nariño, como las de otros hombres de su generación, en ese cómodo remanso de la vida colonial, levemente agitado por las emociones de los acontecimientos familiares, las discusiones académicas, las festividades religiosas, los pleitos por puntillos de honra o de etiqueta, y los regocijos de las fiestas que celebraban la llegada de un virrey o la jura de un nuevo soberano.3 Y sin embargo, podemos afirmar, como lo hace Julio Barón Ortega, que Nariño como visionario, irreductible y heroico santafereño, fue “entre todos los grandes Libertadores y Orientadores de la Independencia Americana, desde Washington hasta la Patagonia, el hombre más perseguido, sacrificado, humillado y proscrito, de todos aquellos héroes que lucharon por nuestra emancipación. A pesar de todo, su caso único en la Historia, hace de él un símbolo invencible”.4

El Precursor fue el centro “de una agrupación de personas ilustradas que con el pretexto de la literatura se reunían a comentar noticias políticas en su casa de la Plazoleta de San Francisco, en un salón rectangular adornado con grabados y expresiones alusivas”.5

El salón de la tertulia de Nariño, estaba diseñado por el propio Precursor y contaba con una distribución descrita así, dentro de los papeles secuestrados por la Real Audiencia de Santa Fe, en los que se halló un esquema de la decoración de la bóveda:

A uno de sus extremos está escrita la expresión “La Libertad” y al otro “La Razón”. Debajo de la primera hay un epígrafe de Rousseau que dice: “Aquel es verdaderamente libre que no necesita poner los brazos de otro al fin de los suyos para hacer su voluntad”; bajo la segunda se lee: “Se sigue la razón cuando sin oír las opiniones de los hombres se escuchan los gritos de la naturaleza”. Sobre “La Libertad” van los retratos de Sócrates, Rousseau, Plinio y Buffon. Sobre el otro extremo, los de Jenofonte, Washington, Solón y Montesquieu. De un costado la inscripción “Minerva” y en frente “La Philosofía”. Está previsto que a estas las acompañen los retratos —pintados dentro de medallones y unidos entre sí por una simbólica cadena— el del mismo Nariño, junto al cual deben aparecer el número 33, más Cicerón, Demóstenes y William PITT.6

En el otro costado, estarían los retratos de Tácito y Rainal, a quienes dedica la frase “conocieron las naciones, los hombres y todos los tiempos les fueron presentes”; Newton, para quien consagra “Ya solo o tirado de las ciencias en un carro sobre las nubes”; a Platón, “Temía menos el lenguaje de los hombres que el de los dioses”, y a Quintiliano, que debía estar unido con una cadena en el pedestal a Franklin que estaría en otro costado, donde podía leerse el famoso verso que le compuso Turgot y que tanto ruborizaba al genio del Norte: “Eripuit coelo fulmen, sce trumque tyrannis” (“Arrancó el rayo al cielo y el cetro a los tiranos”).7

Todos aquellos retratos, frases y expresiones alusivas, debían rodear el centro del gran fresco. Este recinto estaría adornado por un obelisco a la libertad, diseñado también por Nariño, que contendría la expresión latina “Libertas nulle venditur auro”,8 que significa “La libertad no se vende por las riquezas”. En el sesquicentenario de la muerte de Nariño, la Gobernación de Cundinamarca ordenó construir el Obelisco en los jardines de la Casa Museo del 20 de julio o de la Independencia, que se ubica actualmente en Bogotá.

Entre los miembros de esta tertulia estaban don José María Lozano, don José Luis Azuola, don Juan Esteban Ricaurte, su cuñado, quien por defenderlo sufriría prisión y destierro, y moriría lejos de su hogar; don Francisco Antonio Zea, firmante de la Constitución de Bayona, y más tarde vicepresidente de Colombia, presidente del Congreso de Venezuela y director del Jardín Botánico de Madrid, quien también sufriría el destierro por su afecto a Nariño; don Francisco Tobar, don Joaquín Camacho, presidente de Tunja, y un doctor Iriarte.

En ese salón se desarrollaban veladas santafereñas donde Nariño y su esposa, doña Magdalena Ortega, compartían con sus invitados viandas y chocolate, además de interesantes conversaciones en una sociedad literaria bautizada como el “Arcano sublime de la filantropía”, en la que se hablaba de diferentes temas en las tres habitaciones destinadas a las tertulias. En la primera, el gabinete de instrumentos de física, donde se mostraban a los visitantes curiosos aparatos científicos; la siguiente sala, anexa al gabinete, hasta donde llegaban los que formaban parte del club revolucionario, y la tercera, en “el casino”, lugar secreto en la biblioteca de la casa del Precursor, al que solo accedían unos pocos escogidos para hablar de política. Igual privilegio tenían otros en los salones de La Milagrosa, casa de campo de Nariño en vecindario de Fucha,9 que perteneció a los jesuitas a quienes les fue expropiada por la Pragmática de Carlos III en 1767, así como en las tertulias de su hacienda de Montes, fundo de la Sabana, hoy en medio de Bogotá en el barrio Ciudad Montes. Esa hacienda la compró don Antonio Nariño a José Ignacio Forero en la suma de $11.200.oo, divididos así: $3.200.oo en moneda de plata; $5.300.oo que reconoció el comprador a favor del convento de La Candelaria y $2.000.oo a favor de la madre María Josefa de La Concepción, religiosa del convento de la Pura y Limpia Concepción de Bogotá.

En el campo, Nariño también buscó rehacer su patrimonio, dedicándose a la crianza de mulas y caballos de carga, y a la compraventa de harina y quina, al igual que a laborar la platina para la modelación de monedas. Se dice que también se preocupó por estudiar los pastos, y que el 12 de julio de 1803, envió al padre Mesa,10 tío de su esposa, unas semillas de pasto guinea y paradójicamente del signo de la buena suerte y del éxito, el trébol o pasto carretón para que las sembrara en Turmequé, donde era párroco. “Se ha sostenido desde tiempo atrás que Nariño introdujo a Colombia el carretón de Bretaña, trayéndolo de Europa, y que lo cultivó en La Milagrosa. Solamente alguna especie selecta de él pudo traer el Precursor, pues en nuestro territorio existen numerosas especies nativas”.11

Libertad y carretón12

Aprendí yo siendo niño,

Que a nuestra pobre nación

Libertad y carretón

Trajo el general Nariño;

Y aunque a muchos en verdad

Aquella yerba revienta,

A muchos más por mi cuenta

Totea la libertad.

Sano alimento procura

El carretón que está jecho;

Y causa mucho provecho

Libertad que está madura.

Y el que le sopla la panza

Libertad o carretón,

Lo cura la indigestión

El mismo remedio: lanza.

Volviendo al tema anterior, “el nombre de “El Santuario”, se debe a la referencia que del estudio privado de Nariño hizo el francés Rieux cuando declaró, pues Nariño le había comentado que pensaba encerrarse allí como en un santuario”.13

Como literato, a Nariño se le recuerda por sus célebres periódicos La Bagatela y Los Toros de Fucha.

En La Bagatela,14 el primer periódico político que se estableció en la Nueva Granada, expuso sus ideas, luchó con coraje y labró en la conciencia popular el prestigio que lo condujera a la más alta magistratura, y con su pluma y sus editoriales buscó con afán la consecución de la declaración de independencia absoluta de Cundinamarca. Desde su columna “Mi dictamen sobre el gobierno que conviene al Reino de la Nueva Granada”, propugnó sin desfallecimiento por el imperio de un régimen de gobierno unitario. “Su aparición la motiva la necesidad que existe de que el país tome conciencia de lo urgente que es la unión de todos para formar un frente común a la segura reconquista española o a la posible invasión de Inglaterra o Francia, que tenían a cual más apetencia de apoderarse de las riquezas y los mercados de América”.15 Ese 1811, en dos ocasiones armó su periódico “encamado”, sin especificar la causa de su postración.

En Los Toros de Fucha,16 hizo reñido frente a El Patriota, periódico del general Santander, “que orientado por este, agravia injusta e indignamente al confiado, enfermo y meritorio Precursor”17, después vendrían La Segunda Corrida y La Tercera Corrida. Como gobernante, Nariño auspició la publicación de La Gaceta Ministerial de Cundinamarca, que sirvió como órgano del Poder Ejecutivo; luego, el Boletín de Noticias del Día, como suplemento de la anterior publicación, destinado a dar cuenta de las operaciones bélicas entre los centralistas y los federalistas; más tarde como inspirador del Boletín de Provincias del Gobierno y El Permanente, el primero, con el fin de divulgar los decretos y las resoluciones del Ejecutivo, y, el segundo, para defender sus actos de gobernante.

“Y si extraordinariamente intensa fue su actividad en el periodismo, no podemos menos de consignar su definitiva y bien lograda influencia en causas de tanta magnitud y grandeza como fueron las de la libertad, la independencia y la vertebración jurídica de la república”.18

Belisario Betancur, poeta y expresidente de la república de Colombia, afirmó que:

Antonio Nariño usó sus periódicos para tumbar y cambiar presidentes y Simón Bolívar, después de haber fundado El correo del Orinoco, decía que la imprenta era “tan útil como los pertrechos en la guerra” y la juzgaba una especie de “artillería del pensamiento”. Así, “para muchos políticos colombianos, la prensa fue el camino al poder, en competencia con el prestigio de la espada”.19

Además del “Círculo” de Nariño, actuaban por la época otros círculos literarios de la misma naturaleza. La tertulia Sociedad Eutropélica,20 definida como “una junta de varios sujetos instruidos de ambos sexos bajo el amistoso pacto de concurrir todas las noches a pasar tres horas de honesto entendimiento, discurriendo sobre todo género de materias útiles y agradables”,21 según palabras de su fundador, Manuel del Socorro Rodríguez, un carpintero que había estudiado dibujo, pintura, caligrafía y humanidades, y se había convertido en escritor en La Habana, quien en 1790 fue nombrado por el brigadier José de Ezpeleta y Galdeano, virrey de la Nueva Granada, como director de la Biblioteca Real de Santa Fe. Para Fabio Peñarete, “lo honesta nadie lo discute; pero lo agradable está en tela de juicio. Su importancia reside en que el buen cubano, con el propósito de publicar la producción de la Sociedad, fundó el primer periódico colombiano”,22 el Papel Periódico Ilustrado de la Ciudad de Santa Fe, al que habían precedido en 1785 los tres únicos números de El Aviso del Terremoto y la Gaceta de Santa Fe, que tampoco sobrevivió.

En la eutropélica, reunión de regocijo inofensivo sin ofensa, sin agresividad, sin molestia, pero con honesto análisis y reflexión, se denostaba de los españoles, que impedían a los criollos el acceso a los cargos públicos, y se trataban allí variados temas:

... de las reflexiones sobre la corrupción de la Corte; de los análisis sobre los ilustrados franceses como Rousseau, Voltaire y D´Alembert; algunas informaciones locales y noticias europeas, principalmente con respecto a la Revolución francesa, así como frecuentes críticas a las autoridades virreinales y a las propias autoridades españolas de la península.23

El fruto de esta tertulia se desarrolló, como se dijo, a través del Papel Periódico Ilustrado de la Ciudad de Santa Fe, que vería su primer número el 9 de septiembre de 1791, y del cual se publicaron semanalmente 265 ediciones hasta el mes de febrero de 1797, siendo el epicentro de lectores que no podían concurrir a la tertulia para escuchar a José Celestino Mutis, Francisco Antonio Zea, Francisco José de Caldas, Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas, Eloy Valenzuela, Jorge Tadeo Lozano y José Manuel Restrepo, entre otros. Ese periódico sería sucedido por El Redactor Americano en 1806; El Alternativo del Redactor Americano de 1807 a 1809; y La Constitución Feliz, que se comenzó a publicar el 17 de agosto de 1810, tres semanas después del grito de independencia, todos bajo la dirección del mismo Manuel del Socorro Rodríguez.

Otras de las tertulias que sirvieron para enmarcar la ruta de la independencia durante el siglo XIX, fueron el círculo literario de El Buen Gusto, auspiciada por la egregia dama, doña Manuela Santamaría de Manrique, alrededor de tazas de aloja, copas de vino, mistelas y chocolate, y contó entre sus integrantes a un buen número de escritores y dramaturgos, cuyas obras se representaron en el recién inaugurado Coliseo Ramírez.

Uno de los hijos de la anfitriona, José Ángel Manrique, compuso La tocaimada. Muchos de sus asistentes acabaron vinculados al movimiento de la Independencia, entre ellos José Miguel Montalvo, autor de varias piezas teatrales y fusilado por Morillo en 1816; el antioqueño José María Salazar, colaborador del Semanario de Caldas; y el cartagenero José Fernández Madrid, cuya comedia Atala, aunque de corte neoclásico, es considerada un preanuncio del romanticismo.24

Otra de estas tertulias fue el Círculo de los Naturalistas, agrupados en torno de Mutis y del Semanario de Caldas, cuya importancia radica en la aplicación práctica de las faenas científicas y la lucha contra las fórmulas escolásticas del razonamiento. También fue contemporánea la Tertulia de los Científicos, cuyos integrantes fueron gestores eficientes de la independencia, aunque coincidían muchos de sus integrantes: Caldas, Lozano, Valenzuela, Zea, Restrepo y Camacho.

Hacia 1830, en los comienzos de la república, funcionó El Parnasillo, al que, entre otros, asistían Agustín Rodríguez Moreno y su sobrino Ignacio Gutiérrez Vergara; Andrés María y Juan Antonio Marroquín, así como José Eusebio Caro, quien por entonces tenía tan solo trece años y más tarde fundaría el Partido Conservador.

Treinta años después, en 1860, se estableció El Mosaico, donde se agrupaban, cualquier día de la semana, los más importantes representantes del costumbrismo neogranadino, cuyos integrantes, con solo mencionarlos, hacen recordar a grandes nombres de la literatura colombiana: José María Vergara y Vergara, Eugenio Díaz, José Joaquín Borda, José Caicedo Rojas, Salvador Camacho Roldán, José Manuel Marroquín (quien sobrevivió no tanto por sus méritos literarios como por su infortunada obra de gobierno, que culminó con la separación de Panamá),25 Juan Francisco Ortiz, Ricardo Carrasquilla, Felipe Pérez, Juan de Dios Restrepo, José David Guarín, el constitucionalista José María Samper, Ricardo Silva, Mario Valenzuela, Manuel Pombo, Diego Fallon, Luis Segundo de Silvestre y el gran novelista colombiano Jorge Isaacs, quien en El Mosaico leyó por primera vez las románticas páginas de la novela María, sobre el cual, Pacho Carrasquilla, asistente a esa tertulia, escribió:

Vate que en su alma atesora

Raro talento y dulzura

Y escribe con tal ternura

Que quien lo lee siempre llora.26

Años más tarde, existió la Sociedad Gutiérrez González, creada por Gregorio Gutiérrez “Antíoco” y Francisco “Pachito” González, y de la cual hicieron parte el maestro Guillermo Valencia y don Baldomero Sanín Cano. Poco después, se creó la tertulia la Gruta de Zaratustra, dedicada al estudio del arte, y entre 1902 y 1921 existió la Sociedad Arboleda, cuyo lema era “Vitam impedere arti”, que reunía a jóvenes de los dos partidos políticos tradicionales colombianos, quienes fundaron en 1911 la revista Letras, con escritos, en sus seis números, de Antonio Álvarez Lleras, Daniel, Jorge y Nicolás Bayona Posada; Juan de Dios Bravo, Vicente Casas Castañeda, Raimundo Rivas, Rafael Mesa Ortiz, Pedro Gómez Corena y Jorge Arturo Delgado.

Con los años, durante el siglo XX otras tertulias siguieron el ejemplo de las tradicionales tertulias de los siglos XVIII y XIX: El Café Asturias, El Cisne, El Automático, La Cueva (en Barranquilla) y La Gruta Simbólica, “reacción literaria y temperamental contra un pasado lleno de errores y de faltas, que a pesar de que disfrutó de hombres de ciencia, literatos, filósofos y poetas, desgraciadamente desunidos, resultaron ineptos para la acción”.27

La Gruta Simbólica, que nace en 1895 —inspirada en plena Belle Époque—, pretendía crear en Colombia, en medio del conflicto bélico civil que cruza los dos siglos, el XIX que termina y el XX que comienza, y que se ha denominado la guerra de los Mil Días, nuevas formas de expresión literaria con la norma: “Ir a lo claro por lo oscuro”, cultivando la poesía y la literatura con la bohemia, el humorismo y el ingenio espontáneo, que dio lugar a hablar del “Chispazo bogotano”, que tuvo su máximo apogeo en esta tertulia de la Bogotá de entonces:

...una grande aldea, limitada por las Iglesias de San Diego, Las Cruces, Egipto y La Capuchina. El lenguaje con que se designaban las cosas y las casas era típico: el portón, el trasportón, el vestíbulo, la alacena, el seibó, el cuarto de San Alejo y el solar con aljibe, brevo y santuario. En las salas familiares, un enternecedor retrato de los octogenarios el día de su boda, una imagen iluminada del Redentor, heredada de los abuelos, un canapé de peluche, una consola, una inmensa concha marina como lujoso adorno, y una invariable papaya para perfumar el ambiente. Afuera, los geranios y cilantrillos, regados amorosamente todos los días por la dueña de casa.28

Clímaco Soto Borda, Julio Flórez, Rafael Espinosa Guzmán (REG), Víctor Londoño, Gustavo Gaitán, J. M. Pérez Sarmiento, Max Grillo, Ricardo Hinestroza Daza, el más tarde presidente de la república Enrique Olaya Herrera, Luis María Mora, Julio de Francisco, Rudesindo Gómez, Ignacio Posse, Miguel Peñarredonda, Antonio “El Jetón” Ferro y más de setenta repentistas, pulquérrimos y bien trajeados, que entre tragos y chascarrillos, valses, cenas y licores, construyeron con epigramas y poemas la política colombiana desde la literatura; y aunque aquí se ha perdido el culto a los libros, no obstante los tertuliantes de tantas reuniones fueron importantes promotores de la bibliomanía, la bibliofilia y las bibliotecas.

Así lo señalaba Jorge Pombo Ayerne en alguna reunión de la Gruta Simbólica, en su poema “Bibliomanía”:29

A fuerza de ejemplar perseverancia

Logré acopiar, no obstante mi indigencia,

Selectos frutos de la humana ciencia

Que colman y engalanan mi existencia.

Hícelo no por necia petulancia;

Que sólo de los libros la asistencia

Da pronto alivio a la fatal dolencia

Que siempre me ha aquejado: la ignorancia.

Si yo a mi biblioteca rindo culto,

Es porque en cada tomo hallo un amigo

A quien todo confieso y nada oculto.

Y tal confianza en su prudencia abrigo,

Que si al dudar sus páginas consulto,

Ciego y seguro su dictamen sigo.

Las tertulias santafereño-bogotanas de los siglos XVIII al XX, fueron una hermandad de espíritus bohemios y románticos, semillero de la política y del ingenio, alimentado por las inteligencias más vivaces de cada época, motivadas por las libaciones que daban un desaforado culto al dios Baco para poder hablar siempre mal del Gobierno.

Referencias

Barón Ortega, Julio, Don Antonio Nariño y su defensor José A. Ricaurte Rigueiros, Tunja, Publicaciones de la Academia Boyacense de Historia, 1997.

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Olano García, Hernán Alejandro, El Constitucionalista Antonio Nariño, Bogotá, Colección Portable de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2010.

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Ruiz Martínez, Eduardo, La Librería de Nariño y los Derechos del Hombre, Bogotá, Planeta, 1990.

Santos Molano, Enrique. Antonio Nariño, filósofo revolucionario. Santa Fe de Bogotá, Planeta, 1999.

1 Este artículo es resultado del proyecto de investigación denominado: “Historia de las instituciones”, que inició en el mes de agosto de 2012. Proyecto avalado por el Grupo de Investigación en Derecho, Ética e Historia de las Instituciones “Diego de Torres y Moyachoque, cacique de Turmequé”, de la Universidad de La Sabana, código DIN-HUM-047/2012.

2 Abogado, con estancia Posdoctoral en Derecho Constitucional como becario de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España y en Historia en la Universidad del País Vasco como becario de AUIP. Profesor de Democracia, Globalización y Conflicto. Director del Programa de Humanidades en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas; Director de Estudiantes del Programa de Filosofía y Director del Grupo de Investigación en Derecho, Ética e Historia de las Instituciones de la Universidad de La Sabana. Es Investigador Asociado en Colciencias e Investigador de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra. hernan.olano@unisabana.edu.co

3 Monseñor Rafael Gómez Hoyos, “Nariño, conciencia viva de la Patria, oración gratulatoria”, Boletín de Historia y Antigüedades, Academia Colombiana de Historia, núms. 606 a 608, 1965, p. 309.

4 Julio Barón Ortega, Don Antonio Nariño y su defensor José A. Ricaurte Rigueiros, Tunja, Publicaciones de la Academia Boyacense de Historia, 1997.

5 Julio César García Valencia, Historia de Colombia, Medellín, Edición de la Asamblea Departamental de Antioquia, 1994, p. 157.

6 Eduardo Ruiz Martínez, La Librería de Nariño y los Derechos del Hombre, Bogotá, Planeta, 1990, pp. 141-142.

7 Julio César García Valencia, Historia de Colombia, op. cit.

8 Eduardo Ruiz Martínez, La Librería de Nariño y los Derechos del Hombre, op. cit., p. 142.

9 Enrique Santos Molano, Antonio Nariño, filósofo revolucionario. Santa Fe de Bogotá, Planeta, 1999, pp. 110-111.

10 Familiarmente, Nariño llamaba al tío de su esposa “mi cura” y otras veces “el obispo de Turmequé”.

11 Guillermo Hernández de Alba y Fernando Restrepo Uribe, Iconografía de don Antonio Nariño y recuerdos de su vida, Bogotá, Publicación auspiciada por la Empresa de Teléfonos de Bogotá, 1983, p. 62.

12 En el semanario El Zipa, editado en Bogotá el 3 de septiembre de 1789 y citado por Hernández de Alba, Guillermo y Fernando Restrepo Uribe, Iconografía de don Antonio Nariño y recuerdos de su vida, op. cit., p. 63.

13 Margarita Garrido, Antonio Nariño, Bogotá, Panamericana Editorial, 1999, pp. 28 y 29.

14 De este periódico aparecieron 38 números, el primero el 14 de julio de 1811 y el último, el 12 de abril de 1812. Contaba con 116 suscriptores, entre los que se cuenta a don Mariano Olano. Además, Cacua Prada, comenta que el título de La Bagatela, según el historiador nariñista y académico Eduardo Ruiz Martínez, lo tomó de un diálogo de Don Quijote con el autor de un libro que en toscano se llama Le Bagatelle. En el Ingenioso Hidalgo se lee: “¿Y qué responde Le Bagatelle en nuestro castellano? Preguntó Don Quijote. Le Bagatelle, dijo el autor, es como si en castellano dijésemos juguetes; y aunque este libro es en el nombre humilde, contiene y encierra en sí cosas muy buenas y sustanciales”.

15 Guillermo Hernández de Alba y Fernando Restrepo Uribe, Iconografía de don Antonio Nariño y recuerdos de su vida, op. cit., p. 34.

16 Este periódico apareció el 5 de marzo de 1823, en tres entregas, con el objeto de dar contestación a las agresiones que en contra de Nariño injustamente realizaban Francisco de Paula Santander y sus amigos, y que se imprimían en los periódicos Gaceta de Colombia y El Patriota, según relata el historiador Moisés Barón Wilches en el libro El sino trágico de Antonio Nariño, publicado en 1977 por ediciones Fondo Cultural Cafetero, libro en el cual no se encuentra ninguna nota bibliográfica y, además, están copiadas textualmente y sin comillas páginas enteras de la obra de Jorge Ricardo Vejarano sobre Nariño.

17 Julio Barón Ortega, Don Antonio Nariño y su defensor José A. Ricaurte Rigueiros, op. cit., p. 37.

18 Vicente Pérez Silva, “Antonio Nariño: precursor de la libertad de pensamiento y de imprenta”, Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. VIII, núm. 4. Banco de La República - Biblioteca Luis Ángel Arango, 1965, p. 501.

19 Belisario Betancur, “El periodismo y los precursores de la independencia”, en Ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, núm 6, 2008, p. 18.

20 Según el Diccionario de la Real Académica, eutropélico proviene de eutrapelia

(del gr. εὐτραπελία, broma amable).

1. f. Virtud que modera el exceso de las diversiones o entretenimientos.

2. f. Donaire o jocosidad urbana e inofensiva.

3. f. Discurso, juego u ocupación inocente, que se toma por vía de recreación honesta con templanza.”

21 Fabio Peñarete Villamil, Así fue la Gruta Simbólica. Crónicas y chispazos del Jetón Ferro – Los mejores epigramas colombianos de todos los tiempos, Bogotá, Tipografía Hispana, 1972, p. 17.

22 Idem.

23 Belisario Betancur, “El periodismo y los precursores de la independencia”, op. cit., p. 23.

24 Biblioteca Nacional de Colombia, “Circulación del conocimiento en la Nueva Granada”. Disponible en: http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/literatura-ilustrada-neogranadina-la-circulaci%C3%B3n-del-conocimiento-en-la-nueva-granada.

25 Opinión de Enrique Santos Montejo “Calibán”, en: Fabio Peñarete Villamil, Así fue la Gruta Simbólica. Crónicas y chispazos del Jetón Ferro – Los mejores epigramas colombianos de todos los tiempos, op .cit., p. 11.

26 Ibid., p. 196.

27 Opinión de Enrique Santos Montejo “Calibán”, ibid., p. 11.

28 Opinión de Abelardo Forero Benavides, ibid., p. 13.

29 Ibid., p. 81.

La ley Norma escrita en el archivo del cabildo colonial

Alfonso Rubio1

La presente exposición parte del tercer capítulo del texto titulado La escritura del archivo. Recurso simbólico y poder práctico en el Nuevo Reino de Granada, y se centra en los aspectos históricos del derecho por los cuales la ley de la Edad Media deviene en forma de escritura.2 Pero está enfocada desde la llamada historia social de la cultura escrita y, entre nuestros intereses investigativos, estos que se dirigieron hacia el archivo de los cabildos coloniales, nos llevaron al estudio de la “ley escrita”, plasmada en la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias de 1680, como un recurso de poder simbólico y práctico que el archivo, porque la propia ley así lo dictaba, debía custodiar.

La ley en forma de escritura

Para hablar de la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias de 1680, como ley impresa, en forma de libro, que los cabildos coloniales debían custodiar en su archivo o “arca triclave”, y hablar de las representaciones de poder a que ella daba lugar, es aclarador hacer un repaso previo por dos aspectos: la ley que en la Edad Media deviene en forma de escritura y el significado del derecho escrito durante la edad moderna, la época en que se trama y desarrolla la elaboración de la Recopilación.

En el ámbito hispano, el vocablo “ley” durante los siglos XVI a XVIII, detentaba al menos tres significados que, en continua tensión y transformación, no siempre aparecieron claramente separados:3

La ley como el orden jurídico mismo, como fundamento de la sociedad organizada.

La ley como cierta norma importante, promulgada bajo determinados requisitos y condiciones.

La ley como toda norma escrita y promulgada por la autoridad que deviene en la legislación propiamente dicha.

Solo en esta última acepción, la ley como toda norma jurídica, dada en forma escrita por el rey u otra autoridad, utilizaremos aquí el término ley. Una ley que estuvo asociada desde los Reyes Católicos al desarrollo del poder político, pues fue utilizada como principal instrumento para expresar su voluntad, siendo uno de los medios de acción del Estado. El príncipe ostentaba la jurisdicción suprema, de manera absoluta, pero en la realidad el poder se ejercía a través de un complicado aparato administrativo donde los letrados aparecieron como fuerza dominante.

Después de un periodo europeo de régimen feudal, en el que junto al derecho escrito de las compilaciones romanas y germánicas existía un derecho de tradición puramente oral, donde las invasiones y ocupaciones bárbaras provocaron una alta diversidad de prácticas legislativas, donde disminuyó la tendencia a organizarse imitando el prestigioso modelo imperial romano, en la Italia del siglo XI, la educación de las clases dirigentes hizo que ni las leyes bárbaras ni las carolingias ni el derecho romano cesaran de ser estudiados, resumidos y glosados.

También en España, donde entre los laicos subsistía una cierta instrucción, la codificación visigoda continuó siendo copiada y estudiada. Instaurados en territorios donde la práctica jurídica bajorromana estaba en vigor, los reyes visigodos, como otros reyes bárbaros, desearán formar sus propios códigos a imitación de los emperadores. La codificación visigoda culmina en la segunda mitad del siglo VII (entre Recesvinto y Ervigio) con el Liber Iudiciorum, de impronta romanista y prueba de una cultura fuertemente arraigada en la escritura, que servirá como fuente de derecho aplicado y medio de formalización de las relaciones jurídicas. La doctrina del Liber dejará sentir un ambiente de notariado profesional y tecnicismo jurídico y, al igual que en otros países, los sistemas de legalidad oral van siendo penetrados por la lógica y la práctica de la escritura.

Como es bien sabido, a fines del siglo XI Bolonia se erige en centro europeo de las enseñanzas del derecho que, abiertas a los auditores extranjeros, por el escrito y por la emigración de muchos de sus maestros, se propagan al resto de Europa. Ninguna universidad fue ajena a la necesidad de proveer a las clases dirigentes, laicas o eclesiásticas, de licenciados con conocimientos que garantizaran, por un lado, las funciones y actividades sacerdotales, y, por otro, la buena marcha y administración de sus patrimonios, negocios y transacciones comerciales.

Por todas partes, en el curso del siglo XII, el derecho romano penetró en las escuelas. Las fuentes originales, en especial el Digesto, olvidado en provecho de mediocres compendios, da paso a la reflexión jurídica latina. Donde la tradición consuetudinaria conservó fuertemente la huella romana, los juristas, permitiendo el acceso a los textos originales, elevaron el derecho escrito a categoría de una especie de derecho común. En otras zonas, la acción fue menos directa, pues las leyes ancestrales permanecían enraizadas en la “memoria de los hombres” y ligadas a la estructura social, pero el derecho culto acabó imponiéndose a las prácticas jurídicas de tradición oral: los grupos sociales, especialmente los urbanos, “reclamaban la fijación de las reglas cuyo carácter vacilante había dado lugar a tantos abusos”, y la reagrupación de las colectividades en grandes Estados o principados “favorecía no solo el renacimiento de la legislación sino también, en vastos territorios, la extensión de una jurisprudencia unificadora”.4

Surgieron así los escritores que, sin misión oficial, para comodidad de las prácticas, se dedicaron a poner por escrito las normas jurídicas en vigor en sus regiones, dando lugar a la creación de las “compilaciones legales” que contrarrestaban la tradición puramente oral, y haciendo que las generaciones siguientes continuasen la obra con actividad, pues a partir de la segunda mitad del siglo XII, la sociedad tendrá tendencia a organizar las relaciones urbanas con más rigor, a establecer unos límites más claros entre las clases y a eliminar muchas variedades locales. El derecho consuetudinario local se configurará en la forma escrita mediante los avances del derecho escrito de tipo técnico, que reafirmará al poder monárquico, cada vez más consciente de que un obstáculo para su avance era la fragmentación jurídica.

El recurso de la monarquía a la formación de códigos escritos traerá consigo una cierta reacción conservadora del derecho consuetudinario, y este comenzará a adoptar el prestigioso formato escrito para ser reconocido. En este proceso, sin embargo, se altera la naturaleza oral de este derecho y las actitudes y las mentalidades que lo sustentan. Una vez escrito, el texto-ley usurpa la personalidad de la costumbre y queda por ser la versión auténtica (inmemorial) del derecho local que ya no tendrá que basarse en la memoria de los hombres buenos, ancianos o sabedores, sino que requerirá, cada vez más, la interpretación y mediación de técnicos que se formarán en los principios, las prácticas y las mentalidades del derecho romano-canónico enseñado en escuelas y universidades.5

La ley (legislar, de “leer”), “es ante todo un sistema de lectura y escritura, una forma prescrita de interpretación”.6 La escrituración latina motivó el interés por los manuales del Ars dictandi, obras no jurídicas, pero útiles para la composición (dictamen) documental. La escrituración notarial a partir de los cambios socioeconómicos y políticos producidos desde el siglo XIII, tuvo que sujetarse a preceptos de fondo y de forma más amplios que quedaron plasmados en nuevos tratados de Ars notariae. Según la única obra de Salatiel, titulada así, Ars notariae, esta ampliación del formulario notarial se inició en Bolonia, donde ya existía la tradición de distribuir la materia de la escrituración en tipos básicos. Los nuevos tratados pronto fueron asimilados por los “notarios” o “escribanos” españoles gracias a su introducción a través de círculos religiosos y académicos. Las obras (y sus recensiones) que mayor penetración tuvieron, por interesar a sectores más amplios, fueron las obras clásicas del Ars notariae, la de Salatiel y, sobre todo, la de Rolandino, especialmente en Cataluña (desde el siglo XIII Rainero de Perugia y Salatiel, desde el siglo XIV, casi exclusivamente Rolandino).7

A comienzos del Renacimiento, se acercaron el humanismo y la retórica notarial al servicio de la ley, comenzando por Bolonia. Los grandes humanistas que retomaron la retórica clásica fueron los mismos que codificaron la retórica judicial o notarial, humanistas que intentaron crear un discurso capaz de funcionar como sistema de comunicación entre banqueros y mercaderes de las ciudades italianas. Principalmente Rolandino Passaggieri, en Summa y Aurora estableció las normas y ofreció modelos que, a partir del siglo XIII y, en algunos casos hasta el siglo XVIII, se usarían en el resto de Europa y en América Latina. Él, por tanto, “es el antecesor de los letrados que llegaron al Nuevo Mundo”.8

La influencia de la retórica notarial no solo se dejará sentir en los principales centros y capitales urbanas de los distintos virreinatos, alcanzará también a villas y ciudades que incluso tampoco llegaron a ser sedes de gubernativas, sea el caso ahora, aunque hay mucho otros, el de la ciudad neogranadina de Cartago, en el actual Valle del Cauca de Colombia. Entre las obras que aparecen relacionadas en la mortuoria de Mario Bueno Palacios, quien fuera escribano numerario con funciones en la escribanía del cabildo de Cartago a fines del siglo XVIII, se encuentran seis conocidos manuales para escribanos donde aparecen formularios y modelos textuales de literatura notarial, ampliamente utilizados en América y cuyos autores fueron abogados, notarios o escribanos: Pedro Melgarejo, Pedro de Sigüenza, José Juan Colón, José Febrero y el notario valenciano Carlos Ros.9

El derecho, fundamental en los estudios universitarios, era tomado como el saber básico para quienes pretendían funciones públicas en los siglos XVI y XVII, para ejercer los cargos vinculados a la administración de justica y como un instrumento útil para el ejercicio de las tareas de gobierno. Pero no bastaba un conocimiento exclusivamente teórico del derecho, este debía ser complementado con la experiencia, y gobernantes y tratadistas creían a menudo que la auténtica escuela del funcionario era la del escritorio, o sea, el continuo trato con los papeles y las personas, siguiendo el aserto de Torquemada de que la “experiencia vence a toda ciencia natural y especulativa”.10

El derecho tenía por objeto a la sociedad y su aplicación correspondía a los hombres. Las leyes escritas aparecían como vías de materialización del derecho y de la justicia. Este es el espíritu que desprende el cuerpo legal de Las Partidas de Alfonso X, que se redacta en el siglo XIII y recepciona el derecho romano en Castilla. Las leyes deben ser, nos dicen Las Partidas, “con razón y sobre cosas que pueden ser según natura”; deben ser guardadas por el rey y por el pueblo, porque se hacen “para ordenar los hechos del mundo”, para que los hombres “sepan vivir bien ordenadamente” en su patria.11

En el mundo hispano se destaca la presencia de dos elementos constitutivos de la ley: la “razón” intrínseca del precepto y la “voluntad” del legislador. Dos elementos que, en constante tensión, actuaron durante todo el periodo que va de los siglos XVI a XVIII y suscitaron todo un campo de pensamiento sobre el derecho hispano. Las ideas más caracterizadoras en torno a esos elementos, se aglutinaron y clasificaron en tres líneas de pensamiento:12

La que procede de San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII: “la ley debe ser honesta, justa, posible, conforme a la naturaleza y a las costumbres patrias, conveniente al lugar y tiempo, necesaria, útil, clara […] y dada, no para el bien privado, sino para utilidad común de los ciudadanos”. Esta idea se transmitió, tanto por vía literaria, dado que sus Etimologías circularon ampliamente en la cultura española medieval y moderna; como por vía legal, ya que su caracterización de la ley quedó asentada en compilaciones legales como el Liber Iudiciorum (654) y el Fuero Juzgo (1241), y fue recogida en las recopilaciones de 1567 (La Nueva Recopilación de las Leyes de España, de Felipe II) y 1805 (Novísima Recopilación de las Leyes de España, de Carlos IV).

La línea que conecta con la clásica definición de ley dada por Santo Tomás de Aquino: “una ordenación racional al bien común, promulgada por la autoridad que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad”. Tuvo amplio desarrollo entre los teólogos españoles de los siglos XVI y XVII.

La línea que aquí nos interesa, que habla de la ley como escritura. Es la línea procedente de Las Partidas, que adquirió amplia difusión y preeminencia entre los juristas hasta el mismo siglo XIX. En el código alfonsí, con un tono moralizante, “la ley es escritura que enseña el bien que el hombre debe hacer y prescribe el castigo para apremiarlo a que no haga el mal”.

Al igual que la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias de 1680, Las Partidas estaban lejos de ser un mero código de leyes, al modo de las normas del derecho romano clásico o justiniano. Componían, más bien,

…un complejo de normas de distinta significación que pretendían regular y dirigir todos los aspectos de la conducta humana, lo mismo en el orden jurídico, que en el ético, religioso, político y en las propias costumbres o usos sociales […] Por ello también Las Partidas conformaron un substrato de cultura jurídica, que no era solo patrimonio de los juristas, sino de todos los sectores intelectuales de la época.13

La ley en Las Partidas aparecía como un instrumento principal del poder real y de la unidad del reino.14 La creencia en el valor de las leyes escritas durante la Edad Moderna hacía concebir a estas como un instrumento que ordenaba el mundo, reglamentaba y gobernaba la pública quietud y la república debía guardarlas.

El derecho escrito en el Estado moderno

En la baja Edad Media surgen y se acentúan una serie de tensiones que acabarán con el sistema jurídico medieval. Tensiones entre el ius vetus y el ius novum, que las alteraciones de los tiempos obligan a introducir; entre el ius commune y el ius propium; entre el ius naturale y el ius positivum que nace de la voluntad de un soberano que dice y crea el derecho; entre la consuetudo y el ius scriptum, que debe fijarse por escrito para que se conozcan y precisen sus perfiles:

Hay una etapa final de la Edad Media en la que las necesidades de un creciente tráfico mercantil, la aparición de un nuevo sentido de la vida y de la cultura, las novedades técnicas en que la existencia social se apoya, el nuevo tejido de relaciones interindividuales que se va creando, obligan no solo a matizar de tarde en tarde un derecho antiguo, universal, común, y dado de siempre, sino a reemplazarlo por un derecho nuevo, que traduzca las cada vez más definidas particularidades históricas de un grupo. Como ese derecho se ha de transformar constantemente, para seguir el mismo ritmo que el cambiante juego de las circunstancias reales de una sociedad, viene a ser cada vez más necesario ponerlo por escrito para que pueda ser clara y prontamente conocido, ya que no tiene a su favor el conocimiento inmemorial de que goza la costumbre.15

El Estado moderno, considerado como una organización de poder, necesita colocarse por encima del derecho, subordinándolo a su superioridad o soberanía. Para asegurar la adecuación de este a las circunstancias cambiantes, necesita dominar el proceso de creación del derecho, pues crece el campo de la actividad normatizada y reclama estar por encima de la ley para mantenerla y contener en un campo de normas sus propias actividades. El derecho al modo medieval (universal, perenne, común y consuetudinario) ya no sirve. El “rex-iudex” no creaba la ley, solo la reconocía y la aplicaba. Ahora el Estado produce el derecho, crea la norma y luego la aplica, y por las condiciones mismas histórico-sociales en que el Estado y todas sus manifestaciones, incluido el derecho, se producen (condiciones de racionalización, tecnificación y cálculo), el Estado debe producir el derecho en forma de ley para asumir abstractamente largas series de hechos concretos.

En esa concepción de racionalización y cálculo, propia del proceso histórico de la edad moderna, se da una tendencia a la formalización del derecho, que se manifestará en la cada vez mayor prioridad que va adquiriendo el derecho escrito y su formalización a través de convenientes compilaciones. Desde el siglo XV, en las Cortes castellanas se hablará de un derecho escrito refiriéndose al ius propium en un sentido estatal y no local. Y para que se administre y se juzgue “por las leyes scriptas” estas deben ser reunidas, clasificadas, ordenadas y puestas en concordancia como partes de un solo cuerpo legal, facilitando que las mismas puedan enmendarse y completarse. De acuerdo con una mentalidad moderna de tipo burgués y a sus exigencias económicas, durante el siglo XVI las Cortes solicitarán continuamente la unificación y la formalización por escrito del derecho, que las leyes se compilen y corrijan, imprimiéndose en un libro, por el cual “se puedan y devan determinar los negocios”.16

Las Cortes de Valladolid de 1544 reclamarán “que todas las leyes destos rreynos se compilen e pongan en horden e se ynpriman”. La impresión de las leyes pone en conexión las transformaciones de las ideas políticas con el mundo de la técnica. La imprenta facilitará la formalización, unificación y divulgación del derecho, aspectos esenciales en el régimen de un Estado moderno.

Por otro lado, la disposición y formalidad de los caracteres tipográficos está en consonancia con la frialdad y distancia conveniente para que las leyes, acordadas por una institución superior como las Cortes y promulgadas por un rey absoluto, sean obedecidas por el conjunto de la sociedad. Además de que los textos impresos son más fáciles de leer, a las compilaciones y codificaciones legislativas les convenía lo impreso, que facilitaba la relación de sus “fríos”, “justos” u “objetivos” datos con la conciencia, tanto de quien debe interpretarla, como de quien debe cumplirla. Normalmente, el control tipográfico, de líneas perfectamente regulares y justificadas simétricamente, causa mayor impresión visual.17

La invención de la imprenta afianzó y amplificó los poderes reconocidos desde antaño a la escritura. El procedimiento, cuyas primeras realizaciones con caracteres móviles se llevaron a cabo durante el reinado de Enrique IV (1454-1474) en la Corona de Castilla, aportaba rapidez en la ejecución del producto, ahorro de mano de obra, uniformidad del texto difundido, menor coste del ejemplar y, sobre todo, vasta difusión del mensaje. Las primeras obras salidas de la prensa eran de temática religiosa y entre ellas se encontraban las bulas papales. Los Reyes Católicos, sucesores de Enrique IV, participaron de las prácticas de las bulas, apropiándose de los beneficios económicos y propagandísticos que conllevaba la mención de sus nombres junto al del vicario de Cristo con el fin de promover acciones virtuosas y ejemplares. La identificación de sus súbditos con sus reales personas suponía “casi, una interpretación de sus conductas en clave de santificación”. Las bulas son una parcela de un programa más amplio que constata una concertación con representantes de la jerarquía eclesiástica con miras a respaldar, imitar o trasplantar modelos de actuación social. La plena conciencia de que el arte de la tipografía era un instrumento apropiado para gobernar, lo demuestran las estadísticas de obras publicadas. Analizadas por décadas y materias hasta 1500, puede comprobarse cómo evolucionó la oferta de la autoridad religiosa o civil y la demanda de los lectores: la temática religiosa predominó durante todo el periodo; las obras jurídicas hispanas fueron paulatinamente ganando terreno y los textos universitarios y los autores grecolatinos iniciaron su aparición sectorialmente.18

En el ámbito occidental, se da un doble fenómeno en el proceso de redacción escrita de las normas jurídicas:19

La redacción oficial escrita de las antiguas costumbres en textos que desde entonces tendrán fuerza legal.

El aumento de la actividad legislativa escrita de los príncipes soberanos, que trae consigo la imposición en la vida jurídica de las colecciones escritas con fuerza de ley en detrimento del derecho consuetudinario, y la superioridad formal con que se presentan siempre las leyes emanadas del poder soberano.

Ya en la Baja Edad Media, esa actividad de escritura legislativa que llevaron a cabo compiladores, glosadores y comentaristas conformó un sistema normativo válido para toda Europa. A fines del siglo XIV, los juristas de derecho propio (del ius propium), sin olvidar las peculiaridades normativas e institucionales de su territorio, aparecen plenamente integrados en el ius commune, que se presentaba como un firme y el verdadero sistema jurídico de la cristiandad fusionando elementos jurídicos, éticos y religiosos de la doble vía todavía existente: el derecho canónico y el derecho civil (el utrumque ius) se estudiaban en todas las universidades de Europa y se difundían ampliamente con el apoyo de la imprenta.

La penetración en España del ius commune se produjo por varias vías: la continuidad de una cierta cultura romanista a través de los textos visigodos a fines del siglo XI, la fundación durante los siglos XII y XIII de “Estudios Generales” en la Península, donde acudían estudiantes españoles para formarse en estudios jurídicos foráneos, las influencias de universitarios exteriores y eclesiásticos, la introducción de textos por cauces laicos (linajes pudientes y nobiliarios) y la figura del “letrado” o “legalista”, que se hace habitual desde el siglo XIII en puestos de gobierno y administración, y que poseía una formación basada en textos escritos que ya circulaban en España desde el siglo XII: textos básicos romanos y canónicos, las sumas, la literatura procesal y judicial, los artes de notaría, los formularios de práctica jurídica, o la obra de juristas influyentes como Bartolo y Baldo, y canonistas como el abad Panormitano.

En la edad moderna, este sistema jurídico evoluciona mediante una especialización por materias o ámbitos del derecho junto a una tendencia por el trato monográfico de instituciones y problemas, una aproximación a capítulos concretos de los textos fundamentales de los derechos canónico y civil, mayor atención a los temas mercantiles y financieros y, en general, una particularización por reinos o territorios. Se editaron obras compilatorias tales como índices, repertorios, diccionarios, antologías de sentencias y consejos que definitivamente establecieron un derecho común general, una cultura jurídica común en el territorio europeo que se manifestaba también en un lenguaje común, el latín, y unas formas comunes de transmisión a través de los estudios universitarios. Desde el siglo XVI el derecho seguirá expandiéndose en latín, pero algunas obras comenzarán a editarse en lengua romance o “vulgar”, una tendencia que aumenta en el siglo XVII y se impone en el XVIII, significando que los destinatarios ya no se encontrarán en los círculos cultos y especializados europeos, sino en la sociedad particular de cada uno de los reinos en cuestión.20

En toda Europa, se impone la prioridad por el derecho escrito y se aspira a una unificación en la legislación, reduciéndola a escritura. Las peticiones de las Cortes castellanas dieron sus frutos. Confeccionadas por el jurista Díaz de Montalvo, con los Reyes Católicos aparece el llamado Ordenamiento de Montalvo u “Ordenanzas Reales de 1484”. Durante la primera mitad del siglo XVI, se producen en Castilla, más que en otros reinos, repertorios con fines prácticos entre los que se puede destacar el Repertorio universal de todas las leyes destos Reynos de Castilla, abreviadas y reducidas, de Hugo de Celso. Ya en 1567, compuesta más con técnica acumulativa que codificadora, pero preludiando el tipo de los modernos códigos nacionales, Felipe II promulga la llamada comúnmente Nueva Recopilación de las Leyes de España. Con una pretensión sistematizadora, esta recopilación inserta leyes enteras con su autor y fecha y las distribuye en libros que a la vez se subdividen en títulos.21

El derecho se extenderá en su vigencia a todo el territorio de una comunidad política, más que al grupo humano como tal que la integra. Frente a una justicia medieval universal y abstracta, se constituye un derecho particular de cada reino basado en la especificidad de sus propias vidas jurídicas y en su sustancial condición. Se impondrá cada vez más la especificidad de los factores “tiempo” y “lugar” que caracterizan toda comunidad política. La ley surgirá entonces como un resultado circunstancial, será un producto histórico.

Los movimientos sociales de los siglos XV y XVI dieron lugar a la nueva forma política del Estado y la dotaron de un derecho territorial, particular, producido por el soberano de cada uno de esos Estados, e interiorizado en cada una de las comunidades que abarcaban. El absolutismo, visto como un intento de formalizar una autoridad legal que había sido impugnada y restringida en el periodo medieval tardío, dio lugar a una serie de hechos que establecieron unas nuevas condiciones para el desarrollo de un “Estado moderno temprano”. Las leyes se “territorializaron” y “monarquizaron”, la variedad de leyes locales se transformó en leyes reales de aplicación amplia o general; la función judicial se hizo ejercicio exclusivo de la Corona; ejercida a través de agentes delegados, se intensificó su regularización, y se volvió más técnica, más institucionalizada y más utilizada; y la ley y su cultura se hicieron cada vez más instrumentales e influyentes en el conjunto de la sociedad. Este largo proceso multisecular, por el que la justicia llegó a ser asumida por la esfera pública y lo público asumido por la ley, es lo que a veces se conoce como “juridificación”; un proceso que culminaría con la compilación y codificación de las leyes reales en forma permanente, escrita y definitiva que no solo racionalizaban las leyes, también ofrecían una nueva uniformidad de la autoridad.22

Se creó un derecho tecnificado que requería, en la función de aplicación de la ley, una preparación idónea, y con el cual se podían enfrentar los cambios que surgían en diferentes ámbitos sociales, sobre todo en el campo de la cada vez más complicada maquinaria del precapitalismo. La cultura jurídica fue, en términos generales, una cultura común en toda Europa y el Estado territorial de la temprana edad moderna pretende primordialmente una unificación del derecho válido en sus territorios, así como la organización de la administración de la justicia, que pueda llevarlos hacia un control central y con ello consolidar la propia unidad del Estado. El concepto de soberanía, a diferencia de la Edad Media, implicaba la fusión de dos nociones: la noción de capacidad de que las órdenes se obedecieran, y la noción de poder jurídico que representaba al poder político conforme a derecho, o sea, en forma ya previamente especificada:

Por ello la soberanía significaba, desde la segunda mitad del siglo XVI fundamentalmente: control político centralizado de la jurisdicción, anulando las jurisdicciones feudales, eclesiásticas o corporativas, que se justificaban a partir de derechos propios. Soberanía significó registro y unificación de los derechos regionales, mediante el proceso de la imprenta. Soberanía significó la aceptación del lenguaje y de los logros conceptuales del derecho civil romano, si bien no como derechos vigentes, sí como fundamento del saber jurídico. Soberanía significó creciente actividad legislativa. Por eso se puede hablar […] de un “concepto político de ley”.23

La ley, la misma ley, como decían los dispositivos de la época, que “han de regir y reglar” las “tierras de las Indias”. Tratándose de territorios nuevos incorporados al reino de Castilla, las fórmulas y soluciones jurídicas que debían regir las Indias, en un principio, habrían de buscarse en el marco legislativo vigente por entonces en la metrópoli colonizadora, “porque segund derecho, las tierras nuevamente conquistadas e acrecentadas al señorio antiguo se han de regir por las leyes del reyno a quien se acrecienta y ansy la dispusicion de las dichas leyes del reyno de Castilla”. Se requería un derecho territorial, particular e interiorizado en los nuevos territorios descubiertos. Así se fueron dictando normas y disposiciones de todo género que participaban de la propia diversidad y contradicción dadas en una empresa de tal envergadura, donde se entrecruzaban principalmente intereses políticos del Estado castellano, intereses particulares de conquistadores y encomenderos, e intereses religiosos y valores morales de diferentes órdenes y teólogos. Normas y disposiciones que irán formando, a lo largo de la dominación española, lo que se conoce como Derecho Indiano, que nace con las Capitulaciones de 1492 otorgadas por los Reyes Católicos en Santa Fe y que hacen posible el viaje del Descubrimiento y fijan su organización. Organización que tiene su origen en la concepción filosófico-política del derecho natural que concibió y expuso Graciano en su Decreto, o sea, la ordenación jurídica del ius commune romano-canónico aceptada y difundida en toda Europa, “la práctica colonizadora castellana y portuguesa que está desarrollándose con ocasión de las exploraciones por el Atlántico y el sistema institucional de Castilla”.24

Una ley manuscrita o impresa que, bien en forma de reales dispositivos (provisiones, cédulas y órdenes), o bien en forma de libro impreso, o sea, por medio de distintas recopilaciones legislativas y de la definitiva Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias de 1680, los cabildos y las distintas instituciones peninsulares e indianas debían custodiar en su archivo o “arca triclave”, previo recibimiento y obedecimiento simbólico de la misma.

Como ejemplo, así obedece el gobernador de la provincia de Antioquia, Miguel de Aguinaga, la Real Cédula del 22 de noviembre de 1674 de la Reina Gobernadora regente, Mariana de Austria, concediendo licencia para fundar la Villa de Medellín:

… habiendo visto la Real Cédula de su Majestad, que Dios guarde, del que yo escribano hice relación, puesto en pie, destocado, la besó y puso sobre su cabeza con el acatamiento debido como carta de su Rey y su Señor natural y la obedece para su ejecución y cumplimiento.25

La ley en el archivo. Representaciones de poder

Durante los cincuenta primeros años del siglo XVI, la gran abundancia de cédulas y disposiciones heterogéneas que se expedían, producía situaciones de extrema desorganización documental y complicada recuperación informativa en los archivos de los organismos rectores. Las normas legislativas llegaron a adquirir un volumen tan considerable que resultaba difícil conocerlas en su totalidad y distinguir las vigentes de las derogadas o de las caídas en desuso.26 Ante esta situación, se hizo necesaria una labor archivística de clasificación y ordenación que contribuyese a facilitar el conocimiento de la legislación, tanto a gobernantes como a gobernados.

El 12 de abril de 1680, a los ciento veinte años de la fecha en que, a iniciativa de Francisco Fernández de Liébana, fiscal del Consejo de Indias, se formaba el Cedulario del oidor de la Audiencia de México Vasco de Puga que se imprimiría en 1563, el Consejo Supremo hacía entrega a Carlos II de los cuatro tomos de la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, a la vez que se le solicitaba, les diese “la fuerza y autoridad que deven tener las leyes reales”. Carlos II aprobó y promulgó la Recopilación por medio de una Pragmática dada en Madrid el 18 de mayo de 1680, y ordenó su impresión, publicación y remisión en la forma convenida. La Recopilación se promulgó con carácter general, por tanto, las leyes recopiladas, que hasta entonces habían tenido en su mayoría una vigencia limitada a alguna zona concreta, alcanzaron vigencia en toda la América hispana, donde convenientemente se envió y distribuyó.

Basándose en “los tipos ideales” de Max Weber, que no pretenden ser un reflejo fiel de la realidad, sino unos esquemas para su captación, Manuel García Pelayo diseña una “estructura típico-ideal de las culturas del libro”, es decir, de los pueblos que creen en una revelación recogida en un libro, y que, por consiguiente, participan en la verdad. Unos pueblos (judíos, cristianos, persas) a los que el islamismo, de acuerdo con los textos coránicos, designaba como “gentes del libro”.27

La Recopilación tarda más de un siglo en formarse y ella recoge disposiciones desde el inicio de la Conquista. Hay una fiel creencia en ella, por tanto, como el Libro que compila definitiva y plenamente el conocimiento legislativo a través del cual se regule el buen gobierno de las colonias españolas. El Libro se convierte así en un poder histórico-simbólico que puede absorber el poder político o puede estar con él en relaciones de coordinación.

Prescindiendo de las concepciones religiosas, aplicamos los rasgos que señala García-Pelayo para caracterizar esa “estructura típico-ideal de las culturas del libro” a la Recopilación de las Leyes de Indias, considerada esta como un instrumento de poder político-administrativo y una herramienta de juristas y letrados para su aplicación. Ocho son estos rasgos:

El vínculo social entre todos los hombres y grupos participantes en una misma comunidad política es consecuencia de su común respeto a los dictados del Libro (La Recopilación). El Libro es el principio constituyente de la sociedad, su centro integrador. Quien no cumpla con las leyes del Libro será considerado un enemigo y podrá ser castigado.

El libro contiene la verdad, las leyes que deben ser observadas —y no otras— y la nomología decisivas. Leyes decisivas porque el texto del Libro decide sobre la legitimidad o ilegitimidad de una acción, ninguna norma es válida si contradice la nomología del libro. Este, pues, constituye sociológica y políticamente a la comunidad; viene a ser su norma primaria y fundamental.

El Libro encierra un mensaje de buen gobierno y orden convivencial y una llamada a su cumplimiento, con lo que da sentido y misión histórica a la comunidad, pues esta justifica su existencia en cuanto agente necesario para dar vigencia histórica al Libro.

El Libro no solo funda la comunidad, sino que además la fundamenta permanentemente, en cuanto que la justifica no solo en su aparecer, sino también en su devenir histórico; en cuanto que la identidad de la comunidad persiste mientras haya una renovada y común creencia en el Libro, y, finalmente, en cuanto que, su texto fundamenta lo que es legítimo y lo que no, lo que debe cumplirse y lo que no.

El Libro exige la custodia de su contenido y su recta interpretación, de ahí que este, su contenido, deba ser fijado canónicamente y deba contar con una institución como custodia de lo que funda y fundamenta la sociedad y la cultura, y cuyos criterios están dotados de poder y autoridad.

El Libro y la permanencia de su contenido crean una literatura en torno a él destinada a desarrollarlo o aclararlo.

El respeto al Libro se deriva de la obligación de los ciudadanos a su cumplimiento, al cumplimiento de un contenido fijado mediante la escritura al que se le ha atribuido fuerza de ley y que promulga y publica el estado soberano.

Como realidad material, el Libro, portador de las representaciones, significaciones y valores inmateriales de una cultura, se convierte en símbolo básico de esa cultura y quien lo rechaza, rechaza al mundo cultural en cuestión.

Fue la Pragmática de Corregidores de los Reyes Católicos del 9 de junio de 1500, la que institucionalizó el “arca triclave” como archivo de los concejos. En ella se acomete una amplia y rigurosa reglamentación del gobierno local, obliga a los corregidores a hacer en las villas o ciudades arca en que se custodien sus privilegios y escrituras, y encarga al escribano del Concejo la custodia en la misma arca de los libros de las leyes del Reino: “haga [ordena la Pragmática al escribano] que en la dicha arca esten las Siete Partidas, y las leyes del Fuero, y este nuestro Libro, y las mas leyes y pragmáticas, porque habiéndolas, mejor se puede guardar lo contenido en ellas”.28

La regulación establecida para los reinos de la Península no va a ser diferente a la reglamentación archivística que regula la América española. Las poblaciones que van fundándose durante la conquista y colonización del territorio americano, recibirán sucesivas disposiciones generales para regular sus archivos de cabildo o municipales y serán plasmadas en la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. Una Real Cédula del 24 de julio de 1530, dada por Carlos I, y otra de Felipe II del 1 de septiembre de 1548, incluidas ambas como Ley XXXI, Título I del Libro II, ordenan a los cabildos y regimientos recoger la documentación legislativa (cédulas, provisiones, ordenanzas o instrucciones) y “demás escrituras y papeles” que conciernen a sus comunidades, se haga inventario de la misma y se deposite en un archivo o arca de tres llaves que deben repartirse entre el alcalde ordinario, uno de los regidores y el escribano del cabildo.29

La propia Recopilación de Indias trae consigo numerosas leyes que hablan de la custodia de cédulas, provisiones, ordenanzas o instrucciones en el arca o archivo del cabildo. La Ley, el derecho escrito como una forma de control social de una nación organizada burocráticamente que comenzaba a ser un imperio, custodiada en un arca de tres llaves, podría adquirir un carácter sacro-institucional dentro de los concejos.

Como fijación legislativa, además de constituir para el funcionario una herramienta resolutiva de tareas burocráticas, a la Recopilación también se le asignaba un fuerte valor simbólico como atributo del derecho y del poder real, máxime cuando ese valor encontraba buen sustento en el hecho de que los textos legales impresos producían en el común del pueblo, un mayor sentimiento de respeto y autoridad.30 El ejemplo siguiente es sugestivo. En el cabildo de la ciudad de Montevideo, la Recopilación era el único libro impreso que celosamente se guardaba desde su fundación en 1730:

En una ocasión, consta que el alférez real, al cesar en su oficio, devolvió al cabildo [de Montevideo], para que este lo entregara al nuevo funcionario, como atributos de su poder, el estandarte real, el libro de acuerdos y los cuatro tomos de la Recopilación. Y en 1872 al arreglarse el archivo del ayuntamiento, se mandaron hacer dos cajones con llave a fin de colocar ese ejemplar. En otra ocasión, el acta consigna, como acontecimiento extraordinario, que ante una cuestión suscitada y dada la falta de letrados el propio Cabildo “se aplicó a ver con el mayor cuidado y atención las leyes de Indias, que se contienen en cuatro tomos que se guardan en la Caja de este Archivo”.31

La documentación producida por los cabildos coloniales refleja un alto grado de sometimiento a las leyes que los sustentaban en cuanto al cumplimiento de las funciones que permitían su continuidad. Los Acuerdos del Cabildo, las Reales órdenes, las Reales provisiones o Reales cédulas recibidas, son tipologías documentales sujetas a un formulismo protocolario de obligado obedecimiento que refleja la organización de un aparato burocrático mayor al mando de una autoridad superior: el rey.

En la sociedad colonial, presidida por una cultura de la calle que sería, más que el refugio de la escritura, el teatro de su representación, la convivencia de lo escrito y lo oral en la publicidad de las leyes y de los escritos del poder en el cumplimiento de las formalidades administrativas, es un hecho que obligará a desenvolverse con múltiples formas de difusión, en espacios distintos de apropiación y de competencias comunicativas muy desiguales entre los destinatarios.32

Fuentes documentales y bibliografía

Archivos

Archivo Histórico de Cartago (AHCA), Cartago, Colombia.

Bibliografía

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1 Profesor del Departamento de Historia, Universidad del Valle, Cali (Colombia). alfonso.rubio@correounivalle.edu.co

2 Alfonso Rubio, La escritura del archivo. Recurso simbólico y poder práctico en el Nuevo Reino de Granada, Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia, 2014, pp. 83-139.

3 Víctor Tau Anzoátegui, La ley en América Hispana. Del descubrimiento a la Emancipación, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1992, p. 28. La ley solía designar tres tipos normativos que coexistían en el ordenamiento de la época y constituirían un entramado difícil de separar: la ley romana, que englobaba el Corpus Iuris de Justiniano; la ley canónica, más propiamente conocida bajo la voz de canon; y la ley real, que comprendía la doble vía castellana e indiana. Esta última tendió a imponerse a medida que el derecho se hizo particular para cada reino o comunidad territorial (p. 33).

4 Marc Bloch, La sociedad feudal. La formación de los vínculos de dependencia, México, D.F., Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, 1958, pp. 139-140. Sobre los orígenes de la cultura jurídica europea, véase Franz Wieacker, Historia del derecho privado de la Edad Moderna, Granada, Comares, 2000, pp. 3-64. La configuración del pensamiento jurídico europeo, según Wieacker, tiene sus orígenes en las contribuciones del Imperio romano, del cristianismo y la antigua Iglesia occidental y de la nueva conciencia de los pueblos que fueron afectados o conquistados por la cultura jurídica romana. Bajo el concepto universal adoptado de que el Imperium adquirido por los emperadores mediante la traslatio era el más alto pensamiento político y la suprema organización jurídica, la obra jurídica de Justiniano, el Corpus iuris, es decir, la ciencia del derecho por antonomasia, se tornó necesariamente en fundamento de todo conocimiento espiritual del derecho y fue adoptado en todas partes como un derecho común (ius commune) propio de la comunidad jurídica humana, con fuerza, autoridad y tradición de derecho natural y en el pensamiento del Medievo adquirió el lugar de una ética jurídica autoritaria.

5 Luis Casado de Otaola, “Escribir y leer en la Alta Edad Media”, en Antonio Castillo Gómez (coord.), Historia de la cultura escrita. Del próximo Oriente Antiguo a la sociedad informatizada, Gijón, Trea, 2002.

6 Roberto González Echevarría, Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 106. En Roma, la ley parecía presuponer lo escrito. Lex era el nombre de acción de legere, “leer”, y significaba, pues, fundamentalmente “lectura”. Jesper Svenbro, “La Grecia arcaica y clásica. La invención de la lectura silenciosa”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 2004, p. 75.

7 José Bono, Historia del Derecho Notarial Español, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 1982, pp. 15-17 y 223-224. Sobre Salatiel y su obra y otra literatura jurídica que se cita, véase el tomo I (Edad Media), 1 (Introducción, preliminar y fuentes), 1979 y tomo I (2), pp. 15-22.

8 Roberto González Echevarría, Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana, op. cit., pp. 107-108. Para hacernos una idea de la abundante literatura sobre gramática, poética, retórica, arte notarial y literatura jurídica en general importada de Europa que podría llegar a la Nueva Granada, además de consultar, como ejemplos, los catálogos de la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana (Bogotá), del Colegio de Misiones franciscano de la Universidad del Cauca (Popayán), o la colección de libros antiguos de la Biblioteca franciscana de la Universidad de San Buenaventura (Santiago de Cali), depositarias actualmente de la cultura escolástica neogranadina, podemos consultar la obra de José Manuel Rivas Sacconi, El latín en Colombia. Bosquejo histórico del humanismo colombiano. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1977. Sobre literatura jurídica, véase Javier Malagón-Barceló, La literatura jurídica española del siglo de oro en la Nueva España, México, UNAM, 1959. También puede verse la obra de Ignacio Osorio Romero, Floresta de gramática, poética y retórica en Nueva España (1521-1767). México DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 1980. En esta última, el repertorio de textos importados es amplio, pero además contiene una relación de textos impresos y manuscritos en Nueva España, que igualmente han podido circular por el resto de las colonias españolas.

9 Archivo Histórico de Cartago (A.H.Car.), J/M/251.

10 José Mª Mariluz Urquijo, “El saber profesional de los agentes de la administración pública en Indias”, en Estructura, gobierno y agentes de la administración en la América española, Valladolid: Casa Museo de Colón/Universidad de Valladolid, 1984, pp. 252 y 259.

11 Víctor Tau Anzoátegui, La ley en América Hispana. Del descubrimiento a la Emancipación, op. cit., p. 32.

12 Ibid., pp. 37-43.

13 Antonio-Enrique Pérez Luño, La polémica sobre el Nuevo Mundo. Los clásicos españoles de la Filosofía del Derecho, Madrid, Trotta, 1992, p. 39.

14 Este poder e idea superior de la ley, sin embargo, quedaban moderados porque también se admitía la imperfección de los preceptos legales y la necesaria intervención del hombre en su aplicación. Sus contenidos demasiado precisos, además, daban paso a otras formas de interpretación jurídica como la costumbre, la opinión de los doctores, la doctrina teológica, el juicio moral o el arbitrio del magistrado. “La realidad, vuelve a señalar Víctor Tau, que ofreció el suelo americano, nueva, plural, mutable —en clara diferencia a la conocida por el hombre europeo— fue también un factor que contribuyó a la más amplia admisión de estas y otras formas de creación normativa” (Víctor Tau Anzoátegui, La ley en América Hispana. Del descubrimiento a la Emancipación, op. cit., pp. 32-33).

15 José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII), Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 407.

16 Ibid., p. 425. Desde las Cortes de Toro de 1371 hasta las Cortes de Madrid de 1534, Alfonso García-Gallo va haciendo un recorrido de las reuniones de Cortes donde se ordena hacer recopilación de leyes. Cortes de Toro de 1371: “Et destas nuestras leyes e ordenamientos mandamos fazer un libro, sellado con nuestro sello de oro, para tener en la nuestra Cámara, et otros sellados con nuestro sello de plomo, que mandamos que den a las cibdades et villas et logares de los nuestros reinos”. Aunque propuestas o acordadas con las Cortes, en la Baja Edad Media, las Leyes eran promulgadas por el rey, en su nombre, aunque haciendo referencia a la intervención de las Cortes. Independientemente de estas, el monarca tenía la facultad de dictar órdenes de gobierno por sí solo mediante Pragmáticas sanciones (imitación de las Pragmaticae sanctiones de los emperadores romanos otorgadas a petición de las ciudades para asuntos de interés general), aunque no tenía la facultad de derogarlas o revocarlas. Sin embargo, Juan II (1406-1454), apoyado en el principio del derecho romano “quod principi placuit legis habet vigorem”, introdujo la novedad de atribuir a sus disposiciones la fuerza y vigor de las Leyes hechas y promulgadas en Cortes. Unas Pragmáticas que, no siendo publicadas en Cortes, debían serlo por pregonero en todas las ciudades, villas y lugares. Siendo su fuerza y vigor el mismo de las Leyes (Alfonso García-Gallo, Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1972, pp. 182-186).

17 Walter J. Ong, Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, México DF., FCE, 2002, p. 121.

18 Elisa Ruiz, “La imprenta en Castilla durante el siglo XV”, en A. Riesco (ed.), Introducción a la Paleografía y la Diplomática General, Madrid, Síntesis, 1999, p. 181.

19 Gilissen, John, «Individualisme et Securité juridique. La préponderance de la loi et de l’acte écrit au XVIe siècle dans l’ancien droit belge», en Individu et Société a la Renaissance, Bruselas-Paris, Université Libre de Bruxelle: Travaux de L’Institut por l’ étude de la Renaissance et de l’ Humanisme, 3, 1967, p. 49. Citado en José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social (Siglos XV a XVII), op. cit., p. 426.

20 Bartolomé Clavero, Temas de historia del Derecho. Derecho común, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1977, pp. 100-109 y pp. 134-135. Y Bartolomé Clavero, Historia del Derecho Común, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994.

21 Vease Bartolomé Clavero, Temas de historia del Derecho. Derecho común, op. cit., pp. 111-117. La Nueva Recopilación fue realmente el cuerpo principal del derecho castellano durante más de dos siglos, hasta la Novísima Recopilación de 1805.

22 I. A. A. Thompson, “Absolutism, Legalism and the Law in Castile 1500-1700”, en Ronald G. Asch y Heinz Duchhardt (ed.), Der Absolutismus - ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Köln, Weimar, Böhlau Verlag, 1996, pp. 185-228. Ya desde la primera mitad del siglo XIII comienza a sentirse la “monarquización de la ley”. Fernando III (1217-52), generalizando el requerimiento de poner por escrito los derechos municipales y señoriales para que fueran aprobados y confirmados con fuerza de ley, promovió la progresiva transformación de los viejos fueros locales y de las costumbres y prácticas tradicionales, en ordenanzas reales (Ibid., p. 186).

23 Niklas Luhman, “Poder, política y derecho”, Metapolítica, vol. 5, núm. 20, pp. 11-39.

24 Alfonso García-Gallo, Las etapas del desarrollo del Derecho indiano, en Memoria del Simposio Hispanoamericano sobre las Leyes de Indias, San José, Instituto Costarricense de Cultura Hispánica e Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1981, p. 130.

25 Crónica Municipal, Medellín, Concejo Municipal, 1966, p. 156. Sobre el significado del acto o rito de institución de la “obediencia u obedecimiento” a la ley, cfr. Alfonso Rubio, La escritura del archivo. Recurso simbólico y poder práctico en el Nuevo Reino de Granada, op. cit., pp. 118-122.

26 Juan Manzano Manzano, Historia de las Recopilaciones de Indias. Madrid, Ediciones Cultura Hipánica, 1950, p. 8. Alfonso García-Gallo, Estudios de Historia del Derecho Indiano, op. cit., pp. 172 y 180. Con el nombre genérico de leyes se designó en el siglo XVI, y aun después, en Castilla y en Indias, a toda clase de disposiciones escritas, fuesen o no verdaderas leyes en sentido estricto (Provisiones, Cédulas, Ordenanzas, Instrucciones, Mandamientos de gobierno, Reales órdenes, Cartas acordadas). La confusión entre todos estos tipos de leyes es solo aparente; los juristas de la época los distinguían sin vacilación.

27 Manuel García Pelayo, Los mitos políticos, Madrid, Alianza Editorial, 1981, pp. 352-390. Estas páginas abordan el capítulo titulado “Las culturas del libro” y es la reproducción de su libro que, bajo el mismo título, fue editado por primera vez por Monte Ávila Editores y reproducido en 1997 por la Fundación Kuai Mare del Libro Venezolano.

28 Novísima Recopilación de Leyes de España. Dividida en XII libros en que se reforma la recopilación publicada por el Señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el 1775 y se incorporan las pragmáticas, cedulas, decretos, ordenes y resoluciones reales, y otras providencias no recopiladas, y expedidas hasta 1804. Mandada formar por el señor Don Carlos IV. [2 ªReprod. facs. de la ed. de Madrid, 1805-1807], Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1993.

29 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, Consejo de la Hispanidad, 1943.

30 Se gobierna y administra, nos dice Maravall, con el código o la ley al alcance de la mano, aunque no podemos hablar todavía de un principio de legalidad hasta la invención francesa del régimen administrativo en los comienzos del siglo XIX. Pero sí se ha de creer que la ampliada y cada vez más compleja actividad del Estado, entra, crecientemente, en un terreno de derecho legal. Ibid., p. 410.

31 Víctor Tau Anzoátegui, La ley en América Hispana. Del descubrimiento a la Emancipación, op. cit., pp. 184-185.

32 Antonio Castillo Gómez, Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los siglos de oro, Madrid, Ediciones Akal, 2006, p. 204.

La ocultación de bienes del arzobispo Feliciano de la Vega, y la actuación del obispo visitador Palafox al respecto

Juan Pablo Salazar Andreu1

El caso del oidor Melchor Gutiérrez de Torreblanca es un ejemplo del grado en el que una autoridad puede abusar de su poder;2 sin embargo, sería el visitador don Juan de Palafox y Mendoza, quien pondría un alto a la larga cadena de corruptelas del ya mencionado personaje. Dicho caso iniciaría desde 1641, fecha en la que fallecería en Tixtla don Feliciano de Vega, obispo de la Paz y recién nombrado arzobispo de México. El entonces corregidor del Puerto de Acapulco, don Pedro Villarán Torreblanca (primo de don Melchor), asegura y recoge en cabildo los bienes del difunto. El duque de Escalona, virrey de la Nueva España, comisiona a don Melchor Gutiérrez de Torreblanca a recoger y realizar inventario de dichos bienes, siendo este el origen de los cargos de ocultación de bienes que tendría que enfrentar,3 junto con lo referente a un embargo de granos que, por órdenes del virrey, realizó en la provincias de Querétaro y Celaya en 1643.4

Cuando don Juan de Palafox y Mendoza formó interrogatorio de su Visita general el 4 de octubre de 1644, se presentaron declaraciones en contra del oidor Torreblanca, hasta el 7 de noviembre del mismo año, en las que los testigos afirmaban diversas irregularidades y corruptelas relacionadas con la obtención de granos y chocolate, el otorgamiento de trabajos y labores a cambio de dinero (cuyos precios variaban entre los mil a los seis mil pesos), o incluso el recurrir a chantajes, basados en puestos temporales que le otorgaba el virrey al oidor;5 también se le acusaba de recibir “dádivas” por parte de litigantes al actuar como juez,6 hacer firmar en blanco a testigos, para llenar posteriormente sus declaraciones,7 resultando un total de veintiún cargos en contra de Melchor de Torreblanca.

A fin de comprender un poco más el caso que se atiende, conviene explicar brevemente la naturaleza de la Visita. A diferencia de la pesquisa o del juicio de residencia, era un procedimiento que abarcaba un gran número de actuaciones y autoridades, tenía una naturaleza extraordinaria, y se llevaba a cabo cuando existían sospechas o denuncias en contra de un oficial real o un grupo de ellos. El principal objetivo de esta figura, era evaluar si las actuaciones de los oficiales reales se apegaban a los lineamientos marcados por la Corona y el Consejo de Indias. Calvo y Jiménez señalan que dicho término se aplicaba también a las revisiones que los virreyes realizaban en territorios bajo su jurisdicción; asimismo, existía disposición para que los oidores de la Audiencia realizaran Visita a sus distritos cada tres años y en orden de antigüedad.8

Dentro de sus características se puede mencionar:

No interrumpía las labores cotidianas del “visitado”.

La inspección era un ingrediente fundamental.9

Podía llevarse a efecto de manera pública o secreta, conforme fuera el caso.10

Era imprevisible y secreta.11

El titular de la misma (el visitador), debía ser un hombre experimentado, de carácter férreo; “Varones temerosos de Dios, amadores de la verdad, enemigos de la avaricia, sabios, de buen linaje y letrados”.12

Regresando al caso del oidor Torreblanca, se presentaba una constante en las testimoniales, consistente en el desarrollo de juegos de azar, por los que Torreblanca recibía ganancias diversas por su autorización y venta de la baraja.13 Igualmente, a través de diversos documentos, se podía asumir que el oidor tenía en su casa grandes cantidades de oro y plata, producto de tratos ilegales en toda la Nueva España.

A los cargos en contra del oidor, resalta el testimonio de la querella presentada por el licenciado Pedro de Molina, en su calidad de albacea del fallecido arzobispo de Vega,14 fechado el 14 de diciembre de 1644, frente al obispo Palafox, y en el que se establecía:

… Denuncio y me querello del señor licenciado Don Melchor Gutiérrez de Torreblanca, oidor de la Real Audiencia, el cual habiendo ido con comisión de ir al pueblo de Tixtla a recoger los bienes del dicho señor arzobispo, me descerrajó y abrió dos baúles y dos petacas más que yo traía con los demás bienes del dicho señor arzobispo, teniendo yo en esa ciudad las llaves.15

En esta querella, De Molina denunciaba la falta de bienes diversos, tales como joyas, dinero y cajas de plata, por mencionar tan solo algunos,16 solicitando lógicamente la restitución de dichos bienes.17

Don Juan de Palafox, con fecha 7 de noviembre de 1644, ordenaba un inventario de los bienes del oidor,18 y que Torreblanca saliera y se quedara en la Villa de Tacuba, en donde esperaría órdenes del visitador para entrevistarse con él, en el pueblo de Cuernavaca.19

El visitador ordenó que se buscase toda documentación en la que se abordaran tratos en oro, plata y mercadería diversa, los cuales fueron encontrados,20 de acuerdo con el siguiente escrito: “En el inventario de bienes se le halló plata sin señal de marca, quinto ni diezmo, en cantidad de 169 marcos, y de oro sin quinto, cuatro onzas y siete ochavas, lo cual con otras cadenas de oro, perlas y piedras bezares, se depositó en la caja”.21

El 8 de noviembre, enterado el oidor de estas circunstancias, y prevenido de no poder salir de Cuernavaca, pidió al visitador que se abstuviera de analizar o mandar copia a Castilla de cualquier documento que fuese ajeno al caso de sus abusos en Celaya, que era el principal en su contra. Pero Palafox, celoso de su deber, encontró en los mismos documentos situaciones necesarias de comunicar a la Metrópoli, instruyendo el 9 de noviembre causa en contra del oidor y advirtiéndole que se proveyese de abogado,22 situación que dio por resultado una recusación por parte de Torreblanca en contra de la Visita, que Palafox rechazó intotum.23

Torreblanca solicitaba que se colocara en autos correspondencia que había sostenido con el visitador, la cual se dividía en tres rubros:

Cartas en las que según Torreblanca, el visitador le instaba a decidir en determinados pleitos de alguna manera específica; sin embargo, en el análisis de dichos documentos, el Consejo de Indias no encontró cláusula alguna que fuera violatoria de cédulas u órdenes reales.24

Cartas de materia diversa, que el oidor escribió a diversas autoridades, en las que el Consejo notó ambivalencias, ya que en las mismas alababa y atacaba a Palafox, denominándole incluso como “canalla” y cuestionando la decisión del rey de que el obispo de Puebla mantuviera su calidad de visitador.25

Documentos que acreditaban los cargos en contra de don Melchor, comprobados con peritos de la época.26

Para diciembre del mismo año, Torreblanca insistió en su recusación,27 señalando que el visitador había actuado sin jurisdicción, basándose en los siguientes puntos:

La Cédula de 19 de diciembre de 1639, que amparaba las acciones del obispo de Puebla, era para visitar a ministros “que habían servido y estaban sirviendo sus plazas”.28

“Que el despacho de 23 de marzo de 1644, fue para proseguir la Visita contra los ministros que legítimamente fueron comprendidos en ella”29

El oidor aseguraba que él había entrado a servir en su plaza con fecha posterior a la establecida en la Cédula, y, por tanto, no era sujeto, según su opinión, a la jurisdicción de la visita.30

Señalaba Torreblanca que, dado que la Visita a su casa duró más de tres días, sus enemigos (que aseguraba eran cercanos al visitador) podrían haber introducido papeles entre los suyos:31 “… permitió entrar personas extrañas, y de sospecha sus confidentes, y empeñados en la conspiración contra del duque de Escalona, guardando en esto la misma forma extrajudicial de despojo, que en su palacio, cuando le echó de él”.32

Por lo mencionado, el oidor Torreblanca solicitó la recusación, pidiendo además la nulidad de los autos y que se le diera nuevamente libre uso de su plaza,33 bienes y papeles.34 Situación que el Consejo de Indias, por auto proveído el 5 de octubre de 1645,35 resolvió, declarando recusado al obispo de Puebla, removiéndole de todas las causas referentes al caso del oidor.36 Además, para resolver esta controversia, el 29 de octubre de 1645, se nombró como juez de la Visita, a Juan González de Manjarrez,37 oidor de Guadalajara, quien el 14 de agosto de 1646, declaró nulos los autos de Palafox, ordenando la restitución de la plaza y el desembargo de bienes.38 Sin embargo, de los cargos referentes a la ocultación de bienes no existía defensa, ya que los documentos referentes a la misma habían sido enviados a España, para que el Consejo de Indias resolviera al respecto, y cuya sentencia se pronunció el 1º de junio de 1649,39 condenando al oidor por 40.072 pesos, la privación de la plaza y de cualquier otro oficio de justicia y al destierro por un período de 10 años,40 así como el pago de 1000 ducados, por un Breve Apostólico.

Contra esta resolución, el oidor Torreblanca solicitó el indulto estableciendo, entre otros, los siguientes puntos:41

Acusaba Torreblanca al visitador de instigarlo a declarar falsamente en contra del duque de Escalona, quien, como se sabe, había sido virrey de la Nueva España, y depuesto en razón de su desobediencia a Cédulas Reales, referentes a puestos de autoridad otorgados a ciudadanos portugueses.42 Asegurando también que su negación había provocado el odio de Palafox en su contra.43

“… Que sin preceder cuerpo de delito ni prueba de él, le sacó de su casa el señor don Juan de Palafox, entró en ellas, registró sus bienes y papeles”44

Afirmaba también que el inventario no se realizó de la forma debida, precedida de su citación (pero en los autos constaba la misma, así como su legal depósito).45

Señalaba al obispo de Puebla como “enemigo capital”, ya que lo obligaba a entregar plaza y hacienda (lo que no consta en los autos).46

Acusaba también a Palafox de amenazas en su contra, en la forma de enviarle, estando en prisión, “un potro de dar tormento” (de lo cual tampoco hay constancia alguna).47 Igualmente, el oidor aseveraba que el visitador lo había tenido sujeto a falta de alimentos y agua durante su arraigo en Tacuba.48

Torreblanca señalaba que el visitador había enriquecido su propia fortuna a expensa de sus bienes, cuando consta en autos que don Juan de Palafox envió todos los bienes a España.49

Denunciaba el oidor, que al pedir otros documentos al obispo de Puebla, este había multado a su abogado, “y lo ejecutó sin embargo de apelación, y le vendió su cama en almoneda por ellos”;50 pero en realidad, la multa había obedecido a que dicho procurador había acusado la diligencia de inventario de irregular sin probanza alguna.51

Torreblanca apelaba también la resolución con el argumento de que el obispo Palafox había continuado el juicio tras la recusación efectuada por el primero; situación en efecto cierta, pero que el visitador había realizado bajo la figura de la “Pesquisa secreta”,52 regulada en el título XVII de la Tercera Partida, que no necesitaba de un encargo general, por limitarse a ciertas acusaciones y sospechas muy concretas, y que permitía además la suspensión del interesado en el ejercicio del cargo hasta entonces desempeñado; todo ello a consideración del juez pesquisidor, en el caso que atañe: don Juan de Palafox.

Incriminaba también al visitador de tortura en contra del paje de Torreblanca; sin embargo, dicha tortura, que en efecto fue aplicada, se hizo en razón de la sustracción de una carga de plata de los bienes del fallecido arzobispo de México.53

10. Acusaba Torreblanca de prevaricación a Manjarrez, segundo juez de su causa, con motivo de ser dependiente de Palafox, así como por tener de escribano a un confidente del obispo de Puebla (no existe constancia de tal situación);54 asimismo, señalaba que dicho juez había citado a los mismos testigos del primer juicio, ratificando su dicho; no obstante, consta en autos que otros testigos fueron llamados a declarar, al grado que Torreblanca acusaba también de maltrato a sus testigos.55

11. Continuando con las acusaciones en contra de Manjarrez, Torreblanca aseguraba que el segundo juez no había mandado al Consejo relación alguna de los hechos ejecutados, después de la recusación hecha por el segundo.56

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Testimonio de la Querella que dio el Licenciado Pedro de Molina como Albacea del Señor Arzobispo Don Feliciano de Vega, en Expediente Tocante a la Visita Hecha por el Visitador Don Juan de Palafox y Mendoza, a Don Melchor Gutiérrez de Torreblanca, Oidor que fue de la Audiencia de México, Legajo 7º, 1663, AGI.

Relación de Hechos y Trámites del Regidor Don Fernando Jiménez Paniagua de 27 de mayo de 1655, Expediente Tocante a la Visita Hecha por el Visitador Don Juan de Palafox y Mendoza, a Don Melchor Gutiérrez de Torreblanca, Oidor que fue de la Audiencia de México, Legajo 7º, 1663, AGI.

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Sánchez Bella, Ismael, Derecho Indiano Estudios. Las visitas generales en la América Española (siglos XVI-XVII), España, Ediciones Universidad de Navarra, tomo I, 1991.

1 Catedrático-investigador del área de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

2 Expediente Tocante a la Visita Hecha por el Visitador Don Juan de Palafox y Mendoza, a Don Melchor Gutiérrez de Torreblanca, Oidor que fue de la Audiencia de México, Legajo 7º, s/f, Foja 2f, 1663, AGI. La foja 1 es la portada del documento.

3 Ibid., foja 4v.

4 Idem. Dicho embargo se realizó por la esterilidad que sufría la Ciudad de México.

5 Ibid., fojas 4v-6v.

6 Ibid., foja 11f; se adelantan algunas fojas para mayor comprensión del lector de la situación que se presentaba.

7 Idem.

8 Agueda Jiménez y Thomas Calvo, “Los señores visitadores, sus obras y unas páginas más”, en Jean Pierre Berthe et al., Sociedades en construcción. La Nueva Galicia según las visitas de oidores, México, Universidad de Guadalajara, 2000, p. 15. Los autores señalan también las denominadas visitas “abiertas”, practicadas por autoridades de rango inferior, españolas o indígenas en pequeñas zonas. Ibid., p. 15.

9 Pilar Arregui Zamorano, La Audiencia de México según los visitadores (siglos XVI y XVII), México, UNAM, 1985, p. 54.

10 Antonio Dougnac, Manual de Historia del Derecho Indiano, México, UNAM, 1994, p. 387.

11 José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas, Madrid, Solana e hijos Impresores, 2003, p. 741.

12 Ismael Sánchez Bella, Derecho Indiano estudios. Las visitas generales en la América Española (siglos XVI-XVII), España, Ediciones Universidad de Navarra, tomo I, 1991, p. 240.

13 Expediente Tocante a la Visita Hecha por el Visitador Don Juan de Palafox y Mendoza..., op. cit., nota 2, fojas 5f-6f

14 Testimonio de la Querella que dio el Licenciado Pedro de Molina como Albacea del Señor Arzobispo Don Feliciano de Vega, op. cit., foja 44f. Algunas fojas se han adelantado para una mejor narración de los acontecimientos.

15 Idem.

16 Idem.

17 Ibid., foja 44v.

18 Relación de Hechos y Trámites del Regidor Don Fernando Jiménez Paniagua de 27 de mayo de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit.

19 Idem.

20 Ibid., foja 7v.

21 Ibid., foja 9f. Se adelantó este contenido para facilitar la comprensión al lector.

22 Ibid., foja 8f.

23 Idem, también así, conviene confrontar la foja 41f, en la que Palafox señalaba que la recusación “es vaga y general y está prohibida por derecho”.

24 Idem. En el caso de la recusación, el oidor Torreblanca hablaba de un total de 50 cartas, pero solo se hallaron 27.

25 Ibid, foja 9f.

26 Idem.

27 Se debe señalar que con motivo de dicha recusación y por orden Real, el 3 de diciembre de 1644 el obispo de Puebla se dio por recusado. Cfr. Idem.

28 Ibid., foja 9v.

29 Idem.

30 Cfr. Idem. Aunado a lo mencionado en este punto, cabe remarcar la siguiente cita del mismo documento “Que le llamó el Señor Don Juan de Palafox, para que depusiese contra el Marqués de Villena, cosas de tan terrible juicio que le obligó a responder de forma que se irritó, y de lo que puso en esta ocasión hizo una protesta ante escribano y testigos, la cual presentaba”. No era algo poco común, como se ha analizado a lo largo de la presente investigación, que los visitados acusaran al obispo de Puebla, de persecuciones y venganzas personales. La protesta a que se refiere el párrafo citado, quedó asentada por el escribano real, Diego Arias González, afirmando el regidor Jiménez Paniagua, que dicho escribano presentaba dudas, por testimoniales de “poca legalidad”, ya que cuando se mandaron a comprobar los testimonios, los testigos afirmaron no conocer al escribano; Ibid., fojas 9v-10f

31 Ibid., Foja 10f.

32 Transcripción del Memorial de Don Melchor Gutiérrez de Torreblanca, 8 de junio de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., foja 22f. Algunas fojas se adelantan para mayor facilidad de comprensión de la controversia en análisis.

33 Cabe señalar, que durante el tiempo de la Visita, y aún durante el juicio, Torreblanca recibió entero su salario, solo se le privó del ejercicio de su plaza. Relación de Hechos y Trámites del Regidor Don Fernando Jiménez Paniagua de 27 de mayo de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., foja 11f.

34 Ibid., foja 10f.

35 Ibid., foja 10v.

36 Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., foja 46f.

37 Al juez González Manjarrez, se le ordenó por Cédula Real de 24 de diciembre de 1645, proseguir con la sustanciación del juicio de residencia, Ibid., fojas 150f-150v.

38 Ibid., foja 10v. Junto a esta resolución, y con base en Cédula Real de fecha 24 de diciembre de 1645, el juez González, recibió la orden de determinar y hacer fenecer el juicio de residencia del marqués de Villena, así como entregar a este último las cantidades de oro y plata que le fueran pertenecientes en la Caja Real; sin embargo, los oficiales reales declararon que no existía ya nada de oro y plata, y que el resto del dinero se encontraba embargado por diversos acreedores. Cfr. ibid., fojas 150f-159v.

39 Torreblanca solicitaría la revisión de su sentencia, la cual confirmaría la precedente el 8 de junio de 1855. Cfr. Ibid., foja 20v.

40 Cfr. idem.; se adelanta la presente foja, para mayor facilidad de comprensión de los hechos narrados.

41 Dicho indulto se presentó en Madrid el 11 de abril de 1655. Ibid., foja 36f.

42 Transcripción del Memorial de Don Melchor Gutiérrez de Torreblanca, 8 de junio de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., foja 21f. Algunas fojas se adelantan para mayor facilidad de comprensión de la controversia en análisis.

43 Ibid., foja 23f.

44 Relación de Hechos y Trámites del Regidor Don Fernando Jiménez Paniagua de 27 de mayo de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., foja 11v.

45 Idem.

46 Ibid., foja 12f.

47 Idem.

48 Transcripción del Memorial de Don Melchor Gutiérrez de Torreblanca, 8 de junio de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., fojas 23v-24f.

49 Relación de Hechos y Trámites del Regidor Don Fernando Jiménez Paniagua de 27 de mayo de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., foja 12f.

50 Transcripción del Memorial de Don Melchor Gutiérrez de Torreblanca, 8 de junio de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., foja 24v.

51 Idem.

52 Relación de Hechos y Trámites del Regidor Don Fernando Jiménez Paniagua de 27 de mayo de 1655, Expediente Tocante a la Visita..., op. cit., foja 12v.

53 Idem.

54 Ibid., foja 13f.

55 Idem.

56 Ibid., foja 13v; de las fojas 14f a la 15v, se trata de hojas en blanco o portadas. Las fojas 16f a 20v, se trata de memoriales de traslado y notificación. Las fojas 21f a la 26v han sido citadas anteriormente para mayor comprensión del lector, y conforman, junto a las fojas 27f a la 34f, el resto del Memorial de Torreblanca enviado al rey. Las fojas 35v a 39v, son memoriales de traslado.

Desarrollo constitucional de los derechos humanos en Colombia

Carlos Gabriel Salazar Cáceres1

Es casi lugar común que al hablar de los derechos humanos, tan solo nos remontemos a la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, promulgados por la Asamblea Nacional Francesa en 1789, o a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, de 1948. Pero es poco lo que se remonta al derecho nacido en la Escuela Salmantina en los inicios del quinientos, cuando Vitoria, Suárez, Mariana, Soto y otros lucharon al lado de De Las Casas por los derechos de los naturales de estas tierras, ni se recuerda el Derecho Foral español, y, en el mejor de los casos, se rememora la Magna Carta Inglesa, pero no se mencionan las cartas Leonesa o Aragonesa en la naciente España. Si vamos a los tiempos precristianos, nos detenemos en Antígona la tragedia de Sófocles, pero no miramos el pueblo de Israel, quien concibió en su momento la primera religión monoteísta del mundo y cuyo influjo posterior con el cristianismo y el islamismo ha sido enorme, no solo en Occidente sino en Oriente Medio; es esta concepción monoteísta la que señala en el mito creacionista que Yavé creó al hombre a su imagen y semejanza en el sexto día de la creación, es decir, lo hizo igual a él, su creador; o sea racional, característica propia del hombre y que lo diferencia de los demás animales. Además, le otorgó el primer derecho: la libertad, dado que fue al único ser que le concedió la facultad de elegir, de hacerlo entre el bien y el mal, y tal elección es ejercicio de la libertad, por ello el hombre no es un ser determinado, sino libre; por dicha libertad el hombre perdió El Edén, pero se asemejó a Dios, dado que solo él y ahora su criatura, conocían tanto el bien como el mal. ¡Gracias a ello estamos aquí!, si no tuviéramos libertad, seríamos como cualquier otro animal y no habríamos construido la cultura. Pero Yavé no hizo solo un hombre libre, sino que ella, la libertad, fuera patrimonio de todo el género humano, y ahí tenemos el segundo derecho: la igualdad, igualdad que fue respetada en el pueblo judío, dado que al extranjero se le trataba cual igual, puesto que ellos fueron extranjeros en Egipto, les recordaba el profeta; amén de esto, no tuvieron esclavos y este derecho se reafirma en la prédica del Galileo, en la cual a todos se nos hermana en Cristo.

Pero bien, señalado ello, que es pertinente recordar, tornemos nuevamente al año 1789, a su Revolución y a su trascendental declaración, que en lenguaje más cromático y más simple, resumía lo señalado por la escolástica siglos atrás y en esos tiempos por el racionalismo que imperaba filosóficamente. Esta revolución, al llegar hace doscientos años a este continente de los siete colores, como lo calificara Germán Arciniegas, plantó sus reales y con su independencia acabó con el Imperio español.

La citada declaración fue conocida en la Nueva Granada por don Antonio Nariño, hombre culto, humanista integral que, por dominar el idioma francés, los traduce y, a instancias de sus hermanos de ideas, los publica a principios de 1794, en una hoja en cuarto y con letra en bastardilla, traducción que le trae mil y un sinsabores que le acompañarán por el resto de sus días, y que a la postre lo convierten en el héroe nacional más transparente de nuestra historia.

Al conocerse en nuestro medio esos derechos, que por un lado se intuían, se sentían en el fondo de los corazones y, por otro, se sabía de su existencia, pero no se habían podido conocer en forma impresa, sino hasta ese 1794, se formó un verdadero reguero de pólvora en la mente de los neogranadinos cultos, por ello, cuando llegan los gritos emancipadores en 1810, que se propagan por todas las provincias y virreinatos de las Indias Occidentales: México, Nueva Granada, Río de la Plata; desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, se busca afanosamente plasmarlos en las nuevas constituciones que regirán los destinos de los nacientes Estados, que nuestros románticos neoconstitucionalistas concebían como arcadias; no obstante la historia ha demostrado algo contrario. Pero ello es harina de otro costal.

Es así como no habiéndose acallado los gritos del 10 de julio del Socorro, ni del 20 de julio de Santa Fe, ni otros más en múltiples provincias y comarcas, el 15 de agosto de 1810 en el Socorro se dicta la primera constitución en territorio granadino, o al menos el primer esbozo de constitución, que germinará como tal siete meses después, cuando el 30 de marzo de 1811 el Serenísimo Colegio Constituyente Electoral, expide la Constitución de Cundinamarca, promulgada el 4 de abril por don Jorge Tadeo Lozano, “piedra angular de nuestro edificio constitucional”, al decir de José de la Vega, dado que sirvió de modelo a las muchas que se dictaron en las demás provincias del antiguo virreinato, y en cuyo título XII se insertan los “Derechos del Hombre y del Ciudadano”.

Esta Carta, a la cual se opuso Nariño, es reformada al año siguiente, el 17 de abril de 1812, iniciándose así ese sino —tal vez trágico— que nos caracteriza de estar reformando continuamente la Carta, concibiendo que así se solucionan todos nuestros problemas y que está llevándonos hoy con la “reformitis” de nuestra actual Constitución, no a que seamos un Estado social de derecho, como pomposamente se consagra en el texto constitucional, ni siquiera de derecho, sino de mera legalidad, con lo cual se está abandonando el derecho para caer en las estrechas paralelas de la mera ley positiva, sin importar el derecho real, sino el mero tenor de la ley escrita; así, en lugar de avanzar, vamos en retroceso. Bien, esta nueva Constitución amplía la ciudadanía a los indígenas, a quienes se otorga “voz y voto en todas las elecciones”. Aquí las preguntas serían, ¿solo por consagrar la igualdad?, ¿mera filantropía?, ¿razones electorales?, ¿tener soldados para la guerra?; preguntas hoy válidas ante la propuesta actual de ampliar la ciudadanía a los dieciséis años. Pero miremos acuciosamente cuál es el fondo real de tal propuesta y no nos quedemos solo con los cantos de sirena que desde hace ya dos siglos nos acompañan. También en esta Constitución se consagran otros derechos, como la proporcionalidad de las penas y la imposición de las “absolutamente necesarias”. Tanto en esta como en la anterior Constitución, se van a consagrar los “deberes del ciudadano”; entre ellos, los de prestar el servicio militar —tal vez por eso se les otorgó a los indígenas la ciudadanía— (hay que aprender a leer entre líneas) y el de ser buen ciudadano, que conllevaba el “ser buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo”.

Ambas constituciones reconocen “la religión católica, apostólica, romana” como la “única” del Estado, sin permitir “otro culto público ni privado”, y buscan la realización de un Concordato.

Pero el afán independentista cundió en todos los rincones, y así provincias y ciudades se declaran independientes disolviéndose la Nueva Granada en múltiples facciones que caen en una guerra fratricida (como todas nuestras guerras, hermano contra hermano y hasta padre contra hijo), que durará seis años, en la llamada “Patria boba”, y que hoy algunos han querido llamar “Patria niña”, pues cuando llegó el Pacificador nos encontró divididos y por ello el proceso de pacificación y libertad (según el ángulo desde el cual se le mire) duró tres años, hasta que Bolívar nos dio la libertad absoluta. Pero este genio militar, con su ojo avizor, intuyó un nuevo Estado, por ello en los primeros días de 1819 citó un congreso en Santo Tomás de Angostura, para que se elaborara una nueva Constitución, la cual, por desidia de sus integrantes, no se realizó; solo cuando Bolívar regresa a Angostura, nueve meses después, llevando bajo el brazo el triunfo de Boyacá, se dedicaron a redactar la “Ley fundamental de Angostura”, promulgada el 17 de diciembre de 1819, un año después de la solicitud de el Libertador, de quien el escritor peruano García Calderón señaló que no era solo general, sino también “hombre de Estado, más grande en los congresos que en los campos de batalla, igual a San Martín y a Sucre como técnico; como político superior a todos los caudillos”.

El 6 de mayo de 1821 se instala el congreso en la Villa del Rosario de Cúcuta, presidido por José Ignacio de Márquez, y el 30 de agosto se expide la Constitución de la Gran Colombia, que amplía el catálogo de derechos; no obstante, estos no toman esta denominación, sino la ordinaria de “Disposiciones generales”, y se encuentran, ya no encabezando la Constitución, sino al final, podríamos decir, casi de relleno, ocupando los últimos artículos. Ello es diciente: dentro de esa jerarquía constitucional los derechos primarios son los últimos.

En 1928, se reúne la Convención de Ocaña, sus integrantes se dividen entre los seguidores de Bolívar, que proponen un gobierno de unidad, y los seguidores de Santander, que pugnan por un gobierno federal; ante la crisis, una junta de concejales, padres de familia y empleados públicos ofrecen a Bolívar la dictadura, la cual asume y promulga el Decreto Orgánico que servirá de Ley Constitucional, cercenando de un solo tajo el orden constitucional; el Congreso reviste de poderes dictatoriales al presidente, quien confiere grados, ascensos y recompensas a los áulicos del poder, anula sentencias judiciales, conmuta la pena de muerte y manda pasar por las armas en Pasto a reos cuyos procesos no habían terminado. Estos hechos levantan ampolla, y el 25 de septiembre de 1828 se conspira contra él, con el propósito de tomarlo vivo o muerto; pero dada la valerosa acción de Manuela Sáenz, logró escapar con vida, por lo cual Bolívar la proclamó como la Libertadora del Libertador; Sáenz pagaría muy caro su adhesión al Libertador; hasta su muerte, muchos años después, triste, pobre, enferma y envejecida en Paita, frente al mar de Balboa.

El país se sume en el caos, José María Obando y José Hilario López se levantan en armas contra el Libertador, y se convoca a una nueva Constitución en 1830, que reúne lo más preclaro de la inteligencia nacional: Castillo y Rada, Urdaneta, Sucre, Miguel Tovar, Briceño Méndez, Félix Restrepo, José María Carreño, Estanislao Vergara, Posada Gutiérrez, Salvador Camacho, Canal, García del Río; la nueva Carta mantiene el mismo catálogo de derechos que la anterior, pero esta vez encabezándola; se recorta el sufragio universal, por ende salen los indios, negros y libertos, quienes difícilmente sabían leer y escribir, o tenían bienes o rentas; además, ya habían cumplido su misión de ser carne de cañón en las guerras. La Constitución de este “Congreso admirable” fue nonata, puesto que la Gran Colombia que trataba de reorganizar, se disolvió; Venezuela se fue con Páez y Flores se quedó con Ecuador; entre tanto, Bolívar moría el 17 de diciembre rodeado por la soledad y la tristeza ante el celeste Atlántico.

En 1832, se dicta una nueva Constitución que es sancionada por Francisco de Paula Santander, quien ha regresado del destierro y ocupa el cargo de presidente de la Nueva Granada, nombre que se le dio al país, fijando como límites los mismos del antiguo virreinato, conforme al principio de Uti posidetis iuris; se reconocen las prerrogativas de la Iglesia católica, pero permitiendo la tolerancia religiosa; la prensa se entiende libre, pero sus abusos se ventilarán siempre por jurados; se consagra la responsabilidad de los empleados públicos tanto por sus actos como por sus omisiones. En 1833, el parlamento expide una ley por la cual se puede condenar a muerte a los delincuentes políticos, tras un proceso breve y sumario; mediante ella el presidente mandó fusilar a 17 conspiradores (olvidó 1828).

En 1837, se sanciona el primer Código Penal, y en 1839, el Congreso, mediante ley, suprime cuatro conventos menores en la ciudad de Pasto, dado que tenían menos de cinco religiosos cada uno, y destina las rentas de los mismos a las misiones en Mocoa y a la instrucción pública en Pasto, todo ello con la anuencia del obispo de Popayán, a cuya diócesis pertenecían. No obstante, un párroco en Pasto insta a la rebelión y a la guerra santa; el arzobispo Mosquera se opone pero Obando se levanta en armas contra el Gobierno, acompañado de varios gobernadores liberales, los “Jefes Supremos”, desatándose la más insensata de nuestras guerras civiles; terminada la guerra en 1841, se crea una comisión integrada por José Ignacio de Márquez, José Rafael Mosquera y Cerbeleón Pinzón para la elaboración de una nueva Constitución: la de 1843, que limita todavía más el sufragio (universal), concediéndose el voto solo a quienes sepan leer y escribir y tengan una renta de $ 150 o un capital de $ 300; mantiene más o menos las mismas garantías de la anterior, pero su tinte es más conservador.

En 1849, se abolió la pena de muerte para los delitos políticos y la de vergüenza pública para los delitos comunes. En el aspecto religioso, en este año se ordena la expulsión de los jesuitas (habían sido expulsados en el siglo XVIII por órdenes de Carlos III, y regresado al país por solicitud de Bolívar para fortalecer la educación).

El 16 de julio de 1848, Ezequiel Rojas publica en el aviso “La razón de mi voto”, documento que se ha constituido en el acta de nacimiento del partido Liberal colombiano; y el 23 de agosto de 1849, un año después, en La Civilización, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Otálora publican “Ensayo sobre los partidos políticos en la Nueva Granada”, origen del partido Conservador colombiano.

En 1851, se dicta la ley que abolió en forma absoluta la esclavitud en nuestra patria, a la que se habían opuesto los conservadores, encabezados por Manuel María Mallarino, dado que se les lesionaba su derecho a la propiedad, por lo cual fue preciso crear la Junta de Manumisión y destinar fondos estatales para ello, para lo cual se avaluaron los esclavos así: los hombres no más de 1200 reales, las mujeres entre 800 y 1200, y los mayores de ochenta años quedaban libres sin indemnización, se buscó así liberar sin perjudicar, favorecer sin dañar, armonizando intereses contrapuestos.

Los problemas religiosos se recrudecen, el arzobispo Mosquera es expulsado, los cabildos nombran párrocos, los diezmos fueron abolidos, se suprimió el fuero religioso y el asilo en las iglesias, se fija renta al clero; ello conlleva que los ánimos se caldeen y, en ese mismo año de 1851, Julio Arboleda se levanta en el Cauca, Eusebio Borrero en Antioquia y Pastor Ospina en Cundinamarca, desatándose nuevamente la guerra civil, por ende fratricida, en nuestra patria, donde el deporte nacional fuera desde la Revolución de los Comuneros hasta hoy, el de matarnos los unos a los otros dentro de la mayor cordialidad. Finaliza la guerra con el triunfo liberal, el cual se divide en gólgotas —llamados así porque en sus discursos siempre se referían al crucificado en el Gólgota como “el mayor revolucionario de la humanidad, por sus enseñanzas de ensalzamiento de los débiles, humillación de los poderosos y por sus deseos de implantar una nueva ley de justicia y de amor” según escribía José María Samper— y draconianos, quienes abogaban por un gobierno de represión que debía imponerse por medios violentos.

El Gobierno de Obando recibe la oposición de los gólgotas, quienes buscan cambiar la Constitución, lo que logran en 1853, con la promulgación de una nueva que debilita el poder central y otorga a las provincias autonomía, incluso legislativa; consagra un catálogo de derechos en el que señala que la libertad de expresión es absoluta e ilimitada a través de la imprenta (léase prensa), la cual se torna irresponsable o arresponsable. El 20 de junio se establece el matrimonio civil, levantando muchas voces en contra.

Los draconianos se oponen a la Constitución (es preciso luchar contra algo o contra alguien), y como los conservadores estaban derrotados, se lucha entre los liberales: gólgotas contra draconianos. José María Melo propina un golpe de cuartel y ofrece la dictadura a Obando, quien la rechaza, por ello Melo asume la jefatura del Estado, disuelve el parlamento y toma el mando del ejército. Los conservadores se unen a los gólgotas y estalla nuevamente la guerra. Tomás Cipriano de Mosquera en el norte, José Hilario López en el sur, Tomás Herrera en Chocontá; Melo es derrotado y desterrado a México, allí apoya a los revolucionarios y muere en el cadalso.

Con el apoyo del conservatismo, Manuel María Mallarino sube al poder, se procesa a Obando quien es condenado por el parlamento, pero la Corte Suprema, con sentencia ajustada a derecho y dictada por José Ignacio de Márquez y José María Torres, lo absuelve.

De acuerdo con la Carta, se crean los múltiples estados federales: Panamá, Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Magdalena; e igualmente las provincias dictan sus propias constituciones: Bogotá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, García Rovira, Neiva, Pamplona, Pasto, Popayán, Riohacha, Sabanillas, Santander, Santa Marta, Socorro, Vélez, Medellín, Zipaquirá, Socorro, Tunja, Túquerres. En otras palabras, todos querían ser independientes —cada cacique con sus indios—. Es preciso acotar que etimológicamente federación viene del latín foedus, foederis que significa vínculo, alianza, liga; por tanto, federación equivale a unir; en el dominio de las ciencias políticas federar es el acto en virtud del cual dos o más entes territoriales se unen para constituir un solo Estado; pero en nuestro caso, el federalismo no fue signo de unión, sino todo lo contrario, y, por ende, causa de múltiples guerras civiles (los historiadores han contabilizado que entre 1863 y 1879 se presentaron 54 guerras civiles regionales, ya entre liberales y conservadores como entre radicales contra liberales y conservadores; asimismo, entre 1830 y 1903 se llevaron a cabo en el territorio patrio nueve guerras civiles, catorce locales, dos internacionales, tres golpes de cuartel y una conspiración; tal pareciera ser nuestro sino bélico, tanto es así que en año de 1842, siendo ministro Ospina Rodríguez, se instaló en la universidad la cátedra de artillería. Por ello Germán Arciniegas, en alguna oportunidad, exclamaba que en Colombia importamos todos los ismos, pero solo nos quedamos con el garrote).

En 1858 se reformó la Carta, el suprimiéndole al Poder Central la facultad de intervenir en los estados miembros, salvo que se presentara conflicto entre dos o más de ellos. En caso de guerra, se puede llevar a cabo la expropiación por orden de autoridad no judicial; la prensa se consagra como no responsable; se permite el libre comercio de armas y municiones que ya había sido autorizado por ley en 1855.

Mariano Ospina Rodríguez, como presidente y contrario a las ideas federalistas, marcha desde Bogotá invadiendo Santander, por lo cual se levanta Boyacá, siendo seguido por Bolívar y Cauca y, así, el 18 de mayo de 1860, nuevamente, se prende la guerra. Mosquera y Obando, antes enemigos, se unen y dirigen la guerra contra el Gobierno central, el cual es derrotado. Mosquera se autoproclama “Presidente provisorio de los Estados Unidos de la Nueva Granada y supremo director de la guerra”. Obando es vilmente asesinado en Cruz Verde. Mosquera ordena fusilar sin fórmula de juicio a tres prisioneros, entre ellos a quien se señalaba de haber matado a lanzazos a Obando. La guerra termina en 1862 con la derrota de los conservadores.

Entre 1861 y 1862, Mosquera dicta los decretos de tuición, expulsión (una vez más) de los jesuitas, desamortización de bienes de manos muertas y cierre de conventos, todos ellos contra el clero, el cual, por el tercero de ellos, pierde sus bienes, que les fueron incautados pasando a poder de la nación (verdadero expolio). Se cambia el nombre de Nueva Granada por el de Estados Unidos de Colombia.

Mosquera cita a asamblea de delegatarios en Rionegro, con representantes de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, quienes, el 8 de mayo de 1863, proclaman la nueva Constitución, dictada no “en el nombre de Dios autor y legislador del universo”, ni “en el nombre de Dios autor y supremo legislador del universo”, ni “en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”, ni “bajo la protección de Dios Omnipotente, autor y supremo legislador del universo”, sino “En nombre y por autorización del pueblo”; en esta se consagran y amplían nuevos derechos, tales como la supresión de la pena de muerte, que las penas corporales no podrían sobrepasar los diez años, la libertad absoluta de imprenta (léase prensa) y de expresión, la libertad de tenencia y comercio de armas y la libertad (ya no mera tolerancia, sino libertad) de cultos, tanto pública como privadamente. Se inspiraron los constituyentes en la de los Estados Unidos, y se afirmó en ese entonces (sin pruebas que lo demostraran) que fue aplaudida por Víctor Hugo y condenada por Pío IX. Incluso se afirmó que el primero de ellos había señalado que tal Constitución era para un país de ángeles; en efecto, si se observa que nuestro país se debate constantemente entre guerras civiles, y en la carta se consagra como derecho fundamental la rebelión, tal constitución solo podría regir en un país de ángeles (no obstante, tuvo una vigencia de un cuarto de siglo).

Lo anterior dio origen a una verdadera euforia federal, es así como en Antioquia se promulgan siete constituciones, en tanto que en Panamá y Cundinamarca seis. En el campo legislativo se presenta un caos, tanto que, en materia penal, el paso de un procesado de un estado a otro requería de un procedimiento similar al de una extradición.

En julio de 1876, los conservadores se levantan en armas contra el Gobierno. Terminada la contienda, asume el poder Rafael Núñez; el radicalismo liberal le declara la guerra, que es repelida por Núñez con soldados conservadores y algunos liberales, triunfando en la batalla de La Humareda, tras la cual el 9 de septiembre de 1885 declara muerta la Constitución de Rionegro, citando el día siguiente a Consejo Nacional de Delegatarios y el 4 de agosto de 1886 se dicta la nueva Carta, esta vez “En nombre de Dios fuente de toda autoridad”; se establece ad portas que “las autoridades de la república están constituidas para proteger a todas las personas […] en su vida, honra y bienes”; se ratifica nuevamente la prohibición de la esclavitud; se consagran los derechos de petición y de reunión; se restaura la pena de muerte para los delitos de traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, piratería, asalto en cuadrilla de malhechores y algunos delitos militares, pero no para delitos políticos; el sufragio solo podrá ser ejercido por los alfabetas o poseedores de fortuna; se reconocen los derecho de autor; se prohíbe el comercio de armas, el cual solo es potestativo del Gobierno; declara a la prensa libre pero responsable cuando atente contra la honra de las personas, el orden social y la tranquilidad pública. Otorga una protección especial a la religión católica, dado el hecho histórico de ser la de la mayoría del pueblo colombiano, y los poderes públicos la respetarán y protegerán, sin llegar a constituirla en religión oficial. La educación pública se organiza y dirige en concordancia con la religión católica, pues debe estar en armonía con las creencias populares.

El artículo transitorio K facultaba al Gobierno, en tanto se expedía la Ley de Imprenta, “para prevenir y reprimir los abusos de la prensa”. La Ley 61 de 1888, conocida como “Ley de los caballos”, facultaba al presidente para que administrativamente previniera y reprimiera los delitos y las culpas que afectaran el orden público, imponiendo penas de confinamiento, expatriación, prisión y pérdida de derechos políticos. Igualmente, podía inspeccionar y vigilar las asociaciones científicas, los institutos docentes y suspenderlas cuando considerara que eran focos de subversión; es decir, que con esta ley se borraron de una sola plumada todas las garantías ciudadanas.

En 1892, asume la presidencia Miguel Antonio Caro con un Gobierno perseguidor y rígidamente sectario; la oposición se hizo violenta y el Gobierno respondió con la clausura de imprentas, el cierre de periódicos y el destierro periodistas, por ello fue desterrado Santiago Pérez Triana, El Relator fue suspendido, y su imprenta y papel confiscados; en este último —cruel ironía—, se imprimió el primer Código Civil. En enero de 1895, estalla la guerra, que es sofocada meses después en la batalla de Encizo.

En 1898, se celebran elecciones presidenciales. Caro pretende continuar en el poder, pero es electo Manuel Antonio Sanclemente, a la sazón con 85 años, y como vicepresidente José Manuel Marroquín, de tan solo 70 años; dada la edad y los achaques del primero, este se ve forzado a radicarse primero en Buga, después en Anapoima y finalmente en Villeta donde muere; por ello, el gabinete se divide, parte queda en Bogotá y parte sigue al presidente (como en las antiguas cortes), amén de ello se hacen dos sellos de caucho con la firma presidencial.

En septiembre del año siguiente estalla la guerra de los tres años; declarada por los liberales, estos sufren inicialmente varias derrotas, pero a pesar de ser una guerra de montoneras, obtienen algunos triunfos importantes como el de Peralonso; finalmente son derrotados en la batalla de Palonegro, la más cruel e inhumana de nuestras batallas. Durante quince días combatieron siete mil liberales contra 18 mil conservadores, a fuego y machete, garrote, sin tregua alguna. Al final, los liberales se retiran y los conservadores, asqueados ante tanta masacre, no intentan perseguirlos, todos están cansados, hastiados, famélicos, andrajosos; el campo de batalla queda cubierto por más de tres mil muertos y otros tantos heridos.

En 1902 termina la guerra. Benjamín Herrera, reconociendo que todo está perdido, rompe su espada en tanto exclama: “La patria por encima de los partidos”, y el 21 de noviembre, a bordo del buque norteamericano Wisconsin, se firma la paz; el país queda en ruina y con un saldo de ochenta mil muertos.

Con el advenimiento del nuevo siglo, en 1904 se posesiona en la presidencia Rafael Reyes, disuelve el parlamento, convoca una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa de configuración bipartita, la cual le señala (solo a él) un periodo presidencial de diez años y lo faculta para escoger su sucesor; no obstante, en 1909, en forma silenciosa se embarca para Europa y abandona el poder.

En 1910, se reforma la Carta aboliéndose la pena de muerte. En 1922, se permite a la mujer ser testigo en toda clase de actos civiles, y en 1932 se le confiere la facultad de administrar sus propios bienes durante el matrimonio.

En 1936, se reforma la Carta y se garantiza la propiedad privada pero señalándole una función social; se le da reconocimiento a las logias francmasónicas y sociedades secretas. Se le suspende a la Iglesia católica el privilegio de ser exonerada del pago de impuestos por sus edificios de culto, seminarios, casas episcopales y curales. El trabajo se constituye en un derecho y una obligación.

Desde el año de 1949, se recurrió reiteradamente al estado de sitio y el Ejecutivo asumía la función legislativa, derogando leyes, expidiendo códigos, legislando a discreción sin importar si se ajustaba o no a las razones que dieron origen al estado de conmoción.

Durante el Gobierno de Laureano Gómez se convocó a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución; se pretendía extinguir la libertad de cultos, restablecer la pena de muerte, la irresponsabilidad presidencial, regular la prensa; lo cual no se llevó a cabo. No obstante, esta asamblea otorgó el voto a la mujer. En 1957, se creó el Frente Nacional y los dos partidos en pugna se alternaron el poder durante 16 años.

A pesar de que en 1948 se promulgaron los derechos humanos y en 1966 los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales, no se insertan en la Carta, siempre hubo resistencia a ello; solo en el año de 1991, con la nueva Constitución, se consagraron.

Ante este panorama histórico de belicismo y constituciones, debemos preguntarnos, con Joaquín Zabalza Iriarte, sacerdote dominico y filósofo del derecho, si basta tan solo con consagrar positivamente en el texto de una constitución los derechos, cuando una gran masa de la población —él la calculaba hace veinte años en un 25 %, hoy puede ser 30 % o más—, carece de esos derechos. Se tienen derechos positivos en un texto legal que ampulosamente llamamos norma de normas, carta de navegación, etc.; así como derechos objetivos, pero a esta masa se le desconocen los derechos subjetivos, carecen del poder para ejercerlos; el corto brazo del Estado no llega a ella, no obstante, con otros ese brazo estatal se elonga fácilmente.

No consagremos tantos derechos, hagámoslos efectivos, que nuestros gobernantes realmente tiendan al bien común y no al egoísta bien particular. Que recuerden a Ezequiel Rojas y a Carlos Arturo Torres, profetas del liberalismo colombiano, quienes señalaban la sacralidad de los dineros públicos; pero hoy han prostituido esa sacralidad y todos a una echan mano de ellos y entran a saco en el erario.

Bibliografía

Fernández Botero, Eduardo. Las constituciones Colombianas Comparadas, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1964.

Salazar Cáceres, Carlos Gabriel, Historia de los Derechos Humanos en las Constituciones Colombianas, Tunja, Academia Boyacense de Historia, 1992.

Uribe Vargas, Diego, Las Constituciones de Colombia, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1977.

1 Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Santo Tomás (Colombia). Licenciado en Educación —Filosofía y Letras— de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre (Colombia). Especialista en Ciencia Política de la Universidad de Boyacá (Colombia). Especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública y magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Atlántico: de cómo se construyó un departamento1

Adelaida Sourdis Nájera2

La creación del departamento del Atlántico, cuyo territorio abarca un antiguo delta del río Magdalena y conforma una subregión geográfica y culturalmente homogénea, fue la culminación de la accidentada trayectoria de unas personas empeñadas en lograr su autonomía y el desarrollo de la vocación portuaria de su ciudad cabecera. Arrancó en 1840, durante la guerra de los Supremos, cuando los habitantes de Barranquilla y de Soledad, cantones de Barlovento de la provincia de Cartagena, crearon el exótico Estado de Cibeles de efímera existencia pues fue reincorporado a Cartagena. Vino luego la creación de la provincia de Sabanilla en 1852, la cual desde 1857 formó parte del Estado Soberano de Bolívar, después departamento de ese nombre en 1886; el nacimiento como nuevo departamento con el nombre de Atlántico en 1905, su transformación en departamento de Barranquilla en 1909, suprimido en 1910 y reincorporado nuevamente a Bolívar. Finalmente, su creación, esta vez en forma definitiva, en 1910. El relato de este proceso y del tesón de sus dirigentes en la estructuración del departamento, donde hubo que inventarlo casi todo, son el objeto de esta investigación, que se inscribe en el eje temático de la historia de las instituciones.

Antecedentes

Desde mediados del siglo XVII, el caserío conocido como Barranquilla, en el partido de Tierradentro en la provincia de Cartagena, surgido por la reunión de gentes de un pueblo de indios y de varias encomiendas, creció espontáneamente a orillas de un antiguo caño tributario del Magdalena llamado De la Tablasa. Sus moradores se dedicaban a la ganadería, la agricultura y la fabricación de canoas, y se especializaron en la actividad del transporte y el comercio por el río en canoas, bongos y champanes.3 Según el censo de 1778, contaba apenas con 2.919 habitantes. No tenía mayor compromiso con un pasado de abolengo colonial y su importancia administrativa en el siglo XVIII como una capitanía aguerra4 era menor, aunque mantenía el más numeroso cuerpo de milicias después de las de la ciudad amurallada, en razón de su localización cerca a la desembocadura del Magdalena. Por su situación geográfica, fue lugar favorito de tránsito de contrabandistas y tratantes que fondeaban en la cercana ensenada de Sabanilla y pasaban al poblado para embarcar por el Magdalena sus mercancías hacia el interior del reino, constituyendo el dolor de cabeza de las autoridades provinciales.

Creada la república de Cartagena en 1811, los habitantes de Tierradentro se mostraron decididos partidarios del nuevo Estado, la capitanía aguerra se convirtió en guardián del límite norte del río Magdalena, que marcaba la frontera con la realista provincia de Santa Marta, y en sitio donde Cartagena colocó fuerzas sutiles5 para proteger su tránsito fluvial. Al sur, Mompox, principal puerto sobre el Magdalena hacia el interior del país, completaba la línea de defensa en lo que se llamó la “línea del Magdalena”. En 1812, se desató la guerra entre Cartagena y Santa Marta, en la cual los habitantes de Barranquilla y Tierradentro tuvieron importante figuración. En premio a su valor, mediante decreto del 3 de abril de 1813, la Cámara de Representantes de Cartagena, por solicitud del presidente Manuel Rodríguez Torices, le otorgó a Barranquilla la categoría de Villa, capital del departamento de Barlovento, creado por esa misma norma, con todas las prerrogativas establecidas en la ley, y le diseñó escudo de armas. El decreto correspondiente fue promulgado por el presidente en el cuartel general del Ejército de Observación, en Barranquilla, el 7 de abril de 1813. Eusebio María Canabal fue nombrado corregidor.

Restablecido Fernando VII en el trono español, en 1814 armó la mayor expedición militar que jamás se había enviado a América (10.000 hombres de tropa y 65 barcos entre naves de guerra y transportes), comandada por el general Pablo Morillo, excombatiente en las guerras contra Napoleón Bonaparte, para reconquistar su imperio ultramarino. Cooperaron en la invasión contingentes militares granadinos y venezolanos. Desde los primeros días de abril de 1815, el capitán general del reino (el virreinato había sido suprimido por la Regencia), Francisco de Montalvo y Ambulodi, estacionado en Santa Marta, reunió un contingente de más de 400 hombres dirigido por once oficiales al mando del capitán Valentín Capmani, cuyo objetivo fue:

...hacerse dueño de las aguas del expresado río Magdalena por fuerza de armas, en términos que pierdan la superioridad que hasta este momento han mantenido en él los rebeldes con sus buques de guerra. Para conseguirlo es preciso apresar o destruir sus fuerzas marítimas de cualquier modo y manera que sea posible.6

Debía atravesar la Ciénaga Grande y adentrarse por el caño Clarín para salir al Magdalena y bajar hacia Barranquilla, donde los cartageneros mantenían una importante fuerza sutil. El 25 de abril de 1815, Capmani atacó con toda su fuerza y después de nueve horas de combate, en que los pobladores y las tropas de Bolívar, que habían quedado en la provincia después de que este partió para Jamaica, lucharon calle por calle y casa por casa, capturó el fuerte de Sabanilla y entró a saco en Barranquilla incendiándola hasta sus cimientos. “Al ataque fue que acabó de manifestar este pueblo su entusiasmo y decisión de sacrificarse por sus ideas”,7 escribiría, no sin cierta admiración por los bizarros defensores, en su informe a Montalvo.

Cartagena y su provincia sufrieron el mayor sacrificio del país por su apego a la libertad. Su población fue diezmada y dispersada, su clase dirigente liquidada y su economía destruida. Barranquilla, como se dijo, con cerca de 3.000 habitantes, había enfrentado a los realistas y sufrido el incendio perpetrado por las tropas de Capmani. No obstante, gracias al espíritu emprendedor de sus gentes y de un grupo de extranjeros que la hicieron su patria chica, se levantó de sus escombros y se dedicó a hacer lo que sabía: comercio y transporte. Como la plaza fuerte permaneció en poder de los españoles hasta finales de 1821, fungió como capital de la provincia de Cartagena y su gobernador, el venezolano Pedro Gual, con la anuencia del vicepresidente Santander, destinó la pequeña bahía de Sabanilla (situada a 24 kilómetros de Barranquilla), para realizar el comercio de importación y exportación del país. Sin embargo, un decreto del 14 de octubre de 1821 dado en la Villa del Rosario de Cúcuta en el marco del Congreso nacional, determinó que por no estar “habilitado completamente” el puerto de Sabanilla se cerrara para el comercio exterior una vez que Cartagena fuera recuperada y reorganizada por las fuerzas patriotas. Entretanto, facultó al Ejecutivo para que autorizara la exportación de frutos y producciones por aquel puerto. Por Ley de 4 de junio de 1823, se ratificó su capacidad para exportar pero las importaciones podían entrar solamente por Cartagena. Por tal motivo, los buques que arribaran a Sabanilla debían hacerlo en lastre8 para evitar el contrabando. Un decreto de 1834 reitera la disposición citada, lo que indica que no se cumplía y que los productos extranjeros seguían entrando en forma clandestina.

En 1840, con motivo de la guerra de los supremos, que en el litoral fue realmente un intento separatista liderado por el general venezolano Francisco Carmona,9 los cantones de Barlovento,10 Barranquilla, Soledad y Sabanalarga constituyeron el efímero Estado de Barlovento, también llamado de Cibeles,11 nombre de la diosa madre terrena de la mitología griega, que bien pudo simbolizar la maternal acogida que la ciudad ribereña brindaba a todos los que allí llegaban. Ramón Antigüedad, otro militar venezolano expulsado de su país, lideró el pronunciamiento detrás del cual estaban los comerciantes cuya aspiración era la apertura de Sabanilla, nuevamente para el comercio exterior. Cartagena no podía tolerar esa desmembración, por lo cual el general Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres, jefe superior de la provincia, que había desconocido al Gobierno nacional, hábilmente les canjeó a los rebeldes la existencia del exótico Estado de Cibeles por la apertura de Sabanilla, a lo cual accedieron.12 El 22 de diciembre de 1840, los miembros del Concejo del cantón de Barranquilla, a saber: Joaquín María Palacio, Esteban Márquez, Juan Cohen y Antonio Güel, y varios padres de familia firmaron el Acta de reincorporación a Cartagena a cambio de que:

2º […] por medio de los Diputados a la Asamblea [provincial] por este Cantón se cuestione ante dicha Asamblea la conveniencia de que los tres cantones de Barlovento formen una Provincia, haciendo parte integrante de la Provincia de Cartagena.

3º. Que en la misma forma se ventile la habilitación del puerto de Sabanilla para la importación extranjera, objeto principal de nuestros suspiros.13

Derrotado el ejército secesionista de la Costa en la batalla de Tescua, el primero de abril de 1841, por las tropas del Gobierno comandadas por el general Pedro Alcántara Herrán, el general Carmona huyó a Venezuela y las cosas volvieron a su antigua condición. No significó esto, sin embargo, que las aspiraciones autonomistas de los cantones de Barlovento hubieran muerto. Los barranquilleros siguieron insistiendo en las condiciones favorables del puerto de Sabanilla para el comercio de importación, pues economizaba los gastos y las molestias de introducción de mercancías al interior del país, dada su conexión a través del Canal de la Piña, suficiente en esa época, con Barranquilla y el río Magdalena. Efectivamente, el Decreto 01 del primero de julio de 1842, le dio facultades al Poder Ejecutivo con el fin de habilitar “para importación el puerto de Sabanilla en la provincia de Cartagena, en los mismos términos en que lo están los demás puertos de la república”.

Los barranquilleros habían ganado la partida, Sabanilla obtuvo las mismas prerrogativas para el comercio internacional que tenía la ciudad amurallada. En su artículo 3, estipulaba la norma que: “El poder Ejecutivo aceptará las donaciones o empréstitos gratuitos que algunos vecinos del Bajo Magdalena han ofrecido hacer para la construcción de piezas o almacenes de Aduana”. El decreto no deja duda sobre la eficacia de los métodos de los comerciantes de la ciudad para obtener sus fines. No obstante, transcurrieron dos años y no se hacía efectiva la apertura del puerto por lo cual el Concejo Municipal, presidido por Esteban Márquez,14 en sesión del 12 de marzo de 1844, propuso solicitar al presidente de la República que se diera cumplimiento a la ley:

…ofreciendo el Concejo, por su parte, promover que se adelante la suscripción con los comerciantes de esta villa y la de Soledad, para que con su producto y la cantidad decretada por el Congreso, disponga el gobierno se fabriquen los almacenes provisionales que por ahora sean suficientes para custodiar los cargamentos de importación […] Al intento se ha promovido y debe establecerse una sociedad con el título de “Promovedora y conservadora del puerto de Sabanilla.15

Días después se redactó la representación al residente.

El Concejo Municipal de la Villa de Barranquilla […] es quien se interesa en que se lleve a efecto la habilitación del puerto de Sabanilla para las importaciones. Este puerto, Señor Excelentísimo, que la naturaleza ha colocado a las bocas del Magdalena, único canal que brinda nuestras comunicaciones con esta costa, la más aproximada al centro, y que por más de tres centurias ha sido el exclusivo vehículo del comercio y de las más cómodas comunicaciones con el interior y exterior de la República. –Cartagena se afana y mortifica por abrir fáciles entradas por medio del arte y a grandes expensas, cuando Sabanilla diariamente está manifestando que a beneficio de su natural posición el hombre se conduce con sus riquezas al punto que quiere con economía y con comodidad–. Santa Marta, con la inmensidad de lagos que la rodean para unirse al Magdalena, experimenta todos los días la injuria y la violencia de la barra y nunca podrá ofrecer al navegante las seguridades y economías que le brinda Sabanilla, por la forma que la naturaleza le ha dispensado, tanto en la entrada del puerto, como en su inmediata confluencia con el mismo Magdalena.

La comunicación expuso, además, los daños ecológicos que sufría Sabanilla pues al estar obligados los barcos a entrar en lastre, lo botaban y arrojaban en inmediaciones del mismo puerto, constituyendo una aglomeración que amenazaba con reducir en pocos años la entrada a la bahía.16

La provincia de Sabanilla

Diez años más tarde, la Ley del 2 de marzo de 1852 desmembró definitivamente los cantones de Barlovento de la provincia de Cartagena y creó la provincia de Sabanilla, con Barranquilla como capital. Creada aquella y habilitado el puerto, 65 empresarios, entre ellos tres mujeres, ofrecieron suscribir un empréstito de 9585 reales contra vales del tesoro, del cual se recaudó en un día la suma de 4000, para construir las instalaciones de la Aduana de Sabanilla. Del total sobraron 365,5 ½ reales que los prestamistas donaron al gobierno para limpieza del canal de la Piña y del caño Nuevo.17 El crecimiento de las importaciones y exportaciones por Sabanilla fue en aumento en los años siguientes, hasta convertirse en la segunda aduana nacional —la primacía la mantuvo Santa Marta hasta 1870—, pero el tiempo demostraría la insuficiencia de la bahía y del canal de la Piña.18 Los barranquilleros promoverían más tarde la construcción del ferrocarril de Bolívar entre Salgar y Barranquilla, obra iniciada en 1865, con capital alemán, que se dio al servicio en 1871. La Aduana, por solicitud del comercio, se trasladó a Barranquilla.

La Constitución Nacional de 1853, reservó a las provincias, o secciones territoriales, el “poder municipal en toda su amplitud”, y estableció que tendrían el “poder constitucional bastante para disponer lo que juzgue conveniente a su organización, régimen y administración interior”. Su gobierno estaría a cargo de una Legislatura Provincial de elección popular y un Gobernador.19 En desarrollo de estos mandatos se expidieron, entre 1853 y 1858, 61 constituciones provinciales.20 Se conocen dos constituciones provinciales de Sabanilla fechadas en Santo Tomás, el 16 de febrero de 1855, y en Barranquilla, el 27 de septiembre de ese mismo año.21 Pero debieron expedirse tres pues están numeradas como segunda y tercera.

La segunda constitución dispuso la integración del poder público provincial con la Legislatura Provincial, de elección popular, compuesta por diecisiete (17) diputados elegidos por dos años, y los Cabildos distritales, corporaciones que se pronunciaban por medio de ordenanzas, la primera, y acuerdos o decretos los segundos, y por la Rama Ejecutiva encabezada por el gobernador de la provincia y los alcaldes de los distritos. La escasez de personas idóneas para desempeñar los empleos públicos era notoria; así, los gobernadores y los alcaldes tenían entre tres y cinco suplentes designados y el cargo de diputado era de forzosa aceptación. Según la tercera Constitución, los diputados eran elegidos por los círculos electorales creados por esa Carta, lo cual favoreció a Barranquilla y a Sabanalarga sobre los otros distritos. Mientras la segunda Constitución está firmada por 17 individuos, cada uno en representación de un distrito, la tercera la suscribieron cinco diputados de Barranquilla, cuatro de Sabanalarga, cuatro de Soledad, uno de Baranoa y uno de Tubará. Sobre el Poder Judicial ninguna Carta reglamentó. En ambas se hizo énfasis en la función electoral y se regularon con minuciosidad sus procedimientos y la irresponsabilidad, o libertad de pensamiento de diputados y concejales por sus opiniones y votos emitidos. La segunda Constitución traía la particularidad —posiblemente única en la república— de permitir a los extranjeros votar pero no ser elegidos. Esto debido, seguramente, a que en Barranquilla residía una importante colonia de extranjeros dedicados al comercio y a la industria. En la tercera Constitución, el asunto se dejó a lo que determinara la ordenanza sobre elecciones. La tercera Constitución incluyó también un capítulo sobre los habitantes, sus garantías y obligaciones en forma detallada. Además del sufragio y de la educación primaria gratuita, garantizó la libertad de industria y de tránsito, la “protección gratuita a los proletarios, para reclamar sus derechos ante cualquiera autoridad” (defensa de oficio para los trabajadores) y aseguró la “exención de todo poder administrativo municipal” (no interferencia) en días de elecciones, según se determinara por medio de ordenanza.

En el Estado de Bolívar

En 1857, la provincia cartagenera se convirtió en el Estado de Bolívar. La Ley de 15 de junio de 1857, erigió en Estados federales diversas porciones del territorio de la república, entre ellos Bolívar, integrado por las provincias de Cartagena, Sabanilla y la parte de la provincia de Mompox que quedaba al occidente del Magdalena.

Art. 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del acto adicional a la Constitución, expedido en 27 de febrero de 1855, las porciones del territorio de la república que a continuación se expresarán, se erigen en Estados federales, partes integrantes de la Nueva Granada.

[…]

4º. El Estado de Bolívar [compuesto], de las provincias de Cartagena y Sabanilla y la parte de la de Mompox que está al occidente del Magdalena.

La Ley de 13 de noviembre de 1857, de la Asamblea Constituyente del Estado de Bolívar sobre división territorial, dividió el territorio en cinco departamentos: Cartagena, Corozal, Mompox, Sabanilla y Sinú (art. 1º). Las cabeceras de los departamentos fueron Cartagena, Corozal, Mompox, Barranquilla y Lorica (art. 7). Juan José Nieto, “gobernador provisorio” del Estado de Bolívar, después de haber derrocado al conservador Juan Antonio Calvo, mediante decreto de 30 de julio de 1859 creó tres nuevos departamentos, a saber: Carmen, Magangué y Sabanalarga, cuya élite ganadera y agrícola respaldó sus aspiraciones políticas y militares frente a la élite comercial y portuaria de Barranquilla, en franca lid contra la hegemonía cartagenera.22 Este último departamento —que integraría posteriormente al departamento del Atlántico—, con capital en Sabanalarga, quedó compuesto por los distritos de Arroyo de Piedra, Baranoa —sitio natal de Nieto—, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Manatí, Piojó y Usiacurí, y con una extensión superficiaria mayor que Barranquilla y Soledad, pero con menos habitantes.

La segunda Constitución política del Estado de Bolívar, sancionada en enero de 1860, suprimió los departamentos y volvió a dividir el territorio en provincias y a estas en distritos. Según la Ley de 27 de enero de 1860, Bolívar quedó constituido por once provincias: Barranquilla, en vez de Sabanilla, Carmen, Cartagena, Chinú, Corozal, Lorica, Magangué, Mahates, Mompox, Sabanalarga y Sincelejo. Se prefiguró entonces el territorio del futuro departamento del Atlántico. El distrito de Soledad quedó incorporado a la provincia de Barranquilla.23

La Constitución Política de 1863 ratificó la soberanía de los Estados y su confederación como Estados Unidos de Colombia.

Artículo 1. Los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados respectivamente por los actos de 27 de febrero de 1855, 11 de junio de 1856, 13 de mayo de 1857, 15 de junio del mismo año, 12 de abril de 1861, y 3 de septiembre del mismo año, se unen y confederan a perpetuidad consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una Nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de “Estados Unidos de Colombia”.

Bolívar dividió su territorio en nueve provincias y estas en distritos: Barranquilla (con los distritos de: Barranquilla, Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Sabanagrande, Santo Tomás, Soledad y Tubará), Carmen, Corozal, Cartagena, Chinú, Lorica, Magangué y Sabanalarga, con los distritos arriba enumerados, y Sincelejo.

En el Estado unitario centralizado

La Constitución Nacional de 1886 restableció la República unitaria centralizada y convirtió a los Estados soberanos en departamentos, Bolívar mantuvo su división territorial. Rafael Núñez enfrentó desde su mandato de 1884 problemas de orden público en varios lugares. Tres liberales independientes, con quienes mantenía cordiales relaciones: Eliseo Payán, presidente del Estado Soberano del Cauca, Daniel Aldana, de Cundinamarca y Solón Wilches, de Santander, no obstante, gobernaban sus estados con impredecible autoritarismo, cual reyezuelos en sus territorios, lo que finalmente desembocó en desavenencias con el Ejecutivo, sobre todo cuando se prohibió a los gobiernos seccionales la libre importación de armas.24 Se hizo patente, entonces, la necesidad de racionalizar la administración y el ejercicio de la política y acabar con el “particularismo enervante” —como lo expresaría Núñez al Consejo de Delegatarios en 1885— que entorpecía a las administraciones seccionales.

La Constitución Nacional de 1886 estableció el Estado unitario centralizado presidencialista y convirtió a los Estados Soberanos en departamentos dirigidos por un gobernador de nombramiento presidencial y a las asambleas legislativas en asambleas departamentales de carácter administrativo. En 1888, el primer mandatario regresó a Cartagena y dejó la presidencia en manos del vicepresidente, el conservador Carlos Holguín. De acuerdo con los postulados de la regeneración, el vicepresidente presentó al Congreso un proyecto de reforma territorial que incluía, respetando los límites departamentales, dividirlos en provincias de manera que cada uno quedara convertido en dos o más secciones, excluyendo el departamento de Panamá. Insistió que se trataba de “la primera y más apremiante necesidad de la época”, pues era la manera de combatir el gamonalismo y la absorbente y excesiva preponderancia administrativa de los principales centros urbanos. Esperaba que la reforma fuera apoyada pues pensaba que las provincias considerarían que subían de rango al ser gobernadas por agentes directos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto no fue así, produjo el rechazo de los centros afectados y, paradójicamente, las comarcas que se beneficiarían, como Barranquilla y Cali, mostraron poco interés por el proyecto. Este implicaba modificar el artículo quinto de la Constitución. Fue aprobado en primera legislatura pero 25 parlamentarios dejaron constancia de que su voto obedeció a disciplina de partido, y el general Rafael Reyes, a la sazón ministro de Fomento, declaró que lo había firmado por solidaridad política. Ante la complejidad que representaba la modificación del artículo citado, y el revuelo que suscitaba en diversas comunidades, el propio Núñez, desde Cartagena, sugirió olvidarse del asunto en ese momento.25 Terminó así el primer intento de dividir los extensos departamentos herederos de los Estados Soberanos y debilitar el poder de los gamonales seccionales. Reyes lo haría años después, pero para ello tendría que cerrar el Congreso.

La guerra de los Mil Días desarticuló la institucionalidad nacional. La reconstrucción del país estuvo a cargo del general Rafael Reyes quien subió al poder bajo las consignas de “paz y concordia” y “menos política y más administración”. Nombró un gabinete de unión nacional en el cual tuvieron asiento dos liberales.26 Su programa fundamental fue reconstruir la nación.27 Se propuso recuperar la economía, desarrollar las vías de comunicación, fomentar la producción y las industrias, reorganizar el territorio para vigorizar los municipios y romper las hegemonías heredadas de los antiguos Estados Soberanos, a fin de reforzar la unidad nacional y desterrar las ideas separatistas que bullían en algunas regiones.28 Sobre la reforma territorial manifestó que su propósito era:

…arrancar de la imaginación de los pueblos la falsa y malsana creencia de que los límites de los departamentos existentes son inalterables, y que estos son otros tantos estados independientes con intereses antagónicos, creencia que ha causado la desmembración de la Patria y ha hecho que se mire con la mayor indiferencia la pérdida de sus más ricos territorios.29

Se refería a la pérdida de Panamá. Ante la oposición del Congreso, dominado por los conservadores históricos, a sus proyectos de gobierno, cerró la corporación, convocó a una Asamblea Constituyente Legislativa integrada por sus partidarios y haciendo a un lado mandatos de la Constitución, llevó a cabo sus proyectos. En consecuencia, el Acto Legislativo 3 de 1905 decretó:

Art. 1º La Ley podrá alterar la división territorial de la toda la República, formando el que estime conveniente para la administración pública.

Art. 2º Podrá también segregar Distritos Municipales de los Departamentos existentes o de los que se formen, para organizarlos o administrarlos con arreglo a leyes especiales.

Art. 3º El legislador determinará la población que corresponda a cada Departamento en la nueva división territorial; distribuirá entre ellos los bienes y cargas, y establecerá en número de Senadores y Representantes así como la manera de elegirlos.

Art.4º Quedan reformados los artículos 5º, 6º y 7º de la Constitución de la República.

El primer departamento del Atlántico

La Ley 17 de 11 de abril de 1905, creó los departamentos de Atlántico, Caldas y Galán, segregados respectivamente de Bolívar, Antioquia y Cauca, y Santander y erigió a Bogotá como Distrito Capital.

Ley 17 de 11 de abril de 1905. Art. 8º Créase el departamento del Atlántico formado por las provincias de Sabanalarga y Barranquilla del departamento de Bolívar, con los límites que actualmente tienen.

Esto causó gran malestar en las secciones desmembradas. En Bolívar, desde mediados del siglo XIX, Barranquilla era la provincia que producía los mayores ingresos al presupuesto departamental y a partir de 1870-72 se había constituido en la primera aduana del país (tabla 1). Un sabanalarguero, Francisco de Paula Manotas, había presidido el Estado Soberano en 1884, y dos gobernadores de Bolívar ejercieron su mandato desde Barranquilla;30 no obstante, las élites cartageneras no se avenían a perder la preeminencia política frente a los comerciantes e industriales barranquilleros. José María de la Vega, presidente del Concejo Municipal de Cartagena, protestó enérgicamente ante la Asamblea Nacional contra el proyecto de división territorial. En Antioquia, Mariano Montoya, prefecto de Robledo, intentó organizar un movimiento contra la subdivisión del departamento. Pero Reyes no se andaba con remilgos, ordenó a las fuerzas del Atlántico movilizarse a Cartagena, poner preso a De la Vega y remitirlo a Bogotá, y a las de Antioquia hacer lo mismo con Montoya.31 Hasta ahí llegó la oposición a la ley.

Tabla 1. Recaudos y rentas de Bolívar por provincia en 1866 y 1874

Provincias - 1866

Recaudo

Provincias - 1874

Recaudo

Barranquilla

$ 18.420,72, ½

Barranquilla

$ 29.871,95.oo

Carmen

3182,62, oo

Cartagena

29.316,76.oo

Cartagena

15.927,43, ¾

Sincelejo

9.636,11.oo

Chinú

2.679,94. oo

Carmen

9.238,28 ½

Corozal

1.218, 32, ½

Sabanalarga

8.738,28 ¾

Lorica

3.281,62, oo

Corozal

7.993,81 ½

Magangué

2.271,80, oo

Lorica

7.878,64 ¼

Mompós

4.493,35, ¾

Chinú

6.860,90.oo

Sabanalarga

2.005, 56, oo

Magangué

6.182,68 ¼

Sincelejo

2.362, 23, oo

Mompós

5.220,00 ¾

Total

$ 55.843,61, ¼

TOTAL

$ 120.946,37.oo

Fuente: Antonio González Caraso, Informe a la Asamblea Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1866, Gaceta de Bolívar, núm. 442, 2 de septiembre de 1866.

Fuente: Eugenio Baéna, Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1874. Cartagena, Tipografía de Antonio Araújo L.

Los liberales barranquilleros se mostraron fríos ante la creación del departamento, como lo mostró la prensa local; no así los conservadores que tenían mayoría en el Concejo Municipal. Jaime Colpas atribuye la actitud de aquellos al temor de que a pesar de tener el liberalismo representación en el Gobierno nacional, una administración local manejada por los conservadores les quitara poder. Al final, periódico local El Siglo (liberal) apoyó a la nueva entidad territorial y solicitó a sus partidarios la asistencia a las ceremonias inaugurales.32 En un principio, el presbítero Pedro María Revollo, párroco de San Nicolás y líder espiritual de Barranquilla, tampoco fue partidario de la creación del departamento pues pensaba que se perdería la tranquilidad provincial por la politiquería y las inquietudes que sobrevendrían.33 En Sabanalarga, los concejales miembros de la élite señorial ganadera, liberales en su mayoría, apoyaron la creación del departamento pues su jefe máximo, Francisco de Paula Manotas, apoyó la unión con Barranquilla.34

El departamento del Atlántico se inauguró con bombos y platillos el 15 de junio de 1905, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo 432 de ese año, en desarrollo de la Ley 17, de 11 de abril de 1905. Parecía que al fin Barranquilla conquistaba su autonomía frente a Cartagena, tan tesoneramente buscada. Para organizar la inauguración del departamento se constituyó una junta integrada con las autoridades y miembros de las élites comerciales y políticas de ambos partidos, presidida por el prefecto de Barranquilla, Juan Campo Serrano, y el alcalde de la ciudad, Manuel María Palacio, ambos conservadores nuñistas. El 15 de junio, con salvas de cañón a las cinco de la mañana, y a las siete misa solemne en la iglesia de San Nicolás, se descubrió en la pared lateral del templo una placa con la inscripción conmemorativa de la creación de la nueva sección territorial.35 Se inició la ceremonia con un desfile hacia la casa improvisada como sede de la gobernación y se izó la bandera del departamento,36 que continuó siendo hasta años recientes el pabellón “cuadrilongo” (compuesto de tres cuadriláteros conjuntos) rojo, amarillo y verde, con una estrella plateada de ocho puntas en el centro, adoptado en 1812 por el Estado de Cartagena, pues bajo él luchó Barranquilla en la independencia en 1815, lo portó Bolívar en 1813 en la campaña del río Magdalena y en la Campaña Admirable en Venezuela, y lo adoptó la confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada entre 1811 y 1814. Barranquilla, por decisión del Concejo Municipal en 1910, siguió con este pabellón.37 Siguió después el juramento y toma de posesión del gobernador Diego de Castro,38 amigo de Reyes, quien llegó de Bogotá pues se desempeñaba como ministro de Guerra.

Las autoridades de Bolívar, no así las de Cartagena, encabezadas por el gobernador del departamento, Henrique Luis Román —hermano de Soledad y cuñado de Rafael Núñez— no tuvieron más remedio que expresar su “patriótica satisfacción” por el nuevo departamento y enviar su saludo a la Administración. Firmaron el telegrama, además del gobernador Román, los secretarios de gobierno, Celedonio Piñeres —descendiente del prócer de la independencia—, de Hacienda, Antonio R. Blanco, y de Instrucción Pública, Luis Patrón.39

El departamento de Barranquilla

Sin embargo, esa no fue la culminación de los esfuerzos de las élites comerciales y ganaderas de Barranquilla y Sabanalarga, como se verá. En 1908, la Ley 1ª sobre división territorial cambió el nombre de Atlántico por el de departamento de Barranquilla, y posteriormente se aumentó su territorio.

Ley 1ª de 1908. Art. 1º. Desde la vigencia de la presente Ley el territorio de la República se dividirá en los siguientes Departamentos:

[…]

27. Departamento de Barranquilla, capital Barranquilla, compuesto por los municipios que formaban las provincias de Barranquilla y Sabanalarga, por sus actuales límites.

En desarrollo del artículo 2 del Acto Legislativo 3 de 1905, que permitía segregar distritos municipales de los departamentos existentes o que se formaren, el Decreto ejecutivo 1181, de 30 de octubre de 1908, anexó al departamento de Barranquilla varios municipios situados en la rivera oriental del Magdalena y creó una tercera provincia llamada con el curioso nombre de Gendarmería, lo que causó enorme complacencia en los municipios anexados, más relacionados con Barranquilla que con Santa Marta —de la cual habían querido separarse desde tiempo atrás cuando los pueblos de Guaímaro, Remolino y Sitio Nuevo solicitaron en 1811 unirse al Estado de Cartagena—,40 y gran descontento en el departamento de ese nombre.

Decreto Ejecutivo de 30 de octubre de 1908

Artículo 23. Agregase al Departamento de Barraquilla, segregándolos del de Santa Marta los municipios de Piñon, Sitionuevo, Cerro de San Antonio, Salamina y Remolino, con sus respectivos corregimientos. Estos Municipios harán parte de la Provincia de Gendarmería de Barranquilla.

Parágrafo. Harán parte de los mismos Provincia y Departamento las islas situadas en el río Magdalena desde el Cerro de San Antonio hasta las Bocas de Ceniza, y la faja de tierra denominada Pestagua. El Gobernador del Departamento de Barranquilla, por medio [de] decretos aprobados por el gobierno, agregará las islas y faja de tierra mencionadas al Municipio o Municipios más próximos, para su mejor administración.41

Por último, el Decreto 1312 de 1908, creó los municipios de Concordia y Pedraza, en la ribera oriental del río, para agregarlos a la provincia de Barranquilla.42 Con estas agregaciones, la comarca del bajo Magdalena, correspondiente a su desembocadura en el mar, quedaba toda bajo la jurisdicción de Barranquilla. Era lógico el cambio pues respetaba la unidad geográfica de la región al suprimir la división artificial —por la mitad del río— inventada por los españoles para delimitar las provincias de Santa Marta y Cartagena, y, además, tenía en cuenta que el dominio de esta vía de comunicación lo ejerció siempre Barranquilla, como lo manifestara el concejal Esteban Márquez en su oportunidad.43

La situación duró poco, el departamento de Barranquilla fue suprimido al año siguiente. Con motivo de la dimisión del presidente Rafael Reyes se estableció un nuevo gobierno presidido por el general Ramón González Valencia, quien reunió al Congreso y este abolió la división territorial creada por Reyes. La Ley 65 de 1909 dispuso que:

1º Desde el 1º de abril d 1910 se restablecerá la división territorial en los Departamentos que existían en primero de enero de mil novecientos cinco así:

Antioquia, capital Medellín; Bolívar, capital Cartagena; Boyacá, capital Tunja; Cundinamarca, capital Bogotá; Magdalena, capital Santa Marta; Nariño, capital Pasto; Panamá, capital Panamá; Santander, capital Bucaramanga; Tolima, capital Ibagué.44

Atlántico ¡Al fin!

El departamento de Barranquilla dejó de existir, su ciudad cabecera perdió la categoría de capital departamental, y con Sabanalarga y Soledad volvió a ser parte de Bolívar. Pero eso no se quedó así: comerciantes de Barranquilla y ganaderos de Sabanalarga no se dieron por vencidos, se unieron en el propósito de revivir el departamento y se inició una campaña mediante solicitudes a la Asamblea Nacional y encendidas publicaciones de prensa para exigir el restablecimiento de la categoría perdida. Aunque notables sabanalargueros mostraron preferencias por seguir bajo la tutela de Cartagena45 fue, sin embargo, Clemente Salazar Mesura, liberal de Sabanalarga,46 integrante con Abel Carbonell y Julio A. Vengoechea, conservadores barranquilleros, de la diputación a la Asamblea Nacional por la municipalidad de Barraquilla, quien jugó el papel político más significativo en el proceso tendiente a restablecer el departamento.

Salazar, firmante de la tercera Constitución de Sabanilla en 1855, integró con Guillermo Quintero Calderón, diputado por Bucaramanga, Hernando Holguín y Caro, diputado por Neiva, Gonzalo Pérez, por Pasto y Carlos José Espinosa, la Comisión de Reformas Constitucionales nombrada por la Asamblea para estudiar los tres proyectos de reforma constitucional que se presentaron y refundirlos en uno solo.47 En el segundo debate sobre división territorial y creación o supresión de nuevos departamentos abogó por facilitar las condiciones y los trámites, que exigían para el efecto una ley aprobada en tercer debate por las dos terceras partes de cada Cámara, según la propuesta de Holguín y Caro.48 Expresó en esa ocasión:

Señor Presidente:

El empeño que se muestra en este debate, el afán de poner trabas a los futuros legisladores y barreras insalvables para la creación de nuevos departamentos, todo esto hace creer que de esta discusión pende la suerte de la República, se diría que vamos a abrir la puerta a los antiguos Estados Soberanos con sus presidentes, con Asambleas que expedían leyes y con la independiente administración de sus rentas y contribuciones.

No, señores: apenas se trata de la división administrativa del territorio sometido al régimen central de una República unitaria, cuyas instituciones no permiten a los distritos vender un pedazo de tierra sin el consentimiento de los altos poderes que residen en Bogotá. Bajo este régimen, solamente podemos procurar algún amago de autonomía municipal.

[…] Estas divisiones no tienen otro objeto que acercar la acción de una autoridad, que se supone más imparcial, a los ciudadanos que miran pasiones lugareñas en las resoluciones de Alcaldes cuando se apartan de las pretensiones de aquellas.

Está pues fuera de lugar la argumentación que se gasta sobre la necesidad de hacer difícil la erección de nuevos departamentos.

[…]

Aunque siempre acertado en sus discursos el honorable Diputado Holguín y Caro, y con gran caudal de argumentos convincentes, en esta ocasión me da lugar a algunos reparos.

Estimo necesario suprimir de este artículo la condición exigida de que haya de contar con las dos terceras partes de los votos de ambas Cámaras la ley que disponga la creación de nuevos departamentos, porque de esta manera se imposibilita o se hace muy difícil lo que hemos querido facilitar.

Si, como bien lo dice el honorable Diputado, lo que se ha de requerir para la creación de un departamento es homogeneidad de costumbres, territorio continuo, fáciles vías de comunicación, siquiera una población importante que reúna condiciones de capital, y rentas suficientes para atender a sus necesidades, parece superfluo exigir también como requisito la buena voluntad de un número de votantes en las Cámaras, superior al que de ordinario se pide para la expedición de cualquier ley.

Las leyes que se expiden en circunstancias semejantes, más dependen de la voluntad de la minoría que de la mayoría; y esta es la que debe imperar en todo el Cuerpo Legislativo, mejor, en todo Cuerpo Colegiado.

En cuanto a la confabulación de varias diputaciones para la formación de nuevos departamentos, no es un mal si estos tienen las condiciones exigidas; esas confabulaciones constituyen un acuerdo en las individualidades, que es lo que se busca en las Cámaras para adoptar una resolución; lo que importa es que esas cosas se hagan dentro del terreno legal. De la confabulación de las diputaciones de Antioquia, el Cauca y la Costa, nació bella la confederación de los Estados por la cual muchos suspiramos aún.49

En cuanto a la exigencia de 150.000 habitantes como base poblacional para crear un nuevo departamento que exigía la Ley 65 de 1909, Salazar propuso que se fijara en 100.000, teniendo en cuenta, seguramente, que Barranquilla solo contaba con 120.000. La propuesta encontró gran oposición de diputados del Magdalena que venían solicitando la restitución de los distritos de la ribera oriental del río. Fue negada en segundo debate al igual que la presentada sobre Barranquilla y Cúcuta que decía: “El territorio de la República se dividirá en los departamentos que existen actualmente, a los que se agregarán los de Barranquilla, compuesto por las provincias de Barranquilla y Sabanalarga, y Cúcuta, compuesto de las provincias de Cúcuta, Pamplona y Ocaña; los departamentos se dividirán en distritos o municipios”.50 Su colega Quintero Calderón51 debió lamentar la negativa. Quedó así vigente la exigencia de 150.000 habitantes como base poblacional para crear nuevos departamentos, pero no por mucho tiempo. La Ley 21, de 14 de julio de 1910, modificó expresamente la Ley 65 de 1909 y restableció el departamento de Atlántico, con solo su territorio original al occidente del río, integrado por las provincias de Barranquilla y Sabanalarga, situación que subsiste hasta la fecha, aunque hoy no se habla de provincias. La Ley 25 de ese mismo día y año creó el departamento de Norte de Santander integrado con las provincias de Cúcuta, Ocaña y Pamplona.

LEY NÚMERO 21 DE 1910

(14 de julio)

Que restablece el Departamento del Atlántico

La Asamblea Nacional de Colombia

Decreta

Artículo 1º. Restablécese el departamento del Atlántico, el cual se compondrá de los distritos que actualmente forman las provincias de Barranquilla y Sabanalarga, por sus límites actuales.

Artículo 2º Esta ley regirá desde el día 7 de agosto próximo, y por ella queda modificada la Ley 65 de 1909.

Dada en Bogotá a ocho de julio de mil novecientos diez.

El presidente L. Segovia – El secretario, Marcelino Uribe Arango

Poder Ejecutivo – Bogotá 14 de julio de 1910

Publíquese y ejecútese

(L. S.) Ramón González Valencia

Ministro de Gobierno, Miguel Abadía Méndez

(Diario Oficial número 14049) de 23 de julio de 191052

El 7 de agosto de 1910 se posesionó el nuevo gobernador, el republicano Daniel Carbonell,53 amigo personal del presidente González Valencia, y quien había participado en el fallido golpe de cuartel de 1909 contra el presidente Jorge Holguín.54 Esta vez no hubo inauguración con salvas de cañón, el Atlántico empezaba su vida institucional definitiva en medio de confrontaciones partidistas reflejo de la situación nacional. El partido de Unión Republicana no lograba consolidar su fuerza, lo que a la postre llevaría a la mayoría de sus integrantes a reincorporarse a sus antiguas colectividades. Los tres primeros gobernantes, después de 1910, militaron en la Unión Nacional con el presidente Carlos E. Restrepo, fueron ellos Daniel Carbonell Wilches (1909-1910), Anastasio del Río (1910-1911) y Rafael María Palacio (1913). Se inició la organización departamental con el aprendizaje y acomodo de gobernadores y corporaciones públicas a la nueva situación institucional. A partir de la elección y reunión de la primera Asamblea Departamental para el periodo de 1811 a 1813, se emprendió un intenso e imaginativo trabajo de creación, ordenación y administración de la cosa pública, que se caracterizó por la colaboración de los partidos políticos, actitud que distinguió a las élites locales que dieron prioridad a los intereses regionales.55 Hasta 1930, a excepción del liberal Pablo J. Bustillo (1910-1914), los gobernadores fueron de origen conservador y los azules mantuvieron la mayoría en la Asamblea; pero en la Administración, lo mismo que en la Duma, participaron miembros del partido liberal (tabla 2).

Tabla 2. Gobernadores del Atlántico, 1905-1930

1

General Diego A. De Castro

1905-1906

2

Doctor Alberto Osorio

1906-1907

3

Doctor José Francisco Insignares S.

1907-1908

4

Doctor Daniel Carbonell

1909-1910

5

Doctor Anastasio Del Río

1910-1911

6

General Rafael María Palacio

1913-1913

7

Doctor Pablo J. Bustillo

1913-1914

8

Doctor Teodosio Goenaga

1914-1915

9

Doctor Federico Castro Rodríguez

1918-1918

10

General Gabriel Martínez Aparicio

1919-1922

11

General Eparquio González

1922-1928

12

Doctor José Ulises Osorio

1928-1930

Fuentes primarias

Normas legales de nivel nacional

Constitución Nacional de 1853, artículos 10, 48, 50 y 51.

Ley 65 de 1909 (14 de diciembre). Leyes Colombianas de 1909 Colección de las expedidas por la Asamblea Nacional y por el Congreso en sus sesiones del mismo año. Edición Oficial hecha bajo la dirección de la Comisión Legislativa, Bogotá, Imprenta Nacional, 1910.

Ley número 21 de 1910 (14 de julio). Actos legislativos y Leyes de Colombia expedidos por la Asamblea Nacional de 1910. Segunda edición oficial dirigida y revisada por la Comisión de Abogados Auxiliares del Despacho Ejecutivo, Bogotá Imprenta Nacional, 1939,

Normas legales de nivel municipal y departamental

Concejo Municipal de la Villa de Barranquilla, Acta de la sesión del 12 de marzo de 1844. Transcrita por: Miguel Goenaga, Lecturas locales. Crónicas de la vieja Barranquilla, impresiones y recuerdos, 2ª ed. Barranquilla, 1953.

Concejo Municipal de la Villa de Barranquilla, Acta de la sesión extraordinaria del 13 de marzo de 1844. Transcrita por: Miguel Goenaga, Lecturas locales. crónicas de la vieja Barranquilla, impresiones y recuerdos, 2ª ed. Barranquilla, 1953.

Ordenanza 21 de 1985 del departamento del Atlántico.

Decreto 589 de 1989 del gobernador del Atlántico.

Prensa

El Argos Americano, periódico político, económico y literario de Cartagena de Indias, núm. 48, 19 de agosto de 1811.

El Heraldo, Barranquilla, 11 de enero de 2015.

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Villalón Donoso, Jorge, “Barranquilla y la Regeneración”, Academia Colombiana de Historia, Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XCVIII, 2011.

1 Ponencia presentada en el V Encuentro del Instituto Colombiano de Historia del Derecho, Bogotá, 7 de marzo de 2015.

2 Doctora en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Convenio con el Archivo General de la Nación de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Barranquilla, y correspondiente de las academias de Historia de Bogotá, Cartagena de Indias y Real Academia de Historia de España.

3 Sobre la formación de Barranquilla en la época española, véase José Agustín Blanco Barros, El Norte de Tierradentro y los orígenes de Barranquilla, Bogotá, Banco de La República, 1987.

4 Los corregimientos que manejaban milicias en previsión de un ataque de enemigos o de indios bravos se denominaban capitanías aguerra y su autoridad capitán aguerra. En la provincia de Cartagena las capitanías a guerra de Barranquilla y Tolú, entre otras, dadas su situación estratégica en relación con la plaza fuerte de Cartagena, tenían esta categoría.

5 Fuerzas navales de menor envergadura.

6 José Agustín Blanco Barros (comp.), Toma de Barranquilla, Comentarios y documentos1815, Archivo General de la Nación, Anexo, Guerra y Marina, tomo 130, fol. 603 v.

7 Idem.

8 Entrar descargados, con solo el lastre. Lastre: piedras, arena u otra cosa de peso que se pone en el fondo de la embarcación con el fin de que esta entre en el agua hasta donde convenga (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22 ed., Madrid, Espasa, 2001).

9 Adelaida Sourdis Nájera, “Ruptura del estado colonial y tránsito hacia la república 1800-1850”, en Adolfo Meisel Roca (ed.), Historia económica y social del Caribe colombiano, Bogotá, Ediciones Uninorte-Ecoe Ediciones, 1994, pp. 155-226.

10 El departamento de Barlovento fue creado en 1813 por la Cámara de Representantes del Estado de Cartagena y su presidente Manuel Rodríguez Torices. Barlovento: parte de donde viene el viento con respecto a un lugar determinado (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, op. cit.). En este caso Barranquilla, Soledad y Sabanalarga están a Barlovento de Cartagena.

11 Manuel Ezequiel Corrales, Anales del Estado de Bolívar en la Unión Colombiana, Bogotá, Casa Editorial de J.J. Pérez, 1889. nota p. 366.

12 Adelaida Sourdis Nájera, “Ruptura del estado colonial y tránsito hacia la república 1800-1850”, op. cit.

13 Manuel Ezequiel Corrales, Anales del Estado de Bolívar en la Unión Colombiana, op. cit., pp. 366-367 (énfasis agregado).

14 Hijo de español y barranquillera, Esteban Márquez nació en 1806 y murió en 1888. Huérfano de padre, muy niño fue llevado a Santa Marta de donde regresó con su madre a Barranquilla cuando se estableció la República. Heredó algún capital que acrecentó con la dote de su esposa, Josefa María de Rada y Luna, miembro de una familia de reconocida prosapia, y acumuló una cuantiosa fortuna. Se dedicó al comercio y al transporte con una empresa de champanes, que en 1847 tenía una capacidad total de 300 cargas (7.500 arrobas), y traficó con Jamaica en una balandra de su propiedad. Católico, militó en el grupo conservador y desempeñó importantes cargos públicos. Fue concejal entre 1842 y 1847, jefe político del cantón de Barranquilla, juez civil municipal y juez parroquial. Se distinguió por su voluntad de servicio para la ciudad, en lo cual invirtió gruesas sumas de dinero. Financió la construcción de la primera escuela pública de la ciudad en 1846. Contribuyó a la limpieza del Canal de la Piña que comunicaba a Barranquilla con el mar, y junto con otros empresarios locales aportó para la construcción de la Aduana de Sabanilla. Sergio Paolo Solano, “Esteban Márquez”, en Historia General de Barranquilla, personajes, Barranquilla, Academia de la Historia de Barraquilla, 1995, pp. 100-104.

15 Concejo Municipal de la Villa de Barranquilla, Acta de la sesión del 12 de marzo de 1844. Transcrita en: Miguel Goenaga, Lecturas Locales, crónicas de la vieja Barranquilla impresiones y recuerdos, Barranquilla, 1953, pp. 417-418.

16 Ibid., pp. 419-420. Acta de la sesión extraordinaria del 13 de marzo de 1844 del Concejo Municipal de la Villa de Barranquilla.

17 Adelaida Sourdis Nájera, “La Ciudad Fenicia: formación de Barranquilla en el siglo XIX”, Revista Memoria, 1996, p. 34.

18 José Ramón Vergara y Fernando Baena, Barranquilla su pasado y su presente. Homenaje del Banco Dugand, Barranquilla, Taller tipográfico del Banco Dugand, 1922, pp. 158-160.

19 Constitución de 1853, artículos 10, 48, 50 y 51.

20 Carlos Restrepo Piedrahíta, Constituciones de la primera república liberal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1985.

21 Manuel Ezequiel Corrales, Anales del Estado de Bolívar en la Unión Colombiana, Bogotá, Casa Editorial de J.J. Pérez, 1889, pp. 150-158; 177-187.

22 Jaime Colpas Gutiérrez, Antecedentes históricos del departamento del Atlántico, Barranquilla, Ediciones Universidad del Atlántico, 2010, p. 82.

23 Las provincias de Barranquilla y Sabanalarga, que más tarde formarían el departamento del Atlántico, quedaron integradas como sigue: Provincia de Barranquilla, integrada con los distritos de: Barranquilla (con sus agregaciones), Malambo, Palmar de Varela, Sabanagrande, Santo Tomás (con una agregación), Soledad (con una agregación) y Tubará (con agregaciones). Luego la Ley 21 de 1873, erigió en distrito a Galapa (con agregaciones). Sabanalarga, conformada por los distritos de: Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Candelaria, Piojó, Repelón, Rosa Vieja, Sabanalarga y Usiacurí; todos con agregaciones salvo Manatí y Usiacurí.

24 Jorge Villalón Donoso, “Barranquilla y la Regeneración”, Academia Colombiana de Historia, Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XCVIII, núm. 852, 2011, p. 59.

25 Jorge Villalón Donoso, “Barranquilla y la Regeneración”, op. cit., pp. 61-62. Constitución de 1886. “Artículo 5. La ley puede decretar la formación de nuevos departamentos desmembrando los existentes, cuando haya sido solicitado por las cuatro quintas partes de los Consejos municipales de la comarca que ha de formar el nuevo departamento, y siempre que se llenen estas condiciones:

Que el nuevo departamento tenga por lo menos doscientas mil almas; 1. Que aquél o aquéllos de que fuere segregado, queden cada uno con una población de doscientos cincuenta mil habitantes, por lo menos; 2. Que la creación sea decretada por una ley aprobada en dos Legislaturas”.

26 Bonifacio Vélez, ministro de Gobierno, conservador; Diego de Castro, de Guerra, conservador; Lucas Caballero, de hacienda, liberal; Enrique Cortés, de Relaciones Exteriores, liberal; Carlos Cuervo Márquez, de Instrucción Pública, conservador; y Guillermo Torres, del Tesoro, conservador.

27 Eduardo Lemaitre, Rafael Reyes, biografía de un gran colombiano, Bogotá, Banco de la República, 1981. Y Carlos Andrés Quinche Castaño, “El quinquenio de Rafael Reyes y la transformación del mapa político-administrativo colombiano”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 38, núm. 1, 2011.

28 En Cartagena se habló de seguir a Panamá, tendencia separatista que se repetiría en 1840, cuando se intentó la secesión de la región y se perdió la guerra en la batalla de Tescua frente al ejército nacional dirigido por el general Pedro Alcántara Herrán.

29 Citado por Carlos Andrés Quinche Castaño, “El quinquenio de Rafael Reyes y la transformación del mapa político-administrativo colombiano”, op. cit., p. 59.

30 Próspero A. Carbonell y Marceliano Vélez. Pedro María Revollo, Mis memorias, Barranquilla, Editorial Mejoras, 1998, pp. 230 y 235.

31 Carlos Andrés Quinche Castaño, “El quinquenio de Rafael Reyes y la transformación del mapa político-administrativo colombiano”, op. cit., pp. 61-62.

32 Jaime Colpas Gutiérrez, Atlántico 100 años 1905-2005: la formación del departamento del Atlántico 1905-1915, Gobernación del Atlántico, Colección Bicentenario, 2005, p. 46.

33 Pedro María Revollo, Mis memorias, op. cit., p. 258.

34 Jaime Colpas Gutiérrez, Atlántico 100 años 1905-2005: la formación del departamento del Atlántico 1905-1915, op. cit., p. 44.

35 Lamentablemente, esta placa desapareció en alguna restauración que se hizo al templo.

36 Jaime Colpas Gutiérrez, Atlántico 100 años 1905-2005: la formación del departamento del Atlántico 1905-1915, op. cit., p. 51.

37 Barranquilla, por decisión del Concejo Municipal en 1910, siguió con este pabellón, y el vestido femenino de la tradicional danza del Garabato del Carnaval lleva en sus volantes los colores de la bandera. El Atlántico, por Ordenanza 21 de 1985 y Decreto 589 de 1989, adoptó la bandera rojiblanca actual. “Art. 1º parágrafo. … El pabellón se dividirá en tres franjas longitudinales de igual altura, cuyos colores serán blanco, para las dos franjas exteriores, y rojo para la franja de la mitad”. El Junior, equipo de futbol del departamento, adoptó estos colores para su uniforme.

38 Diego Castro nació en Barraquilla el 14 de octubre de 1854 y murió en esta ciudad el 23 de febrero de 1922. Era ingeniero mecánico, graduado en Estados Unidos. Participó en la guerra de los Mil Días en las filas del Ejército Nacional. Fue ascendido a general de División después de su victoria en 1899 en el combate de Los Obispos (donde perdió un ojo) como comandante en jefe de la flotilla del Gobierno. Se dedicó al comercio, la industria y la política, fue diputado por Bolívar y ministro de Guerra del Gobierno de Reyes, de donde salió para la gobernación del Atlántico. Trajo el primer automóvil a la costa. Contrajo matrimonio con Virginia Palacio, hija del general Francisco J. Palacio, jefe conservador partidario de Rafael Núñez. Jaime Colpas Gutiérrez, Atlántico 100 años 1905-2005: la formación del departamento del Atlántico 1905-1915, op. cit., p. 48; Juan Pablo Llinás, “Diego De Castro”, en Historia General de Barranquilla, personajes. Barranquilla, Academia de la Historia de Barraquilla, 1995, pp. 46-47.

39 José Ramón Vergara y Fernando Baena, Barranquilla su pasado y su presente. Homenaje del Banco Dugand, op. cit., pp. 28-31.

40 Véase El Argos Americano, periódico político, económico y literario de Cartagena de Indias, núm. 48, 19 de agosto de 1811, p. 213; Jaime Colpas Gutiérrez, La formación del departamento del Atlántico 1905-1915. Quinquenio y Republicanismo en Colombia, Barranquilla, 2005; José Ramón Vergara y Fernando Baena, Barranquilla su pasado y su presente. Homenaje del Banco Dugand, op. cit., pp. 28-31.

Jaime Colpas Gutiérrez, La formación del departamento del Atlántico 1905-1915. Quinquenio y Republicanismo en Colombia, pp. 136-137.

41 Transcrito por José Ramón Vergara y Fernando Baena, Barranquilla su pasado y su presente. Homenaje del Banco Dugand, op. cit., p. 32.

42 Idem.

43 Esta modificación no subsistió, y los límites originales siguen dando lugar a problemáticas situaciones como la siguiente: son continuas las quemas en el parque de Salamanca, en la ribera oriental del río, en jurisdicción del departamento del Magdalena, por explotadores clandestinos para hacer carbón vegetal, o para lograr áreas yermas buscando modificar los límites del parque en beneficio de intereses de algún municipio. Las quemas producen densas humaredas que son arrastradas por las brisas hacia Barranquilla, con el consecuente perjuicio de habitantes de algunos sectores por el hollín y el humo. Las autoridades distritales de Barranquilla protestan ante Santa Marta, pero poco pueden hacer para detener el ilícito negocio pues Salamanca está fuera de su jurisdicción. Véase El Heraldo, 11 de enero de 2015, “Quemas en Magdalena afectan nuevamente a Barranquilla”.

44 Ley 65 de 1909 (14 de diciembre), Leyes Colombianas de 1909, Colección de las expedidas por la Asamblea Nacional y por el Congreso en sus sesiones del mismo año. Edición Oficial hecha bajo la dirección de la Comisión Legislativa, Bogotá, 1910, Imprenta Nacional.

45 Jaime Colpas, fundamentado en El Siglo, 11 de junio de 1910, Archivo Histórico del Atlántico, dice que “25 notables jefes políticos de Sabanalarga le expresaron a los diputados de la Asamblea Nacional que no harían parte de un departamento con Barranquilla y que continuarían haciendo parte del departamento de Bolívar”. Colpas, op. cit., p. 83.

46 Clemente Salazar Mesura, prestante político y periodista liberal, nació en Sabanalarga en 1852, hizo estudios de Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de los Estados Unidos de Colombia, donde se graduó en 1873. Escribió en los periódicos El Tolerante, El Racionalista y El Diario de Cundinamarca, en Bogotá. En Barranquilla fue redactor en El Promotor, primer diario que se fundó en la ciudad, y fundador y director de El Comercio. Fue diputado a las asambleas de Cundinamarca y de Bolívar; senador y representante a la Cámara, miembro de la Asamblea Constituyente y Legislativa de 1910; jefe de la Legación colombiana en Río de Janeiro y secretario de la Legación de Colombia en Madrid. Gobernador provincial de Barranquilla y de Sabanalarga; secretario privado del presidente Manuel Murillo Toro. Participó en las acciones militares de 1875, 1876 y 1885. Falleció en 1913. Su hermano Pedro Salazar Mesura, padre de Clemente Salazar Movilla, militó en el partido conservador. Véase Aureliano Gómez Olaciregui, Prensa y periodismo en Barranquilla, Barranquilla, Ediciones Lallemand-Abramuck, 1969, pp. 165.

47 Lácides Segovia, Historia de las leyes, Acto Legislativo No. 3 de 1910, Cartagena Colombia, Mogollón, 1914, pp. 3-6.

48 Hernando Holguín y Caro (1871-1921), jurisconsulto y político conservador, hijo del presidente Carlos Holguín Mallarino y de Margarita Caro Tovar, hermana del presidente Miguel Antonio Caro. Fue ministro plenipotenciario en Francia y en España. Miembro de la Sociedad de Americanistas de París; condecorado con la Legión de Honor (francesa) y con la Cruz de Isabel la Católica (española).

49 Lácides Segovia, Historia de las leyes, Acto Legislativo No. 3 de 1910, op. cit., pp. 53-54.

50 Ibid., p. 59.

51 Guillermo Quintero Calderón, militar y político conservador nacido en Puerto Nacional, actual Puerto Viejo (Cesar) en 1832. Alcanzó el grado de general después de haber participado en varias guerras civiles. Intentó armar una rebelión cuando la provincia de Ocaña fue desmembrada en 1857. Fue gobernador de Santander en 1888, representante a la Cámara y Senador. En ejercicio del comando del Ejército Nacional, fue elegido designado a la presidencia el 1º de abril de 1894, posición desde la cual asumió la primera magistratura en virtud de la licencia que le fue concedida al presidente Miguel Antonio Caro, a partir del 12 de marzo de 1895. Hizo parte del Partido Republicano que gobernó hasta 1914. Falleció en 1919 a los 87 años (http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Quintero_Calderon); y Adelaida Sourdis, “Ocaña en la Independencia (1810-1830)”, Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XCVII, núm. 849, 2010, pp. 253-266.

52 Actos legislativos y leyes de Colombia expedidos por la Asamblea Nacional de 1910. Segunda Edición Oficial, dirigida y revisada por la Comisión de Abogados Auxiliares del Despacho Ejecutivo, Bogotá Imprenta Nacional, 1939, p. 34.

53 Daniel Carbonell Wiches, nació en Barranquilla el 13 de octubre de 1857. Periodista y político. Hizo estudios de Filosofía y Letras en el Colegio Caldas de esta ciudad, regentado por el pedagogo venezolano Pedro Sedestrong y el colombiano Francisco de Paula Valega. También estudió derecho con el doctor Pablo J. Bustillo, cartagenero, exgobernador del Atlántico. No se doctoró pero sus extensos conocimientos en la ciencia del derecho le dieron fama profesional pues en su época no se requería título para litigar ante los estrados judiciales. Fue administrador de Hacienda en Panamá, juez de Circuito en lo Civil, magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, representante a la Cámara, senador y gobernador de los departamentos de Barranquilla y del Atlántico. Militó en el Partido Republicano de cuya directiva formó parte. Se casó con la dama ocañera Ana Elvira Roca. Murió en Barranquilla el 15 de agosto de 1924. Véase Aureliano Gómez Olaciregui, Prensa y periodismo en Barranquilla, Barranquilla, Ediciones Lallemand-Abramuck, 1969, p. 198.

54 Jaime Álvarez Llanos, Política en el Atlántico a principios del siglo XX, Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2003, p. 19.

55 Idem.